Sentencia Nº 2020013540 de Sala Constitucional, 17-07-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-011930-0007-CO
Número de sentencia2020013540
Fecha17 Julio 2020

*200119300007CO*

Exp: 20-011930-0007-CO

Res. Nº 2020013540

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-011930-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL (CAI) JORGE ARTURO MONTERO CASTRO y el HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 9:25 horas del 3 de julio del 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA, y manifiesta que se encuentra privado de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro. Manifiesta que en el 2016 acudió a la Clínica La Reforma y solicitó al médico una referencia para realizarse una gastroscopía, toda vez que padece de una úlcera que le genera mucho dolor. Señala que, para tales efectos, el galeno lo remitió al Hospital San Rafael de Alajuela; sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso, no se la ha practicado el estudio. Acota que en el 2017 salió en libertad; sin embargo, por motivos personales, regresó a prisión en el 2019. Relata que solicitó nuevamente una referencia para que se le efectúe la gastroscopía; no obstante, aún continúa en espera de que se le haga ese examen. Alega que, si bien recibe atención médica como paciente crónico en la Clínica La reforma y cuenta con tratamiento, no menos cierto es que necesita cuanto antes que se le realice la gastroscopía, a efectos de precisar el origen de los fuertes dolores que le aquejan actualmente y que se tornan insoportables. Solicita la intervención de esta Sala.
2.- Informan bajo juramento Wilman Pérez Montero, en su condición de Director General y Adín Largo Cruz, en su condición de Director Médico de la Clínica; ambos funcionarios del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, que la persona privada de libertad [Nombre 001] ingresó a este centro penal el día 20-12-2019 procedente del Centro de Atención Institucional Dr. Garrado Rodríguez Echeverría, lo anterior por reubicación de la población penal. De acuerdo con ficha de información de fecha 02-11-2019 la persona privada de libertad [Nombre 001] descuenta sentencia de 5 años de prisión por el delito de homicidio culposo en daño de María Magdalena Mairena González, pena impuesta por el Tribunal de Puntarenas, Sede Quepos, Cumple con prisión el 23-08-2023, fecha proyectada de cumplimiento con descuento el 26-10-2022. Del expediente administrativo se desprende que el señor [Nombre 001] en fecha 09-01-2020 recibió atención médica en el Servicio de Consulta Externa de la Clínica de este centro. En nota el médico tratante indica como motivo de consulta del paciente solicitud de tratamiento para gastritis, tratamiento para alergia de piel, insomnio y solicita vitaminas. Al examen físico se observó al paciente en buen estado general, hidratado, cardiopulmonar estable, máculas hipopigmentadas generalizadas con estigmas de rascado, abdomen normal y sistema nervioso central normal. Se le brinda educación y recomendaciones, es referido al Servicio de Infectología de la Clínica. Es medicado según criterio del médico tratante por las patologías presentadas. Diagnóstico Enfermedad Ácido-Péptica, Ptiriasis Versicolor y Trastorno de Sueño. Se le envía tratamiento por tres meses. Señalan, como ya se ha hecho en otras ocasiones, que los médicos tratantes son los responsables de emitir los diagnósticos y tratamiento a seguir en cada caso particular los que determinen el tipo de cuidado médico que requieren, así como su medicación Visto el expediente clínico del amparado consta, que si ha recibido atención médica durante el período de prisionalización por la patología de Enfermedad Ácido-Péptica, y se le ha señalado el tratamiento respectivo según criterio del médico tratante, pero no ha sido criterio médico la indicación de una gastroscopía al privado de libertad. De la revisión del expediente médico no se localiza indicación médica que ordene la realización de examen de gastroscopía a favor del amparado. Igualmente, del expediente médico del amparado tampoco se registra datos relativos atención médica brindada a favor de don Carios Luis correspondiente al año 2016. El señor [Nombre 001] igualmente cuenta con atención médica de fechas 02-04-2020 y 08-03-2020 por absceso en cuero cabelludo y solicitud de tratamiento respectivamente. Solicita que se desestime el recurso planteado.
3.- Informa bajo juramento Néstor Azofeifa Delgado, en su condición de Jefe del Servicio de Medicina del Hospital San Rafael de Alajuela, que no se documenta la existencia de una referencia a la fecha, ni en el sistema EDUS, ni en el expediente físico, ni en los escritos de interposición. No obstante, en seguimiento de este recurso de amparo, y en beneficio del paciente, se programa cita en la especialidad de Gastroenterología para el 14 de setiembre del 2020. Solicita que se desestime el recurso planteado.
4.- Informa bajo juramento Karen Rodríguez Segura, en su condición de Directora Médica del Hospital San Rafael de Alajuela, quien rinde su informe en los mismos términos que el correcurrido. Solicita que se desestime el recurso planteado.
5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Esquivel Rodríguez; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que se encuentra privado de libertad en el CAI Jorge Arturo Montero Castro. Manifiesta que en el 2016 acudió a la Clínica La Reforma y solicitó al médico una referencia para realizarse una gastroscopía, toda vez que padece de una úlcera que le genera mucho dolor. Señala que, para tales efectos, el galeno lo remitió al Hospital San Rafael de Alajuela; sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso, no se la ha practicado el estudio. Acota que en el 2017 salió en libertad; sin embargo, por motivos personales, regresó a prisión en el 2019. Relata que solicitó nuevamente una referencia para que se le efectúe la gastroscopía; no obstante, aún continúa en espera de que se le haga ese examen. Alega que, si bien recibe atención médica como paciente crónico en la Clínica La reforma y cuenta con tratamiento, no menos cierto es que necesita cuanto antes que se le realice la gastroscopía, a efectos de precisar el origen de los fuertes dolores que le aquejan actualmente y que se tornan insoportables.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a)El privado de libertad [Nombre 001] ingresó al centro penal recurrido, el día 20 de diciembre del 2019, procedente del Centro de Atención Institucional Dr. Garrado Rodríguez Echeverría (ver informes y prueba adjunta).
b)De acuerdo con ficha de información de fecha 02 de noviembre del 2019, descuenta sentencia de cinco años de prisión por el delito de homicidio culposo en daño de María Magdalena Mairena González, pena impuesta por el Tribunal de Puntarenas, Sede Quepos (ver informes y prueba adjunta).
c)Del expediente clínico se desprende que en fecha 09 de enero del 2020, el amparado recibió atención médica en el Servicio de Consulta Externa de la Clínica de este centro. En nota el médico tratante indica como motivo de consulta del paciente solicitud de tratamiento para gastritis, tratamiento para alergia de piel, insomnio y solicita vitaminas. Al examen físico se observó al paciente en buen estado general, hidratado, cardiopulmonar estable, máculas hipopigmentadas generalizadas con estigmas de rascado, abdomen normal y sistema nervioso central normal. Se le brinda educación y recomendaciones, es referido al Servicio de Infectología de la Clínica. Es medicado según criterio del médico tratante por las patologías presentadas. Diagnóstico Enfermedad Ácido-Péptica, Ptiriasis Versicolor y Trastorno de Sueño. Se le envía tratamiento por tres meses (ver informes y prueba adjunta).
d)En fechas 08 de marzo y 02 de abril de este año, el recurrente recibió atención médica por absceso en cuero cabelludo y solicitud de tratamiento (ver informes y prueba adjunta).
e)El tutelado ha recibido atención médica en la Clínica del centro penal recurrido, durante el período de prisionalización, por la patología de Enfermedad Ácido-Péptica, y se le ha señalado el tratamiento respectivo según criterio del médico tratante (ver informes y prueba adjunta).
III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:
a)Que al amparado se le indicara referencia para una gastroscopía en la Clínica del centro penal recurrido.

