Sentencia Nº 2020015208 de Sala Constitucional, 14-08-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha14 Agosto 2020
Número de expediente20-013156-0007-CO
Número de sentencia2020015208

*200131560007CO*

Exp: 20-013156-0007-CO

Res. Nº 2020015208

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del catorce de agosto de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-013156-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001] , cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS).

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 21:33 horas de 23 de julio de 2020, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el IMAS. Manifiesta que es madre de dos menores de edad, quienes están estudiando en preescolar y primaria. Relata que, por lo anterior y debido a su condición económica, el 27 de noviembre de 2019 gestionó ante el IMAS una ayuda denominada “Atención de Familias”. Acota que en principio se le indicó que sí calificaba para el beneficio; empero, que, por estar en el periodo de cierre de año, debía llamar en enero de 2020, para actualizar los datos requeridos. Expone que desde inicios de 2020 se ha mantenido llamando a la institución accionada -según se le indicó- para obtener la referida cita; sin embargo, no ha sido posible, dado que la línea permanece ocupada. Aclara que aún no se le ha otorgado la ayuda. Narra que se le suspendió la beca otorgada a su hija, a quien incluyó como parte del núcleo familiar, debido a que se le otorgó ese benefició. Agrega que, producto de la misma situación, se le ha denegado la beca a su otro hijo. Señala que en junio de 2020 se apersonó ante la Oficina Regional del IMAS en Coto Brus, con la intención de explicar su situación y procurar las becas de los menores; empero, se le manifestó que no era posible acceder a esos beneficios y que debía gestionar la cita correspondiente -vía telefónica-. Detalla que manifestó a la persona funcionaria que la atendió que pese a que llama tres días a la semana se le indica que no hay campos. Comenta que necesita de la ayuda para suplir las necesidades básicas de su familia, así como los gastos de los estudios de su hija e hijo. Alega que la negativa de obtener la cita en cuestión y el beneficio aludido, se pone en riesgo el bienestar de los menores de edad. Solicita que se declare con lugar el recurso y que se ordene al IMAS otorgarse la ayuda requerida.
2.- Mediante resolución de la Sala de las 13:45 horas del 24 de julio de 2020, se dio curso al amparo y se solicitó informe a la presidenta Ejecutiva y la coordinadora de la Oficina Local de Coto Brus, ambos del Instituto Mixto de Ayuda Social, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito incorporado en el expediente digital a las 17:06 horas de 31 de julio de 2020, informa bajo juramento Juan Luis Bermúdez Madriz, en su condición de Presidente Ejecutivo del IMAS. Aclara que rinde el informe según lo indicado en los oficios ULDS-CE-00080-07-2020 e IMAS-SGDS-ASIS-0319-2020. Detalla que la tutelada es madre de dos personas menores de edad de 9 y 5 años, quienes cursan primaria y preescolar. Agrega que su núcleo familiar está compuesto además por [Nombre 002], quien es pensionado del Régimen No Contributivo y recibe un beneficio de 82.000.00 colones al mes. Manifiesta que la persona menor de edad [Nombre 003] recibía el beneficio “ Crecemos” en el año 2019, mediante una FISI, que se utilizó para beneficiarios del traslado de FONABE en ese momento y que no poseían Ficha de Información Social (FIS). Detalla que esa menor de edad venía en lista de FONABE para visitar, por lo que se aplica la FIS el 4 de setiembre del 2019. Sostiene que la recurrente debía presentarse después de un mes de realizada la FIS, según el protocolo institucional y la información que le brinda el encuestador digitador cuando realiza la visita. Agrega que, lo anterior es con el propósito de que conozca si calificó y que pueda solicitar el beneficio institucional. Afirma que, sin embargo, la recurrente no se apersonó en el tiempo programado, por lo cual la funcionaria encargada del distrito realizó una llamada telefónica el 4 de octubre 2019, según consta en el expediente, y le