Sentencia Nº 2020018066 de Sala Constitucional, 22-09-2020

Fecha de Resolución:22 de Septiembre de 2020
Emisor:Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
 

*200161490007CO*

Exp: 20-016149-0007-CO

Res. Nº 2020018066

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintidos de setiembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo promovido por DORIS MARÍA SOLÍS SOLÍS, cédula de identidad 0109510347, a favor de [Nombre 001] , cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
RESULTANDO:
1.- Mediante memorial presentado a las 11:38 horas de 3 de septiembre de 2020, la recurrente promovió recurso de amparo, contra la Caja Costarricense de Seguro Social, pues según afirma, la amparada estuvo en tratamiento en el Hospital Nacional de Niños de 2010 al 2018, con diagnostico con epilepsia. No obstante, en el 2018 se le dio de alta, pues el neurólogo encargado consideró que ya no necesitaba tratamiento, pero le indicó, que si volvía a presentar algún episodio debería acudir nuevamente al centro médico para renovar control. Añade que el 27 de agosto de 2020, la amparada sufrió un nuevo episodio de epilepsia, por lo que acudió a una cita médica privada, en donde se le recomendaron un costoso tratamiento. Así, el 28 de agosto de 2020 se presentaron en el Ebais de Santa Ana (distrito Salitral), pero no la atendieron, pues le indicaron que su padre adeudaba el seguro. Señala que el padre de la menor amparada tiene seguro, pero en la actualidad se encuentra atrasado con un arreglo de pago que había realizado. Así, no se le ha atendido a la menor amparada. Estima que lo anterior lesiona el derecho a la salud de la amparada. Por ende, solicita que se declare con lugar el recurso.
2. Mediante resolución de las 13:43 horas de 3 de septiembre de 2020 se previno a la recurrente que aclarara si se le ha negado la atención médica a la menor, en razón de la condición de morosidad de su padre. De ser afirmativo, deberá indicar en qué fecha le fue denegada la atención.
3.- Por memorial de 7 de septiembre de 2020, la recurrente indicó que el 28 de agosto de 2020 se negó atención médica a la amparada, en vista que su padre se encuentra moroso en el pago del seguro social.
4.- Por resolución de las 15:31 horas de 11 de septiembre de 2020 se le dio curso al recurso y requirió un informe al director médico del Ebais de Salitral de Santa Ana, sobre esos hechos.
5.- Informa bajo juramento, Walter Alonso Vargas Vargas, en condición de director médico del Área de Salud de Santa Ana, e indica que la menor amparada de 14 años de edad, se encuentra afiliada al Área de Salud de Santa Ana desde el 08/05/2006, con última atención médica el 03/04/2019. Según expediente médico número [Valor 001], se evidencian los siguientes diagnostico médicos: Control Anual de Salud del niño 2006- 2015. Dermatitis Atópica 2006. Anemia por deficiencia de Hierro 2007. Crisis Convulsivas 2010. Controles odontológicos 2013- 2018. Diarrea y Gastroenteritis 2019 Servicio de Emergencias. Cuenta con referencia emitida por el Área de Salud San Ana de 14/04/2010 al Servicio de Pediatría de la Clínica Moreno Cañas, para seguimiento y control por Crisis Convulsivas para seguimiento, tratamiento y control por la Especialidad. Se evidencia en expediente médico último control en consulta externa de medicina general en el Ebais de Salitral el 11/02/2015 y una atención en el Servicio de Emergencias de Santa Ana el 03/04/2019. Posterior a estas fechas la usuaria no ha consultado en esa área de salud. Se evidencia que su padre, cotiza como trabajador independiente ante la Caja Costarricense de Seguro Social, actualmente cuenta con un cobro administrativo por morosidad según Validación de Derechos. Se localiza a usuaria, para valorar su condición médica, quien es atendida el 17 de setiembre de 2020, en el Ebais de Salitral, por el Doctor Marco Albarenga, indicando en su nota médica lo siguiente: “Femenina de 14 años antecedente de Epilepsia, niega alergias. Su madre refiere que la menor estuvo en control desde el año 2010 con Pediatría por Crisis Epilépticas de tipo Parcial Simples, fue egresada en el año 2018, sin tratamiento, con la indicación de re consultar en caso de repetir alguna crisis convulsiva. Según su madre el 27 de agosto de 2020 tuvo una crisis epiléptica generalizada, refiere que llamo a Cruz Roja quienes realizan la valoración, no la trasladan en el momento, le recomiendan vigilancia. Por decisión propia, consultan vía telefónica a médico privado en Ciudad Colon, quien le indica Epival 250 mg. Refiere su madre que un familiar, Karen Delgado Solís, consulta a Clínica Central de Santa Ana, Validación donde se le orienta que a la menor nunca se le va a Negar la Atención Medica: sin embargo, se informa condición que tienen el padre, quien la asegura, con la Caja Costarricense del Seguro Social para su respectivo trámite. Refiere su madre que en ningún momento consultaron al servicio de emergencias de Santa Ana o al Ebais de Salitral. Indica que por decisión propia, el día 10/09/2020 asiste a consulta privada con Especialista en Medicina Interna Dr. Jorge Calvo, médico del Hospital Metropolitano, quien les recomienda exámenes de laboratorio para medir niveles del valproato de sodio, continuar tratamiento por 6 meses y revalorar”. Se orienta a la madre sobre proceso de validación y trámite de morosidad que deben de realizar con la Caja Costarricense del Seguro Social, se indica tratamiento a la menor, exámenes y control. Se refiere caso para seguimiento a Medicina Interna de la Clínica Moreno Cañas. En ningún momento la paciente consultó al área de Salud para valorar su condición médica. Se orientó al familiar sobre trámite de morosidad de padre que la segura para lo correspondiente y se le indico que no se le iba a negar las atenciones. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente demandó la tutela del derecho a la salud de la menor amparada, pues, según afirma, en el Ebais de Salitral de Santa Ana, se negó atención médica a su hija, en vista que su progenitor se encuentra moroso en el pago de sus cuotas.
II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: Único. - El 17 de setiembre de 2020, el Doctor Marco Albarenga del Ebais de Salitral, valoró a la menor amparada, a quien se medicó y refirió al Servicio de Medicina Interna, para valoración por especialista (informe y los autos).
III.- HECHOS NO PROBADOS. Se estima no demostrado, el siguiente de relevancia: Único.- Que el 28 de agosto de 2020 se negara atención médica a la menor amparada en el Ebais de Salitral de Santa Ana (los autos).
IV.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.
V.- SOBRE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y ADAPTACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).
VI.- CASO CONCRETO. La recurrente afirmó que el pasado 28 de agosto se apersonó con la menor amparada al Ebais de Salitral de Santa Ana, para que se le brindara atención médica, habida cuenta que un día antes, la niña había sufrido una convulsión. Ese día, se le negó la atención médica que la amparada requería, en virtud que su padre se encuentra moroso en el pago del seguro social (libelo de interposición). Según afirmó el director médico de Santa Ana, desde el 3 de abril de 2019, la usuaria no consulta en esa área de salud (informe). Aunado a lo anterior, según explica, con ocasión de la notificación del curso de amparo, el 1 de septiembre de 2020 se valoró a la menor amparada, a quien se medicó y refirió a especialista para valoración. Ese día, se entrevistó a la madre, quien le indicó que en ningún momento consultaron al servicio de emergencias de Santa Ana o al Ebais de Salitral (informe y los autos). Dado que la autoridad recurrida niega los hechos en su informe –rendido bajo las prevenciones y consecuencias de ley-, la Sala al no existir más elementos de juicio que el dicho del recurrente en contradicción absoluta del recurrido, opta por aceptar éste, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se deriva de datos o afirmaciones falsas o inexactas (Entre otras la sentencia No. 961-90 de las 16:10 horas de 17 de agosto de 1990).Así las cosas, descarta la Sala que se haya producido la negativa reclamada.
VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Ronald Salazar Murillo

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