Sentencia Nº 2020013334 de Sala Constitucional, 17-07-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-008433-0007-CO
Número de sentencia2020013334
Fecha17 Julio 2020

*200084330007CO*

Exp: 20-008433-0007-CO

Res. Nº 2020013334

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001]; a favor de [Nombre 002], en su condición de SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SITRAA); contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 15 de mayo de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Indica que su representado es el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Relata que, el 25 de febrero de 2020, la Gerencia General convocó a los sindicatos SITRAA, ASTRAA y Comisión Institucional de Uniformes para definir el procedimiento de entrega de uniformes del periodo 2020. Esa reunión inició a las 11:00 a.m. Asegura que los participantes esperaban fuera del despacho y, cuando se les indicó que podían ingresar a la reunión, su representado tomó unas fotografías al recién remodelado despacho de la Gerencia para hacer un boletín de la organización a la que representa. Acota que en ese momento se encontraba el personal de la Gerencia ejerciendo sus labores como funcionarios públicos. Acusa que, una vez iniciada la reunión, el señor Manuel Salas Pereira, Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de manera altanera, déspota, prepotente e irrespetuosa, interrumpió la reunión y prohibió fotografiar tanto las instalaciones nuevas de la Gerencia como al personal que se encontraba en el ejercicio de sus labores, alegando, por un lado, que se estaba lesionando el derecho de imagen de los funcionarios públicos a los que se les estaba tomando fotografías y, por otro, que esta práctica era absolutamente prohibida dentro de las instalaciones de la institución. Por lo anterior, aduce que se amonestó de manera verbal al amparado. Indica que, mediante oficio SITRAA-2020-023 del 2 de marzo de 2020, su representado se opuso a las manifestaciones del recurrido, en virtud de que, si bien el artículo 47 del Código Civil establece expresamente una prohibición de reproducir una imagen de un particular, lo cierto es que la Jurisprudencia Constitucional indica varias excepciones a esta regla, entre ellas, la función pública que desempeña el funcionario. Es decir, el derecho de imagen que tiene la persona como sujeto de derecho privado debe ser respetado y, en consecuencia, no puede ser reproducida ni publicada su imagen sin su consentimiento; sin embargo, esto no aplica a los que conforman el ámbito del derecho público como parte de sus actuaciones bajo esa investidura. Lo anterior implica que el funcionario público pierde su derecho de imagen en el ejercicio de su labor como servidor estatal, por lo que queda expuesto a ser incluso filmado o fotografiado en sus funciones. Agrega que, ante tal oposición, el recurrido, mediante oficio GG-2020-00905, solicitó a la Dirección Jurídica analizar el contenido de la nota SITRAA-2020-023. Añade que ese criterio se plasmó en el oficio PRE-J-2020-01574, en el que, en resumen, se concluyó que está prohibido fotografiar a un funcionario público en el ejercicio de sus labores. Señala que, mediante oficio GG-2020-01711, el recurrido se dirigió a su representado, recordándole, entre otras cosas, la prohibición de fotografiar a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores. Considera que el actuar del recurrido ha lesionado los derechos fundamentales de su representado. Estima vulnerados los artículos 11, 29, 29, 33, 39 y 41 constitucionales. Solicita que se declare con lugar el recurso y que se dejen sin efecto los oficios números PRE-J-2020- 01574 y GG-2020-01711.
2.- Mediante resolución de la Sala de las 7:55 horas del 22 de mayo de 2020, se dio curso al proceso y se solicitó informe al GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
3. Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 11:59 horas del 6 de marzo de 2020, informa bajo juramento Manuel Antonio Salas Pereira, en su condición de Gerente General y apoderado generalísimo sin límite de suma del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Indica que el amparado es el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados. Señala que, si bien el 25 de febrero de 2020 se citaron a los representantes de los sindicatos ASTRAA y SITRAA para abordar el tema de la entrega de uniformes, y que esas personas esperaban afuera del despacho de la Gerencia para ser llamadas e iniciar la reunión; no es cierto que cuanto el tutelado ingresó solamente tomó fotografías al despacho, sino también a funcionarios que laboran allí, lo que ocurrió sin su consentimiento. También fotografía sus monitores. Asegura que su intención al tomar las fotografías era denunciar el gasto de la remodelación de las instalaciones de esta Gerencia, lo cual se puede evidenciar de forma diáfana del Oficio SITRAA-2020-023. Sostiene que el hecho de que sean funcionarios públicos no justifica tal actuación. Niega haber interrumpido la reunión de la forma en que indica el recurrente. Menciona que mediante el oficio GG-2020-00905 del 3 de marzo de 2020 solicitó un criterio a la Dirección Jurídica sobre lo acontecido el día de los hechos. En ese oficio indicó:“…el señor [Nombre 002] mientras caminaba hacía la sala de reuniones sacó su teléfono celular y sin consultar a los funcionarios (as) del Despacho que en ese momento se encontraban realizando sus funciones habituales, empezó a tomar fotos, tanto a ellos como a las áreas de trabajo (incluyendo sus monitores), lo anterior lo hizo sin pedir consentimiento ni permiso alguno a los presentes, fui informado mientras me encontraba en mi oficina, por ende, me apersoné a la sala de reuniones, y después de pedir permiso a los presentes para interrumpir, consulté si alguien estaba tomando fotos a los compañeros (as), a lo cual [Nombre 007] respondió que él tomó algunas fotos, le consulté si pidió permiso a los compañeros para tomarles fotos y respondió que no, por ende, procedí a indicarle de manera pacífica al señor [Nombre 002] que en aras de guardar el respeto que merece cada persona él debió haber solicitado permiso y consentimiento a los funcionarios de Gerencia para tomarles fotos, cosa que no hizo…”. Sostiene que actuó en protección de sus colaboradores, en el sentido de que no le pareció correcto el actuar del amparado, quien, acuerpado por su posición sindical e interpretando antijurídicamente la norma, les tomó fotografías solo por el hecho de ser funcionarios públicos, y le indicó de forma prepotente que si alguien se sentía aludido podía interponer la denuncia donde correspondiera. Arguye que otras de las falsedades en las que incurrió el recurrente es afirmar que fue amonestado verbalmente, cuando lo que hizo fue interpelar sus actuaciones, de modo que en ningún momento le manifestó que estaba sancionado. Asegura que ni el artículo 47 del Código Civil que hace referencia a los derechos de imagen ni la jurisprudencia de la Sala Constitucional indican que los derechos consagrados allí se pierdan por el simple hecho de ser funcionarios públicos. Expone que el mismo recurrente se contradice cuando dice que solo le tomó fotografías a las dependencias de la Gerencia y, por otro lado, justifica que los empleados públicos sí pueden ser fotografiados, lo que constata que no solo tomó fotografías a las oficinas de la Gerencia (situación que en ningún momento ha cuestionado), sino que también a los funcionarios que estaban laborando en la misma. Comenta que tales funcionarios no tienen relación alguna con las remodelaciones realizadas a ese despacho. Cita la sentencia 2019-003316 de las 13:04 horas del 22 de febrero de 2019, que establece; “…En la sentencia número 2012-000226 de las 14:50 horas del 11 de enero de 2012 la Sala precisó como límites del derecho a la propia imagen los siguientes: " 1) Cuando la imagen es notoria o se refiere a actos o actividades del ser humano que salen de lo común, el derecho se ve enervado y no se puede acceder. 