informó a la recurrente que se va a revocar el beneficio y que debe actualizar documentos. Aduce que la amparada se apersonó sin cita a la oficina regional ULDS Coto Brus el 27 de noviembre del 2019 y fue atendida por la funcionaria María Barrantes Monge, quien al analizar la FIS, le informó que califica para el beneficio y que debía llevar otros documentos que le faltaban para la actualización. Añade que, dado que ya habían culminado las clases y además no se contaba con presupuesto en la institución en ese momento, se le orientó a la tutelada para gestionar la cita en el 2020 con las certificaciones actualizadas, debido a que en ese momento se le hacía difícil a la señora conseguirlos por estar cerrados los colegios. Afirma que la recurrente estuvo de acuerdo, según se comprueba en el expediente administrativo. Detalla que, según se constata en el Sistema de Atención a la Ciudadanía (SACI), desde inicios del año 2020, la recurrente llamó en varias ocasiones al Call Center institucional y se le informó que no existían cupos para citas. Añade que, de acuerdo a la revisión de las citas asignadas mediante el SACI, no se le ha otorgado cita alguna a la tutelada para su atención en el año 2020. Informa que no es posible constatar que, en junio de 2020, la recurrente se apersonó ante la Oficina Regional del IMAS en Coto Brus, a fin de explicar su situación y procurar las becas de los menores. Afirma que no existen registros en la ULDS Coto Brus que permitan demostrar que la recurrente se apersonó en junio del año 2020, menos aún que se le indicara que no podría acceder a tales beneficios. Recalca que lo que existen son llamadas en el sistema SACI. Indica que a la usuaria le corresponde el distrito de Pittier donde no aparece cita alguna, pese a que se atendió la totalidad de los cupos. Señala que tampoco consta que al otro hijo de la recurrente se le haya denegado la beca en el año 2020. Recalca que una vez asumido el distrito se revisaron listados emitidos por el ULDS Coto Brus y se revisó el SINIRUBE a las 10:34 horas del 8 de junio de 2020 y se constató la situación de pobreza extrema por lo que se realizó la revisión preliminar “revisando bienes muebles e inmuebles, detallando que no posee propiedades, sin embargo posee un vehículo a nombre del señor [Nombre 013] 1983 el cual se encuentra atrasado en el pago del marchamo desde el año 2008. Asimismo; se realiza revisión de CCSS evidenciando un beneficio estatal de 82,000 colones por pensión del RNC, posee Seguro por el Estado hasta el 2021. De igual manera se realiza revisión de bono de vivienda reflejándose que no posee el beneficio”. Explica que, en virtud de lo anterior, la recurrente cumple con el perfil establecido para ser incluida en el programa de Atención Integral, por lo que el 10 de junio de 2020 se ingresó a la amparada en lista de espera para la solicitud del beneficio de Atención a Familias N°092020095733, debido a que no se contaba con el presupuesto y liquidez en ese momento. Relata que, según la última actualización en FIS realizada en noviembre 2019 se refleja que el cónyuge de la amparada es pensionado de Régimen No Contributivo y que además la menor de apellido [Nombre 014] recibe pensión obligatoria del progenitor, lo cual les permite suplir parcialmente las necesidades básicas. Informa que ambos menores son beneficiarios de CEN-CINAI y reciben mensualmente el beneficio de leche. Indica que no se obtiene información del riesgo de los menores. Sostiene que, debido a la emergencia nacional por la pandemia de la covid-19, se les brinda diario escolar otorgado por el MEP, además los menores actualmente no asisten a clases. Afirma que el caso de marras no es de urgencias sino de vulnerabilidad. Refiere que se autorizó el beneficio de Bienestar familiar y Crecemos, para los meses de julio a diciembre 2020, según resoluciones 2958, 2957, 2931, 2932. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 17:12 horas del 3 de agosto de 2020, informa bajo juramento Juan Luis Bermúdez Madriz, en su condición de Presidente Ejecutivo del IMAS en los mismos términos que en el escrito incorporado en el expediente digital a las 17:06 horas de 31 de julio de 2020.

