Sentencia Nº 2020014146 de Sala Constitucional, 28-07-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2020014146
Número de expediente20-012214-0007-CO
Fecha28 Julio 2020

*200122140007CO*

Exp: 20-012214-0007-CO

Res. Nº 2020014146

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del veintiocho de julio de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 20-012214-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, el HOSPITAL DE GUÁPILES y el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 07 de julio de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo , contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, el HOSPITAL DE GUÁPILES y el HOSPITAL DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA, y manifiesta lo siguiente: que el 14 de enero de 2020 fue ingresada al Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y se le diagnosticó "síndrome de Guillain-Barré". Manifiesta que fue dada de alta luego de recibir tratamiento durante una semana y se le refirió al Área de Terapia Física del Hospital de Guápiles, donde tuvo su primera cita el 1 G8 de febrero de 2020. Posterior a esa fecha, aduce que ha estado en control médico y ha recibido la terapia prescrita; sin embargo, actualmente continúa con dolores musculares, dificultad para caminar y para realizar acciones como escribir, pintar, dibujar, entre otras, que son prioridad en su trabajo como docente. Señala que en abril de 2020 fue atendida por el Dr. Miguel Ángel Barboza Elizondo en el Servicio de Neurología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, quien la refirió a la Especialidad de Rehabilitación-Fisiatría del Hospital de Guápiles, donde le asignaron cita hasta para el 30 de junio de 2021, plazo que considera desproporcionado. Por otra parte, acusa que en el Servicio de Neurología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia le otorgaron cita para una próxima valoración de la velocidad de conducción para el 09 de diciembre de 2020.
2.- Mediante resolución a las 10:21 horas del 09 de julio de 2020, se dio curso al presente recurso.
3.- Mediante escrito incorporado al Sistema Jurídico el 14 de julio de 2020, Lorena Castillo Arias, Directora General a.i del Hospital de Guápiles, informa bajo juramento que la paciente [Nombre 001] se encuentra en control y seguimiento en Terapia Física de este Hospital, ha tenido las siguientes citas: 04/02/2020, 18/02/2020, 03/03/2020, 17/03/2020, 16/04/2020, 08/05/2020, 26/05/2020 15/06/2020 y tiene cita programada para el 15/07/2020. Señala que, es cierto, la cita de la paciente con la Dra. Cindy Del Milagro Cardona García, especialista en Fisiatría se encuentra programada para el 30/06/2021; esto se debió a la referencia de la paciente venía sin observación de urgente o prioritaria, por lo cual, se le asigno con condición de cita a cupo, respetando los campos de los pacientes que ya estaban programados. Añade que, giraron las instrucciones necesarias y la paciente es incluida como recargo en la agenda el 13 de julio de 2020 y es valorada por la Dra. Cindy Cardona García; en la consulta a criterio del médico especialista, le otorga incapacidad a la paciente por 123 días, le deja tratamiento médico para tomar vial oral en el hogar y le deja cita de control y seguimiento el 10 de noviembre de 2020. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- Mediante escrito incorporado al Sistema Jurídico el 23 de julio de 2020, Taciano Lemos Pires, Director General, y Carlos Luis Sánchez Acosta, Jefe del Servicio de Neurología, ambos funcionarios del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, informan bajo juramento que la paciente estuvo ingresada en el Servicio de Neurología del 14 al 18 de enero de 2020, referida del Hospital de Guápiles con el diagnostico de egreso de una polineuropatía aguda disinmune, variante axonal (AMAN), la cual recibió la terapia aguda correspondiente y fue dada de alta por la buena evolución; se procedió a referir al Servicio de Rehabilitación del Hospital de Guápiles, al cual le corresponde por ser su área de atracción, para continuar la terapia física ambulatoria; adicionalmente se le brindó la incapacidad respectiva por su secuela funcional, mientras se definía su condición de respuesta a la terapia ambulatoria. Señalan que, la paciente tuvo cita de control el 16 de marzo de 2020 (constatada en el EDUS), donde se valora evolución y se le da cita de control y estudio de velocidad de conducción nerviosa para esta cita de control. Añaden que la paciente ha continuado con incapacidades brindadas por el Servicio de Neurología, las cuales están constatadas en el sistema institucional EDUS. Agregan que, la cita de evaluación control, corresponde a un tiempo de evaluación después de la terapia física y la evolución normal de la enfermedad de la paciente, establecido por el criterio del médico especialista; el estudio de velocidad de conducción nerviosa, es parte del criterio de evaluación de la secuela y es solo una herramienta que se utiliza para la evaluación control, lo cual está dentro del plazo justificable para evaluar la evolución de la paciente. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.
5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Monge Pizarro; y,

