Sentencia Nº 2020010663 de Sala Constitucional, 12-06-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-008314-0007-CO
Número de sentencia2020010663
Fecha12 Junio 2020

*200083140007CO*

Exp: 20-008314-0007-CO

Res. Nº 2020010663

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del doce de junio de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-008314-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT)
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 13 de mayo de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra el MOPT y manifiesta que es una persona adulta mayor y labora para el MOPT, destacado en la Dirección de Obras Fluviales. Indica por oficio No. DVOP-DOF- 2019-0193 de fecha 19 de febrero de 2019, dirigido a la autoridad recurrida y recibido en el despacho del citado funcionario ese mismo día, solicitó la siguiente información: “(...) Deseo saber el estado de la gestión . (...)" (oficio aportado como prueba). Lo anterior, en relación con un reclamo administrativo por diferencias salariales que había presentado ante la autoridad recurrida el 10 de enero anterior. Señala que, al no tener respuesta sobre el estado de la gestión de interés, nuevamente, por oficio No. DVOP-DOF-2019-0953 de fecha 14 de octubre del año pasado, reiteró al funcionario recurrido la petición de pronta respuesta (oficio aportado como prueba). Acusa que, a la fecha de interposición del recurso, no había obtenido respuesta alguna ni acceso a la información requerida. Estima que lo anterior es violatorio de sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- La resolución de las 16:05 horas del 15 de mayo de 2020, que da curso a este amparo fue debidamente notificada a las autoridades recurridas el 18 de ese mes.
3-. Informa bajo Christian Méndez Blanco, en su condición de Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que por oficio número DVOP-DOF-2019-0953 de fecha 14 de octubre del 2019 diligenciado mediante el Sistema de Correspondencia Institucional (SICI) remite a esta Dirección solicitud de información relacionada con el estado procesal del reclamo administrativo por diferencias salariales que se encuentra en trámite. Atendiendo lo solicitado, mediante oficio DVA-DGIRH-DGSP-2019-2581 de fecha 23 de octubre del 2019 tramitado mediante el Sistema de Correspondencia Institucional al cual todos los funcionarios de ese Ministerio tienen el debido acceso, se dio respuesta a la solicitud de información procesal requerida por el recurrente. Aunado a lo anterior se adjunta copia de la resolución Ministerial en el que se aprueba el reconocimiento de diferencias salariales al recurrente y se ordena su pago. Que de contar con contenido presupuestario el pago por diferencias salariales adeudado al señor [Nombre 001] se estará incluyendo en planilla de la segunda quincena del mes de junio. De manera que, en razón de lo anterior, lo pretendido por el recurrente, al invocar el amparo constitucional carece de interés actual, pues como logra acreditar la Administración, la conducta omisa que refiere el recurrente, fue
debidamente atendida. Pide se declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Hernandez Gutierrez; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso Reclama el recurrente que el reclamo por diferencias salariales planteado ante la autoridad recurrida no ha sido atendido, pese haberla reiterado en octubre del 2020. Estima que le han violado sus derechos fundamentales y solicita se declare con lugar el recurso con las consecuencias de ley.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a)Por oficio número DVOP-DOF-2019-0953 de 14 de octubre del 2019 el recurrente pide a esa Dirección información relacionada con el estado procesal del reclamo administrativo por él planteado (no se indica fecha) por diferencias salariales, dejadas de percibir por concepto de reasignación, durante el periodo que abarca del 28 de enero del 2004 al 06 de setiembre de 2018 (informe de autoridad recurrida).
b)Mediante oficio DVA-DGIRH-DGSP-2019-2581 de 23 de octubre del 2019, la autoridad recurrida dio respuesta a la solicitud de información procesal requerida por el recurrente y le indica que: “(…) por medio del oficio DVA-DGIRH-2019-760, del Lic. Christian Méndez Blanco, de fecha 09 de setiembre del 2019, se nos instruye continuar con el trámite de análisis técnico y pago de los reclamos administrativos por concepto de diferencias salariales por reasignación de funciones (...)” (informe de autoridad recurrida, prueba adjunta).
c)Por resolución de las 13:30 horas del 30 de abril de 2020, del Viceministro de Transportes y Seguridad Vial se aprueba el reconocimiento de diferencias salariales al recurrente (informe de autoridad recurrida).
d)Al tutelado se le pagarán los montos salariales adeudados en la planilla de la segunda quincena del mes de junio de 2020 (informe de autoridad recurrida).
III.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL AL SALARIO. Sobre el derecho al salario, protegido en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política, la Sala ha señalado que si el trabajo se concibe como un derecho del individuo cuyo ejercicio beneficia a la sociedad y que en cuanto a la persona garantiza una remuneración periódica, no podría aceptarse que el Estado reciba ese beneficio sin entregar al trabajador nada a cambio o entregándole tardíamente lo que le corresponde, por lo que el salario como remuneración debida al trabajador en virtud de un contrato de trabajo, por la labor que haya efectuado o deba efectuar o por los servicios que haya prestado o deba prestar, no es sólo una obligación del empleador, sino un derecho constitucionalmente protegido (ver en ese sentido sentencia número 5138-94 de las 17:57 horas del 7 de setiembre de 1994).
IV.- SOBRE EL PLAZO PARA EL PAGO DE SALARIO. En relación con este tema, la Sala mediante sentencia Nº 2016-16551 de las 14:30 horas del 9 de noviembre de 2016, dispuso lo siguiente: “I.- En el caso en estudio, el recurrente acusa que no se le ha pagado el salario correspondiente a la primera y segunda quincenas de octubre de este año. Sin embargo, al pronunciarse sobre un reclamo similar al presente, este Tribunal, en sentencia N° 2015001985 de las nueve horas cinco minutos del trece de febrero de dos mil quince, en lo que interesa, declaró lo siguiente: “Ahora bien, la tutelada también acusa que no le pagaron la primera quincena de enero de 2015. Ciertamente el salario es un derecho de rango constitucional del trabajador y una obligación para el patrono; no obstante , este Tribunal ha considerado que solo se da una lesión de rango constitucional cuando ha transcurrido un plazo irrazonable entre la prestación de los servicios y el pago correspondiente (véase, entre otras, sentencias 2005-11159 de las 16:24 horas del 23 de agosto de 2005, 2006-09871 de las 13:23 horas del 7 de julio de 2006 y 2008-8048 de las 17:05 horas del 13 de mayo de 2008). Lo anterior encuentra justificación en cuanto, de no fijar un parámetro razonable, incluso un día de atraso daría pie a un recurso de amparo, sin darle oportunidad al patrono de corregir la falta oportunamente. (…). En este sentido, dado que en el caso en estudio no se ha producido un retraso en el pago superior a las dos quincenas —plazo que la Sala ha estimado en su jurisprudencia como excesivo e irrazonable, conforme las sentencias N° 2009-04928 de las catorce horas y treinta y seis minutos del veinte de marzo del dos mil nueve, Nº 2010004138 de las once horas y cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero del dos mil diez y N° 2010004192 de las doce horas y treinta y nueve minutos del veintiséis de febrero del dos mil diez-, el presente amparo debe ser desestimado por prematuro. En consecuencia, el recurso es improcedente y así se declara.” (El resaltado no es del original).
V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, el recurrente estima lesionado el derecho fundamental al salario en perjuicio del amparado. Indica que la MOPT no le ha pagado las diferencias salariales, dejadas de percibir por concepto de reasignación, durante el periodo que abarca del 28 de enero del 2004 al 06 de setiembre de 2018. Al respecto, la Sala tiene por demostrado que al tutelado se le adeudan las diferencias salariales que reclama, según fue reconocido por la resolución de las 13:30 horas del 30 de abril de 2020, del Viceministro de Transportes y Seguridad Vial. Además, el pago de los salarios adeudados al tutelado se incluyen en la planilla de la segunda quincena del mes de junio de 2020. Así las cosas, el recurso de amparo debe ser declarado con lugar, en aplicación del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con las consecuencias que se explican más adelante.
VI.-Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso
concreto. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada-  sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la Administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el respectivo proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VII.- Razones diferentes de la Magistrada Hernández López sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.”
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VIII.- Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado, en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.
Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales...”
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
IX.- Razones diferentes de la Magistrada Garro Vargas . En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala:
“Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar -cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.
X.-Nota del Magistrado Hernández Gutiérrez. He sido del criterio de que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios, por las razones ampliamente expuestas en el que ahora es criterio de mayoría. Sin embargo, también he señalado que cuando el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos patrimoniales –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda al interesado- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí estimo procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Christian Méndez Blanco, en su condición de Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que gestione lo necesario, dentro del ámbito de sus competencias, para que se haga efectivo el pago de las diferencias salariales adeudadas del periodo que abarca del 28 de enero del 2004 al 06 de setiembre de 2018, en la planilla de la segunda quincena del mes de junio de 2020, como indicó en el informe dado a esta Sala. Todo lo anterior se dicta con la advertencia que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López da razones diferentes en relación con la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes. El Magistrado Hernández Gutiérrez pone nota. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Documento Firmado Digitalmente
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EXPEDIENTE N° 20-008314-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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