2. El segundo límite está constituido por aquellas actividades públicas que desempeñan los funcionarios públicos. En esta hipótesis se hace referencia únicamente, a la actividad que realiza el sujeto como titular de su función, estando excluidas las actividades que la persona realice en su vida íntima. 3. La tercera excepción hace referencia a publicaciones que sean necesarias para cumplir con las funciones de policía y justicia, como podría ser la difusión de fotografías de personas buscadas por la comisión de delitos. 4. El cuarto límite se refiere a la divulgación de imágenes relacionadas con acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. En este supuesto debe ubicarse aquella información de una clara e inequívoca relevancia pública -en cuanto le interesa y atañe a la colectividad políticamente organizada- que cualquier particular o los medios de comunicación colectiva tienen el derecho de buscar, obtener y difundir. Ahora bien, en todos los supuestos anteriores no existe una desprotección absoluta para el titular de la imagen, puesto que, igualmente la publicación no debe atentar contra la ley, el orden público, las buenas costumbres y no debe ocasionarle un perjuicio antijurídico a la persona cuya imagen se ha reproducido…”. De la anterior resolución, colige que la captación, publicación, reproducción, exposición, venta y distribución de fotografías e imágenes de una persona pueden realizarse sin su consentimiento, únicamente bajo los cuatro presupuestos de excepción indicados. Por lo que, en el caso concreto, se está ante el segundo supuesto de excepción, es decir, por las actividades públicas que desempeñan como funcionarios públicos, aclarando que esa referencia es únicamente a la actividad que realiza el sujeto como titular de su función. En otras palabras, el tomar fotografías, imágenes o videos sin el respectivo consentimiento del servidor público, resulta viable solo en el ejercicio de las funciones que este realiza, pero en el entendido de que los mismos estén cometiendo actos irregulares en ese ejercicio, y no solo por el hecho de ser funcionarios públicos. Explicado esto, la resolución 2001-009250 que menciona el tutelado no es de aplicación al presupuesto de excepción indicado del artículo 47 ibídem. Asegura que, mediante oficio GG-2020-00905 del 3 de marzo de 2020 solicitó a la Dirección Jurídica un criterio jurídico con el fin de analizar la jurisprudencia incluida en la nota del sindicato y determinar si existe otra más reciente que contenga cambios en esos aspectos, de forma tal, que se puedan incluir en la respuesta para el SITRAA a su oficio 2020-023, y asimismo generar algún instrumento justificado jurídicamente que permita proteger a los funcionarios de este tipo de prácticas sindicales, y asimismo proteger la labor sindical. En virtud de lo anterior, la Dirección Jurídica, mediante oficio PRE-J-2020-01574, emitió su criterio indicando, en lo que interesa, lo siguiente: “…considera esta asesoría que por el simple hecho de que los servidores de la Gerencia General sean funcionarios públicos, no es fundamento suficiente para que cualquier persona, sea que tenga un cargo público o no, o posea un puesto de representación en un sindicato o no, pueda tomar fotografías de manera antojadiza, recordemos que en virtud de la interpretación de la Sala Constitucional el artículo citado establece como excepción a la protección del derecho a la imagen, que las fotografías o imágenes captadas a un funcionario público sean con ocasión de sus actividades públicas, y siempre y cuando, exista una sospecha razonable de la comisión de un delito o actuación irregular, por lo que disentimos de la interpretación del señor [Nombre 002] de que puede tomar fotografías a los funcionarios de la Gerencia, en virtud de que estos solo por el hecho de ser funcionarios públicos pierden su derecho de imagen, y además porque goza de un puesto sindical. Por último, consideramos que el procedimiento que se debió haber llevado para la toma de cualquier fotografía o video de los funcionarios de la Gerencia General el día de los hechos, era que antes de ser tomadas se debió haber solicitado a dichos funcionarios el permiso correspondiente, y que estos hubiesen consentido ser fotografiados, y no haber tomado las fotos primero e indicar después que eran para efectos sindicales. Hay que recordar que dichas fotografías fueron captadas en el Despacho de la Gerencia General con ocasión de una reunión que se celebró en dicho lugar, y no bajo los presupuestos de excepción del reiterado artículo 47…” “…Ahora bien, aclarado el punto anterior relacionado a las fotografías tomadas a los funcionarios de la Gerencia General, resulta importante referirnos a las fotografías tomadas a las instalaciones de dicho Despacho con ocasión del acondicionamiento o remodelación del mismo. En la nota 2020-23 emitida por el SITRAA, se infiere que dichas fotografías son relacionadas al supuesto gasto de 26 millones de colones en tal remodelación. En este sentido, consideramos que la toma de dichas fotos no se evidencia acto irregular alguno, ya que las mismas corresponden a instalaciones públicas, y por consiguiente cualquier modificación o mejora está supeditada al buen manejo y disposición de fondos públicos. Si es necesario aclarar al Sindicato referido, que si bien es cierto no existe anomalía alguna en haber tomado las fotografías a la remodelación de dicho Despacho, para eventualmente atribuir un supuesto acto irregular en contra de la hacienda pública, dicho accionar no lo es exclusivamente por gozar el señor [Nombre 002] de un puesto sindical, ya que dicha potestad la tiene cualquier funcionario público de denunciar cualquier delito que se tenga noticia, al tenor de los artículos 278 y 281 del Código Procesal Penal…” Considera que, si el tutelado quería denunciar algún supuesto acto irregular en las remodelaciones mencionadas, no tenía razón para fotografiar a sus colaboradores, sino que podía interponer la denuncia correspondiente ante las instancias que él considerara pertinentes. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4. Por escrito incorporado al expediente digital de la Sala a las 12:39 horas del 30 de mayo de 2020, el recurrente manifiesta que aporta como prueba las fotografías tomadas por su representado, en las cuales visiblemente se evidencia que no se tomaron de mala fe, sino que corresponden a una panorámica del recién remodelado despacho de la Gerencia del AyA.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Chacón Jiménez; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que, el 25 de febrero de 2020, su representado, Secretario General de SITRAA, tomó unas fotografías al despacho de la Gerencia, mientras se encontraba presente el personal. Reclama que, en ese momento, el Gerente le prohibió fotografiar tanto las instalaciones de la Gerencia como al personal que se encontraba en el ejercicio de sus labores; además, lo amonestó de manera verbal. Comenta que tales fotografías las tomó para hacer un boletín de la organización que representa. Indica que se opuso a lo anterior, al considerar que el funcionario público perdía su derecho de imagen en el ejercicio de su labor como servidor estatal. Sin embargo, la Dirección Jurídica estimó lo contrario y, además, mediante el oficio GG-2020-01711, el recurrido le recordó que estaba prohibido fotografiar a los funcionarios. Estima vulnerados los artículos 11, 29, 29, 33, 39 y 41 constitucionales y solicita que se dejen sin efectos los oficios PRE-J-2020-01574 y GG-2020-01711.
II.-Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
A.El 25 de febrero de 2020, con ocasión de una reunión convocada por parte de la Gerencia del AyA a los sindicatos SITRAA, ASTRAA y Comisión Institucional de Uniformes para definir el procedimiento de entrega de uniformes del periodo 2020, el tutelado, Secretario General de SITRAA, mientras caminaba a la sala de reuniones, tomó fotografías a las instalaciones remodeladas de la Gerencia del AyA y al personal que estaba laborando en el lugar y sus monitores, sin el consentimiento de aquel (ver informe rendido y prueba aportada).
B.El Gerente del AyA fue informado de la situación y acudió a la reunión, donde consultó quién estaba tomando las fotografías, lo cual fue aceptado por el tutelado. Este manifestó haberlas tomado sin el consentimiento del personal, así como que tenía potestad para ello en virtud de su representación sindical, ante lo cual el recurrido le manifestó que debía contar con la autorización respectiva (ver informe rendido y prueba aportada).
C.A través del oficio SITRAA-2020-23 del 2 de marzo de 2020, el amparado se opuso a las manifestaciones del recurrido en relación con la toma de fotografías a funcionarios públicos e indicó “(…) Es criterio sustentado en la legalidad que cualquier actividad efectuada por funcionarios públicos en el ejercicio de la función que les ha sido encomendada, puede ser capturada a través de fotografías, videos o grabaciones por parte de un ciudadano, sin que ello pueda interpretarse como una afectación del derecho de imagen del funcionario. Asimismo, es completamente legal que se pueda ser (sic) capturar (sic) a través de fotografías, videos o grabaciones por parte de un ciudadano las instalaciones de AyA, y además máxime de un dirigente sindical que su relación de trabajado como derecho humano así lo reviste. (…) A su vez hemos solicitado a nuestros miembros de junta directiva que antes de tomar alguna fotografía o video se refieran por respeto a todos que se tomara una fotografía para fines sindicales de comunicación a los trabajadores y los costarricenses.” (ver prueba aportada).
D.Mediante el oficio GG-2020-00905 del 3 de marzo de 2020, el Gerente del AyA solicitó un criterio a la Dirección Jurídica sobre lo acontecido el día de los hechos. En ese oficio indicó: “…el señor [Nombre 002] mientras caminaba hacía la sala de reuniones sacó su teléfono celular y sin consultar a los funcionarios (as) del Despacho que en ese momento se encontraban realizando sus funciones habituales, empezó a tomar fotos, tanto a ellos como a las áreas de trabajo (incluyendo sus monitores), lo anterior lo hizo sin pedir consentimiento ni permiso alguno a los presentes, fui informado mientras me encontraba en mi oficina, por ende, me apersoné a la sala de reuniones, y después de pedir permiso a los presentes para interrumpir, consulté si alguien estaba tomando fotos a los compañeros (as), a lo cual [Nombre 007] respondió que él tomó algunas fotos, le consulté si pidió permiso a los compañeros para tomarles fotos y respondió que no, por ende, procedí a indicarle de manera pacífica al señor [Nombre 002] que en aras de guardar el respeto que merece cada persona él debió haber solicitado permiso y consentimiento a los funcionarios de Gerencia para tomarles fotos, cosa que no hizo…” (ver informe rendido y prueba aportada).
E.Por oficio PRE-J-2020-01574 del 6 de abril de 2020, la Dirección Jurídica del AyA emitió su criterio indicando, en lo que interesa, lo siguiente: “…considera esta asesoría que por el simple hecho de que los servidores de la Gerencia General sean funcionarios públicos, no es fundamento suficiente para que cualquier persona, sea que tenga un cargo público o no, o posea un puesto de representación en un sindicato o no, pueda tomar fotografías de manera antojadiza, recordemos que en virtud de la interpretación de la Sala Constitucional el artículo citado establece como excepción a la protección del derecho a la imagen, que las fotografías o imágenes captadas a un funcionario público sean con ocasión de sus actividades públicas, y siempre y cuando, exista una sospecha razonable de la comisión de un delito o actuación irregular, por lo que disentimos de la interpretación del señor [Nombre 002] de que puede tomar fotografías a los funcionarios de la Gerencia, en virtud de que estos solo por el hecho de ser funcionarios públicos pierden su derecho de imagen, y además porque goza de un puesto sindical. Por último, consideramos que el procedimiento que se debió haber llevado para la toma de cualquier fotografía o video de los funcionarios de la Gerencia General el día de los hechos, era que antes de ser tomadas se debió haber solicitado a dichos funcionarios el permiso correspondiente, y que estos hubiesen consentido ser fotografiados, y no haber tomado las fotos primero e indicar después que eran para efectos sindicales. Hay que recordar que dichas fotografías fueron captadas en el Despacho de la Gerencia General con ocasión de una reunión que se celebró en dicho lugar, y no bajo los presupuestos de excepción del reiterado artículo 47…” “…Ahora bien, aclarado el punto anterior relacionado a las fotografías tomadas a los funcionarios de la Gerencia General, resulta importante referirnos a las fotografías tomadas a las instalaciones de dicho Despacho con ocasión del acondicionamiento o remodelación del mismo. En la nota 2020-23 emitida por el SITRAA, se infiere que dichas fotografías son relacionadas al supuesto gasto de 26 millones de colones en tal remodelación. En este sentido, consideramos que la toma de dichas fotos no se evidencia acto irregular alguno, ya que las mismas corresponden a instalaciones públicas, y por consiguiente cualquier modificación o mejora está supeditada al buen manejo y disposición de fondos públicos. Si es necesario aclarar al Sindicato referido, que si bien es cierto no existe anomalía alguna en haber tomado las fotografías a la remodelación de dicho Despacho, para eventualmente atribuir un supuesto acto irregular en contra de la hacienda pública, dicho accionar no lo es exclusivamente por gozar el señor [Nombre 002] de un puesto sindical, ya que dicha potestad la tiene cualquier funcionario público de denunciar cualquier delito que se tenga noticia, al tenor de los artículos 278 y 281 del Código Procesal Penal…” (ver informe rendido y prueba aportada).