5.- Mediante constancia suscrita el 7 de agosto de 2020, la letrada de la Sala Constitucional indicó que “a las 15:30 horas del 7 de agosto de 2020 se comunicó con quien dijo ser [Nombre 001] , a quien se le consultó si ha recibido alguna información por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social relativa a los beneficios peticionados, a lo que indicó que en el IMAS le comunicaron que le iban a efectuar los depósitos correspondientes, pero que como no tenía una cuenta bancaria activa no se pudo realizar la transferencia. Además, la tutelada manifestó que el miércoles solicitó la tarjeta en la entidad bancaria, momento en el cual su cuenta quedó activada”.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- SOBRE LA EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Uno de los aspectos señalados podría configurar una lesión al derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida. Al respecto, debe aclararse que, a partir del voto número 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa con algunas excepciones aquellos asuntos en los que se discute si la autoridad pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, a fin de resolver por acto final un procedimiento administrativo incoado de oficio o a instancia de parte o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en este recurso se plantean supuestos de excepción pues el sub examine está relacionado con la gestión de beneficios ante el Instituto Mixto de Ayuda Social, los cuales presuntamente no ha sido resuelta. En virtud de lo anterior, la Sala entrará a resolver el recurso.
II.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que el 27 de noviembre de 2019 gestionó ante el IMAS el beneficio “Atención a Familias ” respecto del cual se le indicó que calificaba. Además, sostiene que se le informó que debía gestionar una cita en enero de 2020, a fin de actualizar los datos correspondientes; empero, pese a que ha llamado al IMAS en múltiples ocasiones no se le ha otorgado la cita requerida, debido a que se le comunica que no hay cupos disponibles. Por lo anterior, reclama que, al momento de interponer este recurso, tal ayuda, al igual que los beneficios solicitados a favor de sus hijos, no han sido aprobados.
III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
a)La tutelada es madre de dos personas menores de edad y su núcleo familiar también está conformado por [Nombre 002], quien es beneficiario de una pensión del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. (Ver prueba documental).
b)La hija de la amparada [Nombre 003] poseía el beneficio “ Crecemos” durante el año 2019; empero, era necesario aplicarle la FIS, lo cual se efectuó el 4 de setiembre de 2019. Al respecto se observa que:
La usuarias (sic) debía presentarse después de un mes de realizada la FIS, según el protocolo institucional, y la información que le brinda el encuestador digitador cuando realiza la visita, lo anterior con la intención de saber si califico (sic) y solicitar el beneficio.
Sin embargo, como no se presentó en el tiempo programado, la funcionaria encargada del distrito realiza llamada telefónica el 4 de octubre 2019 (…) y le informa a la señora de que se va a revocar el beneficio y que debe actualizar documentos (…)
La usuaria se presentó hasta el 27 de noviembre del 2020, fecha en que se analiza la FIS y se informa que califica para el beneficio, que debe traer otros documentos por estar incompleto pues le faltaban y para actualizar, sin embargo como era fin de año, y ya habían culminado las clases además, no se contaba con presupuesto en la institución, se le orienta sacar la cita en el año 2020 con las certificaciones actuales ya que en ese momento se le hacía difícil a la señora conseguirlos por estar cerrados los colegios, donde la misma comprendió y estuvo de acuerdo”. (Ver prueba documental).
c)El 4 de octubre de 2019, una persona funcionaria de la ULDS Coto Brus indicó que: “Se llama vía telefónica y se indica que se revocará beneficio de crecemos para incluir en la FIS. Por ser fin de año se le orienta que en febrero 2020 cuando entre las clases presentar documentos para otorgar subsidio”. (Ver prueba documental).
d)El 27 de noviembre de 2019, una persona funcionaria de la ULDS Coto Brus consignó que: “Se atiende en distrito a la señora se explica q´ (sic) en la FIS no se encuentra el hijo pero que se incluirá en la FIS. Se orienta a sacar cita para el 2020 para crecemos”. (Ver prueba documental).
e)El 27 de noviembre de 2019, la amparada fue atendida por la funcionaria del IMAS María Barrantes Monge, momento en el cual se analizó la FIS y se le informó que califica para el beneficio “Atención de Familias”. Además, a la recurrente se le comunicó que:
“debe traer otros documentos completos faltantes, sin embargo como era fin de año y ya habían culminado las clases y aunado a eso no se contaba con presupuesto en la institución, se le orienta sacar la cita en el año 2020, con las certificaciones actualizadas ya que en ese momento se le hacía difícil a la señora conseguirlos por estar cerrados los Centros Educativos, donde la misma comprendió y estuvo de acuerdo”. (Ver prueba documental).
