Sentencia Nº 2020014265 de Sala Constitucional, 31-07-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Número de sentencia2020014265
Fecha31 Julio 2020
Revisión del Documento

*200101610007CO*

Exp: 20-010161-0007-CO

Res. Nº 2020014265

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del treinta y uno de julio de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-010161-0007-CO, interpuesto por GERARDO JOSÉ GUERRERO ARRIETA, cédula de identidad 0601730647, contra la JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR (JUDESUR).

Resultando:

  1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 08 de junio de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra la JUDESUR, y manifiesta que el 29 de abril de 2020 solicitó al director ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur una solicitud de información de su interés. En particular pidió “(A) Del local N° 46 del depósito libre comercial de golfito (sic), copia del contrato de arrendamiento y de concesión. B) Copia del depósito bancario y fecha del último pago realizado por el representante de dicho local 46 a Judesur (sic). C) En caso de estar moroso dicho local 46, el monto exacto de la deuda al 30 de abril, 2020. D) Al estar vacío el local que nos ocupa, favor suministrar copia del finiquito firmado por ambas partes. E) Copia de los Arreglos de pago en caso de existir entre Judesur (sic) y el local 46”. Añade que el 06 de mayo de 2020 presentó ante el director recurrido una nueva solicitud de información, en la que solicitó COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO INTEGRAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO QUE FUERON ADJUDICADOS AL LICENCIADO WILLIAM SEQUEIRA SOLÍS, CÉDULA DE IDENTIDAD 6- 0171-0933, según la SESIÓN ORDINARIA- No. 970-2020 celebrada el veintiuno de abril de dos mil veinte, acuerdo N° ACU-15-970-2020”. Reclama que a la fecha de interposición de este recurso, sus gestiones no se han resuelto ni se ha entregado la información solicitada. Estima que los hechos expuestos violentan sus derechos fundamentales.
  2. Informa bajo juramento Federico Fallas Fallas, en su condición de Director Ejecutivo de la JUDESUR, que el 02 de julio de 2020 dio respuesta al recurrente mediante oficio N° DEJ-189-2020, de misma fecha, salvaguardando eventuales datos sensibles y de acceso restringido, se le brindó la información solicitada en oficio de 1º de junio de 2020, y en el medio señalado. Explica que, no se le brindó toda la información solicitada, sin embargo la denegación de lo solicitado no obedece a un capricho de esta Administración, sino que se fundamentó lo resuelto en la protección de un derecho fundamental de un particular. Además, señala que “se dio respuesta al ciudadano Guerrero Arrieta, en su medio señalado, sea el correo electrónico geraarrieta@yahoo.com , el día 2 de julio de 2020 mediante Oficio DEJ-189-2020, de misma fecha, salvaguardando eventuales datos sensibles y de acceso restringido, se le brindo la información solicitada en oficio de 1º de junio de 2020, y en el medio señalado”. Solicita se desestime el recurso planteado.
  3. Mediante resolución de las 11:08 horas del 19 de julio de 2020, la Magistrada Instructora solicitó como prueba para mejor resolver a JUDESUR, lo siguiente: “en el escrito de interposición, el recurrente reclamó que el 06 de mayo de 2020 solicitó ante JUDESUR una copia certificada del expediente de proceso integral de contratación administrativa de los servicios profesionales en Derecho que fueron adjudicados al Lic. William Sequeira Morales. Así las cosas y en atención a lo informado, así como lo consignado en el oficio No. DEJ-189-2020 del 02 de julio de 2020, aclare: si existe el expediente de contratación administrativa al que hace alusión el recurrente y, de existir, si JUDESUR lo tiene en su poder. Además, de existir y tener en su poder el expediente administrativo, deberá clarificar cuál es el impedimento fáctico o jurídico para negar su entrega”.
  4. Por constancia del 29 de julio de 2020, el Secretario y la Técnica Judicial que tramita este expediente, hicieron constar que “no apareció que del veintiuno al veintiocho de julio de dos mil veinte, el DIRECTOR EJECUTIVO DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR, PUNTARENAS haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las once horas y ocho minutos del diecinueve de julio de dos mil veinte, en el expediente número 20-010161-0007-CO”.
  5. En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

