Sentencia Nº 2020018259 de Sala Constitucional, 25-09-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-014492-0007-CO
Número de sentencia2020018259
Fecha25 Septiembre 2020

*200144920007CO*

Exp: 20-014492-0007-CO

Res. Nº 2020018259

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-014492-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra EL JUZGADO DE LANIÑEZ Y LA ADOLECENCIA PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE Y EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA.

RESULTANDO:

1.- Mediante escrito agregado al Sistema Electrónico de Gestión de este Despacho, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Patronato Nacional de la Infancia, Oficina Local de Desamparados. Manifiesta que como es conocido, su hijo [Nombre 004] falleció el 7 de junio de 2019 en el Hospital de Niños. Indica que debido a la sospecha de que la causa de muerte de su hijo fuera maltrato físico, se interpuso denuncia ante la oficina recurrida. Alega que con base en la denuncia, la recurrida le quitó sus otros hijos y los separó, enviándolos a diferentes albergues en Guadalupe y Cartago. Añade que el 12 de junio de 2019 se dio a conocer el informe forense que indica que su hijo [Nombre 005] falleció por: "(…) una enterocolitis necrotizante con perforación intestinal de origen bacteriano, además hay hallazgos que impresionan que el niño sufría de una inmunodeficiencia en su sistema y no por agresión (…)" . Refiere que pese a lo anterior y, a pesar de que ha transcurrido un año, las autoridades recurridas no le han devuelto a sus hijos [Nombre 022], [Nombre 015], [Nombre 023], [Nombre 017] y [Nombre 018], todos apellidos [Nombre 007]. Señala que la recurrida, a sabiendas de la declaratoria en su favor del recurso de amparo tramitado bajo el expediente No. 19-011124-0007-CO sentencia No. 2019015244 de las 9:20 horas del 16 de agosto de 2019, decidió ahora solicitar la declaratoria de abandono de sus hijos. Cuestiona que tal actuación, lesiona sus derechos, en tanto siempre se ha mantenido atenta al procedimiento y a sus hijos. Aclara que nunca ha abandonado a los menores y siempre los visita puntualmente, sin ausentarse, inclusive, ahora con el tema de la pandemia COVID-19, se comunica con ellos por videollamada. Subraya que la calidad de vida que le puede dar a sus hijos, en este momento, es mejor, por cuanto ya no convive con el padre de ellos. Insiste en que no ha cometido falta alguna, así como tampoco, existe denuncia en su contra que justifique la dilación de la recurrida en devolverle a sus hijos. Asimismo, recalca que la separación de sus hijos le ha ocasionado mucho sufrimiento pues tiene la capacidad de asumir la responsabilidad que conlleva su cuido y manutención. Solicita la intervención de este Tribunal, para que se hagan valer sus derechos y los de los menores a tener una familia unida.

2.- Mediante resolución de Presidencia de las 18:24 horas del 14 de agosto de 2020, se dio curso al amparo y se solicitó informe a la Coordinadora de la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia de Desamparados.