f)A la tutelada no se le había otorgado el beneficio “ Atención a Familias”, debido a que:
la solicitante no ha tenido cita de atención en el 2020, mediante el SACI ni cita directamente en la ULDS Coto Brus. Para poder brindar un beneficio institucional, la familia debe ser valorada por una persona profesional en el desarrollo social, quien analiza la situación particular y determina, con fundamento en la atención, la FIS y la documentación de respaldo, así como la disponibilidad presupuestaria, si una familia puede recibir o no un beneficio institucional”. (Ver prueba documental).
g)Desde inicios del año 2020, la amparada ha tratado de comunicarse con la ULDS Coto Brus, mediante el call center; empero, se le indica que no hay cupos disponibles o la línea ha estado ocupada. Al respecto se observa que “En el Sistema de Atención de Ciudadanía (SACI), se registran 15 casos en el SACI comprendidos entre 17 de enero al 22 de junio de 2020 (…)”. Así, por ejemplo, se observan las llamadas efectuadas el 24 de marzo, el 25 y 28 de mayo, así como el 8, 9, 16 y 22 de junio, todos de 2020, en las cuales se informó que “NO CUPOS DISPONIBLES”. (Ver prueba documental).
h)El 8 de junio de 2020, el IMAS certificó que la tutelada se encuentra en situación de “POBREZA EXTREMA”. (Ver prueba documental).
i)La coordinadora de la ULDS Coto Brus señala que:
Cabe rescatar que una vez asumido el distrito se revisaron listados emitidos por el ULDS Coto Brus, por lo que se procede a realizar la revisión de SINIRUBE 08/06/2020 a las 10:34 am, evidenciando la situación de pobreza extrema por lo que se proceder a realizar la revisión preliminar, revisando bienes muebles e inmuebles, detallando que no posee propiedades, sin embargo posee un vehículo a nombre del señor [Nombre 013] 1983 el cual se encuentra atrasado en el pago del marchamo desde el año 2008. Asimismo; se realiza revisión de CCSS evidenciando un beneficio estatal de 82,000 colones por pensión del RNC y en lo que respecta 02, 03 y 04, posee Seguro por el Estado hasta el 2021. De igual manera se realiza revisión de bono de vivienda en la pág. del BANVHI reflejándose que no posee el beneficio.
Dado lo anterior; se evidencia que cumplen con el perfil establecido para ser incluida en el programa de Atención Integral, por lo que se ingresa a la señora Garro en la lista de espera el día 10/06/2020 para la solicitud del beneficio de Atención a Familias, ya que no se contaba con el presupuesto en dicho momento”. (Ver prueba documental).
j)El 10 de junio de 2020, la recurrente fue atendida por el IMAS y se consignó que “quedó registrada en la Lista de Espera Institucional por el motivo de atención “Solicita Beneficios BEN: -0001 Atención a Familias” resolución del motivo de atención “Sin Liquidez” (…)”. (Ver prueba documental).
k)El 24 de julio de 2020, el presidente ejecutivo del IMAS fue notificado sobre la tramitación de este recurso. (Ver acta de notificación).
l)El 29 de julio de 2020, la coordinadora de la Unidad Local de Coto Brus del IMAS fue notificada sobre la tramitación de este recurso. (Ver acta de notificación).
m)El 29 de julio de 2020, a la amparada se le confeccionó la “ BOLETA PARA REGISTRO DE ATENCIÓN POR EMERGENCIA COVID-19”. En tal documento se consignó: “ Califica dentro de los parámetros institucionales por lo que se le tramita un beneficio de Crecemos A. Fam por un monto de ₡18,000, ₡18.000 ₡50.000 colones por un período de 12, 6 y 5 meses. Se cita para el 31/07/2020 a las 10:00 am”. (Ver prueba documental).
n)El 31 de julio de 2020, la recurrente fue atendida en el IMAS y se indicó “SE ATIENDE FAMILIA SEGÚN RECURSO DE AMPARO SOLICITANTE EL BENEFICIO DE CRECEMOS DE MARÍA QUE LO PESEIA (sic) EN FISI Y AL PASAR FIS SE REVOCA, NUEVA SOLICITYUD (sic) DE [Nombre 028] Y BENEFICIO DE ATENCION A FAMILIAS”. En tal documento se consigna la firma de la tutelada. (Ver prueba documental).
o)El 31 de julio de 2020, mediante la resolución 2958 se le aprobó a la amparada el beneficio “ ATENCIÓN A FAMILIAS” por la suma de ₡300,000.00 distribuida en 6 meses. (Ver prueba documental).
p)El 31 de julio de 2020, el IMAS aprobó por resolución 2957 el beneficio “CRECEMOS ” por la suma de ₡108,000.00 por un período único a favor de la menor [Nombre 003] e indicó “ AJUSTE UNICO DE ENERO A JUNIO”. (Ver prueba documental).
q)El 31 de julio de 2020, el IMAS aprobó, mediante la resolución 2931, el beneficio “CRECEMOS” por un monto de ₡108,000.00 distribuidos en seis períodos a favor del menor de edad [Nombre 028 015] y se indicó “SE TRAMITA BENEFICIO CRECEMOS A SOLICITUD DE LA BENEFICIARIA”. (Ver prueba documental).
r) El 31 de julio de 2020, el IMAS aprobó por resolución 2932 el beneficio “CRECEMOS” por la suma de ₡108,000.00 distribuidos en seis períodos a favor de la menor [Nombre 003] e indicó “ SE TRAMITA BENEFICIO DE CRECEMOS A MENOR QUER (sic) POSEÍA EL BENEFICION (sic) EN FISI SIN EMBARGO AL REALIZAR EL TRAMITE A FIS SE REVOCA Y LA SOLICITANTE PRESENTA RECURSO DE AMPARO POR LO ANTERIOR SE ATIENDE LA SOLICITUD”. (Ver prueba documental).
s)Mediante constancia suscrita el 7 de agosto de 2020, la letrada de la Sala Constitucional indicó que “a las 15:30 horas del 7 de agosto de 2020 se comunicó con quien dijo ser [Nombre 001] , a quien se le consultó si ha recibido alguna información por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social relativa a los beneficios peticionados, a lo que indicó que en el IMAS le comunicaron que le iban a efectuar los depósitos correspondientes, pero que como no tenía una cuenta bancaria activa no se pudo realizar la transferencia. Además, la tutelada manifestó que el miércoles solicitó la tarjeta en la entidad bancaria, momento en el cual su cuenta quedó activada”. (Ver constancia de llamada telefónica).
IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite , la recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales, toda vez que el 27 de noviembre de 2019 gestionó ante el IMAS el beneficio “ Atención a Familias”, respecto del cual se le indicó que calificaba. Además, sostiene que se le informó que debía gestionar una cita en enero de 2020 a fin de actualizar los datos correspondientes; empero, pese a que ha llamado al IMAS en múltiples ocasiones no se le ha otorgado la cita requerida, debido a que no hay cupos disponibles. Por lo anterior, reclama que, al momento de interponer este recurso, tal ayuda, al igual que los beneficios solicitados a favor de sus hijos, no han sido aprobados.
Ahora bien, el Tribunal colige que la tutelada es madre de dos personas menores de edad y su núcleo familiar también está conformado por [Nombre 002] , quien es beneficiario de una pensión del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. La Sala verifica que la hija de la amparada [Nombre 003] poseía el beneficio “ Crecemos” durante el año 2019; empero, era necesario aplicarle la FIS, lo cual se efectuó el 4 de setiembre de 2019. Al respecto, de los autos se desprende que: “La usuarias (sic) debía presentarse después de un mes de realizada la FIS, según el protocolo institucional, y la información que le brinda el encuestador digitador cuando realiza la visita, lo anterior con la intención de saber si califico (sic) y solicitar el beneficio. Sin embargo, como no se presentó en el tiempo programado, la funcionaria encargada del distrito realiza llamada telefónica el 4 de octubre 2019 (…) y le informa a la señora de que se va a revocar el beneficio y que debe actualizar documentos (…) La usuaria se presentó hasta el 27 de noviembre del 2020, fecha en que se analiza la FIS y se informa que califica para el beneficio, que debe traer otros documentos por estar incompleto pues le faltaban y para actualizar, sin embargo como era fin de año, y ya habían culminado las clases además, no se contaba con presupuesto en la institución, se le orienta sacar la cita en el año 2020 con las certificaciones actuales ya que en ese momento se le hacía difícil a la señora conseguirlos por estar cerrados los colegios, donde la misma comprendió y estuvo de acuerdo”. En efecto, la Sala verifica que, el 4 de octubre de 2019, una persona funcionaria de la ULDS Coto Brus indicó que: “ Se llama vía telefónica y se indica que se revocará beneficio de crecemos para incluir en la FIS. Por ser fin de año se le orienta que en febrero 2020 cuando entre las clases presentar documentos para otorgar subsidio”. Además, el 27 de noviembre de 2019, una persona funcionaria de la ULDS Coto Brus consignó que: “ Se atiende en distrito a la señora se explica q´ (sic) en la FIS no se encuentra el hijo pero que se incluirá en la FIS. Se orienta a sacar cita para el 2020 para crecemos”.