  1. Objeto del recurso. El recurrente acude en amparo y manifiesta que el 29 de abril de 2020 y 06 de mayo de 2020, solicitó a la autoridad recurrida información de su interés; sin embargo, a la fecha de interposición de este recurso, sus gestiones no se han resuelto ni se ha entregado la información solicitada.
  2. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a) El 29 de abril de 2020, solicitó al director ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur una solicitud de información de su interés. En particular pidió “A) Del local N° 46 del depósito libre comercial de golfito (sic), copia del contrato de arrendamiento y de concesión. B) Copia del depósito bancario y fecha del último pago realizado por el representante de dicho local 46 a Judesur (sic). C) En caso de estar moroso dicho local 46, el monto exacto de la deuda al 30 de abril, 2020. D) Al estar vacío el local que nos ocupa, favor suministrar copia del finiquito firmado por ambas partes. E) Copia de los Arreglos de pago en caso de existir entre Judesur (sic) y el local 46” (hecho no controvertido).

b) El 06 de mayo de 2020, el recurrente presentó ante el director recurrido una nueva solicitud de información, en la que solicitó COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO INTEGRAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO QUE FUERON ADJUDICADOS AL LICENCIADO WILLIAM SEQUEIRA SOLÍS, CÉDULA DE IDENTIDAD 6- 0171-0933, según la SESIÓN ORDINARIA- No. 970-2020 celebrada el veintiuno de abril de dos mil veinte, acuerdo N° ACU-15-970-2020” (hecho no controvertido).

c) El 01 de junio de 2020, el recurrente reiteró su gestión a JUDESUR por la falta de respuesta a los escritos del 29 de abril de 2020 y el 06 de mayo de 2020 (véase prueba aportada por el recurrente).

d) El 11 de junio de 2020, JUDESUR fue notificada de la resolución de curso de este proceso de amparo (véase acta de notificación).

e) El 02 de julio de 2020, el Director Ejecutivo de JUDESUR dio respuesta al recurrente mediante oficio N° DEJ-189-2020, en los siguientes términos:Asunto: ATENCION nota registrada con Nº de ingreso 171-2020 de 1 de junio de 2020. PUNTO A: INFORMACION DEL LOCAL 46. a) COPIA DE CONTRATO DE CONCESION Y ARRIENDO. SE ADJUNTA COPIA (Se adjunta copia de los contratos) b) COPIA DE DEPÓSITO BANCARIO DE ÚLTIMO PAGO. NO PROCEDE. SE TRATA DE INFORMACION FINANCIERA QUE DEBE CONSIDERARSE SENSIBLE. * c) CONSTANCIA MONTO DE MOROSIDAD DE LOCAL 46. NO PROCEDE. SE TRATA DE INFORMACION FINANCIERA QUE DEBE CONSIDERARSE SENSIBLE. * d) POR ESTAR VACIO LOCAL COPIA DE FINIQUITO. NO PROCEDE. SE TRATA DE INFORMACION FINANCIERA QUE DEBE CONSIDERARSE SENSIBLE., PUESTO QUE DICHO DOCUMENTO PUEDE CONTENER DATOS SENSIBLES DEL CONCESIONARIO.* e) COPIA DE ARREGLO DE PAGO DE EXISTIR. NO PROCEDE. SE TRATA DE INFORMACION FINANCIERA QUE DEBE CONSIDERARSE SENSIBLE. PUNTO B:… En cuanto a este punto dicha contratación se llevó a cabo a través de Convenio ICAP- JUDESUR, por lo que no puede ser atendida en esos términos, lo que se puede informar son las cartas de entendimiento con ICAP que se dieron a fin de concretar esta contratación, asimismo el contrato en si es documento suscrito entre ICAP y el profesional William Sequeira Solís, por lo que no es potestad nuestra brindarlo. (Se adjuntan cartas de entendimiento) *En cuanto a la información financiera solicitada, se aclara que no se deniega la misma arbitrariamente, sino como es de conocimiento, por haber sido parte en aquel proceso, y por haber sido así resuelto por la Sala Constitucional ante amparo anterior interpuesto por su persona por supuesta falta de atención de solicitud similar, señala el Voto Nº 2020009765 de las nueve horas quince minutos del veintinueve de mayo de dos mil veinte: “En consideración de la Sala, los tres primeros ítems solicitados sí revisten carácter confidencial y no deben ser entregados al recurrente, por tratarse de datos sensibles relacionados con información crediticia de una persona jurídica que mantiene una deuda con la institución accionada. Según la línea jurisprudencial de este Tribunal, si no se demuestra un interés legítimo para obtener tales datos, o bien, no hay norma legal habilitante, la información no es de acceso público. Por esta razón, la Sala es de la opinión que la autoridad recurrida no incurrió en una lesión a los ordinales 27 y 30, de la Constitución Política, al denegarle el acceso al recurrente respecto de tales datos” Siendo que la información solicitada del concesionario BOSSINI S.A. en los puntos b, c, d y e, de su solicitud, es información de carácter financiero y por lo tanto sensible y confidencial es que se deniega la misma, al tenor y a la luz de esta línea jurisprudencial que es vinculante para esta administración” (véase prueba adjunta por JUDESUR).

f) El 02 de julio de 2020, JUDESUR notificó la respuesta y entregó cierta información al correo electrónico geraarrieta@yahoo.com (véase informe de la autoridad recurrida).

  1. Sobre el caso concreto. Después de haber analizado el informe y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala verifica la vulneración a los derechos fundamentales de la parte recurrente, por las razones que a continuación serán expuestas. Primeramente, se ha tenido por acreditado que el 29 de abril de 2020, solicitó al director ejecutivo de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur una solicitud de información de su interés. En particular pidió “A) Del local N° 46 del depósito libre comercial de golfito (sic), copia del contrato de arrendamiento y de concesión. B) Copia del depósito bancario y fecha del último pago realizado por el representante de dicho local 46 a Judesur (sic). C) En caso de estar moroso dicho local 46, el monto exacto de la deuda al 30 de abril, 2020. D) Al estar vacío el local que nos ocupa, favor suministrar copia del finiquito firmado por ambas partes. E) Copia de los Arreglos de pago en caso de existir entre Judesur (sic) y el local 46”. Además, que el 06 de mayo de 2020, el recurrente presentó ante el director recurrido una nueva solicitud de información, en la que solicitó COPIA CERTIFICADA DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO INTEGRAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO QUE FUERON ADJUDICADOS AL LICENCIADO WILLIAM SEQUEIRA SOLÍS, CÉDULA DE IDENTIDAD 6- 0171-0933, según la SESIÓN ORDINARIA- No. 970-2020 celebrada el veintiuno de abril de dos mil veinte, acuerdo N° ACU-15-970-2020”. En ese orden de ideas, se constata que el 01 de junio de 2020, el recurrente reiteró su gestión a JUDESUR por la falta de respuesta a los escritos del 29 de abril de 2020 y el 06 de mayo de 2020. Fue el 02 de julio de 2020 -con ocasión de la notificación del recurso de amparo, que fue el 11 de junio de 2020- que el Director Ejecutivo de JUDESUR dio respuesta al recurrente mediante oficio N° DEJ-189-2020, tanto a la gestión del 29 de abril de 2020 y el 06 de mayo de 2020. Adviértase que la respuesta y la información que se entregó se hizo dentro de un plazo desproporcionado y con ocasión de la notificación del recurso de amparo, por lo que el recurso debe ser declarado con lugar, en cuanto a este extremo. Ahora bien, a continuación, lo que procede es analizar si la información fue debidamente entregada o en su defecto, si la negativa se encuentra debidamente justificada. Visto esto, véase que la parte recurrente solicitó lo siguiente:

A) Del local N° 46 del depósito libre comercial de golfito (sic), copia del contrato de arrendamiento y de concesión.

B) Copia del depósito bancario y fecha del último pago realizado por el representante de dicho local 46 a Judesur (sic). Dicha información no se le entregó, ya que se indicó que la misma era información financiera y por ende, sensible.

C) “En caso de estar moroso dicho local 46, el monto exacto de la deuda al 30 de abril, 2020”. Esa información no se le entregó, ya que dicen que se trata de información financiera que se debe considerar sensible.

D) Al estar vacío el local que nos ocupa, favor suministrar copia del finiquito firmado por ambas partes. Esa información no se le entregó, ya que dicen que se trata de información financiera que se debe considerar sensible.

E) Copia de los Arreglos de pago en caso de existir entre Judesur (sic) y el local 46. Esa información no se le entregó, ya que dicen que se trata de información financiera que se debe considerar sensible.

F) Copia certificada del expediente del proceso integral de contratación administrativa.

El punto A sí le fue entregado. Sin embargo, los puntos B, C, D, E. la autoridad recurrida negó la información, ya que estimó que la misma debía ser como sensible y la justifica en la sentencia de la Sala Constitucional No. 2020-9765, en el que se resolvió que:

“Recuérdese que el tutelado solicitó certificar la deuda que mantiene la cooperativa COOPEGUAICARA R.L.​ con la junta recurrida al día de hoy. Específicamente requirió: 1. Monto de la​ deuda principal; 2. Monto de intereses adeudados; 3. Días de atraso; 4.​ Representantes legales (presidente y gerente general) de la cooperativa según sus​ registros. En consideración de la Sala, los tres primeros ítems solicitados sí​ revisten carácter confidencial y no deben ser entregados al recurrente, por tratarse​ de datos sensibles relacionados con información crediticia de una persona jurídica​ que mantiene una deuda con la institución accionada. Según la línea​ jurisprudencial de este Tribunal, si no se demuestra un interés legítimo para​ obtener tales datos, o bien, no hay norma legal habilitante, la información no es de​ acceso público”.

Ahora, si bien la autoridad recurrida invoca el citado precedente, lo cierto es que en el caso señalado, la información sí se encontraba protegida por el artículo 24 de la Constitución Política, por versar sobre la situación crediticia de la Cooperativa, según los elementos de juicio aportados. No obstante, para el caso en estudio, el recurso sí es procedente, por ser información de carácter público, tal como se dirá más adelante. Así las cosas, estima este Tribunal que, no debe perderse de vista que según la Ley Orgánica de la Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (No. 9356), esta dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 1.- Se crea la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, en adelante Judesur, como institución semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con capacidad de derecho público. Se regirá por las disposiciones contenidas en esta ley y los reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y su Junta Directiva".

ARTÍCULO 2.- Son atribuciones de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) las siguientes:

“c) La administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito”.

ARTÍCULO 3.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) contará con los siguientes recursos económicos: b) Los provenientes de alquileres de locales, las erogaciones de concesionarios, otros alquileres varios, los productos remanentes de los locales y cualquier otro ingreso, distinto al impuesto establecido en el inciso anterior.

Visto esto, el Almacén Libre de Golfito es administrado por JUDESUR, cuyo presupuesto se ve beneficiado o afectado, por el no pago de los alquileres. Es decir, son fondos que deberían ingresar al presupuesto de JUDESUR. Así las cosas, estima este Tribunal que a toda persona le asiste el derecho de conocer la forma en que las instituciones encargadas de esta tarea la llevan a cabo, así como saber cuáles personas, físicas o jurídicas, no se encuentran al día en sus obligaciones, en virtud que, en una verdadera democracia, la transparencia y rendición de cuentas frente a la ciudadanía deben ser la regla, y no la excepción, en virtud del “ derecho a toda persona de conocer la forma en que las instituciones encargadas de esta tarea la llevan a cabo” (entre otras, sentencia No. 2011015538 de las 10:51 hrs. de 11 de noviembre de 2011). Aunado a lo anterior, tal y como lo afirmó la Sala en la sentencia 2010-10982, “datos como la identidad de las personas morosas no son confidenciales ni dañan la intimidad de estas". Bajo esta inteligencia, el recurrente está en su derecho a conocer como se maneja JUDESUR los alquileres, ya que, ello repercute en el presupuesto institucional. En consecuencia, nótese que la denegatoria absoluta de la documentación requerida infringe el artículo 30 de la Constitución Política, en el tanto bien pudo JUDESUR determinar si el depósito bancario, el finiquito o bien, los arreglos de pago podían contener datos sensibles y suprimirlos (por ejemplo, el número de cuenta, números telefónicos, correos electrónicos, etc.). Así las cosas, la denegatoria absoluta de la documentación infringe el derecho al acceso a la información pública. Por otro lado, tampoco resulta confidencial el monto exacto de la deuda al 30 de abril 2020 y la fecha última de pago. Por último, en relación a la copia certificada del expediente del proceso integral de contratación administrativa, no se constató que la misma le haya sido entregada al recurrente. Es decir, la administración no niega que el expediente lo tengan en su poder y hayan brindado una justificación que permita desvirtuar una presunta infracción al derecho al acceso a la información. Téngase presente que, incluso, se requirió una prueba para mejor resolver a la autoridad recurrida, con el fin de que aclarara la existencia o no del expediente administrativo, sin embargo, no se presentó informe alguno (consúltese los resultandos No. 3 y No. 4). En consecuencia, se declara con lugar el recurso.

  1. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Consecuentemente, se ordena a Federico Fallas Fallas, en su condición de Director Ejecutivo de la Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas o, a quien en su lugar ejerza ese cargo que, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a partir de la notificación de esta sentencia, entreguen al recurrente la información requerida el 29 de abril de 2020 y 06 de mayo de 2020, según las consideraciones emitidas en el considerando III de esta resolución. Adviértase que la información deberá brindarse salvaguardando eventuales datos sensibles y de acceso restringido protegidos por el artículo 24 de la Constitución Política y la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley Nº 8968. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Presidente

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Jose Paulino Hernández G.

Hubert Fernández A.

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 20-010161-0007-CO

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