Sentencia Nº 2020017726 de Sala Constitucional, 18-09-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2020017726
Fecha18 Septiembre 2020
Número de expedienteExp:

*200152310007CO*

Exp: 20-015231-0007-CO

Res. Nº 2020017726

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del dieciocho de setiembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-015231-0007-CO, interpuesto por ANTHONY DAVID ORTEGA SOLANO, cédula de identidad No. 0113160119, contra la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en esta Sala a las 13:20 hrs. del 24 de agosto de 2020, la parte recurrente presenta recurso de amparo y expone que, el 01 de septiembre de 2014 ingresó a laborar a la comisión recurrida de forma continua e ininterrumpida. Sin embargo, el 27 de enero de 2020 fue despedido. Aduce que al momento que acude en amparo no se le han cancelado las prestaciones legales que le corresponden y, al consultar al respecto ante la autoridad accionada, se le ha respondido que no se cuenta con una fecha para realizar el pago. Considera que lo actuado es una “retención excesiva, desproporcionada y abusiva del pago de prestaciones”, con el agravante de que necesita los recursos para cubrir sus necesidades básicas. Estima que los hechos descritos lesionan sus derechos fundamentales.

2.- Mediante auto de las 14:18 hrs. del 26 de agosto de 2020 se dio curso al presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 27 de agosto de 2020.

3.- Por escrito presentado el 01 de septiembre de 2020, informa bajo juramento YAMILETTE MATA DOBLES, en condición de Directora Ejecutiva y, ILIANA PATRICIA MADRIZ ALVARADO, en condición de Jefe de la Unidad de Desarrollo Humano, ambas de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias que: “...El señor Anthony David Ortega Solano ingresó a laborar a la CNE en fecha primero de setiembre del año dos mil catorce y se le comunicó el despido sin responsabilidad patronal en fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, mediante oficio CNE-UDH-ÓF-038-2020. (...) el señor Ortega Solano presentó demanda laboral "Fueros Especiales” tramitado bajo el expediente No. 19-000496-0166-LA, del cual el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José se declaró incompetente, por lo que remitió el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo, mismo que actualmente se encuentra en trámite. Como le fue rechazada la medida cautelar, la Administración procedió con el despido sin responsabilidad patronal, comunicado mediante oficio CNE-UDH-OF-038-2020. Lamentablemente, la situación imperante en el país debido a la Emergencia Nacional que nos ocupa, provocada por el COVID-19, decretada mediante Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S de fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte y ante la ampliación constante de las Alertas Naranja por la misma situación y la entrada de Ondas Tropicales, dificultan la labor ordinaria del personal de la Institución que se encuentra avocada en la atención de estos eventos, lo que nos trajo como consecuencia un atraso significativo en el cálculo para la liquidación del señor Ortega Solano. (...) mediante memorándum CNE-UDH-MEMO-084-2020, de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinte, la Unidad de Desarrollo Humano trasladó el expediente del servidor junto con los cálculos de prestaciones legales y derechos laborales. (...) mediante resolución CNE-DE-RESO-0186-2020 de las nueve horas y diez minutos del día veintiocho de agosto del año dos mil veinte, la Dirección Ejecutiva de la CNE conoció el cálculo dado por la Unidad de Desarrollo Humano y resolvió cancelar el monto de 639.836,37 (seiscientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y seis colones con treinta y siete céntimos) por concepto de liquidación del señor Ortega Solano (...) mediante memorándum CNE-MEMO-0071-2020 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se remitió la resolución CNE-DE-RESO-0186-2020 al Proceso de Contabilidad para pago de extremos labores del señor Anthony David Ortega Solano. (...) mediante transferencia de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte, realizada por la Jefe del Proceso de Tesorería de la CNE, señora Alejandra Bonilla Monge, se depositó en la cuenta personal del señor Ortega Solano la suma de 639.836,37 (seiscientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y seis colones con treinta y siete céntimos)”. Solicita se desestime el recurso.

4.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,

Considerando:

I.- DE PREVIO. Es preciso indicar que, a partir de la sentencia número 2008-02545 de las 8:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones– aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte– o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se trata de la supuesta dilación en el pago de las prestaciones laborales. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta formulada en este amparo.

II.- OBJETO DEL RECURSO. La parte recurrente presenta recurso de amparo y expone que el 01 de septiembre de 2014 ingresó a laborar a la comisión recurrida de forma continua e ininterrumpida. Sin embargo, el 27 de enero de 2020 fue despedido. Aduce que al momento que acude en amparo no se le han cancelado las prestaciones legales que le corresponden y, al consultar al respecto ante la autoridad accionada, se le ha respondido que no se cuenta con una fecha para realizar el pago. Considera que lo actuado es una “retención excesiva, desproporcionada y abusiva del pago de prestaciones”, con el agravante de que necesita los recursos para cubrir sus necesidades básicas. Estima que los hechos descritos lesionan sus derechos fundamentales.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

  1. El recurrente ingresó a laborar a la Comisión Nacional de Emergencias el 01 de septiembre de 2014 (hecho no controvertido).
  2. Al amparado se le comunicó el despido sin responsabilidad patronal el 23 de enero de 2020, mediante oficio CNE-UDH-OF-038-2020 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
  3. El recurrente presentó demanda laboral "Fueros Especiales” tramitado bajo el expediente No. 19-000496-0166-LA, del cual el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José se declaró incompetente, por lo que remitió el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo, el cual se encuentra en trámite (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
  4. Como le fue rechazada la medida cautelar, la autoridad accionada comunicó el despido sin responsabilidad patronal, mediante oficio CNE-UDH-OF-038-2020 (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
  5. Debido a la situación imperante en el país por la Emergencia Nacional provocada por el COVID-19, y ante la ampliación constante de las Alertas Naranja por la misma situación y la entrada de Ondas Tropicales, se ha dificultado la labor ordinaria del personal de la Institución que se encuentra avocada en la atención de estos eventos, lo que nos trajo como consecuencia un atraso significativo en el cálculo para la liquidación del señor Ortega Solano (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
  6. Mediante auto de las 14:18 hrs. del 26 de agosto de 2020 se dio curso al presente recurso y se notificó a las autoridades recurridas el 27 de agosto de 2020 (los autos).
  7. Mediante memorándum CNE-UDH-MEMO-084-2020, del 28 de agosto de 2020, la Unidad de Desarrollo Humano trasladó el expediente del servidor junto con los cálculos de prestaciones legales y derechos laborales (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
  8. Mediante resolución CNE-DE-RESO-0186-2020 de las 9:10 hrs. del 28 de agosto de 2020, la Dirección Ejecutiva de la CNE conoció el cálculo dado por la Unidad de Desarrollo Humano y resolvió cancelar el monto de 639.836,37 (seiscientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y seis colones con treinta y siete céntimos) por concepto de liquidación del señor Ortega Solano (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
  9. Mediante memorándum CNE-MEMO-0071-2020 del 31 de agosto de 2020, se remitió la resolución CNE-DE-RESO-0186-2020 al Proceso de Contabilidad para pago de extremos labores del recurrente (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).
  10. Mediante transferencia realizada el 31 de agosto de 2020, realizada por la Jefe del Proceso de Tesorería de la CNE, se depositó en la cuenta personal del señor Ortega Solano la suma de 639.836,37 (seiscientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y seis colones con treinta y siete céntimos) (ver informe rendido por parte de las autoridades accionadas).

IV.- EN CUANTO AL RETARDO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. En relación con el pago de las prestaciones laborales, conviene recalcar lo dispuesto por este Tribunal en la sentencia Nº 2016-495 de las 09:30 horas del 15 de enero de 2016, este Tribunal señaló:

“(…) IV.- SOBRE EL RETARDO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. Respecto del pago de las prestaciones laborales conviene recalcar lo dispuesto por este Tribunal en el Voto 942-97 de las 15:39 horas del doce de febrero de 1997, en el que se dijo: “La Constitución Política en el capítulo de las “Garantías Sociales” establece los principios constitucionales en materia de derecho estatutario, siendo que en su artículo 56 indica: “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo”. Si tomamos en cuenta que los rubros que componen una liquidación laboral, son derechos de los funcionarios que surgen al terminar la relación estatutaria, la falta de pago oportuno de dicha liquidación conlleva la violación a la dignidad del ser humano, máxime que, de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política, dichas garantías son irrenunciables.” (criterio reiterado entre otras, en sentencias N° 2017011495 de las 09:15 horas del 21 de julio de 2017 y N° 2017013928 de las 09:15 horas del 1° de setiembre de 2017) La jurisprudencia ha entendido el salario como la retribución necesaria que recibe un funcionario por la labor realizada, cuyo destino será su manutención y la de su familia, de ahí que, se proteja este derecho a fin de evitar abusos que menoscaben la vida. Este mismo criterio de protección debe extenderse al derecho de todo funcionario de ser indemnizado a la terminación de su relación con el patrono, no sólo porque se incluyen derechos irrenunciables como lo son el salario, las vacaciones y el aguinaldo, sino porque las leyes laborales, en los casos en que no sea invocada una causal para el despido unilateral del patrono, éste debe reconocer al trabajador cierta compensación monetaria. De esta forma, si bien, se reconoce que la tramitación del pago a un funcionario cesado -tratándose de fondos públicos- pueda requerir un tiempo razonable, eso no justifica que en la práctica, el Estado tarde más de cinco meses para hacer la correspondiente liquidación, con lo cual se menoscaba la dignidad del funcionario y de su familia (…)”.

V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. De las pruebas aportadas a los autos, y lo informado bajo juramento por parte de las autoridades accionadas, se tiene por acreditado que, efectivamente, el recurrente ingresó a laborar a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias el 01 de septiembre de 2014. Al amparado se le comunicó el despido sin responsabilidad patronal el 23 de enero de 2020, mediante oficio CNE-UDH-OF-038-2020. El recurrente presentó demanda laboral "Fueros Especiales” tramitado bajo el expediente No. 19-000496-0166-LA, del cual el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José se declaró incompetente, por lo que remitió el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo, el cual se encuentra en trámite. Como le fue rechazada la medida cautelar, la autoridad accionada comunicó el despido sin responsabilidad patronal, mediante oficio CNE-UDH-OF-038-2020. Debido a la situación imperante en el país por la Emergencia Nacional provocada por el COVID-19, y ante la ampliación constante de las Alertas Naranja por la misma situación y la entrada de Ondas Tropicales, se ha dificultado la labor ordinaria del personal de la Institución que se encuentra avocada en la atención de estos eventos, lo que nos trajo como consecuencia un atraso significativo en el cálculo para la liquidación del señor Ortega Solano. Mediante memorándum CNE-UDH-MEMO-084-2020, del 28 de agosto de 2020, la Unidad de Desarrollo Humano trasladó el expediente del servidor junto con los cálculos de prestaciones legales y derechos laborales. Mediante resolución CNE-DE-RESO-0186-2020 de las 9:10 hrs. del 28 de agosto de 2020, la Dirección Ejecutiva de la CNE conoció el cálculo dado por la Unidad de Desarrollo Humano y resolvió cancelar el monto de 639.836,37 (seiscientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y seis colones con treinta y siete céntimos) por concepto de liquidación del señor Ortega Solano. Mediante memorándum CNE-MEMO-0071-2020 del 31 de agosto de 2020, se remitió la resolución CNE-DE-RESO-0186-2020 al Proceso de Contabilidad para pago de extremos labores del recurrente. Mediante transferencia realizada el 31 de agosto de 2020, realizada por la Jefe del Proceso de Tesorería de la CNE, se depositó en la cuenta personal del señor Ortega Solano la suma de 639.836,37 (seiscientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y seis colones con treinta y siete céntimos). Al efecto, considera este Tribunal Constitucional que existe mérito para acoger el presente proceso de amparo. Lo anterior por cuanto se acreditó la lesión a los derechos fundamentales de la parte amparada, afectando considerablemente su condición económica. Dado que durante la tramitación de este proceso se tramitó el pago correspondiente de las prestaciones del recurrente, procede la estimatoria del proceso para efectos indemnizatorios con condenatoria en costas, daños y perjuicios, de conformidad con lo indicado en los siguientes considerandos y la parte dispositiva de esta resolución.

VI.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL CASO CONCRETO. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VII.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:

La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.

Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.

Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.

En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derechos fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.

Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.

La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.

Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.

En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.

VIII.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, EN RELACIÓN CON LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

IX.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.

En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.

X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE: Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el «Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial», aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara CON LUGAR el recurso, únicamente para efectos indemnizatorios. Se condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López da razones diferentes sobre la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes. Notifíquese.-

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo

Documento Firmado Digitalmente

-- Código verificador --

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EXPEDIENTE N° 20-015231-0007-CO

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