F.Por memorando GG-2020-01711 del 22 de abril de 2020, la autoridad recurrida le manifestó al tutelado lo siguiente: “Con relación a lo señalado en su nota indicada en el asunto, la Gerencia General aclara que el llamado de atención que se realizó en su momento, obedeció a la toma de fotos de los funcionarios/as sin la aprobación de ellos, lo cual ratifica de forma amplia el criterio jurídico NO PRE-J-2020-01574. Por tanto, se le insta a proceder conforme al marco legal respectivo, y en lo futuro solicitar previamente el permiso de los funcionarios (as) a ser fotografiados, así como la grabación de voz y video” (ver prueba aportada).
III.-Hecho no probado. De importancia para la decisión de este asunto, se estima como no demostrado el siguiente hecho:
ÚNICO. Que el tutelado haya sido amonestado o sancionado por los hechos ocurridos.
IV.- Sobre el derecho a la imagen. Al respecto, conviene citar la sentencia 2019-004559 de las 9:15 horas del 15 de marzo de 2019, mediante la cual este Tribunal dispuso, en lo que interesa, lo siguiente:
“V.- ANTECEDENTE. SOBRE EL DERECHO A LA IMAGEN. LÍMITES. LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN. Esta Sala en resolución 2010-014394 de las 11:52 horas del 27 de agosto de 2010, indicó:
IV.- Sobre el derecho a la imagen y sus límites. Esta Sala debe hacer algunas precisiones previas antes de resolver el recurso de amparo. Un primer aspecto tiene relación con la condición de los recurrentes, al ser ciudadanos sujetos a un proceso penal, y que estiman lesivo a su derecho a la imagen, la difusión de sus rostros por parte de los distintos medios de comunicación social. Esto es un aspecto importante en el criterio de la Sala, porque no se trata de figuras públicas o que previamente hayan gozado de alguna notoriedad dentro de la sociedad costarricense. Un segundo aspecto se relaciona con lo que sería permisible que los medios de comunicación social pudieran publicar. El artículo 24 de la Constitución Política tutela el derecho a la intimidad, junto con la libertad y el secreto de las comunicaciones. Por su parte, de manera más específica el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone sobre la Protección de la Honra y de la Dignidad que:
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. "Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.-”
En general, se garantiza una esfera de derechos inviolables del individuo, que le pertenecen como tal, o a su grupo familiar, y que le permite excluir de él a terceros y al público en general (artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Más aún, esta Sala se ha referido en forma general a la libertad a la vida privada, que garantiza a la persona esa inviolabilidad, y abarca más que el derecho a la imagen, toda un área en la cual nadie puede inmiscuirse, sea en el domicilio o en las comunicaciones, salvo lo permitido en la ley. Del artículo 24 constitucional se deriva el derecho a la imagen como un derecho personalísimo, que consiste en mantener y exigir respeto a la propia representación y proyección exterior de uno mismo, especialmente frente a los medios de comunicación masiva que transmiten información videográfica, escrita y gráfica, o por medios electrónicos, y que puede lesionar la honra y el reconocimiento de la dignidad de la persona (artículo 11.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Esta Sala también ha sostenido que el derecho a la imagen es un límite a la intervención de personas y de los poderes públicos en la observación y en la captación de la imagen para su posterior difusión. La regla general en la legislación costarricense es que la fotografía o la imagen de la persona no pueden ser divulgadas si no media el consentimiento, el irrespeto da lugar tanto a la posibilidad de cuestionar ese uso en la vía constitucional como en la jurisdicción común, según el carácter de las infracciones a la propia representación. Lo que no duda este Tribunal Constitucional es que se pueda reclamar lesiones a la inviolabilidad del ámbito privado contra intromisiones ilegítimas o abusivas de las autoridades públicas o de las empresas o personas privadas, cuando se difundan imágenes no consentidas expresamente. Pero, existen circunstancias donde el control que puede tener un individuo sobre su imagen propia, no siempre es absoluto. Hay consecuentemente otras situaciones legítimas que un individuo debe soportar, cuando exista notoriedad de ciertos cargos públicos o situaciones que se tornan de interés público, o de un interés relevante para la sociedad, o de un interés en el comportamiento de una figura pública, e incluso su estado de salud, que normalmente para otra persona sería inadmisible. Pero aun en estos casos, existirá información sobre la vida íntima o privada que no puede ser divulgada legítimamente si no media el consentimiento previo otorgado por el interesado, salvo que las actividades de la vida íntima o privada sean realizadas en lugares notoriamente públicos, fácilmente visibles para cualquier persona. En estos casos, puede considerarse que la persona que permite traspasar su propio fuero de intimidad, revelando aspectos de su vida privada al público, consciente implícitamente, pero se requiere del elemento de claramente público. Precisamente, por sentencia No. 2005-15057 se estableció que:
IV.- EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN. El derecho a la propia imagen deriva del derecho a la intimidad consagrado en el ordinal 24 de la Constitución Política y consiste en el derecho que tiene toda persona sobre su propia representación externa. Tal derecho ha sido considerado por la mayor parte de la doctrina como un derecho de la personalidad, vinculado a la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que puede tener difusión pública. La facultad otorgada por este derecho consiste, en esencia, en impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad —informativa, comercial, científica, cultural, etc.— perseguida por quien la capta o difunde. En este sentido, este Tribunal, en la sentencia No. 6776-94 de las 14:57 hrs. del 22 de noviembre de 1994, indicó lo siguiente:
“El derecho a la intimidad tiene un contenido positivo que se manifiesta de múltiples formas, como por ejemplo: el derecho a la imagen, al domicilio y a la correspondencia. Para la Sala el derecho a la vida privada se puede definir como la esfera en la cual nadie puede inmiscuirse. La libertad de la vida privada es el reconocimiento de una zona de actividad que es propia de cada uno y el derecho a la intimidad limita la intervención de otras personas o de los poderes públicos en la vida privada de la persona; esta limitación puede manifestarse tanto en la observación y captación de la imagen y documentos en general, como en las escuchas o grabaciones de las conversaciones privadas y en la difusión o divulgación posterior de lo captado u obtenido sin el consentimiento de la persona afectada.”.
