Sentencia Nº 2020017212 de Sala Constitucional, 11-09-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-013980-0007-CO
Fecha11 Septiembre 2020
Número de sentencia2020017212
Revisión del Documento

*200139800007CO*

Exp: 20-013980-0007-CO

Res. Nº 2020017212

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas veinte minutos del once de setiembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 20-013980-0007-CO, interpuesto por C.G.D.J.B.L., cédula de identidad 0202580133, E.G.S.A., cédula de identidad 0104220142, I.S.J., cédula de identidad 0114810696, J.A.O.C., cédula de identidad 0502360276, K.T.M.P., cédula de identidad 0110950405, R.B.Q., cédula de identidad 0105150923, contra LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.

RESULTANDO:

1.- Por recibido en la Secretaría de la Sala el 06 de agosto de 2020, los recurrentes interponen recurso de amparo, contra la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, y manifiestan lo siguiente: que desde el año 2002 los vecinos de la Urbanización La L., representados por el Comité de Vecinos de esa comunidad, presentaron una solicitud ante la Municipalidad de Goicoechea para que se proceda a la detención de la construcción ilegal de casas y edificaciones por parte de los vecinos de la Urbanización don C. en la zona verde de la Urbanización La L.. Sostienen que tales anomalías persisten en la actualidad. Indican que el 31 de marzo de 2006 por oficio No. AM 1233-2006, suscrito por el director de Ingeniería y Operaciones se informó que a la señora A.M.G., vecina de la casa No. 1-B de la Urbanización don C. se le otorgó un plazo de 30 días para que desocupe el área verde perteneciente a la Urbanización La L., en el cual construyó de forma ilegal y sin permiso alguno. Agregan que, en su oportunidad, el propio alcalde municipal por oficio No. AM 1435-2005 de 30 de marzo de, notificó al señor R.L.V. que en atención a su gestión de fecha 8 de marzo de 2005 y por oficio No. DI-433-2005 el ingeniero municipal indicó que según los planos de la Urbanización La L., dicha urbanización es separada de la Urbanización D.C. por una franja de terreno denominado zona verde, además, que ésta última sólo tiene frente hacia la calle interna de ese residencial. Refieren que en el artículo 4, inciso 3) del reglamento de Zonificación de 14 de marzo de 2020, publicado el Alcance No. 27, del Diario Oficial La Gaceta No. 65 de 31 de marzo de 2000, se estableció "(…) La Municipalidad NO otorgará permisos de construcción, ampliación o remodelación de edificios ni de obras de urbanización, ni cambios de uso en edificaciones existentes, si no se AJUSTAN a la zonificación y a los lineamientos establecidos en este reglamento. En los caso de urbanizaciones, se indicará, además los usos permitidos y los requisitos, lineamientos de diseño a nivel de anteproyecto (…)". Acotan que por oficio No. AG 01816-2013 de 19 de abril de 2013 emitido por A.L.M.F. y dirigida al arquitecto K.J.D., en su condición de director de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Guadalupe, a través del cual traslado el oficio No. DJ 169- 2013 y se comunicó que de conformidad con el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 11-13 celebrada el 18 de marzo, esa municipalidad insta para que se ejecuten todas las tareas encaminadas a la aplicación y cumplimiento de la Ley de Construcciones y tramitación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el artículo 88 y siguientes de la misma ley. Lo anterior, para que se lleven a cabo el cumplimiento de las competencias que resulten necesarias para el desalojo y derribo de las todas las construcciones que según se dictaminó, fueron edificadas en el área pública de la Urbanización Las Lupitas. Sostienen que al mes de julio de 2020 a pesar de los acuerdos dictados por la Municipalidad de G. en respuesta de los reclamos de los vecinos de la Urbanización La L., no se ha efectuado el desalojo y derribo de tales edificaciones antes referidas. Consideran que los hechos expuestos violentan sus derechos fundamentales.

2.- Mediante resolución a las 16:10 horas del 11 de agosto de 2020, se dio curso al presente recurso.

