Sentencia Nº 2020017207 de Sala Constitucional, 11-09-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-013922-0007-CO
Número de sentencia2020017207
Fecha11 Septiembre 2020

*200139220007CO*

Exp: 20-013922-0007-CO

Res. Nº 2020017207

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del once de setiembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-013922-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] , a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002] , contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
Resultando:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:04 horas del 5 de agosto de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Manifiesta en resumen, que la amparada es trabajadora de Arcos Dorados de Costa Rica desde el 23 de diciembre de 2018, y ejerce funciones en los restaurantes de comida rápida. No obstante, debido a la propagación del COVID-19 y las medidas sanitarias y de contingencia económica tomadas por el Gobierno, las partes de la relación laboral, incluida la recurrente, se vieron en la obligación de suspender bilateralmente el contrato laboral desde el 14 de abril 2020, hasta la actualidad. Añade que nivel de planilla de la Caja se reporta una relación de trabajo suspendida desde esa fecha. Explica que desde hace diez años la tutelada padece una enfermedad llamada "Liasitis renal", la cual se caracteriza por la aparición de cálculos en el aparato urinario superior, siendo la manifestación más frecuente de esta patología el cólico nefrítico. En vista de esto, la amparada siempre ha sido atendida en el hospital recurrido. Añade que 3 de julio del año en curso, y en razón de su enfermedad se presentó en emergencias de ese nosocomio para ser atendida; sin embargo, en el Departamento de Admisión del hospital se le negó la atención médica, ya que se encontraba suspendida de su contrato laboral. Señala que su representada se comunicó con su empleador para solicitar ayuda, quien le extendió una carta aclaratoria haciendo ver al Hospital Dr. Tony Facio, la obligatoriedad de brindar atención integral de los trabajadores que se encuentran en la modalidad de suspensión de contratos laborales, dentro del periodo de seis meses desde el inicio de ésta, lo anterior con base a los artículos 58 y 60, del Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. Afirma que, por la negativa del nosocomio recurrido en atender a la tutelada, la compañía Arcos Dorados y la amparada tuvieron que pagar la atención médica en el departamento de Validación de Documentos de ese hospital. Por las razones expuestas, estima lesionado en perjuicio de su representada su derecho a la salud.
2.- Mediante resolución de las 14:14 horas del 6 de agosto 2020, se dio curso al presente recurso y se otorgó audiencia al Director Médico del Hospital Dr. Tony Facio Castro sobre los hechos alegados por el recurrente.
3.- Informa bajo juramento Vidal Romero, en calidad de Director Médico del Hospital Dr. Tony Facio Castro, que según lo indicado por Jefatura de Validación de Derechos la tutelada laboró para la empresa Arcos Dorados durante el año del 2019, y el último mes que cotizó fue en diciembre 2019, por lo que le correspondió la cesantía desde enero 2020 a junio 2020. Señala, que el día que requirió atención médica, a saber el 04 de julio del 2020, no se encontraba bajo ninguna modalidad de aseguramiento y se acató lo estipulado en el artículo 61, del reglamento de Salud de la CCSS. Indica, que la realización del cobro a la paciente si procede. Expone, que a la fecha se encuentra en situación facturada con fecha de vencimiento para la cancelación 10 de julio de 2020, generando a la actualidad intereses moratorios por la suma de ₵793.00, siendo la única factura realizada en el Registro de Facturación Por Servicios Médicos a nombre de la amparada. Refiere, que a la amparada no se le negó la atención, al no tener seguro. Solicita se declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.
Redacta el Magistrado Salazar Alvarado; y,
Considerando:
I.- Objeto del recurso. El recurrente alega que la amparada desde el 23 de diciembre de 2018, trabaja para la empresa Arcos Dorados y debido a las medidas sanitarias y de contingencia económica tomadas por el Gobierno, el 14 de abril de 2020, se le suspendió su contrato laboral y así se reportó en la planilla. Señala que el 3 de julio de 2020, acudió al Servicio de Emergencias del Hospital recurrido debido a un problema de salud; sin embargo, se le negó la atención médica, pese a que se el patrono les extendió una carta aclaratoria haciendo ver al centro médico, la obligatoriedad de brindar atención a los trabajadores que se encuentran en la modalidad de suspensión de contratos laborales. Afirma que, pese a ello, el patrono y la amparada tuvieron que pagar la atención médica en el departamento de Validación de Documentos de ese nosocomio.
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a)En los registros de la Institución recurrida aparece que durante el año 2019, la recurrente laboró para la empresa Arcos Dorados Costa Rica y el último mes que cotizó para la Institución recurrida fue en diciembre 2019, por lo que correspondió la cesantía desde enero a junio de 2020 (ver informe de la autoridad recurrida y copia del estudio de salarios e ingresos reportados a la CCSS).
b)El 4 de julio de 2020, la amparada requirió atención médica en el Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Tony Facio y a esa fecha no registraba ninguna modalidad de aseguramiento (ver informe de la autoridad recurrida).
c)La autoridad recurrida le extendió a la amparada una factura médica no asegurado por la atención médica recibida el 4 de julio de 2020 (ver copia de la factura).
d)La Supervisora de Recursos Humanos de la empresa Arcos Dorados Costa Rica hace constar que la amparada es colaboradora de la empresa y que por motivo de la pandemia se le suspendió temporalmente el contrato y ello fue reportado en planillas bajo la figura de permisos (ver copia de la constancia)
III.- Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para esta resolución:
a) Que durante el año 2020, la empresa Arcos Dorados haya afiliado a la tutelada al seguro de salud de la Institución recurrida y que en el mes de abril en curso, haya comunicado la suspensión de contrato.
IV.- Antecedentes. En la Sentencia N° 2018-8009, de las 9:15 horas del 22 de mayo de 2018, la Sala dispuso que: “(...) Este Tribunal ha determinado que para la prestación de servicios a no asegurados, es válidamente aplicable lo dispuesto en el artículo supracitado y en el 74, ambos Reglamento del Seguro de Salud. Asimismo, en numerosas sentencias, la Sala ha amparado los derechos de los no afiliados al sistema a acceder a estos servicios de salud, estableciendo la accesibilidad por la urgencia del caso. También, respecto a las personas no aseguradas y que no padecen enfermedades que ameriten hospitalización o atención médica urgente, sino que requieran de los servicios médicos de la CCSS, se ha declarado que tienen derecho a ser atendidas siempre que cancelen el servicio prestado, lo cual se justifica, pues la cotización solidaria de todos los trabajadores hace del costo del servicio más accesible a las necesidades de los no trabajadores. Ciertamente, los servicios médicos subsisten mediante un régimen solidario, y se mantiene con las cotizaciones de todos los asegurados, por lo que no son gratuitos (ver en sentido similar sentencias N°2016-0007028 de las 14:30 horas del 24 de mayo de 2016, y N°2018-003571 de las 10:10 horas del 2 de marzo del 2018, entre otras)”.
V.- Sobre el fondo. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal no verifica la violación al derecho a la salud de la amparada, por las razones que a continuación serán expuestas. Primeramente, esta Sala tiene por demostrado que el 4 de julio de 2020, día en que acudió al Servicio de Urgencias del hospital recurrido, no contaba con una modalidad de aseguramiento activo para recibir atención médica en la Caja Costarricense de Seguro Social. Segundo, el recurrente no logró acreditar que la empresa a la cual, según su dicho, la tutelada labora desde el año 2018, la haya afiliado al seguro como trabajadora asalariada durante el año 2020, y luego, comunicado a la Institución la suspensión de la relación laboral. Y tercero, que se le haya negado la atención médica en algún servicio del centro médico recurrido. Al respecto, esta Sala ha indicado que los servicios médicos y atención integral que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social subsisten mediante un régimen solidario, que se mantiene con las cotizaciones de todos los asegurados, es decir, no son gratuitos. Así las cosas, dado que no se verifica en los registros de la Institución que la amparada se encuentra asegurada bajo ningún tipo de modalidad, así como tampoco que durante el año 2020, haya sido reportada en una planilla como trabajadora asalariada, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, ya que tampoco el recurrente aporta prueba en tal sentido, que confirme su afirmación. Se aclara, que los servicios que presta la Caja Costarricense de Seguro Social no son gratuitos y por ello, cuenta con diversas modalidades de aseguramiento, y aunque las personas no tengan ningún tipo de seguro por cualquier motivo, se les garantiza la atención médica de emergencias, sin perjuicio de que se proceda, posteriormente, al cobro del servicio, lo cual no resulta lesivo a derecho fundamental alguno. Ahora bien, no le corresponde a esta Sala determinar si existe un error en la planilla reportada por el patrono de la amparada y si cuenta o no con seguro, por cuanto, ello es una labor propia de las vías administrativas o judiciales pertinentes, en las cuales la interesada podrá discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones (véase Sentencia N° 2017-13673, de las 09:40 horas del 29 de agosto de 2017).
VI.- Conclusión. Corolario a lo anterior, en el sublite no se está ante una infracción a los derechos de la tutelada, ya que no demostró ser asegurada ni que se le haya negado la atención de emergencia. Ahora bien, si la pretensión del accionante es que este Tribunal le ordene a la Caja Costarricense de Seguro Social brindar los servicios de salud a la tutelada sin costo alguno, es decir, obviando la adecuación de requisitos a considerar para el beneficio en cuestión, ha de estimarse improcedente. En consecuencia, el recurso debe desestimarse y así se declara.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.-

Fernando Castillo V.
Presidente
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo
Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente

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