Por otra parte, el Tribunal comprueba que, el 27 de noviembre de 2019, la amparada fue atendida por la funcionaria del IMAS María Barrantes Monge, momento en el cual se analizó la FIS y se le informó que califica para el beneficio “Atención de Familias ”. Además, a la recurrente se le comunicó que: “debe traer otros documentos completos faltantes, sin embargo como era fin de año y ya habían culminado las clases y aunado a eso no se contaba con presupuesto en la institución, se le orienta sacar la cita en el año 2020, con las certificaciones actualizadas ya que en ese momento se le hacía difícil a la señora conseguirlos por estar cerrados los Centros Educativos, donde la misma comprendió y estuvo de acuerdo” . Además, se observa que la autoridad recurrida explica que a la tutelada no se le había otorgado el beneficio “ Atención a Familias”, debido a que: “ la solicitante no ha tenido cita de atención en el 2020, mediante el SACI ni cita directamente en la ULDS Coto Brus. Para poder brindar un beneficio institucional, la familia debe ser valorada por una persona profesional en el desarrollo social, quien analiza la situación particular y determina, con fundamento en la atención, la FIS y la documentación de respaldo, así como la disponibilidad presupuestaria, si una familia puede recibir o no un beneficio institucional”.
El Tribunal tiene por demostrado que, desde inicios del año 2020, la amparada ha tratado de comunicarse con la ULDS Coto Brus mediante el call center; empero, se le indica que no hay cupos disponibles o la línea ha estado ocupada. Al respecto se observa que “En el Sistema de Atención de Ciudadanía (SACI), se registran 15 casos en el SACI comprendidos entre 17 de enero al 22 de junio de 2020 (…)”. Así, por ejemplo, se observan las llamadas efectuadas el 24 de marzo, el 25 y 28 de mayo, así como el 8, 9, 16 y 22 de junio, todos de 2020, en las cuales se informó que “ NO CUPOS DISPONIBLES”.
De la prueba se colige que, el 8 de junio de 2020, el IMAS certificó que la tutelada se encuentra en situación de “POBREZA EXTREMA ”. En virtud de lo anterior, la coordinadora de la ULDS Coto Brus señala que: “Cabe rescatar que una vez asumido el distrito se revisaron listados emitidos por el ULDS Coto Brus, por lo que se procede a realizar la revisión de SINIRUBE 08/06/2020 a las 10:34 am, evidenciando la situación de pobreza extrema por lo que se proceder a realizar la revisión preliminar, revisando bienes muebles e inmuebles, detallando que no posee propiedades, sin embargo posee un vehículo a nombre del señor [Nombre 013] 1983 el cual se encuentra atrasado en el pago del marchamo desde el año 2008. Asimismo; se realiza revisión de CCSS evidenciando un beneficio estatal de 82,000 colones por pensión del RNC y en lo que respecta 02, 03 y 04, posee Seguro por el Estado hasta el 2021. De igual manera se realiza revisión de bono de vivienda en la pág. del BANVHI reflejándose que no posee el beneficio. Dado lo anterior; se evidencia que cumplen con el perfil establecido para ser incluida en el programa de Atención Integral, por lo que se ingresa a la señora Garro en la lista de espera el día 10/06/2020 para la solicitud del beneficio de Atención a Familias, ya que no se contaba con el presupuesto en dicho momento ”. El Tribunal advierte que, el 10 de junio de 2020, la recurrente fue atendida por el IMAS -número de atención 092020095733- y se consignó que “quedó registrada en la Lista de Espera Institucional por el motivo de atención “Solicita Beneficios BEN: -0001 Atención a Familias” resolución del motivo de atención “Sin Liquidez” (…)”.