Se desprende de lo anterior que el derecho a la propia imagen atribuye a su titular la facultad para evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, ya que, constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual. Con la protección constitucional de la imagen se preserva no sólo el poder de decisión sobre los fines a los que hayan de aplicarse las manifestaciones de la persona a través de su imagen, sino también una esfera personal y, en este sentido, privada, de libre determinación y, en suma, se preserva el valor fundamental de la dignidad humana . Así pues, lo que se pretende con este derecho, en su dimensión constitucional, es que los individuos puedan decidir qué aspectos de su persona desean preservar de la difusión pública, a fin de garantizar un ámbito privativo para el desarrollo de la propia personalidad ajeno a injerencias externas. Adicionalmente, cabe señalar que, en el plano infraconstitucional, el artículo 29 del Código Civil desarrolla el contenido de este derecho fundamental al disponer: “Las fotografías o imagen de una persona no pueden ser reproducidas, expuestas o vendidas en forma alguna sino es con su consentimiento”. Bajo esa inteligencia, toda persona ejerce un dominio sobre su imagen, reproducción y eventual divulgación posterior, lo que solamente puede hacerse por terceros con su consentimiento.
V.- LÍMITES AL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN . Como los demás derechos constitucionales, el derecho a la propia imagen se encuentra limitado por otros derechos y bienes constitucionales, en particular, por el derecho a la comunicación de información y las libertades de expresión y creación artística. Por esta razón , el ordenamiento jurídico permite la difusión sin consentimiento de la imagen de una persona cuando “dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquella, por la función pública que desempeñe, por necesidades de justicia o de policía o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público, o que tengan lugar en público” (artículo 29 del Código Civil). De conformidad con lo anterior, en nuestro medio encontramos los siguientes límites del derecho a la propia imagen: 1) Cuando la imagen es notoria o se refiere a actos o actividades del ser humano que salen de lo común, el derecho se ve enervado y no se puede acceder. 2) El segundo límite está constituido por aquellas actividades públicas que desempeñan los funcionarios públicos. En ésta hipótesis se hace referencia, únicamente, a la actividad que realiza el sujeto como titular de su función, estando excluidas las actividades que la persona realice en su vida íntima. 3) La tercera excepción hace referencia a publicaciones que sean necesarias para cumplir con las funciones de policía y justicia, como podría ser la difusión de fotografías de personas buscadas por la comisión de delitos. 4) El cuarto límite se refiere a la divulgación de imágenes relacionadas con acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. En este supuesto debe ubicarse aquella información de una clara e inequívoca relevancia pública –en cuanto le interesa y atañe a la colectividad políticamente organizada- que cualquier particular o los medios de comunicación colectiva tienen el derecho de buscar, obtener y difundir. Ahora bien, en todos los supuestos anteriores no existe una desprotección absoluta para el titular de la imagen, puesto que, igualmente, la publicación no debe atentar contra la ley, el orden público, las buenas costumbres y no debe ocasionarle un perjuicio antijurídico a la persona cuya imagen se ha reproducido.” (…) - énfasis añadido-.
V.-Sobre el acceso a áreas restringidas de las instituciones públicas. Recientemente, la Sala se refirió a este tema, específicamente a las instalaciones del AyA y, mediante sentencia 2020-012424 de las 9:15 horas del 3 de julio de 2020, dispuso lo siguiente:
“V.- TOCANTE A LA FOTOGRAFÍA CAPTURADA DEL RECURRENTE AL INGRESAR A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS DE LA SEDE CENTRAL DEL AYA Y LA PRESUNTA VIOLACIÓN A SU DERECHO A LA IMAGEN. Como primer aspecto, el tutelado aduce que el día 8 de junio de 2020, al ingresar a las oficinas centrales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se le tomó una fotografía sin su consentimiento, lo cual, en su criterio, violentó su derecho a la imagen. Señala que se siente muy preocupado, pues desconoce cuál es el fin de fotografíar a las personas que visitan el mencionado lugar. Por consiguiente, solicita que se declare con lugar el recurso y se le ordene a los recurridos no tomarle más fotografías sin su autorización. Por su parte, la Presidenta Ejecutiva y el Gerente General, ambos del Instituto recurrido, al rendir el informe requerido por esta Sala, explicaron que, con el propósito de proteger los activos y garantizar la seguridad e integridad física de los funcionarios que laboran en la referida sede central y de los propios visitantes (particularmente, ante una amenaza con explosivos sufrida en el año 2019 y ahora con motivo de la pandemia COVID-19), se implementaron dos medidas de interés tendentes a regular o evitar, en la medida de lo posible, el ingreso de terceras personas a las instalaciones internas de la institución, a saber: 1) la instalación de la denominada Ventanilla Única de Recepción de Documentos que se ubica en la entrada del edificio y 2) la instalación de un sistema de registro electrónico para las visitas que ineludiblemente deben ingresar al edificio (oficinas administrativas internas). Igualmente, dichas autoridades manifestaron que este último sistema digital "(...) permite la identificación impresa con la fotografía, el nombre del visitante, su número de cédula, lugar a visitar con número de extensión y hasta el piso al que se dirige y (...) se pega a la vestimenta sin causar ninguna afectación, por responder a material apto para la sensibilidad de los textiles (...)". Agregaron, también, que el adhesivo que se adhiere en la vestimenta es desechado por el visitante a la salida de las mencionadas instalaciones. Asimismo, mencionaron que la información y fotografía recopilada queda registrada en forma digital "(...) para que si la persona particular vuelve a ingresar en otro momento, solo se le imprime la calcomanía y se le pega a la vestimenta actualizando la fecha y hora, únicamente (...)". Explicaron también las autoridades recurridas que el uso de dicho sistema fue recomendado por los agentes del Organismo de Investigación Judicial -ante la amenaza de bomba sufrida en el año 2019-, con el fin de llevar a cabo un control mayormente efectivo de las personas que ingresan y, también, de identificar a algún otro posible atacante de la institución. Paralelamente, se tiene por demostrado que el día 8 de junio de 2020, el recurrente ciertamente acudió a las oficinas centrales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ubicadas en Pavas y entregó un documento en la referida Ventanilla Única de Recepción de Documentos (ubicada en la entrada del inmueble). Asimismo, consta que como el amparado solicitó también, de forma posterior, ingresar a las oficinas administrativas internas (no dispuestas para la atención de público), las autoridades recurridas -en aplicación del sistema digital de ingreso señalado supra-, le requirieron brindar sus datos, le tomaron una fotografía que se imprimió en un adhesivo y se le colocó sobre su ropa y le solicitaron señalar a cuál oficina en específico se dirigía. Igualmente, se tiene por demostrado que el tutelado brindó los datos que le fueron requeridos, indicó a cuál oficina en concreto se dirigía (Dirección Jurídica) y -según se informó bajo juramento-, autorizó que se le tomara la referida fotografía. Nótese que, específicamente, sobre este último punto, los recurridos afirmaron, de forma categórica, lo siguiente: "(...) No es cierto que fue sin su autorización, si no hubiera dado su consentimiento y los detalles para dicho ingreso, se hubiera negado y no hubiera ingresado a la SEDE (...) Nótese que ya había realizado la entrega del documento en la ventanilla única. Dicho control no es antojadizo, ni mucho menos se establece en forma arbitraria, es un control propio de la situación actual con el covid 19 y los conatos de bomba que el año pasado sufrió nuestra Institución y nosotros como representantes (...)". Asimismo, tales autoridades aseveraron que "(...) no lleva razón el recurrente al indicar que dicha fotografía se tomó sin su autorización y sin justificación alguna (...)". Ahora bien, revisados los argumentos expuestos por ambas partes, así como lo señalado en los precedentes supra citados (derecho a la imagen), esta Sala Constitucional no considera que exista mérito para acoger el amparo en lo que a esta agravio en concreto se refiere. Si bien el derecho a la imagen se ha definido como aquel que faculta a las personas a reproducir su propia imagen o bien, a impedir que un tercero la capture, reproduzca o publique sin su consentimiento, en este caso en particular este Tribunal Constitucional considera como válido o legítimo la toma de la fotografía que realizan las autoridades recurridas de la sede central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y, como parte del protocolo establecido, a aquellos terceros que desean ingresar propiamente a sus oficinas administrativas internas, las cuales no están diseñadas para la atención de público. Esto, por las razones que se explicarán puntualmente a continuación. En primer término, por cuanto la medida en cuestión no carece de fundamento alguno o deviene en irrazonable. Por el contrario, debe observarse que la misma se ejecuta precisamente ante la pretensión o solicitud de terceras personas de ingresar a una institución pública (y en este caso en particular, a sus oficinas administrativas internas, las cuales, como se dijo, no están diseñadas para la atención del público), lo cual hace que se torne razonable la implementación y puesta en marcha de actuaciones efectivas que coadyuven a llevar a cabo un adecuado y regulado control de ingreso de estas. Asimismo, es importante tomar en cuenta que, según se informó, el referido control de ingreso digital se ha ejecutado por motivos de seguridad y salud pública. Específicamente, con el fin de proteger los activos institucionales y garantizar la seguridad e integridad física de los funcionarios que laboran en la sede central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y de los propios visitantes (particularmente, luego de haber sufrido una amenaza con explosivos en el año 2019 y actualmente con motivo de la pandemia COVID-19 y la necesidad de evitar el uso e intercambio de gafetes). De otra parte, resulta menester destacar que si bien se acreditó que si una persona desea ingresar a tales oficinas debe acceder a la toma de su imagen y que, a su vez, esta última queda almacenada en los registros digitales de la institución (a efecto de agilizar los controles de ingreso ante un eventual retorno al edificio), lo cierto es que en autos no se demostró que a tales fotografías tengan acceso terceras personas no autorizadas o bien, que estas sean difundidas o divulgadas públicamente de forma ilegítima. Incluso, los recurridos informaron que los adhesivos donde constan tales imágenes se desechan al egresar del edificio. En otros términos, no consta en autos que las autoridades recurridas lleven a cabo una "difusión incondicionada del aspecto físico" de los visitantes que ingresan al mencionado edificio, según los términos señalados por el Tribunal Constitucional Español y que fueron, a su vez, citados en la reciente sentencia emitida por esta Sala No. 2020-10961 supra transcrita en el considerando IV, punto A. Adicionalmente, es importante señalar que no consta que, en el caso concreto, la captura de la fotografía realizada al tutelado el pasado 8 de junio de 2020 le haya causado un perjuicio antijurídico. Incluso, contrario a lo que él mismo alega, se ha acreditado -conforme lo informado bajo juramento por las autoridades recurridas-, que a su ingreso al edificio, el amparado brindó los datos que le fueron solicitados y autorizó que se le tomara la fotografía en cuestión. También, es de relevancia destacar que el propio recurrente tuvo la oportunidad de desechar, a su egreso del inmueble, el adhesivo donde constaba su imagen y resto de datos, actuación que sin embargo no ejecutó, pero por su propia decisión y no porque así le haya sido impuesto por los recurridos. De este modo, esta Sala es del criterio que nos encontramos frente a un típico caso donde, al mediar claros, razonables y fundados motivos, el individuo no puede tener un control absoluto o incondicionado de su propia imagen. En la especie, ese derecho a la imagen (y decisión referente a su captura), cede claramente ante otros derechos o intereses constitucionalmente legítimos, como lo son, según se indicó, la seguridad, la integridad física y la salud de los funcionarios que laboran en el Instituto recurrido, así como la de los propios visitantes, como lo es el recurrente. Postura anterior que, según también se indicó en el referido Voto No. 2020-10961, la mantiene el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bajo tal orden de consideraciones, esta Sala Constitucional no estima que, en el caso concreto, se hayan violentado los derechos fundamentales del tutelado, en particular, su derecho a la imagen. Sin embargo, es importante recordarle a las autoridades recurridas su deber de dotar a las imágenes que se captan de las personas que ingresan a las oficinas centrales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de absoluta seguridad y confidencialidad, evitando así que a estas tengan acceso terceras personas no autorizadas y se difundan o publiquen de manera ilegítima.
VI.- EN CUANTO AL INGRESO DEL RECURRENTE A LA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL AYA CUSTODIADO POR UN OFICIAL DE SEGURIDAD. Como segundo agravio, el tutelado alega que el día 8 de junio de 2020, cuando acudió a las oficinas centrales del Instituto recurrido, solicitó ingresar a la Dirección Jurídica. No obstante, acusa que cuando se dirigía a dicha oficina, fue custodiado por un oficial de seguridad como si se tratara de un delincuente. Sobre el particular, este Tribunal no considera que el amparo deba ser acogido en lo tocante a este extremo. anterior, en primer término, por cuanto si bien consta que el día mencionado el recurrente fue acompañado por un oficial de seguridad a la referida oficina, no es cierto que durante ese lapso haya sido tratado como un delincuente, tal y como lo aduce. Al respecto y, por el contrario, las autoridades recurridas manifestaron, de forma categórica a esta Sala, que este tipo de actuaciones se realizan y que "de ninguna forma se presume delincuencia alguna". Asimismo, es importante tomar en cuenta que la actuación bajo estudio no resulta para esta Sala infundada o arbitraria, ya que -según se informó bajo juramento-, se llevó a cabo por un tema de seguridad, dado que, para el momento en que el recurrente acudió a la referida oficina, la mayoría del personal se encontraba realizando teletrabajo, buscando evitar así con esto que anduviera "de oficina en oficina sin control alguno". Además, según también se informó, dicho acompañamiento pretendió garantizar igualmente la seguridad del propio visitante. Así las cosas, no observa este Tribunal Constitucional que, en la especie, se haya quebrantado derecho fundamental alguno en perjuicio del tutelado” (énfasis añadido).
VI.- Sobre el caso concreto. En el sub lite, el recurrente manifiesta que, el 25 de febrero de 2020, su representado, Secretario General de SITRAA, tomó unas fotografías al despacho de la Gerencia, mientras se encontraba presente el personal. Reclama que, en ese momento, el Gerente le prohibió fotografiar tanto las instalaciones de la Gerencia como al personal que se encontraba en el ejercicio de sus labores; además, lo amonestó de manera verbal. Comenta que tales fotografías las tomó para hacer un boletín de la organización que representa. Indica que se opuso a lo anterior, al considerar que el funcionario público perdía su derecho de imagen en el ejercicio de su labor como servidor estatal. Sin embargo, la Dirección Jurídica estimó lo contrario y, además, mediante el oficio GG-2020-01711, el recurrido le recordó que estaba prohibido fotografiar a los funcionarios. Estima vulnerados los artículos 11, 29, 29, 33, 39 y 41 constitucionales y solicita que se dejen sin efectos los oficios PRE-J-2020-01574 y GG-2020-01711.
Así las cosas, conviene enfatizar que el tutelado acude en amparo a raíz de que la autoridad recurrida le indicó la imposibilidad de tomar fotografías a los funcionarios de la Gerencia sin el consentimiento de estos, de lo cual discrepa.
En la especie, se tiene por demostrado que, el 25 de febrero de 2020, con ocasión de una reunión convocada por parte de la Gerencia del AyA a los sindicatos SITRAA, ASTRAA y Comisión Institucional de Uniformes para definir el procedimiento de entrega de uniformes del periodo 2020, el tutelado, Secretario General de SITRAA, mientras caminaba a la sala de reuniones, tomó fotografías a las instalaciones remodeladas de la Gerencia del AyA y al personal que estaba laborando en el lugar y sus monitores, sin el consentimiento de aquel, con el fin de hacer una publicación en un boletín, atinente a tales remodelaciones.
Ante ello, el Gerente del AyA acudió a la reunión, donde consultó quién estaba tomando las fotografías, lo cual fue aceptado por el tutelado. Este manifestó haberlas tomado sin el consentimiento del personal, así como que tenía potestad para ello en virtud de su representación sindical, ante lo cual el recurrido le manifestó que debía contar con la autorización respectiva.
Luego, a través del oficio SITRAA-2020-23 del 2 de marzo de 2020, el amparado se opuso a las manifestaciones del recurrido en relación con la toma de fotografías a funcionarios públicos e indicó “(…) Es criterio sustentado en la legalidad que cualquier actividad efectuada por funcionarios públicos en el ejercicio de la función que les ha sido encomendada, puede ser capturada a través de fotografías, videos o grabaciones por parte de un ciudadano, sin que ello pueda interpretarse como una afectación del derecho de imagen del funcionario. Asimismo, es completamente legal que se pueda ser capturar (sic) a través de fotografías, videos o grabaciones por parte de un ciudadano las instalaciones de AyA, y además máxime de un dirigente sindical que su relación de trabajado como derecho humano así lo reviste. (…) A su vez hemos solicitado a nuestros miembros de junta directiva que antes de tomar alguna fotografía o video se refieran por respeto a todos que se tomara una fotografía para fines sindicales de comunicación a los trabajadores y los costarricenses.”
Ante ello, mediante el oficio GG-2020-00905 del 3 de marzo de 2020, el Gerente del AyA solicitó un criterio a la Dirección Jurídica sobre lo acontecido el día de los hechos. En ese oficio indicó: “…el señor [Nombre 002] mientras caminaba hacía la sala de reuniones sacó su teléfono celular y sin consultar a los funcionarios (as) del Despacho que en ese momento se encontraban realizando sus funciones habituales, empezó a tomar fotos, tanto a ellos como a las áreas de trabajo (incluyendo sus monitores), lo anterior lo hizo sin pedir consentimiento ni permiso alguno a los presentes, fui informado mientras me encontraba en mi oficina, por ende, me apersoné a la sala de reuniones, y después de pedir permiso a los presentes para interrumpir, consulté si alguien estaba tomando fotos a los compañeros (as), a lo cual [Nombre 007] respondió que él tomó algunas fotos, le consulté si pidió permiso a los compañeros para tomarles fotos y respondió que no, por ende, procedí a indicarle de manera pacífica al señor [Nombre 002] que en aras de guardar el respeto que merece cada persona él debió haber solicitado permiso y consentimiento a los funcionarios de Gerencia para tomarles fotos, cosa que no hizo…”.
Después, por oficio PRE-J-2020-01574 del 6 de abril de 2020, la Dirección Jurídica del AyA emitió su criterio indicando, en lo que interesa, lo siguiente: “…considera esta asesoría que por el simple hecho de que los servidores de la Gerencia General sean funcionarios públicos, no es fundamento suficiente para que cualquier persona, sea que tenga un cargo público o no, o posea un puesto de representación en un sindicato o no, pueda tomar fotografías de manera antojadiza, recordemos que en virtud de la interpretación de la Sala Constitucional el artículo citado establece como excepción a la protección del derecho a la imagen, que las fotografías o imágenes captadas a un funcionario público sean con ocasión de sus actividades públicas, y siempre y cuando, exista una sospecha razonable de la comisión de un delito o actuación irregular, por lo que disentimos de la interpretación del señor [Nombre 002] de que puede tomar fotografías a los funcionarios de la Gerencia, en virtud de que estos solo por el hecho de ser funcionarios públicos pierden su derecho de imagen, y además porque goza de un puesto sindical. Por último, consideramos que el procedimiento que se debió haber llevado para la toma de cualquier fotografía o video de los funcionarios de la Gerencia General el día de los hechos, era que antes de ser tomadas se debió haber solicitado a dichos funcionarios el permiso correspondiente, y que estos hubiesen consentido ser fotografiados, y no haber tomado las fotos primero e indicar después que eran para efectos sindicales. Hay que recordar que dichas fotografías fueron captadas en el Despacho de la Gerencia General con ocasión de una reunión que se celebró en dicho lugar, y no bajo los presupuestos de excepción del reiterado artículo 47…” “…Ahora bien, aclarado el punto anterior relacionado a las fotografías tomadas a los funcionarios de la Gerencia General, resulta importante referirnos a las fotografías tomadas a las instalaciones de dicho Despacho con ocasión del acondicionamiento o remodelación del mismo. En la nota 2020-23 emitida por el SITRAA, se infiere que dichas fotografías son relacionadas al supuesto gasto de 26 millones de colones en tal remodelación. En este sentido, consideramos que la toma de dichas fotos no se evidencia acto irregular alguno, ya que las mismas corresponden a instalaciones públicas, y por consiguiente cualquier modificación o mejora está supeditada al buen manejo y disposición de fondos públicos. Si es necesario aclarar al Sindicato referido, que si bien es cierto no existe anomalía alguna en haber tomado las fotografías a la remodelación de dicho Despacho, para eventualmente atribuir un supuesto acto irregular en contra de la hacienda pública, dicho accionar no lo es exclusivamente por gozar el señor [Nombre 002] de un puesto sindical, ya que dicha potestad la tiene cualquier funcionario público de denunciar cualquier delito que se tenga noticia, al tenor de los artículos 278 y 281 del Código Procesal Penal…” .