IV.- SOBRE EL DERECHO A LA SALUD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD. Esta Sala ha sentado una doctrina, reiterada en sus pronunciamientos, en la cual ha reconocido que algunos de los derechos de las personas condenadas, o detenidas preventivamente, son objeto de limitaciones propias de las circunstancias, pero ha destacado también que el núcleo esencial de sus derechos fundamentales permanece inalterable, particularmente aquellos directamente relacionados con la dignidad, como lo es el derecho a la salud. Resulta claro que el Estado tiene una grave responsabilidad en el resguardo de los derechos de las personas a quienes tenga privadas de libertad, cuyos otros derechos fundamentales no habrán de sufrir mengua, y corresponde precisamente a la Administración Penitenciaria enfrentar esa responsabilidad a nombre de aquel, desde el momento de su ingreso hasta el instante mismo de su salida. Se parte así de que el Estado tiene el deber de no exigir más de lo que la sentencia y la ley reclaman, y la persona condenada tiene el derecho de no sufrir más restricciones o limitaciones que las establecidas en ellas. De ahí que también es reiterada la jurisprudencia constitucional en el sentido de que todo lo que se refiere a la salud de los detenidos, sean condenados o presos cautelarmente, debe ser atendido en forma expedita y eficaz por parte de la Administración Penitenciaria, sin que sea de recibo la justificación que supedite la protección de dicho derecho a la realización de trámites burocráticos o a la existencia de recursos económicos, al igual que se exige para las personas que gozan de libertad ambulatoria, en cuya tutela tampoco ha admitido este Tribunal Constitucional semejante elenco de argumentaciones por parte del Estado (Sentencia N° 2012-011290 de las 9:05 horas del 17 de agosto del 2012).