3.- Por escrito recibido en esta Sala el 18 de agosto de 2020, el recurrente E.S.A. se apersona nuevamente y manifiesta lo siguiente: que se corrija la resolución de las 16:10 horas del 11 de agosto de 2020, porque lo correcto es que indique lo siguiente: "no se han efectuado el desalojo y derribo de tales edificaciones antes referidas", lo anterior con el fin de que la omisión en dicha redacción no llegue a ser una afectación en el resultado.

4.- Por escrito incorporado al Sistema Jurídico el 20 de agosto de 2020, R.Á.V.B., Alcalde Municipal, y M.I.R.S., Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, ambos servidores de la Municipalidad de Goicoechea, informan bajo juramento que lo indicando por los recurrentes no refleja la verdad real, las zonas verdes de la Urbanización de L. están descritas en el plano de catastro SJ-804428-89, que inscrito ante el Catastro Nacional por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (prueba aportada), en la cual se puede apreciar que esa zona verde finaliza en el vértice que une la Avenida 5° y la calle 1° de dicha urbanización y no continua hacia el norte perpendicular a esa calle 1° como lo indican los recurrentes, aclaran que todos los lotes de bloque B de la Urbanización D.C. no colindan con un terreno de zona verde, sino con calle pública. Señalan que, los proyectos urbanísticos fueron desarrollados de forma separada, siendo La L. desarrollada por el INVU y D.C. por la empresa Quesada y Campos Sociedad Anónima, ambos en el año 1989. Añaden que, a la luz de los estudios que fueron realizados actualmente, por instrucciones del suscrito Alcalde Municipal, establecen claramente que los inmuebles del bloque B de D.C. tienen frente a calle pública tanto por el oeste como por el este, que es su colindancia con la calle 1° de La Lupita, de igual forma los estudios registrales de cada una de las fincas que componen ese bloque B así lo establecen. Agregan que, en el diseño de sitio de la Lupita, existe una franja de ancho variable en su colindancia con lo que era la finca madre donde se construyó la Urbanización D.C., sin embargo, el INVU al diseñar y realizar los planos, no consignó en los planos de diseño de sitio que esa franja fuese "zona verde" como lo afirman los recurrentes, simplemente es la zona contigua a la calle 1° de la L. y queda incluida en el plano de catastro SJ-804429-89; por ello para dilucidar cuál es la naturaleza o destino de dicha franja, se le solicitó informe a esa Institución. Reiteran que, todas las fincas que son parte del Bloque B de la Urbanización D.C. poseen frente a calle pública tanto por el oeste como por el este; consideran pertinente determinar la naturaleza de la franja de terreno que discurre de norte a sur perpendicularmente a la Calle 1° y hasta el vértice de dicha calle con la Avenida 5° de esa misma urbanización, no obstante, lo anterior solo puede ser determinado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo al ser el ente público a cargo de dictar las reglas de desarrollo urbano en el cantón por ser el desarrollador y fraccionador de la Urbanización La L.. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

5.- Por escrito incorporado al Sistema Jurídico el 21 de agosto de 2020, C.L.M.R., Presidente del Consejo Municipal de Goicoechea, informan bajo juramento en el mismo sentido que el Alcalde Municipal y el Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, ambos servidores de la Municipalidad de Goicoechea. Adicionalmente, indicó que conversó con el Director Jurídico y el Director de Ingeniería de la Municipalidad, quienes le informaron que el problema existente, que según la información consignada en el Registro Público todos los lote de bloque B de la Urbanización D.C. no lindan por su colindancia este con un terreno de zona verde sino con calle pública y que para dilucidar cuál es la naturaleza o destino que el INVU pretendió dar a esos terrenos, se está solicitando a ese Instituto que informe a la Municipalidad. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

.-

Redacta la Magistrada H.L.; y,

CONSIDERANDO:

I.- Consideración Previa. Antes de analizar el fondo del alegato, debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa -con algunas excepciones- aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública. En el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una gestión relacionada con presuntas invasiones y construcciones ilegales de zonas verdes colindantes con la Urbanización La L. ubicada en Goicoechea, con lo cual, podría ponerse en potencial peligro la integridad y vida de los tutelados y que presuntamente no ha sido resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.- Objeto del amparo. Los recurrentes estiman lesionados sus derechos fundamentales. Refieren ser vecinos de la Urbanización La L. y que desde el año 2002, presentaron una solicitud ante la Municipalidad de Goicoechea para que se proceda a la detención de la construcción ilegal de casas y edificaciones por parte de los vecinos de la Urbanización don C. en la zona verde de la Urbanización La L.. Reclama que pese a los acuerdos dictados por la Municipalidad recurrida no se han efectuado el desalojo y derribo de tales edificaciones.