Seguidamente, por memorando GG-2020-01711 del 22 de abril de 2020, la autoridad recurrida le manifestó al tutelado lo siguiente: “Con relación a lo señalado en su nota indicada en el asunto, la Gerencia General aclara que el llamado de atención que se realizó en su momento, obedeció a la toma de fotos de los funcionarios/as sin la aprobación de ellos, lo cual ratifica de forma amplia el criterio jurídico NO PRE-J-2020-01574. Por tanto, se le insta a proceder conforme al marco legal respectivo, y en lo futuro solicitar previamente el permiso de los funcionarios (as) a ser fotografiados, así como la grabación de voz y video” (ver prueba aportada).
Finalmente, de los autos no se infiere que, por tales actuaciones, el tutelado haya sido amonestado o sancionado.
Ahora bien, tal y como se explicó en la sentencia citada en el considerando IV, existen circunstancias donde el control que puede tener un individuo sobre su propia imagen no siempre es absoluto; por ejemplo, cuando existe notoriedad de ciertos cargos públicos o situaciones que se tornan de interés público, o de un interés relevante para la sociedad, o bien, de un interés en el comportamiento de una figura pública. Incluso, de tales casos también se extrae una excepción, a saber, cuando existe información sobre la vida íntima o privada que no puede ser divulgada legítimamente si no media el consentimiento previo otorgado por el interesado, salvo que las actividades de la vida íntima o privada sean realizadas en lugares notoriamente públicos, fácilmente visibles para cualquier persona. Nótese que “ En estos casos, puede considerarse que la persona que permite traspasar su propio fuero de intimidad, revelando aspectos de su vida privada al público, consciente implícitamente, pero se requiere del elemento de claramente público”.
En el mismo orden de ideas, la sentencia aludida en considerando IV también señaló que: “el ordenamiento jurídico permite la difusión sin consentimiento de la imagen de una persona cuando “dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquella, por la función pública que desempeñe, por necesidades de justicia o de policía o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público, o que tengan lugar en público” (artículo 29 del Código Civil). De conformidad con lo anterior, en nuestro medio encontramos los siguientes límites del derecho a la propia imagen: 1) Cuando la imagen es notoria o se refiere a actos o actividades del ser humano que salen de lo común, el derecho se ve enervado y no se puede acceder. 2) El segundo límite está constituido por aquellas actividades públicas que desempeñan los funcionarios públicos. En ésta (sic) hipótesis se hace referencia, únicamente, a la actividad que realiza el sujeto como titular de su función, estando excluidas las actividades que la persona realice en su vida íntima. 3) La tercera excepción hace referencia a publicaciones que sean necesarias para cumplir con las funciones de policía y justicia, como podría ser la difusión de fotografías de personas buscadas por la comisión de delitos. 4) El cuarto límite se refiere a la divulgación de imágenes relacionadas con acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público” -énfasis añadido-.
Explicado lo anterior, obsérvese que, específicamente para el sub lite, aun cuando las fotografías fueron tomadas a funcionarios públicos (con base en lo cual el amparado justifica su actuación), no menos cierto es que estas no se dieron en un lugar notoriamente público (sino en el despacho de la Gerencia, donde el acceso no es irrestricto para todos). En este sentido, destaca lo explicado en la sentencia citada en el considerando V, en cuanto a que, si bien el AyA trata de una institución pública, no menos cierto es que cuenta con áreas que no son de acceso público como tal, en tanto en ellas no se atiende público, sino que únicamente se permite el ingreso para cierto tipo de diligencias concretas y previa autorización de ingreso. Así, en relación con este tipo de áreas, específicamente esa sentencia indicó que, “(…) ante la pretensión o solicitud de terceras personas de ingresar a una institución pública (y en este caso en particular, a sus oficinas administrativas internas, las cuales, como se dijo, no están diseñadas para la atención del público), (…) hace que se torne razonable la implementación y puesta en marcha de actuaciones efectivas que coadyuven a llevar a cabo un adecuado y regulado control de ingreso de estas”.
Nótese, además, que tales fotografías se tomaron al personal de la Gerencia en el trayecto hacia la sala de reuniones, y no dentro de la reunión para la cual fue convocado el tutelado, en cuyo caso las circunstancias habrían sido diferentes.
En todo caso, independientemente del acceso o no a determinadas áreas de una institución pública, también es menester destacar que, según indica el propio recurrente, esas capturas (tomadas por el tutelado mientras caminaba hacia una sala de reuniones para hablar sobre el uso de uniformes) las hizo con el fin de hacer una publicación relacionada con las remodelaciones efectuadas en el despacho de la Gerencia. Es decir, el fin de tales fotografías (donde aparecen los empleados de la Gerencia) no se relaciona directamente con su condición de funcionarios públicos, ni con alguna notoriedad del cargo que ocupan, o bien, con situaciones que se tornaran de interés público ni por sospecha de algún delito. Ciertamente, para hacer una publicación atinente a las remodelaciones aludidas, el amparado no requería de la imagen de tales funcionarios. Por este motivo, era indispensable contar con el consentimiento de aquellos.
Desde este panorama, la Sala considera que, en el caso particular, no lleva razón el recurrente en sus alegatos respecto a capturar la imagen de los empleados de la Gerencia sin el consentimiento de estos, con el agravante de que, según se desprende de su propio dicho, esas capturas son para ser reproducidas en un boletín.
Por otro lado, obsérvese que, ante tal actuación, de los autos no se constata alguna sanción del AyA en contra del amparado, únicamente una exhortación a través del memorando GG-2020-01711 del 22 de abril de 2020, a fin de que este se acoja al marco jurídico y se abstenga de incurrir nuevamente en esas prácticas sin el consentimiento respectivo, al indicársele: “Con relación a lo señalado en su nota indicada en el asunto, la Gerencia General aclara que el llamado de atención que se realizó en su momento, obedeció a la toma de fotos de los funcionarios/as sin la aprobación de ellos, lo cual ratifica de forma amplia el criterio jurídico NO PRE-J-2020-01574. Por tanto, se le insta a proceder conforme al marco legal respectivo, y en lo futuro solicitar previamente el permiso de los funcionarios (as) a ser fotografiados, así como la grabación de voz y video” (énfasis añadido).
En mérito de lo anterior, la Sala descarta que la actuación de la autoridad recurrida haya vulnerado los derechos fundamentales del tutelado. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso.
VII.- Documentación aportada al expediente . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.
Presidente
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Mauricio Chacón J.

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