Sentencia Nº 2020011248 de Sala Constitucional, 19-06-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-009090-0007-CO
Número de sentencia2020011248
Fecha19 Junio 2020

*200090900007CO*

Exp: 20-009090-0007-CO

Res. Nº 2020011248

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco minutos del diecinueve de junio de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-009090-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS).

Resultando:

  1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 26 de mayo de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y manifiesta que desde el 5 de junio de 2017 trabaja para la empresa de transportes H&H, S. A., donde todos los meses le aplican el rebajo del seguro social. Aduce que es una persona adulta mayor, que está pensionado; pero, continúa laborando para la referida empresa, pues el monto de la pensión otorgada por el Estado le resulta insuficiente para sufragar sus necesidades básicas. Señala que a partir de mayo de 2020 ha sido incapacitado, debido a que padece desgaste en la rodilla izquierda y sufre de diabetes, motivos por los cuales, incluso, fue remitido a la Clínica del Dolor. Acusa que al momento de apersonarse ante la CCSS para cobrar las incapacidades otorgadas, se le indicó que, por su condición de pensionado, no le corresponde ese derecho. Estima que lo descrito conculca sus derechos constitucionales. Solicita que se ordene a la institución recurrida reintegrarle el monto de sus incapacidades.
  2. Informan bajo juramento, de forma separada pero en similares términos, Arnoldo León Quesada, en su condición de Jefe de la Sub Área Asesoría de Prestaciones en Dinero, y Luis Diego Calderón Villalobos, en su condición de Gerente Financiero, ambos de la CCSS, que el recurrente posee las boletas de incapacidad otorgadas en el presente año, con fechas 17 de febrero de 2020 al 19 de febrero de 2020, 09 de marzo de 2020, 10 de marzo de 2020 al 11 de marzo de 2020, 27 de marzo de 2020 al 28 de marzo de 2020, 03 de abril de 2020 al 04 de abril de 2020, 08 de abril de 2020 al 10 de abril de 2020, 22 de abril de 2020, 23 de abril de 2020 al 25 de abril de 2020, 28 de abril de 2020 al 30 de abril de 2020, 05 de mayo de 2020 al 09 de mayo de 2020, 11 de mayo de 2020 al 16 de mayo de 2020, 18 de mayo de 2020 al 20 de mayo de 2020, 21 de mayo de 2020 al 23 de mayo de 2020, 25 de mayo de 2020 al 26 de mayo de 2020 y 27 de mayo de 2020 al 30 de mayo de 2020. Explican que, en concordancia con el historial de registros del tutelado, este posee el aval correspondiente para el pago de sus incapacidades, por lo que desconocen lo indicado en el escrito de interposición, lo cual no puede ser constatado, debido a que no se indicó a qué sucursal se presentó a realizar el posible reclamo, así como el nombre del funcionario que le brindó la atención. Añaden que, por lo anterior, la unidad procedió a realizar el pago de las boletas que se encontraban pendientes de trámite en el período comprendido entre el 09 de marzo de 2020 al 30 de mayo de 2020. Los subsidios por concepto de incapacidad fueron cancelados mediante depósito bancario a la cuenta registrada a nombre del recurrente N° CR74011610100021402545, del Banco Promerica, por un monto total de ¢324,426.57. Solicitan se desestime el recurso planteado.

  3. Mediante resolución de las 14:29 horas del 03 de junio de 2020, la Magistrada Instructora solicitó como prueba para mejor resolver al Gerente Financiero de la CCSS, lo siguiente: “informe la fecha en que se pagaron las incapacidades comprendidas entre el 09 de marzo de 2020 al 30 de mayo de 2020”.
  4. Informa bajo juramento Luis Diego Calderón Villalobos, en su condición de Gerente Financiero de la CCSS, que “la Subárea tramitó el 29 de mayo de 2020, mediante depósito bancario a la cuenta registrada a nombre del recurrente, las incapacidades comprendidas entre el 09 de marzo de 2020 al 30 de mayo de 2020, lo cual se refleja en la certificación que se adjunta, de los subsidios acreditados al señor [Nombre 001], desde enero 2019”.
  5. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

Considerando:

  1. Objeto del recurso. El recurrente, quien es una persona adulta mayor, manifiesta que desde el mes de mayo de 2020 se encuentra incapacitado debido a una serie de complicaciones de salud; no obstante, acusa que al momento de apersonarse ante la CCSS para cobrar las incapacidades otorgadas, se le indicó que, por su condición de pensionado, no le correspondía tal derecho. Solicita intervención de esta Sala.
  2. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)El recurrente, quien es una persona adulta mayor que se encuentra jubilado (hecho no controvertido).

b)El accionante trabaja para la empresa de transportes H&H S.A. (hecho no controvertido).

c)Al interesado se le expidieron las siguientes incapacidades del17 de febrero de 2020 al 19 de febrero de 2020, 09 de marzo de 2020, 10 de marzo de 2020 al 11 de marzo de 2020, 27 de marzo de 2020 al 28 de marzo de 2020, 03 de abril de 2020 al 04 de abril de 2020, 08 de abril de 2020 al 10 de abril de 2020, 22 de abril de 2020, 23 de abril de 2020 al 25 de abril de 2020, 28 de abril de 2020 al 30 de abril de 2020, 05 de mayo de 2020 al 09 de mayo de 2020, 11 de mayo de 2020 al 16 de mayo de 2020, 18 de mayo de 2020 al 20 de mayo de 2020, 21 de mayo de 2020 al 23 de mayo de 2020, 25 de mayo de 2020 al 26 de mayo de 2020 y 27 de mayo de 2020 al 30 de mayo de 2020

d)El 27 de mayo de 2020, la Gerencia Financiera de la CCSS fue notificado de la resolución de curso de este proceso de amparo (véase acta de notificación).

e)A la fecha de interposición del recurso, se encontraban pendiente de pago las incapacidades comprendidas entre el 09 de marzo de 2020 al 30 de mayo de 2020 (véase informe de la autoridad recurrida).

f)Con ocasión de la notificación del recurso de amparo, la Sub Área de Asesoría de Prestaciones en Dinero de la CCSS “esta unidad procede a realizar el pago de las boletas que se encontraban pendientes de trámite en el periodo comprendido entre 09/03/2020 a 30/05/2020” (véase informe de la autoridad recurrida).

g)El 29 de mayo de 2020, el pago por incapacidad fue cancelado mediante depósito bancario a la cuenta registrada a nombre del recurrente N° CR74011610100021402545, del Banco Promerica, por un monto total de ¢324,426.57 (véase informe de la autoridad recurrida).

  1. En cuanto al pago de la incapacidad al jubilado. En sentencia No. 2018-004416 de las 9:15 horas del 16 de marzo de 2018, la Sala señaló: “En sentencia No. 2016-17693 de las 9:30 horas del 2 de diciembre de 2016, la Sala señaló: “Asimismo, aduce que a la fecha no se le ha cancelado el subsidio por la incapacidad que se le otorgó entre el 6 de agosto de 2016 y el 27 de octubre de 2016. En su informe, los recurridos aducen que la tutelada recibe una pensión por vejez de la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que conforme lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, no tiene derecho a recibe ningún tipo de subsidio por incapacidad. Ahora bien, con vista en lo expuesto anteriormente, la Sala estima que en el presente asunto sí existe una lesión a los derechos de la amparada, pues consta que ésta actualmente aparece en los registros de la Caja Costarricense de Seguro Social como trabajadora de una empresa privada, por lo que resulta improcedente que se le niegue el derecho a obtener los beneficios de un régimen para que el está cotizando, tal y como lo ha señalado este Tribunal al conocer asuntos similares al presente (véase la sentencia número 2016-13042 de las 11:42 del 9 de septiembre de 2016).” (Criterio reiterado en la sentencia No. 2017-2652 de las 9:30 horas del 24 de febrero de 2017).
  2. Sobre el caso concreto. Después de haber analizados el informe y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala verifica la vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente, por las razones que a continuación serán expuestas. En el escrito de interposición, el recurrente reclamó que al momento de apersonarse ante la CCSS para cobrar las incapacidades otorgadas, se le indicó que, por su condición de pensionado, no le corresponde ese derecho. Si bien, la Gerencia Financiera de la CCSS informó que en concordancia con el historial de registros del señor [Nombre 001] , posee el aval correspondiente para el pago de sus incapacidades, por lo que desconoce esta unidad lo indicado por el recurrente ´acusa que al momento de apersonarse ante la CCSS para cobrar las incapacidades otorgadas, se le indicó que, por su condición de pensionado, no le corresponde ese derecho´, lo cual no puede ser constatado en nuestras oficinas ya que nótese que en el escrito no se indica a que sucursal se presentó a realizar el posible reclamo o el nombre del funcionario que le brindo atención(el resaltado no es del original). Lo cierto es que se desprende que la parte recurrente tenía derecho al pago de las incapacidades, sin embargo, el pago de las mismas -no se justificaron los motivos- se realizaron con ocasión de la notificación del recurso de amparo (el 27 de mayo de 2019), que el 29 de mayo de 2020 se procedió con el pago de las incapacidades. En consecuencia, se declara con lugar el recurso al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
  3. Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto . Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios -sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- □ sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la Administración -de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el respectivo proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
  4. Razones diferentes de la Magistrada Hernández López sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso.
Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que -ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que -en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien -en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso...”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.”
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que -para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
  1. Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado, en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida.
Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
“...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales...”
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
  1. Razones diferentes de la Magistrada Garro Vargas. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala:
“Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título -derivado de este proceso- para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar -cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.
  1. Nota del Magistrado Hernández Gutiérrez. He sido del criterio de que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios, por las razones ampliamente expuestas en el que ahora es criterio de mayoría. Sin embargo, también he señalado que cuando el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos patrimoniales –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda al interesado- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí estimo procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

  2. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López da razones diferentes en relación con la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes. El Magistrado Hernández Gutiérrez pone nota. Notifíquese.

Fernando Castillo V.
Presidente
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Ileana Sánchez N.

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