III.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

a. Los recurrentes son vecinos de la Urbanización La L.. (hecho no controvertido);

b. Los proyectos urbanísticos fueron desarrollados de forma separada, siendo La L. desarrollada por el INVU y D.C. por la empresa Quesada y Campos Sociedad Anónima, ambos en el año 1989. (ver informe rendido bajo juramento);

c. Sin precisar fecha en el año 2002, el Comité de Vecinos de la Urbanización La L. presentaron solicitud ante la Municipalidad de Goicoechea para que procedan a la detención de la construcción ilegal de casas y edificaciones por parte de los vecinos de la Urbanización don C.. (Hecho no Controvertido);

d. Sin precisar fecha en el mes de julio de 2002, el Alcalde Municipal de G. solicitó realizar inspección e informe conjunto para resolver la solicitud realizada por el Comité de Vecinos de la Urbanización La L.. (ver prueba aportada);

e. El 31 de marzo de 2006, el Ingeniero M.I.R.S., Director de Ingeniera y Operaciones de la Municipal de G. notificó al Alcalde Municipal de la inspección realizada. (Ver prueba aportada);

f. El 10 de abril de 2013, el Director Jurídico a.i de la Municipalidad de Goicoechea emitió la dirección jurídica D.J 169-2013, en la cual indicó: "(…) recomendamos se giren instrucciones al Arq. K.J.D., Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, para que ejecuten las labores que resulten necesarias y que lleven al cumplimiento de las competencias que resulten necesarias de su parte en el desalojo y derribo de todas las construcciones ilícitamente edificadas en las áreas públicas de la Urbanización La L., para la restitución del uso público de dichos terrenos de conformidad con su naturaleza lo refiera (…)".(ver prueba aportada);

g. El 02 de octubre de 2019, la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de G. remitió oficio DI-3205-2019 al recurrente S.A. en el cual indicó: "(…) al respecto se le indica que se observa una invasión al área pública descrita con respecto a los planos de catastro 1-818560-1989 y 1-780052-1989, por lo tanto se procederá a realizar las respectivas notificaciones del caso y continuar con el proceso administrativo". (ver prueba aportada);

h. El 21 de octubre de 2019, el Comité de Vecinos de La Lupita presentaron gestión para solicitar a la Municipalidad de Goicoechea para que iniciara con el proceso administrativo pertinente para la notificación, la eventual demolición y liberación de todas las áreas invadidas. (Hecho no Controvertido);

i. El 18 de febrero de 2020, la Municipalidad de Goicoechea realizó oficio SM-315-2020, en el cual le indicó al Comité de Vecinos de La Lupita que se aprobaron los Dictámenes No. 031-2020 y el No. 031-2020 ambos de la Comisión de Obras Públicas, además, que se procederán a realizar las respectivas notificaciones del caso e iniciar el proceso administrativo. (Ver prueba aportada);

j. Las autoridades de la Municipalidad de Goicoechea, indicaron que los estudios registrales establecen que los inmuebles del bloque B de D.C. tienen frente a calle pública tanto por el oeste como por el este, que es su colindancia con la calle 1° de La L.. (ver informe rendido bajo juramento y pruebas aportadas).

IV.- SOBRE EL FONDO. En el año 2010, esta Sala conoció de un asunto que versa sobre situaciones similares, en el mismo sitio y contra la misma corporación municipal recurrida, al presente recurso de amparo y mediante la Sentencia No. 2010011180 de las 10:45 horas del 25 de junio de 2010, determinó:

"…III.- Sobre el fondo. Como bien se desprende de los autos, los recurrentes acuden a esta Sala con dos argumentos puntuales, a saber; que como se aprecia de las fotos aportadas, debido a las obstrucciones en las aceras de los vecinos colindantes al oeste, registrados con el nombre "Urbanización Don Carlos", los peatones no pueden transitar libremente, por lo que se ven obligados a circular por la calle, exponiéndose a un posible accidente de tránsito, como el ocurrido el 16 de julio del 2000 donde se cobró la vida de un niño. Además, ocasionan problemas de inundaciones en las zonas bajas por falta de filtración de las aguas pluviales que provocan las numerosas chorreas de las zonas verdes. También argumentaron que los vecinos de la citada Urbanización reiteradamente edifican sus casas de habitación sin respetar las zonas verdes demarcadas en planos pertenecientes a la "Urbanización La L.. Incluso un lindante de la "Urbanización Don Carlos", demolió el muro de retención para extender su propiedad, provocando un debilitamiento en la base y sub-base de la acera y un poste de media tensión. Al respecto, bajo juramento, ha informado el Alcalde de G. que los Inspectores de la Dirección de Ingeniería y Operaciones realizaron una inspección en el sitio a fin de verificar los hechos denunciados por los recurrentes y apreciaron que el muro de contención se encuentra en buen estado, la acera no presenta daño y el poste del tendido eléctrico se observa normal. En cuanto a la filtración de aguas informó que los lotes del Bloque A de la Urbanización D.C., presentan dos frentes a calle pública, tanto al oeste frente a calle U.D.C. y al este frente a Calle La L., razón por la que poseen derecho a ambas calles, haciendo que la evacuación pluvial a la calle por el costado este esté totalmente permitida. Sin embargo, mediante boleta de notificación No. 4844-A del 17 de mayo del 2010, se le apercibió a M.R.C., propietaria de la casa No. 17 de la Urbanización La L., de que deberá evacuar el agua de la canoa en el cordón de caño y no en la acera, como está ocurriendo actualmente. Finalmente, señaló que girará instrucciones a la Dirección de Ingeniería para que procedan a notificar en las Urbanizaciones La L. y D.C., a los vecinos que con sus obras estén obstruyendo el tránsito peatonal en las aceras, apercibiéndolos para que realicen las modificaciones necesarias y con ellas no impidan el tránsito peatonal, caso contrario, se derribaran dichas obras con la maquinaria y funcionarios municipales. Sin embargo, considera la Sala que la actuación de la Municipalidad recurrida ha sido insuficiente para otorgarle a los accionantes una solución definitiva de los problemas denunciados que, como señalan, no sólo los afecta a ellos sino también a los peatones que transitan en el lugar y que sufren las consecuencias inmediatas de los problemas denunciados. En este tipo de problemas, no basta con que los funcionarios encargados de una u otra institución, se apersonen al sitio y hagan alguna inspección de rutina porque las situaciones que se denuncian corresponden a problemas de fondo más graves que requieren una actuación directa y oportuna de los entes encargados, que es lo que se echa de menos en este caso en concreto. Así, no bastaría con que se limpie una alcantarilla por ejemplo si el problema de fondo es que ésta es inoperante o no basta con que se ordene limpiar un lote baldío si no se adoptan las medidas contundentes para que el propietario se encargue de mantenerlo limpio. Bajo esta perspectiva, estima la Sala que la actuación municipal para atender este tipo de problemas que denuncian los recurrentes, ha sido insuficiente y aunque si bien es cierto que existe un deber de los vecinos en mantener en buenas condiciones sus inmuebles, también es lo cierto que lo relativo al mantenimiento y buen funcionamiento de alcantarillas, caños, calles públicas de jurisdicción municipal, pasos de agua por calle pública, zonas públicas, así como el otorgamiento de permisos de construcción y control de lo que se construye, entre otros, es de plena competencia municipal y, en el caso concreto, pareciera que la Municipalidad recurrida se ha olvidado de esa obligación. Esta Sala es del criterio de que aun cuando la Municipalidad de G. ha podido comprobar parte de las situaciones denunciadas por los recurrentes y ha dictado actuaciones tendientes a dar alguna solución, también es lo cierto que ha desatendido su obligación de ocuparse con prontitud y celeridad de la situación que, además de involucrar los derechos individuales de ellos, también afecta directamente los derechos fundamentales que ostentan los vecinos del lugar. Es necesario tener en cuenta que al estar involucrados estos derechos, se hace indispensable la rápida y efectiva acción del Estado a través de sus órganos y la consiguiente participación ciudadana cuando ello sea procedente, como sería el caso de los propietarios de inmuebles que tienen obligación de mantenerlos en condiciones adecuadas, de construir siguiendo las normas establecidas, de no lanzar basura a zonas públicas y, en general, de vivir en armonía con el ambiente y con los demás vecinos. En el caso concreto, se observa que la actuación de la Municipalidad de G. no sólo ha sido tardía e insuficiente, sino también carente de coordinación, pues dada la magnitud de los problemas denunciados, se hace indispensable ejecutar acciones coordinadas con los propietarios de los inmuebles que están generando los problemas. V. además que se omite informar sobre algunos extremos, como por ejemplo, que vecinos edifican sus casas de habitación sin respetar las zonas verdes demarcadas en planos pertenecientes a la "Urbanización La L.. Bajo esta perspectiva, el amparo debe ser estimado, debiendo la citada Municipalidad adoptar de manera inmediata las acciones que sean necesarias para dar solución a los problemas denunciados por los recurrentes y que sean propios del ámbito de su competencia, debiendo establecer para ello las acciones que sean necesarias, así como también ejerciendo el control que le corresponde para impedir que, una vez solucionados los problemas, se den nuevas situaciones que coloquen a los recurrentes en la situación en que ahora se encuentran. En ese sentido, se advierte que a más tardar en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, todos los problemas denunciados por los recurrentes deberán estar solucionados, sin que a la Sala le corresponda determinar los mecanismos para conseguir ese objetivo por cuanto ello es materia propia de legalidad. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a O.F.F., en su condición de Alcalde Municipal de Goicoechea, o a quien ejerza ese cargo, proceder de manera inmediata a adoptar las medidas que sean necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, pero ejerciendo coordinación con quien corresponda, a fin de que a más tardar en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, exista una solución definitiva a los problemas denunciados por los recurrentes W.N.B., M.R.S. y L.C.A. en este amparo…".

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Los recurrentes manifiestan que los vecinos de la Urbanización La L. y que desde el año 2002, presentaron una solicitud ante la Municipalidad de Goicoechea para que se proceda a la detención de la construcción ilegal de casas y edificaciones por parte de los vecinos de la Urbanización don C. en la zona verde de la Urbanización La L.. Reclama que pese a los acuerdos dictados por la Municipalidad recurrida no se han efectuado el desalojo y derribo de tales edificaciones. Consideran sus derechos fundamentales lesionados. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de los amparados. Del informe rendido por la representante de la universidad recurrida y del elenco probatorio, se tiene por acreditado que los recurrentes son vecinos de la Urbanización La L.. Además, que los proyectos urbanísticos fueron desarrollados de forma separada, siendo La L. desarrollada por el INVU y D.C. por la empresa Quesada y Campos Sociedad Anónima, ambos en el año 1989. Sin precisar fecha en el año 2002, el Comité de Vecinos de la Urbanización La L. presentaron solicitud ante la Municipalidad de Goicoechea para que procedan a la detención de la construcción ilegal de casas y edificaciones por parte de los vecinos de la Urbanización don C.. Que sin precisar fecha en el mes de julio de 2002, el Alcalde Municipal de G. solicitó realizar inspección e informe conjunto para resolver la solicitud realizada por el Comité de Vecinos de la Urbanización La L.. Aunado a lo anterior, que El 10 de abril de 2013, el Director Jurídico a.i de la Municipalidad de Goicoechea emitió la dirección jurídica D.J 169-2013, en la cual indicó: "(…) recomendamos se giren instrucciones al Arq. K.J.D., Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, para que ejecuten las labores que resulten necesarias y que lleven al cumplimiento de las competencias que resulten necesarias de su parte en el desalojo y derribo de todas las construcciones ilícitamente edificadas en las áreas públicas de la Urbanización La L., para la restitución del uso público de dichos terrenos de conformidad con su naturaleza lo refiera (…)". El 02 de octubre de 2019, la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de G. remitió oficio DI-3205-2019 al recurrente S.A. en el cual indicó: "(…) al respecto se le indica que se observa una invasión al área pública descrita con respecto a los planos de catastro 1-818560-1989 y 1-780052-1989, por lo tanto se procederá a realizar las respectivas notificaciones del caso y continuar con el proceso administrativo". Por su parte, el 21 de octubre de 2019, el Comité de Vecinos de La Lupita presentaron gestión para solicitar a la Municipalidad de Goicoechea para que iniciara con el proceso administrativo pertinente para la notificación, la eventual demolición y liberación de todas las áreas invadidas. El 18 de febrero de 2020, la Municipalidad de Goicoechea realizó oficio SM-315-2020, en el cual le indicó al Comité de Vecinos de La Lupita que se aprobaron los Dictámenes No. 031-2020 y el No. 031-2020 ambos de la Comisión de Obras Públicas, además, que se procederán a realizar las respectivas notificaciones del caso e iniciar el proceso administrativo.

