Sentencia Nº 2020017295 de Sala Constitucional, 11-09-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2020017295
Número de expedienteExp:
Fecha11 Septiembre 2020

*200150170007CO*

Exp: 20-015017-0007-CO

Res. Nº 2020017295

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del once de setiembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-015017-0007-CO, interpuesto por Agréguese para la firma del Magistrado.

Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente presenta recurso de amparo y expone que, es profesora de enseñanza media en la especialidad de psicología en el Liceo de Alajuelita y cuenta con nombramiento del 11 de marzo al 23 de diciembre de 2020. Aduce que desde la segunda quincena de junio y hasta la fecha que acude en amparo, no ha recibido el salario que le corresponde. Señala que expuso su caso ante la directora de la institución en la que labora, quien envió un correo electrónico el 14 de julio de 2020 al ministerio accionado. Explica que la funcionaria Lucía Brenes Flores respondió el 15 de julio de 2020 que el “movimiento está pendiente de ingresar” porque “persiste el problema de presupuesto”. Alega que no ha recibido su salario, pese a que ha cumplido sus responsabilidades como docente, lo que le ha ocasionado problemas para cubrir sus necesidades y las de su familia, así como para atender sus obligaciones económicas. Agrega que no se le ha informado la fecha en la que se procederá a cancelar su salario, lo cual la coloca en una situación de incertidumbre.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

  1. La parte amparada labora como docente para el Ministerio de Educación Pública (hecho no controvertido).
  2. Mediante acción de personal 202003-MP-5282870, se nombró a la tutelada del 11 de marzo 2020 al 15 de junio de 2020 se le pagó el salario desde la segunda quincena del mes de marzo del 2020 según coletilla de salario de 30 de marzo de 2020 (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).
  3. Mediante acción de personal 202008-MP-017223, se nombró a la amparada en 25 lecciones, con rige 16 de junio de 2020 al 23 de diciembre de 2020, lo correspondiente a este período se cancelará de forma retroactiva en la segunda quincena del mes de agosto del 2020 (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).
  4. Mediante acción de personal 202008-MP-022383, se aumentaron las lecciones interinas de la amparada en 1 lección, con rige 16 de junio de 2020 al 23 de diciembre de 2020, lo que corresponde al salario de esta lección se cancelará de forma retroactiva en la primera quincena del mes de septiembre del 2020 (ver informe rendido por parte de la autoridad accionada).

III.- SOBRE LA FALTA DE PAGO DE SALARIO. Este Tribunal ha reconocido que el salario es un derecho de rango constitucional del trabajador y una obligación para el patrono; no obstante, este Tribunal ha considerado que solo se da una lesión de rango constitucional cuando ha transcurrido un plazo irrazonable entre la prestación de los servicios y el pago correspondiente. Así, si se produce un retraso en el pago superior a las dos quincenas -plazo que la Sala ha estimado en su jurisprudencia como excesivo e irrazonable- el retraso deviene amparable (véanse las sentencias Nº 2018-2038, 2016-16551, 2015-001985, 2009-04928, 2008-8048, 2006-09871, y 2005-11159 entre otras).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De las pruebas aportadas a los autos, y lo informado bajo juramento por parte de los accionados, se tiene por acreditado que, la parte amparada labora como docente para el Ministerio de Educación Pública. Mediante acción de personal 202003-MP-5282870, se nombró a la tutelada del 11 de marzo 2020 al 15 de junio de 2020 se le pagó el salario desde la segunda quincena del mes de marzo del 2020 según coletilla de salario de 30 de marzo de 2020. Mediante acción de personal 202008-MP-017223, se nombró a la amparada en 25 lecciones, con rige 16 de junio de 2020 al 23 de diciembre de 2020, lo correspondiente a este período se cancelará de forma retroactiva en la segunda quincena del mes de agosto del 2020. Mediante acción de personal 202008-MP-022383, se aumentaron las lecciones interinas de la amparada en 1 lección, con rige 16 de junio de 2020 al 23 de diciembre de 2020, lo que corresponde al salario de esta lección se cancelará de forma retroactiva en la primera quincena del mes de septiembre del 2020. Al efecto, considera este Tribunal Constitucional que existe mérito para acoger el presente proceso de amparo. Ello por cuanto en su informe, la Directora de Recursos Humanos no niega los alegatos planteados y acepta que hay un retraso en la gestión de los pagos. Así las cosas, esta Sala acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada, en el tanto no ha recibido el pago de su salario completo, afectando considerablemente su condición económica. Es responsabilidad de la Administración, como patrono y en virtud de los principios de eficacia y eficiencia, gestionar oportunamente los trámites de nombramientos, sustituciones, incapacidades y pago de salarios; con el objeto de no privar a sus servidores de sus derechos fundamentales. No podría aceptarse que el Estado reciba el beneficio sin entregar al trabajador nada a cambio o entregándole de forma tardía o incompleta lo que le corresponde, puesto que la oportunidad de pago implica no solo que este se haga en tiempo y de forma regular, sino, además que sea completo. En mérito de lo dicho en el considerando anterior, la amparada tiene derecho a percibir el salario devengado por el tiempo que efectivamente ha trabajado para la Administración, concretamente durante los meses de junio a julio, incluyendo la lección adicional en la cual fue nombrada. En consecuencia, lo procedente es acoger este recurso de amparo y declararlo con lugar, con la orden que se establece en la parte dispositiva de esta sentencia, y desestimarlo en lo que se refiere al mes de agosto, por ser prematuro.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso. Se ordena a YAXINIA DÍAZ MENDOZA, en su condición de Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que en caso de no haber hecho efectivo el pago de salario adeudado en la fecha indicada -segunda quincena de agosto-, lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine lo necesario para que en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se le pague lo adeudado hasta el mes de julio, si otra causa ajena a lo discutido en el sub lite, no lo impide. Asimismo, se le ordena que dentro del mismo plazo se regularicen a la tutelada los pagos futuros por concepto de salario. Se le advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto a las quincenas posteriores, se declara sin lugar el recurso, por prematuro. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Presidente

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo

Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente

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C56QVS9PMD461

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