La Sala constata que, el 29 de julio de 2020, a la amparada se le confeccionó la “ BOLETA PARA REGISTRO DE ATENCIÓN POR EMERGENCIA COVID-19”. En tal documento se consignó: “ Califica dentro de los parámetros institucionales por lo que se le tramita un beneficio de Crecemos A. Fam por un monto de ₡18,000, ₡18.000 ₡50.000 colones por un período de 12, 6 y 5 meses. Se cita para el 31/07/2020 a las 10:00 am”. Al respecto, se tiene por acreditado que, el 31 de julio de 2020, la recurrente fue atendida en el IMAS y se indicó “SE ATIENDE FAMILIA SEGÚN RECURSO DE AMPARO SOLICITANTE EL BENEFICIO DE CRECEMOS DE MARÍA QUE LO PESEIA (sic) EN FISI Y AL PASAR FIS SE REVOCA, NUEVA SOLICITYUD (sic) DE [Nombre 028] Y BENEFICIO DE ATENCION A FAMILIAS”. En tal documento se consigna la firma de la tutelada. Además, se verifica que, el 31 de julio de 2020, el IMAS emitió las resoluciones 2958, 2957, 2931 y 2932, mediante las cuales aprobó los beneficios “ ATENCIÓN A FAMILIAS” y “CRECEMOS ” a favor de la tutelada y de sus hijos, respectivamente.
Por último, según la constancia suscrita el 7 de agosto de 2020, la letrada de la Sala Constitucional indicó que “a las 15:30 horas del 7 de agosto de 2020 se comunicó con quien dijo ser [Nombre 001], a quien se le consultó si ha recibido alguna información por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social relativa a los beneficios peticionados, a lo que indicó que en el IMAS le comunicaron que le iban a efectuar los depósitos correspondientes, pero que como no tenía una cuenta bancaria activa no se pudo realizar la transferencia. Además, la tutelada manifestó que el miércoles solicitó la tarjeta en la entidad bancaria, momento en el cual su cuenta quedó activada”.
En mérito de lo expuesto, se acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada, toda vez que se vulneró lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política. Así, nótese que, en el sub examine, la recurrente gestionó ante la USDL Coto Brus desde el 27 de noviembre de 2020 los beneficios “Atención a Familia” y “ Crecemos” a favor suyo y de su hija, respectivamente. No obstante, a la tutelada se le indicó que, pese a que califica para tales beneficios, era menester aportar otros documentos, por lo que era necesario que tramitara una cita durante el año 2020. Al respecto, la Sala verifica que, a pesar de las múltiples llamadas efectuadas por la amparada desde inicios del año 2020, no logró concretar la cita en cuestión, debido a la falta de cupos en la institución accionada.
Así, en el sub lite, este Tribunal constata que fue con ocasión a la tramitación de este recurso, que el IMAS aprobó la aludida ayuda a favor de la recurrente, así como los beneficios “ Crecemos” a favor de los hijos de la tutelada. Sobre este particular, la Sala no omite señalar que, según la constancia de llamada telefónica que consta en autos, el IMAS le comunicó a la amparada la aprobación de los mencionados beneficios, así como que procuró efectuar los depósitos correspondientes, lo cual no se pudo llevar a cabo en el momento de su aprobación, toda vez que la tutelada no contaba con una cuenta bancaria activa, cuestión que fue subsanada por ella con posterioridad.
Ergo, lo procedente es declarar con lugar el recurso en los términos previstos por el numeral 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que, si bien se constata la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada, no menos cierto es que se descarta la necesidad de emitir orden alguna, debido a que la violación referida cesó con ocasión a la tramitación de este amparo.
V.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL CASO CONCRETO. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la Administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el respectivo proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VI.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado” , situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VII.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, EN RELACIÓN CON LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VIII.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS . En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “ resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.
IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso conforme lo dispuesto en el ordinal 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López da razones diferentes sobre la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes en cuanto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios. Notifíquese.

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo

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