Considerando:
I.- Objeto del recurso. - Acusa la recurrente que, el Hospital de Guápiles le asignó cita para el 30 de junio de 2021 y que el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia le asignó cita para el 09 de diciembre de 2020, plazos que considera desproporcionados y que lesionan sus derechos fundamentales.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
  1. La amparada [Nombre 001], de 38 años de edad, fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré y es paciente del Hospital de Guápiles y del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. (hecho no controvertido);
  2. La amparada [Nombre 001], estuvo ingresada en el Servicio de Neurología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia del 14 al 18 de enero de 2020, por el diagnostico polineuropatía aguda disinmune, variante axonal, por lo que, recibió terapia aguda y fue dada de alta por la buena evolución con una referencia al Servicio de Rehabilitación del Hospital de Guápiles. (ver informe rendido bajo juramento);
  3. El 16 de marzo de 2020, la amparada [Nombre 001], tuvo cita de control en el Servicio de Neurología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se valoró evolución y se le asignó cita de control y estudio de velocidad de conducción nerviosa para el 09 de diciembre de 2020. Dicha cita y estudio, fueron otorgados a un tiempo de evaluación después de la terapia física y la evolución normal de la enfermedad de la amparada, establecida bajo criterio del médico especialista. (ver informe rendido bajo juramento);
  4. La amparada [Nombre 001], ha tenido control y seguimiento en Terapia Física del Hospital de Guápiles, en las siguientes ocasiones: por la 04/02/2020, 18/02/2020, 03/03/2020, 17/03/2020, 16/04/2020, 08/05/2020, 26/05/2020 15/06/2020 y tiene cita programada para el 15/07/2020. (ver informe rendido bajo juramento);
  5. La Especialidad de Rehabilitación-Fisiatría del Hospital de Guápiles, asignó cita a favor de la amparada [Nombre 001] para el 30 de junio de 2021. (ver escrito de interposición y prueba aportada);
  6. La Directora General del Hospital de Guápiles fue notificada, de la resolución que da curso al presente recurso, a las 12:01 horas del 09 de julio de 2020. (ver acta de notificación);
  7. Luego de la notificación de la resolución que da curso al amparo, la Especialidad de Rehabilitación-Fisiatría del Hospital de Guápiles, reprogramó la cita a favor de la amparada [Nombre 001] para el 13 de julio de 2020. (ver informe rendido bajo juramento);
  8. El 13 de julio de 2020, la amparada fue valorada por la Dra. Cindy Cardona García; en la consulta se le otorgó incapacidad por 123 días, se le dio tratamiento médico y se le asignó cita de control y seguimiento el 10 de noviembre de 2020. (ver informe rendido bajo juramento y prueba aportada).
III.- Sobre el caso en concreto. En el presente asunto, se acusa la desproporcionalidad en la programación de terapia de rehabilitación y de una cita de valoración, de dos Servicios Médicos. Para iniciar, se tiene por acreditado, que, la amparada [Nombre 001], de 38 años de edad, fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré y es paciente del Hospital de Guápiles y del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Es a partir del anterior diagnóstico, que la amparada ha requerido de la atención de dos Servicios Médicos, para tratar su enfermedad.
Sobre el Hospital Calderón Guardia, se tiene por acreditado, que la amparada [Nombre 001], estuvo ingresada en el Servicio de Neurología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, desde el 14 al 18 de enero de 2020, por el diagnostico polineuropatía aguda disinmune, variante axonal, por lo que, recibió terapia aguda y fue dada de alta por la buena evolución con una referencia al Servicio de Rehabilitación del Hospital de Guápiles. Posteriormente, el 16 de marzo de 2020, la amparada [Nombre 001] , tuvo cita de control en el Servicio de Neurología del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se valoró evolución y se le asignó cita de control y estudio de velocidad de conducción nerviosa para el 09 de diciembre de 2020. Dicha cita y estudio, fueron otorgados a un tiempo de evaluación después de la terapia física y la evolución normal de la enfermedad de la amparada, establecida bajo criterio del médico especialista.
Sobre el particular, se observa, que la fecha de la programación de la cita de la amparada, obedece a la necesidad, de valorar la evolución de la enfermedad de la amparada y el impacto de los medicamentos sobre esta. En ese sentido, la calendarización encuentra un sustento médico, por lo que se descarta, que la fecha del examen que requiere la amparada, se haya programado de forma tal, que vulnere sus derechos fundamentales. Por las anteriores razones, se declara sin lugar el presente extremo del recurso.
Por otra parte, respecto a las atenciones médicas que la amparada ha requerido del Hospital del Guápiles, se tiene por acreditado lo siguiente: La amparada [Nombre 001], ha tenido control y seguimiento en Terapia Física del Hospital de Guápiles, en las siguientes ocasiones: por la 04/02/2020, 18/02/2020, 03/03/2020, 17/03/2020, 16/04/2020, 08/05/2020, 26/05/2020 15/06/2020 y tiene cita programada para el 15/07/2020. Posteriormente, la Especialidad de Rehabilitación-Fisiatría del Hospital de Guápiles, asignó cita a favor de la amparada [Nombre 001] para el 30 de junio de 2021.
En razón de lo anterior, la amparada interpuso el presente recurso de amparado. En ese sentido, se tiene por acreditado, que, la Directora General del Hospital de Guápiles fue notificada, de la resolución que da curso al presente recurso, a las 12:01 horas del 09 de julio de 2020. Luego de la notificación de la resolución que da curso al amparo, la Especialidad de Rehabilitación-Fisiatría del Hospital de Guápiles, reprogramó la cita a favor de la amparada [Nombre 001] para el 13 de julio de 2020. Finalmente, el 13 de julio de 2020, la amparada fue valorada por la Dra. Cindy Cardona García; en la consulta se le otorgó incapacidad por 123 días, se le dio tratamiento médico y se le asignó cita de control y seguimiento el 10 de noviembre de 2020.
