Sentencia Nº 2020015155 de Sala Constitucional, 14-08-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha14 Agosto 2020
Número de sentencia2020015155
Número de expedienteExp:
Revisión del Documento

*200124710007CO*

Exp: 20-012471-0007-CO

Res. Nº 2020015155

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del catorce de agosto de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-012471-0007-CO, interpuesto porJORGE EDUARDO ULLOA CAMPOS, cédula de identidad 0114260868, a favor de ALEJANDRA CAMACHO BRICEÑO, cédula de identidad 0702130711, contra LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 14:38 hrs. del 10 de julio de 2020, la parte recurrente presenta recurso de amparo y expone que, la amparada es trabajadora de la Caja Costarricense de Seguro Social y desde el año 2018 ocupa el puesto de auxiliar de enfermería en el Área Rectora de Salud de La Cruz. Explica que su representada cuenta con nombramiento continuo, como auxiliar de enfermería, en el Área de COVID-19, desde mayo de 2020; no obstante, desde la primera bisemana de junio del año en curso, no se le ha pagado su salario. Acota que, únicamente, ha recibido la cancelación de montos por tiempo extraordinario y complementos salariales como auxiliar de enfermería, quedando pendiente, los rubros correspondientes a salarios ordinarios completos. En consecuencia, estima lesionados los derechos fundamentales de su representada.

2.- Mediante auto de las 11:38 hrs. del 13 de julio de 2020 se dio curso al presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 14 de julio de 2020.

3.- Por escrito presentado el 16 de julio de 2020, informa bajo juramento LUIS DIEGO CALDERÓN VILLALOBOS, en condición de Gerente Financiero, de la Caja Costarricense de Seguro Social que, según informe a la Dirección de Presupuesto GF-DP-2177-2020 del 14 de julio de 2020, el Área de Salud de La Cruz, cuenta con recursos financieros, por lo que no se trata de un asunto de contenido presupuestario.

4.- Mediante auto de las 08:30 hrs. del 22 de julio de 2020, se corrige error material a efectos de comisionar al Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía para la notificación del auto de curso al Director Médico y al Jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, ambos del Área Rectora de Salud de la Cruz.

5.- Por escrito presentado el 20 de julio de 2020, informa bajo juramento ROBERTO MANUEL CERVANTES BARRANTES, en condición de Gerente General de la Caja Costarricense de Seguro Social que, según informe de la Licda. Mileyni Alfaro Jarquín, jefa de la Unidad Gestión de Recursos Humanos del Área de Salud La Cruz “...la Sra. Alejandra Camacho Briceño, cedula 7-0213-0711 es funcionaria activa de esta Área de Salud en condición de interina ocasional, y a partir del día 05-05-2020 y hasta la fecha, ocupa plaza de Auxiliar de Enfermería en condición de "Sustitución de plazas para atender la pandemia COVID-19" utilizada en la atención de transportistas en la zona fronteriza de Penas Blancas de La Cruz Guanacaste. Como bien es conocido el procedimiento para lograr dicha sustitución requiere de una serie de pasos para su aprobación y finalmente su financiamiento, siguiendo tales procedimientos la autorización por parte del CAED para el pago correspondiente al mes de Mayo 2020 se hizo efectiva a esta unidad el día 02-06-2020 (oficio GA- CAED-0548-2020), sin embargo el financiamiento por parte de la Direccion de presupuesto se concretó hasta el 01-07-2020 mediante MOD-91-Especial-2020, y para ese momento y de acuerdo a nuestro calendario de cierres de planillas institucional se tramitó el respectivo nombramiento de la funcionaria para el día 31-07-2020 (día en que se le cancelara únicamente lo laborado en el mes de Mayo 2020), en el entendido de que el mes de Junio y Julio 2020 se encuentra aún en trámites para su respectiva aprobación y posterior cancelación”. A través del oficio GA-CAED-0807-2020, el Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED) informó que “...El 09 de junio de 2020 se recibe en el CAED la documentación del Área de Salud La Cruz para solicitar el acceso al fondo de contingencias, ya con el visto bueno de la Gerencia Médica. Esta es la única solicitud que se ha recibido de esa área para uso del esquema de sustitución (partida 2002 sueldo personal sustituto). La aprobación que brinda la Gerencia Médica es para los siguiente: 15 puestos de trabajo, correspondientes a 04 plazas de Médico Asistente General, 04 plazas de Auxiliar de Enfermería, 04 plazas de Auxiliar de REDES, 02 plazas de Trabajador de Servicios Generales y 01 plazas de Chofer. El mismo día, 09 de junio de 2020, se responde, por medio de oficio GA-CAED-0548- 2020 al Área de Salud La Cruz, que se brinda el aval correspondiente para uso del fondo de contingencias y se indica que procedan a realizar la modificación presupuestaria ante la Dirección de Presupuesto. Consultando, el día de hoy, a la Dirección de Presupuesto, nos informan que el Área de Salud La Cruz presentó la modificación presupuestaria correspondiente y que ellos asignaron los recursos en la modificación # 91, es decir la Unidad dispone de los recursos para el fin solicitado...”. Solicita se desestime el recurso.

6.- Por escrito presentado el 29 de julio de 2020, informa bajo juramento JAVIER CORONADO VILLAGRA, en condición de Director Médico y MILEYNI ALFARO JARQUÍN, en condición de Coordinadora Gestión de Recursos Humanos, ambos del Área de Salud La Cruz de la Caja Costarricense de Seguro Social que, la amparada no es funcionaría en plaza fija; en el Área de Salud La Cruz, es funcionaría interina la cual ocupa en la lista de elegibles de Auxiliares de enfermería; el puesto número 4, para efectos de sustitución de personal de auxiliares de enfermería. Dada la situación de emergencia nacional por la Pandemia COVID-19 y siendo el Área de Salud La Cruz, zona fronteriza y sitio centinela, la institución por medio de la Gerencia Médica, instruye a la Red de servicios de salud Chorotega; para que esa área de salud a partir del 5 de mayo 2020; realice el tamizaje de transportistas y transeúntes, que ingresen a través de la frontera de Peña Blancas. Esto por motivo del aumento de casos de COVID-19, que se estaban presentando en el país, para hacer contención y disminuir el número de casos, es por esta razón que se realiza el gemeleo de plazas, para la no utilización de tiempo extraordinario, en el personal asignado en el puesto fronterizo de Peñas Blancas; a saber médicos, REDES, chofer, personal de aseo y auxiliares de enfermería. En el caso que nos compete con la auxiliar de enfermería Alejandra Camacho Briceño, es una de las funcionarías asignadas para el gemeleo de plazas; en el servicio de auxiliares de enfermería, cabe mencionar que el gemeleo de plazas es de aplicación temporal, mientras se atiende la emergencia por COVID-19 en el país. El Área de Salud La Cruz como ente local y siendo una situación de emergencia mundial y nacional, no cuenta con recursos financieros para el pago de funcionarios asignados a la tarea antes mencionada; dichos recursos deben ser gestionados en primera instancia, ante la Gerencia médica de la CCSS y posteriormente ante el CAED (Centro de atención de emergencias y desastres). Con fecha 8 de mayo del 2020 y con oficio AASLC 822-05-2020 y con asunto: Solicitud de fondos de contingencia para la atención del COVID-19, en el Puesto Fronterizo de Peñas Blancas, se justifica la utilización de los equipos de trabajo en Peñas Blancas y las necesidades presupuestarias. Con fecha 14 de mayo del 2020 y oficio de DRSS-GR-0205- 2820, la Dirección de Red de Servicios de Salud; le envía al Gerente médico de la CCSS, Dr. Mario Ruiz Cubillo, nota con asunto: Traslado de propuesta utilización de forma excepcional del esquema de sustitución de plazas, aprobado por la Junta Directiva, en el artículo 12; de la sesión 8897, por la Pandemia por COVID-19, del Área de Salud La Cruz. Nótese que la sustitución es por excepción de plazas. La Gerencia médica de la CCSS, mediante oficio GM-RH-6347- 2020, de fecha 20 de mayo del 2020, da la autorización de apoyo a Recursos humanos, para enfrentar la Pandemia COVID-19 del Área Salud La Cruz. Se indica que la autorización es por un mes, mientras se mantenga la emergencia nacional. Con fecha 02 de junio del 2020 y con oficio GA-CAED-0548- 2020, se da el aval para uso de fondos de contingencia, oficio GM-RH-6347-2020; no obstante la aprobación del CAED (Centro de atención de emergencias y desastres), debe presentarse ante la Dirección de presupuesto; para que esta analice desde la perspectiva financiera, los planteamientos realizados y emita criterio sobre la viabilidad de financiamiento. Por parte de la oficina de la Dirección de Presupuesto, se emitió modificación presupuestaria especial; mediante Mod. 94 especial 2020 y se concretó el primero de julio 2020. La oficina de Recursos humanos del Área Salud La Cruz; de acuerdo al cierre de planilla institucional, se tramitó el pago correspondiente al mes de mayo de 2020; para el día 31 de julio 2020. El mes de junio 2020, se encuentra en trámite presupuestario. Solicitan se desestime el recurso.

7.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente presenta recurso de amparo y expone que la amparada es trabajadora de la Caja Costarricense de Seguro Social y desde el año 2018 ocupa el puesto de auxiliar de enfermería en el Área Rectora de Salud de La Cruz. Explica que su representada cuenta con nombramiento continuo, como auxiliar de enfermería, en el Área de COVID-19, desde mayo de 2020; no obstante, desde la primera bisemana de junio del año en curso, no se le ha pagado su salario. Acota que, únicamente, ha recibido la cancelación de montos por tiempo extraordinario y complementos salariales como auxiliar de enfermería, quedando pendiente, los rubros correspondientes a salarios ordinarios completos. En consecuencia, estima lesionados los derechos fundamentales de su representada.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

  1. La amparada es funcionaria activa del Área de Salud en condición de interina ocasional, y a partir del 05 mayo de 2020 y hasta la fecha, ocupa plaza de Auxiliar de Enfermería en condición de "Sustitución de plazas para atender la pandemia COVID-19" (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
  2. La autorización por parte del Centro de Atención de Emergencias y Desastres CAED para el pago correspondiente al mes de mayo 2020 se hizo efectiva a esta unidad el día 02 de junio de 2020 mediante oficio GA- CAED-0548-2020 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
  3. El 09 de junio de 2020 se recibe en el CAED la documentación del Área de Salud La Cruz para solicitar el acceso al fondo de contingencias, ya con el visto bueno de la Gerencia Médica. Esta es la única solicitud que se ha recibido de esa área para uso del esquema de sustitución (partida 2002 sueldo personal sustituto) (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
  4. Por parte de la oficina de la Dirección de Presupuesto, se emitió modificación presupuestaria especial; mediante Mod. 94 especial 2020 y se concretó el primero de julio 2020 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
  5. La oficina de Recursos humanos del Área Salud La Cruz; de acuerdo al cierre de planilla institucional, tramitó el pago correspondiente al mes de mayo de 2020 para el 31 de julio 2020. El mes de junio 2020, se encuentra en trámite presupuestario (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De las pruebas aportadas a los autos, y lo informado bajo juramento por parte de los accionados, se tiene por acreditado que, efectivamente, la amparada es funcionaria activa del Área de Salud en condición de interina ocasional, y a partir del 05 mayo de 2020 y hasta la fecha, ocupa plaza de Auxiliar de Enfermería en condición de "Sustitución de plazas para atender la pandemia COVID-19". La autorización por parte del Centro de Atención de Emergencias y Desastres CAED para el pago correspondiente al mes de mayo 2020 se hizo efectiva a esta unidad el día 02 de junio de 2020 mediante oficio GA- CAED-0548-2020. El 09 de junio de 2020 se recibe en el CAED la documentación del Área de Salud La Cruz para solicitar el acceso al fondo de contingencias, ya con el visto bueno de la Gerencia Médica. Esta es la única solicitud que se ha recibido de esa área para uso del esquema de sustitución (partida 2002 sueldo personal sustituto). Por parte de la oficina de la Dirección de Presupuesto, se emitió modificación presupuestaria especial; mediante Mod. 94 especial 2020 y se concretó el primero de julio 2020. La oficina de Recursos humanos del Área Salud La Cruz; de acuerdo al cierre de planilla institucional, tramitó el pago correspondiente al mes de mayo de 2020 para el 31 de julio 2020. El mes de junio 2020, se encuentra en trámite presupuestario. Al efecto, considera este Tribunal Constitucional que existe mérito para acoger el presente proceso de amparo. Ello por cuanto se acreditó la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada, afectando considerablemente su condición económica. Es responsabilidad de la Administración, como patrono y en virtud de los principios de eficacia y eficiencia, gestionar oportunamente los trámites de nombramientos, sustituciones, incapacidades y pago de salarios; con el objeto de no privar a sus servidores de sus derechos fundamentales. No podría aceptarse que el Estado reciba el beneficio sin entregar al trabajador nada a cambio o entregándole de forma tardía o incompleta lo que le corresponde, puesto que la oportunidad de pago implica no solo que este se haga en tiempo y de forma regular, sino, además que sea completo. Dado que durante la tramitación de este proceso se tramitó el pago correspondiente al mes de mayo para el 31 de julio de 2020, procede la estimatoria del proceso con la condenatoria en costas, daños y perjuicios, de conformidad con lo indicado en los siguientes considerandos y la parte dispositiva de esta resolución.

IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL CASO CONCRETO. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:

La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.

Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.

Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.

En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derechos fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.

Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.

La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.

Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.

En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.

VI.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, EN RELACIÓN CON LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VII.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.

En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE: Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a ROBERTO MANUEL CERVANTES BARRANTES, en condición de Gerente General, a JAVIER CORONADO VILLAGRA, en condición de Director Médico y, a MILEYNI ALFARO JARQUÍN, en condición de Coordinadora Gestión de Recursos Humanos, todos de la Caja Costarricense de Seguro Social o, a quienes en su lugar ocupen esos cargos, proceder a girar de inmediato las órdenes que correspondan a efectos de que, en caso de no haber hecho efectivo el pago de salario correspondiente al mes de mayo a la amparada en la fecha indicada -segunda quincena de julio-, lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordinen lo necesario para que en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le pague lo adeudado por ese concepto, deberán además, en el mismo plazo, coordinar lo necesario a efectos de que sean realizados los demás pagos de salario de manera regular, todo lo anterior si otra causa ajena a lo discutido en el sub lite, no lo impide. Se le advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirán en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro al pago de costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López da razones diferentes sobre la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes. Notifíquese.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo

Documento Firmado Digitalmente

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ECMWCXOB72A61

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