Del cuadro fáctico descrito, este Tribunal acredita la lesión a los derechos fundamentales de los amparados. N., que la problemática que acusan los tutelados es de vieja data, donde existen denuncias por parte de los vecinos de la Urbanización La L. ubicada en el cantón de Goicoechea desde el año 2002, incluso esta Sala en el año 2010, conoció de denuncias del mismo sitio y contra la propia Municipalidad de G., fue así, como mediante la sentencia No. 2010011180 de las 10:45 horas del 25 de junio de 2010, declaró con lugar un recurso de amparo interpuestos por los vecinos de la urbanización la Lupita -ver considerando IV de esta sentencia-. Ahora bien, actualmente y transcurridos 10 años a partir de la sentencia referida, continúan dándose presuntos hechos irregulares en el sitio, sin que la Municipalidad de Goicoechea haya sido capaz de dar una solución definitiva a la problemática, incluso, llama la atención parte de las manifestaciones esgrimidas en el informe rendido bajo fe de juramento por R.Á.V.B., Alcalde Municipal, y M.I.R.S., Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, ambos servidores de la Municipalidad de Goicoechea -consideran pertinente determinar la naturaleza de la franja de terreno que discurre de norte a sur perpendicularmente a la Calle 1° y hasta el vértice de dicha calle con la Avenida 5° de esa misma urbanización, no obstante, lo anterior solo puede ser determinado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo al ser el ente público a cargo de dictar las reglas de desarrollo urbano en el cantón por ser el desarrollador y fraccionador de la Urbanización La Lupita- por cuanto, si bien es cierto indican haber solicitado el informe respectivo al INVU, no menos cierto resulta que ha transcurrido un tiempo desproporcionado sin una solución definitiva, siendo que estos hechos vienen siendo denunciados desde el año 2002. Por las razones expuestas, se debe declarar con lugar este recurso con las consecuencias que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia.

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO S.A.. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que se acusa la omisión en atender una denuncia interpuesta desde el año 2002 ante la Municipalidad de Goicoechea, para que se proceda a la detención de la construcción ilegal de casas y edificaciones por parte de los vecinos de la Urbanización don C. en la zona verde de la Urbanización La L., que los expone a riesgos en su integridad y vida.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena R.Á.V.B., Alcalde y a M.I.R.S., Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, ambos de la Municipalidad de Goicoechea, o a quienes ejerzan ese cargo, proceder de manera inmediata a adoptar las medidas que sean necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, pero ejerciendo coordinación con quien corresponda, a fin de que a más tardar en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, exista una solución definitiva a los problemas denunciados por los recurrentes en este amparo, además, deberán informar cada mes a los recurrentes y a este Tribunal sobre las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de G. al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado S.A. pone nota. N..

Fernando Castillo V.

Presidente

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo

Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

*DUJRSPF347CY61*

DUJRSPF347CY61

EXPEDIENTE N° 20-013980-0007-CO

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