Del análisis de los anteriores hechos, se tiene por acreditado, que originalmente, la amparada enfrentaba una espera de más de un año, para recibir la valoración y rehabilitación que requiere, plazo que no encuentra ningún sustento médico -a diferencia del primer reclamo valorado-, que vulnera los derechos fundamentales de la amparada, y que, además, implica, una infracción por parte del hospital recurrido, respecto a su deber de brindar un servicio público de calidad. Ahora, la anterior infracción fue corregida, en razón de la interposición del presente recurso, por lo que se declara con lugar el presente extremo del recurso, con las consecuencias que se dirán en el siguiente considerando.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAñOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 52 DE LA LEY DE LA JURISDICCIóN CONSTITUCIONAL. Bajo una mejor ponderación, la mayoría de la Sala considera que, en el sub examine, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1° del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ("Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes"), la estimatoria debe serlo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, con base en las siguientes consideraciones. Si bien hay un texto expreso en la ley que obliga a que la parte dispositiva del fallo indique que se declara con lugar el recurso, cuando estando en curso del amparo se resuelva el agravio, no menos cierto es que ese mismo párrafo in fine refiere que la estimatoria se dicta “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes". Se subraya que la Ley indica “si fueren procedentes", lo cual significa que la procedencia o improcedencia de la indemnización y costas depende de una valoración, apreciación o ponderación del Tribunal. En casos como este, el contenido de la pretensión de la persona amparada y la conducta de la autoridad recurrida de reconocer aquella, sugieren que los menoscabos, lesiones o alteraciones alegados no están referidos de modo directo a una repercusión en un derecho constitucional de evidente naturaleza patrimonial (como sí ocurriría, por ejemplo, con una afectación al derecho al salario). Para disipar cualquier duda al respecto, es importante destacar lo dispuesto en el artículo 51 de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando dispone que: "toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia", donde no se prevé la posibilidad de valorar si procede o no lo concerniente a indemnización y costas. Los principios del Derecho Constitucional, los del Público y Procesal General o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario y, además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo y los demás códigos procesales, son fuente supletoria para la aplicación e interpretación de las normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional -cfr. Artículo 14-. Para la jurisdicción contencioso-administrativa, el legislador estableció un precepto plenamente aplicable al caso por analogía, en el artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que responde a la lógica procesal en cualquier materia. En todo caso, la parte afectada del sub lite preserva la posibilidad de acudir, si a bien lo tiene, a un proceso de conocimiento a fin de demostrar que ha sufrido algún tipo de menoscabo. Con base en lo anterior, es criterio de mayoría resolver este recurso sin condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se ha tornado recurrentes en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:
AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020 (*)
2780
(*) Asuntos ingresados del 01 de enero al 31 de mayo de 2020.
Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en la cantidad de asuntos por violación al derecho a la salud que han ingresado a la jurisdicción constitucional. De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal en la sentencia No. 2019-5560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del estado de las listas de espera. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal ordenó la elaboración, en el plazo de seis meses, de un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente 18-14499-0007-CO; entre otras, ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, las consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, así como el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado, deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a ello, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse bajo los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Es decir, con la citada sentencia se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social –de conformidad con sus competencias constitucionales y legales- tome las medidas para poner fin a la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de las personas que acuden a esa institución a recibir atención médica. Aunado a ello, en aras de dar un seguimiento del cumplimiento de esta sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, se le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que deberá coadyuvar con el seguimiento de la ejecución de esta resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de disponer de acciones que reduzcan la problemática y que evite que los ciudadanos tengan que recurrir ante la Sala Constitucional para poder ver satisfecho su derecho a la salud.

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LA NO CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA.

Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

VII.- VOTO SALVADO PARCIAL DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS.

Dice el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC): “Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de éstos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya condenatoria en abstracto, no se han dado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aún cuando el derecho haya sido restituido.

En razón de lo anterior, salvo parcialmente el voto respecto de la parte dispositiva y ordeno la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas.

VI II.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión número 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión número 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, únicamente en contra del Hospital de Guápiles. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El Magistrado Rueda pone nota. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas. Notifíquese. -

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Lucila Monge P.
Documento Firmado Digitalmente
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EXPEDIENTE N° 20-012214-0007-CO
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