V.- Sobre el fondo. De la relación de hechos probados se desprende que el recurrente se encuentra a la orden del Instituto Nacional de Criminología, descontando sentencia de cinco años de prisión por el delito de homicidio culposo en perjuicio de María Magdalena Mairena González, pena impuesta por el Tribunal de Puntarenas, Sede Quepos. Ingresó al centro penal recurrido, el día 20 de diciembre del 2019, procedente del Centro de Atención Institucional Dr. Garrado Rodríguez Echeverría. Del expediente clínico se desprende que en fecha 09 de enero del 2020, el amparado recibió atención médica en el Servicio de Consulta Externa de la Clínica de ese centro penal. En nota del médico tratante, se indica, como motivo de consulta del paciente, solicitud de tratamiento para gastritis, tratamiento para alergia de piel, insomnio y solicitud de vitaminas. Al examen físico se observó al paciente en buen estado general, hidratado, cardiopulmonar estable, máculas hipopigmentadas generalizadas con estigmas de rascado, abdomen normal y sistema nervioso central normal. Se le brinda educación y recomendaciones, es referido al Servicio de Infectología de la Clínica. Es medicado según criterio del médico tratante por las patologías presentadas. El diagnóstico emitido fue: Enfermedad Ácido-Péptica, Ptiriasis Versicolor y Trastorno de Sueño, y see le envía tratamiento por tres meses. Asimismo, se aprecia que en fechas 08 de marzo y 02 de abril; ambas de este año, el recurrente recibió atención médica por absceso en cuero cabelludo y solicitud de tratamiento. De lo expuesto, queda demostrado que el tutelado ha recibido atención médica en la Clínica del centro penal recurrido, durante el período de prisionalización, por la patología de Enfermedad Ácido-Péptica, y se le ha señalado el tratamiento respectivo según criterio del médico tratante. No obstante, no se acredita que al amparado se le indicara referencia para una gastroscopía en la Clínica del centro penal recurrido, y tampoco existe registro de ello en el Hospital San Rafael de Alajuela; sin embargo, las autoridades de ese nosocomio indican que, por tratarse de una persona privada de libertad, se le programa cita en la especialidad de Gastroenterología para el 14 de setiembre del 2020.

VI.- En razón de lo expuesto, queda demostrado que, el privado de libertad amparado ha recibido la atención médica según sus necesidades, en la Clínica del centro penal accionado; asimismo, no se logra demostrar que se denegara alguna valoración médica, sino todo lo contrario, ya que se acredita que ha recibido atención médica en múltiples ocasiones habiendo sido valorado, con recomendaciones específicas para sus dolencias, y ha recibido tratamiento medicamentoso para sus padecimientos, según el criterio de su médico tratante. Desde su ingreso, el paciente ha recibido atención médica oportuna, y se le ha indicado tratamiento cuando él lo ha requerido, en reiteradas ocasiones. Por otra parte, en el caso que nos ocupa, resulta pertinente reiterar que esta Sala ha insistido en su jurisprudencia en señalar que solamente los médicos tratantes institucionales pueden prescribir los tratamientos, los exámenes clínicos y los medicamentos que estimen pertinentes, según su criterio técnico-médico, de manera que los pacientes no pueden acudir a reclamar la atención que según su parecer les corresponde, o que un médico privado les recomienda. Debe aclararse que la Sala ha tutelado el derecho del paciente a recibir determinado tratamiento, cuando ha sido prescrito por un médico institucional de la CCSS. Sobre el tema, este Tribunal declaró lo siguiente:

"(…) Lo que pretende el recurrente en el fondo es que esta Sala, con base en un criterio de un médico privado, revise el criterio médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, a través del Hospital [Nombre 001] Valverde Vega, sobre cuál sería el mejor medicamento para tratar sus padecimientos, lo cual haría necesario abrir el amparo a pruebas, tal y como se hace en jurisdicción ordinaria, a fin de poder determinar cuál criterio médico ha de prevalecer, así como los fundamentos de cada uno de ellos, lo que resultaría incompatible con la naturaleza sumaria del amparo, que no se aviene bien con un sistema complejo de pruebas. Es cierto que esta Sala, en tutela del derecho a la salud y a la vida de un paciente, ha ordenado a la Caja Costarricense de Seguro Social dar al paciente el tratamiento que su médico tratante haya dispuesto, pero ello ha sido en los casos en que sea el propio médico tratante de esa institución el que haya prescrito el tratamiento en cuestión. En este caso, el fundamento de la petición del amparado es el criterio de un médico particular, criterio que este Tribunal no puede tutelar y menos aún en contra, incluso, del criterio de los médicos del Hospital [Nombre 001] Valverde Vega. Así, determinar cuál es el mejor tratamiento para los problemas de salud que padece el recurrente y en qué circunstancias debe brindársele es un asunto que toca decidir a su médico tratante de la Caja Costarricense de Seguro Social, no a esta Sala que no puede sustituir o avalar un criterio médico frente a otro, menos aún si, como en este caso, se trata del criterio de un médico particular (…).” (Sentencia Nº 2010-020595 de las quince horas y veinticinco minutos del ocho de diciembre del dos mil diez).

De manera que, en esas condiciones, no cuenta la Sala con ningún criterio profesional o científico que permita acceder a la solicitud que hace el amparado, ni que lleve a concluir que se ha lesionado su derecho fundamental a la salud, quien en realidad parece manifestar una disconformidad con el tratamiento médico que ha recibido, aspecto que no constituye una lesión a sus derechos fundamentales. Debe tenerse presente que el paciente ha recibido la atención médica necesaria, y se le han prescrito los medicamentos que los médicos institucionales han considerado que requiere, de acuerdo con su condición de salud actual. Adicionalmente, en el caso que nos ocupa, es importante reiterar el valor probatorio que el legislador le otorgó, mediante la creación de la Ley que da fundamento a esta jurisdicción, a los informes rendidos por las autoridades recurridas, específicamente en el párrafo segundo, del artículo 44, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Es precisamente con fundamento en lo anterior, que los informes, en tanto no logren ser desvirtuados fehacientemente a través de otros medios probatorios, se considerarán como ciertos, por supuesto sin perjuicio de la responsabilidad penal de que se haría acreedor la autoridad recurrida si incurriere en los supuestos que la misma ley establece. Así las cosas, por imperativo legal se tiene como cierta la información que brinda la autoridad recurrida y, por consiguiente, se impone desestimar el recurso, pues el promovente tampoco aporta elementos probatorios contundentes como para desacreditar lo informado. En consecuencia, por los motivos expuestos, y dado que no se tuvo por acreditada lesión alguna a los derechos fundamentales del recurrente, lo procedente es ordenar la desestimación del recurso, como en efecto se dispone.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Presidente
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Marta Eugenia Esquivel R.
Mauricio Chacón J.
Documento Firmado Digitalmente
-- Código verificador --
*WHDJO0XQD4I61*
WHDJO0XQD4I61
EXPEDIENTE N° 20-011930-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR