Sentencia Nº 2020015172 de Sala Constitucional, 14-08-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2020015172
Fecha14 Agosto 2020
Número de expedienteExp:
Revisión del Documento

*200128450007CO*

Exp: 20-012845-0007-CO

Res. Nº 2020015172

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del catorce de agosto de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-012845-0007-CO, interpuesto por GABRIEL CORDERO GUZMÁN, cédula de identidad No. 3-0402-0039, a favor de MARIO GABRIEL CASAS GÓMEZ, cédula de identidad 8-0082-0705, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.-

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:50 horas de 20 de julio de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública y manifiesta que desde que inició el curso lectivo 2020 el amparado labora 24 lecciones en propiedad y 3 lecciones interinas en el Colegio Técnico Profesional de Dos Cercas, 8 lecciones en propiedad en el Liceo de Aserrí, así como 8 lecciones en propiedad y una lección interina en el IEGB República de Panamá. Explica que al trabajar 44 lecciones a su representado se le reconocen 4 lecciones de planeamiento, es decir, se le deben pagar 48 lecciones. Sin embargo, alega que a la fecha que acude en amparo el MEP no le ha cancelado las 4 lecciones de planeamiento, y según se le ha informado, se está a la espera de financiamiento para realizar el pago respectivo, con el agravante de que no se ha establecido un tiempo estimado para efectuarlo. Sostiene que la situación descrita lesiona los derechos fundamentales del amparado.

2.- Mediante resolución de las 14:18 horas de 22 de julio de 2020, se dio curso al proceso y se solicitó informe a la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, sobre los hechos alegados en el recurso.

3.- Por escrito agregado al expediente digital a las 20:19 horas de 24 de julio de 2020, informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, que como se observa al recurrente le corresponde el pago de 4 lecciones de planeamiento desde el 1° de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, de acuerdo a lo registrado en el sistema Integra-2. Dado lo anterior, indica que se observa en el sistema Integra-2 con acción de personal 202007-MP-088664 que se tramitó el aumento 4 lecciones de planeamiento desde el 1° de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, para pago retroactivo en la segunda quincena del mes de julio de 2020, lo anterior, en acatamiento a lo ordenado por la Sala Constitucional. Solicita se declare sin lugar el recurso.

4.- En resolución de las 8:21 horas del 31 de julio de 2020, se solicitó prueba para mejor resolver a la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública.

5.- Por escrito agregado al expediente digital a las 12:45 horas de 4 de agosto de 2020, informa bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza, en su condición de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, que de acuerdo con el Sistema Integrado de Recursos Humanos Planillas y Pagos, así como al registro de planillas, al recurrente se le canceló lo adeudado en la segunda quincena de julio de 2020. Solicita se declare sin lugar el recurso.

6.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. El recurrente reclama que desde el inicio del curso lectivo 2020, el Ministerio de Educación Pública no le ha pagado al amparado el salario correspondiente a 4 lecciones de planeamiento que le fueron asignadas. Considera que los hechos que acusa, lesionan los derechos fundamentales del amparado.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

1) El amparado labora para el Ministerio de Educación Pública en el Colegio Técnico Profesional de Dos Cercas, en el Liceo de Aserrí y en el IEGB República de Panamá, y desde el inicio del curso lectivo 2020 se encuentra laborando 48 lecciones (ver informe rendido bajo juramento).

2) En el Sistema Integrado de Recursos Humanos Planillas y Pagos se indica que faltan de cancelársele al tutelado 4 lecciones de planeamiento desde el 1° de febrero de 2020 (ver informe rendido bajo juramento).

3) El 22 de julio de 2020, se notificó la resolución de curso de este proceso de amparo a las autoridades recurridas (ver acta de notificación).

4) En la segunda quincena de junio de 2020, se le canceló al amparado el monto adeuda por concepto de lecciones de planeamiento (ver informe rendido bajo juramento).

III.- Sobre el pago de salario. Esta Sala Constitucional, en la sentencia No. 2019-007792 de las 9:15 horas de 3 de mayo de 2019, al resolver un recurso de amparo similar al presente, dispuso:

"(…) III.- SOBRE EL PLAZO PARA EL PAGO DE SALARIOS. Este Tribunal Constitucional, en la Sentencia N° 2016-017203 de las 09:05 horas del 18 de noviembre de 2016 -criterio reiterado en la Sentencia N° 2017-013285 de las 9:40 horas del 22 de agosto de 2017-, en lo que interesa señaló:

"(…) A través de su jurisprudencia, este órgano ha considerado que procede dar curso y atender recursos de amparo en que se plantean este tipo de reproches que afectan al derecho constitucional al salario, pero solamente cuando se acredite que ha existido un plazo irrazonable entre la prestación de los servicios y el pago del salario al funcionario. Así se ha reiterado últimamente por ejemplo en las sentencias 2016-02539 y 2016-3772, en las cuales se reenvía a otras sentencias anteriores sobre el punto, a saber: sentencia 2005-11159 de las dieciséis horas veinticuatro minutos del veintitrés de agosto del dos mil cinco, 2006-09871 de las trece horas veintitrés minutos del siete de julio del dos mil seis y 2008-8048 de las diecisiete horas cinco minutos del trece mayo de dos mil ocho. Con fundamento en todos esos pronunciamientos se concluye que en este caso, donde el retardo es únicamente de una quincena según se explica, es decir menos de un mes, no se configura todavía a juicio de la Sala la existencia de un atraso irrazonable., (sic) excesivo e injustificable en la realización del pago correspondiente que reclama (...).

IV.- CASO CONCRETO. De los hechos acreditados, así como de las pruebas que obran en autos, este Tribunal Constitucional considera que existe mérito para acoger el presente proceso de amparo. Ello por cuanto en su informe, la Directora General de Personal no niega los alegatos planteados, acepta que en el Sistema Integrado de Recursos Humanos Planillas y Pagos del MEP, se registra nombramiento interino de la recurrente en el CTP Abelardo Bonilla con cuarenta y ocho lecciones (cuatro lecciones de planeamiento), como profesora de enseñanza media en la especialidad francés, del 1 de febrero al 31 de diciembre del2019, según consta en acción de personal N° 201904-MP- 4204225. Asimismo, indica que las cuatro lecciones de planeamiento que reclama la recurrente, están incluidas para posible pago en la segunda quincena de abril 2019. Así las cosas, se acredita que el pago del salario correspondiente a estas cuatro lecciones lleva casi dos meses de retraso, tomando en cuenta que son accesorias a las cuarenta lecciones principales, por lo cual el presente recurso debe ser estimado, de conformidad con lo indicado en la parte dispositiva de esta resolución, dado el retardo desproporcionado en que ha incurrido la autoridad accionada (…)” (El destacado no forma parte del original).

IV.- Caso concreto. En el sub lite, el recurrente reclama que desde el inicio del curso lectivo 2020, el Ministerio de Educación Pública no le ha pagado al amparado el salario correspondiente a 4 lecciones de planeamiento que le fueron asignadas.

Al respecto, de los informes rendidos bajo juramento y de la prueba allegada a los autos, este Tribunal Constitucional considera que existe mérito para acoger el presente proceso de amparo, en cuanto a la falta de pago de las 4 lecciones de planeamiento al amparado desde la primera quincena de febrero de 2020 y hasta la segunda quincena de mayo de 2020. Lo anterior, dado que, tuvo por acreditado este Tribunal Constitucional que el salario por concepto de las lecciones de planeamiento adeudadas al amparado en las quincenas mencionadas no le habían sido canceladas, y no fue hasta la notificación de la resolución de curso de este proceso de amparo, que las autoridades recurridas procedieron a realizar el pago en cuestión en la segunda quincena de julio de 2020.

Así las cosas, estima esta Sala que el plazo de aproximadamente cuatro meses que la Administración tardó para realizar el pago completo del salario al amparado, resulta irrazonable y contrario al derecho al salario. Por lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, en cuanto a este extremo, y únicamente, para efectos indemnizatorios pues la violación alegada cesó.

V.- Finalmente, tal y como se indicó en el antecedente citado en el tercer considerando de esta sentencia, esta Sala ha establecido que cuando no ha transcurrido un retraso en el pago superior a dos quincenas, el recurso de amparo es prematuro En el caso concreto, al ser planteado el presente recurso el 20 de julio de 2020, en lo que respecta al pago de las lecciones de planeamiento de la segunda quincena de junio y del mes de julio de 2020, debe seguirse la línea jurisprudencial mencionada y desestimar el recurso en cuanto a este extremo, al considerarse prematuro. En todo caso, consta que dichas quincenas también fueron canceladas al amparado con ocasión de este recurso.

VI.- Sobre la condenatoria en costas, daños y perjuicios en el caso concreto. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la Administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el respectivo proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VII.- Razones diferentes de la Magistrada Hernández López sobre las consecuencias económicas derivadas de declarar con lugar este recurso. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala.

No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente: La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.

Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.

Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.

En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derechos fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”.

Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional. Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.”

La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.

Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado.

En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas. En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.

VIII.- Razones diferentes del Magistrado Salazar Alvarado, en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios a la parte recurrida. Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada. La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que: “...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una

condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”. El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios; no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

IX.- Razones diferentes de la Magistrada Garro Vargas. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas. Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido. En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.

En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.

X.-Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 de 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 de 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43- 12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en cuanto a la falta de pago de las lecciones de planeamiento al amparado desde la primera quincena de febrero de 2020 y hasta la segunda quincena de mayo de 2020. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. La Magistrada Hernández López da razones diferentes en relación con la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes. Notifíquese.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*IXLQYLS43WRI61*

IXLQYLS43WRI61

EXPEDIENTE N° 20-012845-0007-CO

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR