Sentencia Nº 2020016925 de Sala Constitucional, 04-09-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-015808-0007-CO
Número de sentencia2020016925
Fecha04 Septiembre 2020

*200158080007CO*

Exp: 20-015808-0007-CO

Res. Nº 2020016925

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del cuatro de setiembre de dos mil veinte .

RECURSO DE AMPARO QUE SE TRAMITA EN EXPEDIENTE NO. 20-015808-0007-CO INTERPUESTO POR [Nombre 001], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 001] , EN REPRESENTACIÓN DE [Nombre 002], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 002], [Nombre 003], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 003], [Nombre 004], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 004], [Nombre 005], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 005], [Nombre 006], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 006], [Nombre 007], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 007], A FAVOR DE DARLING [Nombre 008], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 008], [Nombre 009], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 009], [Nombre 010], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 010], [Nombre 011], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 011], [Nombre 012], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 012], [Nombre 013], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 013], [Nombre 014], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 014] , [Nombre 015], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 015], [Nombre 016], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 016], [Nombre 017] , CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 017], [Nombre 018], CÉDULA DE IDENTIDAD [Valor 018], EN CONTRA DEL TRIBUNAL DE JUICIO DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ Y LA PROCURADORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:01 horas del 31 de agosto de 2020, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Tribunal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de San José y la Procuraduría General de la República. Manifiestan que en los Tribunales de Justicia de Puriscal se sigue la causa No. [Valor 019] contra [Nombre 052] y otros imputados, por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y lesiones culposas en contra de los suscritos. Relatan que hace más de 6 años, el Tribunal Penal de Pavas declaró con lugar el recurso de apelación presentado por los querellantes, los aquí recurrentes, mediante voto 165-2014 de las 16:09 horas del 9 de mayo de 2014. Señalan que se revocó un sobreseimiento y ordenó al Juzgado Penal de Puriscal continuar con el procedimiento con las numerosas victimas cuya situación jurídica se mantiene pendiente de resolver. Comentan que la Procuraduría General de la República ha solicitado reiteradas reprogramaciones para la audiencia preliminar. La audiencia no se le notificó al Licenciado Daniel Esteban Salas Muñoz, al correo señalado en el expediente judicial ni por medio de fax. El Juzgado Penal de Puriscal emitió la resolución de las 16:00 horas del 22 de enero de 2019, donde pretendía separar del asunto a su representante legal y otros profesionales del proceso, sin embargo, fue apelada y se declaró con lugar, pues la separación del proceso era contradictoria e injusta. El Tribunal de Pavas remitió el expediente al Juzgado Penal de Puriscal para la continuación del trámite normal de la causa, y mediante resolución de las 7:30 horas del 7 de marzo de 2020, se decidió mantener en el cargo a los licenciados Daniel Esteban Salas Muñoz y Christian Chaverri. Los suscritos solicitaron una fecha para la realización de la audiencia preliminar y el Juzgado la señaló para los días del 20 al 24 de julio de 2020. Manifiestan que la Procuraduría General de la República presentó un recurso de apelación en contra de la resolución del Juzgado Penal con hechos y argumentos que ya habían sido conocidos por el Tribunal Penal de Pavas mediante resolución de las 14:00 horas del 2 de julio de 2019. En razón de esto, la audiencia preliminar no se llevó a cabo. Reclaman que presentaron un escrito en el que solicitaron rechazar el recurso de apelación de la Procuraduría General de la República y señalar una vista en una sala amplia para albergar a todas las víctimas, sin embargo, no fue resuelto. Añaden que realizaron una serie de llamadas telefónicas y enviaron correos electrónicos al Tribunal Penal de Pavas y al Juzgado Penal de Puriscal, quienes les informaron que el expediente se había enviado con recurso de Apelación al Tribunal Penal de Pavas desde abril de 2020. Consideran que sus derechos fueron violentados debido a que se declaró con lugar el recurso de apelación de la Procuraduría General de la República sin haberlos escuchado, sin haber realizado la audiencia oral y sin pronunciarse sobre la vista oral solicitada con presencia física de las víctimas. Solicitan que se declare con lugar y se ordene la anulación de la resolución de las 14:00 horas del 31 de julio de 2020 del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José.
2.- El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta la Magistrada Salas Torres; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL AMPARO. Explican los accionantes que en los Tribunales de Justicia de Puriscal se sigue la causa No. [Valor 019] contra [Nombre 052] y otros imputados, por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y lesiones culposas. Acusan sus derechos fundamentales por las siguientes razones: 1) A la fecha no se ha realizado la audiencia preliminar, a pesar de haberse señalado para el mes de julio de 2020. 2) Se encuentran inconformes con la resolución de las 14:00 horas del 31 de julio de 2020 del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José.

II.- SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR: En este caso lo procedente es que los recurrentes gestionen la realización de la audiencia preliminar en el expediente No. [Valor 019], por medio de un escrito para urgir el pronto despacho, y si no obtuviera respuesta en tales circunstancias, de conformidad con el Artículo 174 del Código Procesal Penal, el cual establece lo siguiente: “ARTICULO 174.- Queja por retardo de justicia Si los representantes del Ministerio Público o los jueces no cumplen con los plazos establecidos para realizar sus actuaciones y, en su caso, dictar resoluciones, el interesado podrá urgir pronto despacho ante el funcionario omiso y si no lo obtiene dentro del término de cinco días naturales, podrá interponer queja por retardo de justicia ante el Fiscal General, la Corte Suprema de Justicia o la Inspección Judicial, según corresponda. Cuando sea demorado o rechazado el diligenciamiento de una comisión dirigida a otro tribunal, a un representante del Ministerio Público o a una autoridad administrativa, el funcionario requirente podrá dirigirse al Presidente de la Corte Suprema de Justicia o al Fiscal General de la República, según corresponda, quienes, si procede, gestionarán u ordenarán la tramitación. Los funcionarios judiciales podrán ser sancionados disciplinariamente con suspensión o el despido, según la magnitud de la falta, cuando la justicia se haya retardado por causa atribuible a ellos”. En consecuencia, el recurso resulta improcedente en este extremo.

III.- SOBRE LA DISCONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN DE LAS 14:00 HORAS DEL 31 DE JULIO DE 2020 DEL TRIBUNAL PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. En relación con los alegatos y pretensiones expuestas por la parte recurrente en el Resultando primero, se impone advertir que este Tribunal puede analizar la fundamentación de las resoluciones judiciales, únicamente, cuando sean susceptibles de restringir o amenazar sea, la libertad personal o la integridad corporal de la persona tutelada, pues esta Cámara no constituye una segunda o tercera instancia en los procesos penales. En consecuencia, los alegatos de la parte recurrente, en tanto objeta actuaciones y resoluciones jurisdiccionales, son improcedentes ya que son de un órgano del Poder Judicial en ejercicio de su función jurisdiccional, y de conformidad con el numeral 30 inciso b) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, esos actos no están sometidos al control de constitucionalidad por vía de amparo. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara.

IV. - DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta Sala a la parte recurrente que de haber aportado algún documento, ya sea en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se rechaza de plano el recurso.

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Ronald Salazar Murillo

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