Sentencia Nº 2020016276 de Sala Constitucional, 28-08-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha28 Agosto 2020
Número de expedienteExp:
Número de sentencia2020016276

*200142910007CO*

Exp: 20-014291-0007-CO

Res. Nº 2020016276

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintiocho de agosto de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente n.° 20-014291-0007-CO, interpuesto por ERICKA VALERIA QUIRÓS GONZÁLEZ, cédula de identidad 0118230743, contra el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:32 horas de 10 de agosto de 2020, la accionante interpone un recurso de amparo en contra del Consejo de Seguridad Vial. Manifiesta ser propietaria del vehículo placas CL-304103. Indica que el 10 de agosto de 2020 se apersonó a las instalaciones de COSEVI para retirar el vehículo matrícula CL-304103. Refiere que el vehículo había sido detenido el 18 de junio de 2020. Detalla que, en la cita del 10 de agosto de 2020, se le negó la devolución del vehículo, pues le indicaron que la cita no se encontraba. Alude que tal trámite había sido confirmado mediante correo electrónico. Estima que tal situación le genera un aumento en el acarreo y en el depósito judicial. Manifiesta estar sin trabajo debido a la pandemia de la covid-19. Manifiesta que la cita fue reprogramada para el 21 de agosto de 2020. Reclama que el monto adeudado aumentó hasta cincuenta mil colones más. Solicita que se le entregue el vehículo aludido sin tener que pagar el acarreo y el depósito, o bien, que se le modifiquen las medidas a trabajo comunal, pues no cuenta con el dinero para cancelar el depósito que inició desde el 18 de junio de 2020. Refiere que no ha podido realizar el retiro debido a que le han trasladado la cita por el cierre que se efectuó del 11 al 17 de julio de 2020. Estima que su modo de vida ha sido afectado. Refiere que “el mismo me lo dejado caer provocan daños de consideración tanto así que lo dañado haciende (sic) a millón y medio”.

2.- Mediante resolución de las 14:36 horas del 12 de agosto de 2020, se dio curso al amparo. Asimismo, se solicitó informe al director ejecutivo de COSEVI.

3.- Por escrito incorporado al expediente judicial a las 19:36 horas de 20 de agosto de 2020, rinde informe bajo juramento Edwin Herrera Arias, en su condición de Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial. Indica que el 18 de junio de 2020 se le confeccionó a la tutelada la boleta de citación n.o 2-2020-233100410, por infracción al inciso o) del numeral 145 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. Señala que el lugar de los hechos fue Heredia. Añade que, con sustento en el inciso d) del numeral 150 del cuerpo normativo mencionado supra, se dispuso el retiro temporal del vehículo matrícula CL-304103. Acota que el vehículo fue retirado de circulación el 18 de junio de 2020. Expone que, de acuerdo con el Reglamento de Organización y Servicio de la Policía de Tránsito, las boletas de citación deben ser entregadas a COSEVI por los oficiales de tránsito en un plazo no mayor a los tres días hábiles después de retiradas. Arguye que tal trámite se efectuó el 18 de junio de 2020. Afirma que, el 10 de agosto de 2020, la amparada gestionó la devolución de placas y obtuvo cita para el 21 de agosto siguiente. Aduce que la recurrente formuló el recurso de amparo el mismo día en que el COSEVI le fijara una cita para la entrega de placas. Asevera que no ha transcurrido un plazo desproporcionado. Detalla que la pretensión de la amparada es que se le entregue su vehículo, por ello, si no se realiza el pago de los montos por concepto de acarreo y custodia de vehículos, no se puede entregar el vehículo en cuestión. Informa que el COSEVI traslada los vehículos detenidos al depósito que se encuentre habilitado y tenga espacio. Manifiesta que el cobro de los gastos de acarreo y custodia para la devolución de un vehículo deriva del numeral 152 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, la cual fue desarrollado por el Decreto Ejecutivo n.° 39098-MOPT o Reglamento para el Cobro de Tarifas por Acarreo de Vehículos Detenidos por infracciones a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial n.° 908 y por su custodia. Estima que la situación alegada por la tutelada es un tema de legalidad y no de constitucionalidad, por lo que debe plantearse ante la vía administrativa. Considera que el recurso no procede. Aclara que, de conformidad con el artículo 9 del referido reglamento, el monto que debe cobrarse comprende el periodo del 19 de junio al 9 de agosto de 2020. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Según constancia de llamada telefónica, la tutelada no acudió a la cita programada para el 21 de agosto de 2020.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- Objeto del recurso. La recurrente relata que los accionados retiraron su vehículo de circulación. Reclama que pretendió la devolución del vehículo el 10 de agosto de 2020, cuando tenía una cita. Sin embargo, la devolución no se dio porque le indicaron que el vehículo “no se encontraba”. Afirma que le programaron una nueva cita. Sin embargo, acusa que el atraso en la devolución incidirá en el monto que deberá pagar por “acarreo y depósito”.

II. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

  1. La recurrente es propietaria del vehículo con matrícula CL-304103. (Ver prueba documental).
  2. El 18 de junio de 2020 se le confeccionó a la tutelada la boleta de citación n.o 2-2020-233100410, por infracción al inciso o) del numeral 145 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. Ese día se retiró el vehículo de circulación. (Ver informe rendido y prueba aportada).
  3. El 10 de agosto de 2020, la amparada acudió a la cita para la devolución de su vehículo. Sin embargo, no fue devuelto, pues le indicaron que “…no se encontraba…” (Ver escrito de interposición y prueba aportada).
  4. El 10 de agosto de 2020 le reprogramaron la cita de devolución para el 21 de agosto de 2020. (Ver manifestaciones de las partes).
  5. La amparado no se presentó a la cita del 21 de agosto de 2020. (Ver constancia).

III.- Sobre el caso concreto. En el sub examine, la accionante reclama que no se le devolvió el vehículo en la cita que tenía programada para el 10 de agosto de 2020. Luego de analizar los autos, la Sala tuvo por probado que ella tenía una cita de devolución de vehículo ese día. Tal hecho pudo ser verificado gracias a la prueba aportada por la amparada. Empero, a pesar de ser el objeto de este amparo, este Tribunal nota que la autoridad recurrida omitió referirse a tal punto, es decir, que no se le devolvió el vehículo el 10 de agosto de 2020 porque “…no se encontraba…”. En torno a las citas, únicamente indicó que la amparada había gestionado una el 10 de agosto de 2020 y que se le había otorgado para el 21 de agosto de 2020. Ante la omisión de la autoridad accionada, la Sala determina una violación a los derechos de la amparada, quien no pudo retirar su vehículo el 10 de agosto de 2020 y tuvo que reprogramar la cita para el 21 de agosto de 2020. Por otro lado, si bien la parte recurrida indicó que el monto que debe pagarse por la custodia corresponde al periodo del 19 de junio al 9 de agosto de 2020, lo cierto es que tal discusión es un tema de legalidad que deberá ser discutido por las partes en la vía respectiva. En ese tanto, se aclara a la accionante que la Sala no puede eximir del pago de los montos debidos al Estado. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar el recurso.

IV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Edwin Herrera Arias, en su condición de Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, o a quien ocupe su cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se haga entrega a la recurrente de su vehículo, si otra causa legal no lo impidiere. Se le advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Consejo de Seguridad Vial al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 20-014291-0007-CO

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