3.- Mediante escrito recibido en la Secretaría de esta Sala el 26 de agosto de 2020, rinde informe bajo fe de juramento, Ameyky Noguera Ramírez, Coordinadora Interina de la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia de Desamparados. Indica que desde el año 2015 en la oficina del PANI que representa se cuenta con antecedentes de agresión física, negligencia y alcoholismo por parte del progenitor de los menores de edad, [Nombre 022], [Nombre 015], [Nombre 023] y [Nombre 017], todos de apellidos [Nombre 007] y hacia su núcleo familiar. Agrega que en el año 2018, la maestra donde estudiaba el menor [Nombre 022], denunció que se presentó a clases con un "un ojo morado" diciendo que su padre le lanzó un control remoto y lo golpeó en forma accidental durante una discusión con su madre. Añade, que tanto [Nombre 022] como [Nombre 015] , se presentaban a lecciones sin bañar y sucios y el menor [Nombre 017] , presentaba ampollas en los pies, señalando que su madre lo había quemado. Menciona que durante una visita domiciliar, se encontró la casa, sucia, en desorden, que el padre de los menores de apellidos [Nombre 020], impidió el ingreso de la Trabajadora Social del PANI, quien tuvo que acudir con la fuerza pública y recoger a los menores de edad, siendo ingresados en un albergue institucional con el fin de sacarlos de las condiciones de alto riesgo en que se encontraban junto con sus progenitores. Continúa manifestando, que durante intervenciones futuras, se determinaron fuertes lazos afectivos entre los menores y los padres, negando recibir agresiones, además, los padres aportaron pruebas tóxicos negativas y ambos cumplieron con todas las indicaciones y recomendaciones brindadas por la Trabajadora Social, mostrando gran interés en asumir nuevamente a sus hijos. Reseña que a mediados de enero del año 2019, la recurrente comunicó a la Oficina Local que representa que se separó del padre de sus hijos, que convivía con otro señor, ante lo cual, se comprueba apoyo y responsabilidad de su pareja en ese momento y siendo que mostró mantener una actitud positiva, asumió adecuadamente a sus hijos. Agrega que en fecha 07 de junio de 2019, la oficina local del PANI, recibió información del fallecimiento de la persona menor de edad [Nombre 004] , de amplia cobertura en medios de comunicación, incluso entrevistas directas a la entonces Presidenta Ejecutiva de la institución, por causas que aún no han sido establecidas claramente por parte de Medicatura Forense, dado que el expediente No. [Valor 002], que se tramita en la Fiscalía de Desamparados para investigar la muerte del menor y que aún se mantiene la duda razonable de que el fallecimiento se debió a una agresión del padrastro del niño, señor [Nombre 021] , pues incluso los niños mayores así lo han manifestado. Explica que ante lo acontecido y existiendo la sospecha de un posible homicidio, procedieron a ingresar nuevamente al grupo de hermanos divididos en dos alternativas de protección [Nombre 022] , [Nombre 015] y [Nombre 023] en la Asociación Pueblito de Costa Rica y [Nombre 017] y [Nombre 018] en el Hogar Baik, donde se encuentran hasta la fecha, pues por sus edades y los requisitos de las organizaciones no era posible mantenerlos a todos juntos. Aduce que la Medida de Abrigo Temporal venció sin que se obtuviera el resultado de la autopsia de [Nombre 005] y hasta el momento no se cuenta con la misma. Menciona que la recurrente se mantuvo realizando visitas constantes a sus hijos, hasta que fueron suspendidas debido a la emergencia nacional por la pandemia de Covid-19. Alega que la oficina local del PANI que representa, una vez vencido el plazo de la Medida de Protección de Abrigo, requirió una valoración actualizada de las condiciones de la recurrente en su nuevo domicilio, donde habita con su pareja y la nueva hija de ambos e interpuso un Proceso ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, por Deposito Judicial, tramitado bajo el expediente No. [Valor 003]. En fecha 03 de julio de 2020, la funcionaria Karla Leiva García, funcionaria de la Oficina Local del PANI de Alajuela Oeste, redactó un informe de seguimiento "…En valoraciones realizadas a [Nombre 022], [Nombre 015] y [Nombre 023] en la Asociación Pueblito estos han indicado deseos de retornar con su madre pero son tajantes en que no quieren que Danilo viva con ellos, lo cual queda demostrado no es parte de las intenciones de la señora [Nombre 028] pues esta falsea información y cubre el hecho de que continúa en convivencia con el señor Danilo (…) las personas menores de edad [Nombre 007] se encuentran en condiciones de absoluto abandono por parte de sus progenitores, pues su padre no ha asumido responsabilidad alguna desde que se inició el proceso administrativo, pese a su compromiso evidentemente falso de proteger a sus hijos y cumplir con las recomendaciones profesionales dadas y la señora [Nombre 028] pese a que visitaba a sus hijos en las organizaciones donde se encuentran ingresados continúa conviviendo con el agresor de ellos manteniendo relación conflictiva, ha mentido en cuanto a sus condiciones de vida y económicas, no ofrece ninguna seguridad para los niños y demuestra clara preferencia por su compañero sentimental que por sus hijos. A los señores [Nombre 029] y [Nombre 028] se les prohibió provisionalmente por parte de esta Oficina Local las video llamadas y cualquier contacto con sus hijos, dado que les creaban falsas expectativas, sobre todo la aquí recurrente que les manifestaba que pronto iban a regresar con ella, que no tenía ninguna relación con Danilo y que contaba con una amplia casa para que todos vivieran, lo cual es absolutamente falso. Actualmente se encuentra en trámite el expediente [Valor 007] en el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José por Declaratoria de Abandono contra la aquí recurrente y el progenitor de las personas menores de edad [Nombre 007]". Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Mediante resolución de las 14:52 horas del 04 de setiembre de 2020, se solicitó prueba para mejor resolver a Ameyky Noguera Ramírez, en su condición de Coordinadora Interina de la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia en Desamparados a fin de que indique, cuáles son las medidas que actualmente sustentan la custodia de las personas menores de edad, [Nombre 022], [Nombre 015], [Nombre 023], [Nombre 017] y [Nombre 018], todos apellidos [Nombre 007]. Indicar quién las dictó, si el PANI o el Juzgado de Niñez y Adolescencia. Indicar durante qué periodos. Y se le solicita aportar copias de las mismas.

5.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 08 de setiembre de 2020, rinde informe bajo fe de juramento, Fiorella Hidalgo Kopper, Coordinadora de la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia de Desamparados y María Elena Roig Vargas, Representante Legal del Patronato Nacional de la Infancia de Desamparados, lo anterior, en relación con la prueba para mejor resolver solicitada mediante la resolución de la Magistrada Instructora, de las 14:52 horas del 04 de setiembre de 2020. Indican que la situación actual y demostrada, se tiene que la recurrente no cuenta con las condiciones morales ni materiales para asumir a sus hijos e incluso continúa viviendo con el señor Danilo, quien tiene un proceso judicial por presunto abuso sexual en la Fiscalía de Cartago expediente No. [Valor 004] y la recurrente se encuentra acusada por Abuso de Patria Potestad en la Fiscalía de Desamparados expediente No. [Valor 005], razón por la cual, se interpuso proceso de Declaratoria de Estado de Abandono de las personas menores de edad, en fecha 21 de julio de 2020. Agregan que "…dentro del Proceso de Declaratoria de Abandono, número [Valor 006] que se tramita en el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José nuevamente solicitó como Medida Cautelar que se le suspendan las visitas a los progenitores y se les conceda al PANI el Depósito Provisional de las personas menores de edad ya referidas, siendo que estamos en espera de la resolución al respecto...". Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

6.- Mediante resolución de las 10:48 horas del 15 de setiembre de 2020, se solicitó prueba para mejor resolver al Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José.

7.- Mediante escrito agregado al Sistema Electrónico de Gestión de este Despacho, rinde informe bajo fe de juramento, rinde informe bajo fe de juramento, Milagro Rojas [Nombre 028], Jueza Coordinadora del Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José. Indica que "…1.- En este proceso de DECLARATORIA JUDICIAL DE ABANDONO, la LICENCIADA MARÍA ELENA ROIG VARGAS, quien funge como Representante Legal del PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, el día veintiuno de julio de dos mil veinte presentó documentación del mismo, sin embargo no adjuntó la demanda inicial, la misma la incorporó el doce de agosto del dos mil veinte. 2.- Mediante resolución las veintidós horas y veintinueve minutos del veinticinco de agosto de dos mil veinte, se le hizo un previó a la LICENCIADA MARÍA ELENA ROIG VARGAS de aportar la demanda de manera correcta, esto por cuanto omitió su rúbrica en la misma. Así como presentar de manera completa el Informe del estado actual de los niños de fecha diez de junio del dos mil veinte y el Informe Psicológico Comisión de fecha tres de julio del dos mil veinte, esto por cuanto tenían inconsistencias en su lectura 3.- Por resolución de las diecinueve horas cincuenta y tres minutos del diez de setiembre de dos mil veinte, se le previno nuevamente a la parte promovente, dado que con lo aportado no cumplía con lo prevenido en resolución de las veintidós horas y veintinueve minutos del veinticinco de agosto del dos mil veinte, esto por cuanto no eran clara la lectura de los hechos de la demanda, ya que no estaban enumerados de forma correcta y por lo tanto había inconsistencias en la lectura, por lo que se le previno presentarlo de manera correcta dentro del plazo de tres días. Siendo que la parte actora presenta la demanda de manera correcta el once de septiembre a las once horas con seis minutos. 4.- El Juzgado en resolución de las catorce hora treinta y tres minutos del once de setiembre de dos mil veinte, dio traslado proceso especial de DECLARATORIA JUDICIAL DE ABANDONO O ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD [Nombre 055], [Nombre 034], [Nombre 037], [Nombre 035], [Nombre 036] otorgando el depósito provisional de las personas menores de edad en el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, asimismo solicitándosele a la parte actora que dentro del plazo de cinco días, presente dos juegos de copias completos del proceso para notificar a las partes, estando a la espera de las mismas. La Licenciada MARÍA ELENA ROIG VARGAS, acepto el cargo de depositaria judicial de las personas menores de edad el diecisiete de septiembre del dos mil veinte...".

8.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

.-

Redacta la Magistrada Hernández López; y,

CONSIDERANDO:

I.- OBJETO DEL RECURSO: La recurrente estima lesionados sus derechos fundamentales y los de personas menores de edad amparados. Refiere que como consecuencia del fallecimiento en fecha 07 de junio de 2019, de su hijo [Nombre 004], se interpuso una denuncia ante la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia de Desamparados. Acusa que fue separada de sus otros hijos, quienes fueron enviados por separado a albergues ubicados en Guadalupe y Cartago. Reclama que a pesar que existe un informe forense que determinó que su hijo murió por "(…) una enterocolitis necrotizante con perforación intestinal de origen bacteriano, además hay hallazgos que impresionan que el niño sufría de una inmunodeficiencia en su sistema y no por agresión (…)" y de haber transcurrido más de un año desde que fue separada de sus hijos, las autoridades recurridas no le han devuelto a sus hijos. Hace referencia a una sentencia de esta Sala - sentencia No. 2019015244 de las 9:20 horas del 16 de agosto de 2019- la cual, según dice fue declarado a su favor.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

1. El Patronato Nacional de la Infancia de Desamparados, desde el año 2015, cuentan con antecedentes de agresión física, negligencia y alcoholism en perjuricio de los menores amparados [Nombre 022], [Nombre 015], [Nombre 023] y [Nombre 017], todos de apellidos [Nombre 007]- el menor [Nombre 015 007]. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

2. En el año 2018, la maestra de los menores denunció que que tanto [Nombre 022] como [Nombre 015], se presentaban a lecciones sin bañar y sucios y el menor [Nombre 017], presentaba ampollas en los pies, señalando que su madre lo había quemado. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

3. Durante una visita domiciliar, se encontró la casa, sucia, en desorden, que el padre de los menores de apellidos [Nombre 020], impidió el ingreso de la Trabajadora Social del PANI, quien tuvo que acudir con la fuerza pública y recoger a los menores de edad, siendo ingresados en un albergue institucional con el fin de sacarlos de las condiciones de alto riesgo en que se encontraban junto con sus progenitores. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

4. A mediados de enero del año 2019, la recurrente comunicó a la Oficina Local que representa que se separó del padre de sus hijos, que convivía con otro señor, ante lo cual, se comprueba apoyo y responsabilidad de su pareja en ese momento y siendo que mostró mantener una actitud positiva, asumió adecuadamente a sus hijos. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

5. En fecha 07 de junio de 2019, la oficina local del PANI, recibió información del fallecimiento de la persona menor de edad [Nombre 004], por causas que aún no han sido establecidas claramente por parte de Medicatura Forense, dado que el expediente No. [Valor 002], que se tramita en la Fiscalía de Desamparados para investigar la muerte del menor y que aún se mantiene la duda razonable de que el fallecimiento se debió a una agresión del padrastro del niño, señor [Nombre 021], pues incluso los niños mayores así lo han manifestado. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

6. Ante lo acontecido y existiendo la sospecha de un posible homicidio, procedieron a ingresar nuevamente al grupo de hermanos divididos en dos alternativas de protección [Nombre 022], [Nombre 015] y [Nombre 023] en la Asociación Pueblito de Costa Rica y [Nombre 017] y [Nombre 018] en el Hogar Baik, donde se encuentran hasta la fecha, pues por sus edades y los requisitos de las organizaciones no era posible mantenerlos a todos juntos. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

7. La oficina local del PANI, una vez vencido el plazo de la Medida de Protección de Abrigo, requirió una valoración actualizada de las condiciones de la recurrente en su nuevo domicilio, donde habita con su pareja y la nueva hija de ambos e interpuso un Proceso ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, por Deposito Judicial, tramitado bajo el expediente No. [Valor 003]. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

8. En fecha 03 de julio de 2020, Karla Leiva García, funcionaria de la Oficina Local del PANI de Alajuela Oeste, redactó un informe de seguimiento "…En valoraciones realizadas a [Nombre 022], [Nombre 015] y [Nombre 023] en la Asociación Pueblito estos han indicado deseos de retornar con su madre pero son tajantes en que no quieren que Danilo viva con ellos, lo cual queda demostrado no es parte de las intenciones de la señora [Nombre 028] pues esta falsea información y cubre el hecho de que continúa en convivencia con el señor Danilo (…) las personas menores de edad [Nombre 007] se encuentran en condiciones de absoluto abandono por parte de sus progenitores, pues su padre no ha asumido responsabilidad alguna desde que se inició el proceso administrativo, pese a su compromiso evidentemente falso de proteger a sus hijos y cumplir con las recomendaciones profesionales dadas y la señora [Nombre 028] pese a que visitaba a sus hijos en las organizaciones donde se encuentran ingresados continúa conviviendo con el agresor de ellos manteniendo relación conflictiva, ha mentido en cuanto a sus condiciones de vida y económicas, no ofrece ninguna seguridad para los niños y demuestra clara preferencia por su compañero sentimental que por sus hijos. A los señores [Nombre 029] y [Nombre 028] se les prohibió provisionalmente por parte de esta Oficina Local las video llamadas y cualquier contacto con sus hijos, dado que les creaban falsas expectativas, sobre todo la aquí recurrente que les manifestaba que pronto iban a regresar con ella, que no tenía ninguna relación con Danilo y que contaba con una amplia casa para que todos vivieran, lo cual es absolutamente falso. Actualmente se encuentra en trámite el expediente [Valor 007] en el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José por Declaratoria de Abandono contra la aquí recurrente y el progenitor de las personas menores de edad [Nombre 007]…" . (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

9. El 21 de julio de 2020, la Oficina Local de Desamparados del Patronato Nacional de la Infancia, interpuso un proceso de Declaratoria de Estado de Abandono de las personas menores de edad, ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

10. La solicitud de Declaratoria de Estado de Abandono fue presentada sin la demanda inicial, por lo cual, el juzagado previno a la parte actora que la presentara, la misma fue presentada en fecha 12 de agosto de 2020. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

11. Mediante resolución las veintidós horas y veintinueve minutos del veinticinco de agosto de dos mil veinte, se le hizo un previó a la LICENCIADA MARÍA ELENA ROIG VARGAS de aportar la demanda de manera correcta, esto por cuanto omitió su rúbrica en la misma. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

12. El 11 de setiembre de 2020, la demanda es presentada cumpliendo con las prevenciones realizadas por el juzgado recurrido, siendo la última prevención en fecha 10 de setiembre de 2020. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

13. El Juzgado en resolución de las 14:33 horas del once de setiembre de dos mil veinte, dio traslado proceso especial de DECLARATORIA JUDICIAL DE ABANDONO O ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD [Nombre 022 055], [Nombre 015 034], [Nombre 023 037], [Nombre 017 035], [Nombre 018 036] otorgando el depósito provisional de las personas menores de edad en el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, asimismo solicitándosele a la parte actora que dentro del plazo de cinco días, presente dos juegos de copias completos del proceso para notificar a las partes, estando a la espera de las mismas. La Licenciada MARÍA ELENA ROIG VARGAS, acepto el cargo de depositaria judicial de las personas menores de edad el diecisiete de septiembre del dos mil veinte. (Ver informe rendido bajo fe de juramento)

III.- SOBRE LAS ATRIBUCIONES DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA. El Patronato Nacional de la Infancia, por disposición constitucional, es la institución autónoma encargada de la protección especial de los menores de edad. Además, otorga una protección especial al niño por parte del Estado, y establece la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad (artículos 51 y 55 de la Constitución Política). Al respecto, este Tribunal ha resuelto en lo conducente:

"(…) El legislador Constituyente en aras de proteger a la madre y al menor, creó con rango Constitucional, el Patronato Nacional de la Infancia, convirtiéndola en la Institución rectora, por excelencia, de la niñez costarricense. Este sentimiento expresado en esta norma, está indudablemente unido también al interés de proteger a la familia como uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Los artículos 51 y 55 preceptan pues, dos de los valores más arraigados de nuestro pueblo, valores que gracias a la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, hoy son compartidos a nivel mundial, existiendo consenso sobre el deber del Estado de proteger siempre, el interés superior del menor (…)" (ver sentencia Nº 227-93 de las 12:36 hrs. del 15 de enero de 1993).

IV.- SOBRE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO: Ésta Sala en sentencias números 3173-93, de las 14:57 horas del 6 de julio de 1993 y 4205-96 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996, dispuso:

"VIII.- El interés superior del niño. De igual manera, diferentes instrumentos internacionales reconocen e imponen el deber estatal de prestar particular protección a los derechos de los niños y las niñas; desde instrumentos declarativos como la misma Declaración Universal, y especialmente a partir de la aprobación y vigencia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se ha dado un impulso determinante en la protección de este grupo especial, procurando que en todo momento se brinde la adecuada asistencia y respeto de los derechos a él reconocidos, dentro de los que sobresalen a efectos del presente recurso, la promoción de las condiciones necesarias para la convivencia familiar, así como el derecho de los niños a permanecer junto a sus padres, particularmente junto a su madre -artículo dieciséis del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador-. La jurisprudencia de la Sala es contundente en reconocer la protección que debe otorgarse a los derechos de los niños y las niñas, reconociendo, igualmente, al interés superior del niño su condición y naturaleza de principio general que, como tal, forma parte del ordenamiento jurídico y debe ser aplicado para que rija y gobierne toda actividad administrativa y judicial relacionada con las personas menores de edad. Ejemplo claro de la protección que la Sala otorga al interés superior del niño, se encuentra en la sentencia número 2006-11262, de las quince horas del 24 de agosto de 2006, en la cual la Sala manifestó: "III.- Sobre el interés superior del niño (a).- En materia de los derechos especiales que tienen los niños se encuentran varias normas de rango constitucional, internacional e infraconstitucional; reconociéndose en todas ellas el interés superior del niño (a) como criterio de toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años. (…) En igual sentido la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (aprobada y ratificada por nuestro país, mediante, la Ley No. 7184 del 18 de julio de 1990, la cual entró en vigencia, a tenor del numeral 2 de ese instrumento legal, el día de su publicación en La Gaceta No. 149 del 9 de agosto de 1990), le establece una serie de derechos a cualquier niño, independientemente, de su raza o nacionalidad (artículo 2°), tales como: el derecho a ser cuidado por sus padres (artículo 7º), el derecho a un "nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social" reconociéndose a los padres como los responsables primordiales de proporcionarles las condiciones de vida necesarias para su desarrollo y el deber del Estado de adoptar "medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho" (artículo 27) y en caso de tratarse además de un niño (a) mental o físicamente impedido el derecho a "disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren dignidad, permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad" además de "recibir cuidados especiales" (artículo 23). Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, precisa en su artículo 16, párrafo 3º, que "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene el derecho a la protección de la sociedad y del Estado" (en idéntico sentido artículo 23, párrafo 1º, del Protocolo Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966). Por su parte, el artículo 25, párrafo 2º, de la supraindicada Declaración señala que "La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales..." y, finalmente, en el artículo 24, párrafo 1º, se establece que "Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna... a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado". De las normas de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos transcritas, resulta, a todas luces, que los Estados tienen como deberes fundamentales la protección del interés superior del niño, evitando la desmembración del núcleo familiar y promover las condiciones necesarias para que gocen de la presencia permanente de la autoridad parental en especial cuando el niño (a) requiere cuidados especiales. Los derechos humanos o fundamentales y las obligaciones correlativas de los poderes públicos, han sido también, desarrollados en el plano infraconstitucional, tenemos así el Código de la Niñez y de la Adolescencia en general y la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, cuando se trate además de un niño (a) con necesidades especiales. Así, el Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley No. 7739) puntualiza que el norte interpretativo de toda acción pública o privada debe ser el interés superior del niño (artículo 5º). El ordinal 12 de ese cuerpo normativo estipula que el Estado deberá garantizar el derecho a la vida "con políticas económicas y sociales que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral". El numeral 29 establece la obligación del padre, la madre o la persona encargada de "velar por el desarrollo físico, intelectual, moral, espiritual y social de sus hijos menores de dieciocho años" y de "cumplir con las instrucciones y los controles que se prescriban para velar por la salud de las personas menores de edad bajo su cuidado" (artículo 45). Por su parte, además de todo lo dicho, cuando el niño (a) requiera de necesidades especiales en razón de su discapacidad entendida como "una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social" (artículo I de la Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad) es aplicable además los derechos de las personas discapacitadas, reconocidos también en normas internacionales (Convención Americana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad ratificada por la Asamblea Legislativa mediante Ley N° 7948) y con rango legal la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600, publicada en La Gaceta del 29 de mayo de 1996. Así pues, a las personas discapacitadas se les debe garantizar igualdad de oportunidades, mediante la supresión de todos los obstáculos determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos que excluyan o restrinjan su plena participación en la sociedad, en este sentido define el artículo 2 la estimulación temprana cuando dice que es toda aquella "atención brindada al niño entre cero y siete años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarcan todas las áreas del desarrollo humano…" y el artículo 13 de la Ley General de Salud No. 5395, del 30 de octubre de 1973 cuando reconoce el deber de los padres y el Estado de velar por la salud y el desarrollo de los niños: "Los niños tienen derecho a que sus padres y el Estado velen por su salud y su desarrollo social, físico y psicológico. Por tanto, tendrán derecho a las prestaciones de salud estatales desde su nacimiento hasta la mayoría de edad. Los niños que presenten discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y emocionales gozarán de servicios especializados.". En conclusión, luego de todo lo dicho es claro que a los niños le asisten una serie de derechos especiales y correlativamente al Estado y los padres o encargados de los niños le asisten una serie de obligaciones y deberes para con ellos, más aún cuando se trate de niños con necesidades especiales, todo lo cual tiene respaldos en numerosos instrumentos internacionales, en nuestra Constitución Política y en normas legales. (…)

V.- SOBRE LA SEPARACIÓN TEMPORAL DE MENORES DE EDAD DE SU NÚCLEO FAMILIAR. En aplicación del referido principio del interés superior del niño, la Convención Internacional de los Derechos del Niño define en sus artículos 9 y 20, en lo conducente, que:

"Artículo 9. 1.- Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. (…) Artículo 20 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidados para esos niños. 3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico". Por su parte, la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia dispone que: "ARTÍCULO 4.- Atribuciones. Las atribuciones del Patronato Nacional de la Infancia serán: (…) m) Disponer en forma provisional de la guarda y crianza de los menores de edad, en aras de proteger su interés superior.".

En este sentido, es claro que aun cuando es necesario y debe garantizarse que los niños y niñas se desarrollen en un adecuado entorno familiar, y que debe procurarse que permanezcan con sus padres siempre que ello sea posible, puede existir situaciones calificadas que aconsejen la separación de sus padres, únicamente a manera de excepción, para proteger su integridad física y emocional, siempre que se acredite que el niño o niña es víctima de maltrato o descuido. En estos casos, el Estado tiene la obligación de brindar protección y asistencia, como sería la ubicación temporal en instituciones adecuadas para su protección, o en hogares sustitutos, e incluso a través del instituto de la adopción. De tal manera, es posible que de modo excepcional el niño sea separado del lugar donde reside, si es necesario para su asegurar su protección (En este sentido ver, sentencia 2007-937 de las 10:14 horas del 26 de enero del 2007 y, 2009- 1251 de las 11:33 horas del 30 de enero del 2009).

VI.- SOBRE EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA EN PROCEDIMIENTOS ANTE EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA. Mediante sentencia No. 2018-007820 de las 9:15 horas del 18 de mayo de 2018, esta Sala se refirió al debido proceso y el derecho de defensa que se debe conceder en procedimientos ante el PANI, a efectos de respetar los derechos fundamentales de las partes involucradas. En este sentido, se indicó lo siguiente:

"(…) a esta Sala no le corresponde determinar si la decisión que adopte el Patronato Nacional de la Infancia, es ajustada o no a Derecho, en cuanto al fondo; pero sí le corresponde conocer si hay violaciones esenciales en el desarrollo del procedimiento, porque las personas sí cuentan con el derecho fundamental al debido proceso y con el derecho fundamental a la defensa. Dicho lo anterior, del propio informe rendido por las autoridades recurridas se desprende que la Oficina Local de Pococí decretó las medidas de protección violentando las disposiciones procesales contempladas en el Código de Niñez y Adolescencia y en la Ley General de la Administración Pública, pues emitió la decisión final sin haber permitido que la madre tuviera acceso al expediente, es decir, tomó decisión final sin permitirle que tuviera conocimiento de los hechos que se le atribuyen y de las pruebas que podían existir en su contra y sin permitirle que tuviera la oportunidad de combatir los hechos y de ofrecer sus pruebas para demostrar sus propias afirmaciones. Todo esto se encuentra expresamente contemplado en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia, particularmente en los artículos 128, 129, 132, 133, los cuales disponen lo siguiente:

Artículo 128°- Garantías del proceso administrativo. Los principios del proceso administrativo se aplicarán en defensa del interés superior de la persona menor de edad. La Administración Pública deberá garantizar el principio de defensa y el debido proceso, relativo a las decisiones administrativas que pretendan resolver algún conflicto surgido en virtud del ejercicio de los derechos contemplados en este Código.

Artículo 129°- Proceso especial de protección. En sede administrativa, el proceso especial de protección corresponde a las oficinas locales del Patronato Nacional de la Infancia.

Artículo 132°- Inicio del proceso. En casos de amenaza grave o violación de los derechos reconocidos en el presente Código, el proceso especial de protección podrá iniciarse de oficio o por denuncia presentada por cualquier persona, autoridad u organismo de derechos humanos.

Artículo 133°- Procedimientos en la oficina local. Conocido el hecho o recibida la denuncia, la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia constatará la situación, escuchará a las partes involucradas, recibirá la prueba que ellas presenten y dictará, inmediatamente, las medidas de protección que correspondan. El procedimiento seguido por la oficina local será sumario e informal y garantizará la audiencia a la persona menor de edad involucrada.

Como se aprecia, la remisión a los principios del proceso administrativo es explícita, como también es explícito el deber que tiene la Administración Pública - que en estos procesos se ejerce a través del Patronato Nacional de la Infancia- de garantizar el principio de defensa y el debido proceso. Los principios del proceso administrativo se encuentran contemplados en el Capítulo Único del Título Primero del Libro Tercero de la Ley General de la Administración Pública, en sus artículos 214 a 229, de los cuales conviene destacar los artículos 217 y 218, que indican lo siguiente:

Artículo 217.-Las partes tendrán derecho a conocer el expediente con las limitaciones de esta Ley y a alegar sobre lo actuado para hacer valer sus derechos o intereses, antes de la decisión final, de conformidad con la ley.

Artículo 218.-Las partes tendrán derecho a una comparecencia oral y privada con la Administración, en que se ofrecerá y recibirá en lo posible toda la prueba, siempre que la decisión final pueda causar daños graves a alguna o a todas aquellas, de conformidad con la ley.

Como se aprecia, tanto en el artículo 133 del Código de la Niñez y la Adolescencia como en el artículo 218 se encuentra contemplado el derecho del ciudadano a ser escuchado por la Administración Pública antes de que se tome la decisión final. Conviene tener presente que es evidente que en algunas ocasiones resulta necesario tomar medidas urgentes antes de que se celebre la comparecencia oral y privada, pero estas medidas son cautelares dentro del proceso de protección, y por consiguiente, no se puede evadir la realización del mismo. En estos casos, la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia tiene la potestad de decretar medidas cautelares mediante decisión fundada, valorando la urgencia del caso y por aplicación de los principios de la apariencia del buen derecho (fumusboni iuris) y del peligro en la demora (pericolum in mora), de forma tal que el interés superior de la persona menor de edad bien puede ser resguardado durante la tramitación del proceso de protección e, incluso, excepcionalmente mediante medidas cautelares ante causam. Valga indicar que, por los evidentes efectos propios que podrían derivarse con el dictado de las medidas cautelares, la decisión de la Oficina Local podría ser recurrida ante la Presidencia Ejecutiva de la institución.

En este caso, en la resolución "inicial", la Oficina Local de Pococí dijo dar inicio al proceso de protección, decretó la separación de la persona menor de edad al otorgar la medida de cuido provisional en una pariente distinta a la progenitora residente, dispuso que esta medida tendría una duración máxima e informó que en caso de no estar conforme, la madre podía apelar ante la Presidencia Ejecutiva de la institución.

La madre no tiene por qué saber que tenía derecho a ser escuchada y a ofrecer pruebas antes de que se adoptara esa decisión, y lo que hizo fue actuar conforme se le indicó, procediendo a presentar un recurso de apelación ante la Presidencia Ejecutiva el quince de enero de dos mil dieciocho, en el cual ofreció pruebas. Habiendo sido interpuesto oportunamente el recurso de apelación, la Oficina Local dispuso postergar su admisibilidad -a pesar de que eso era lo que había dispuesto en la resolución original-, y dispuso que se realizaran valoraciones periciales, admitió prueba testimonial y ordenó que se realizara una audiencia. Luego se llegaría a celebrar dos audiencias, en días distintos, y a incorporarse dictámenes periciales y otros documentos, los cuales no fueron analizados ni tomados en cuenta por la Oficina Local, ya que lo que ésta hizo fue limitarse a admitir el recurso de apelación ante la Presidencia.

Una vez recibido el expediente, la Presidencia -en decisión procesalmente curiosa- dispuso que el caso lo siguiera conociendo la Oficina Local de Siquirres y ordenó realizar nuevas valoraciones, las cuales ya se realizaron. Sin embargo, al día de hoy no consta que se hubiera resuelto el recurso de apelación presentado por la progenitora.

Por lo expuesto, se denota una demora en la resolución del asunto, que repercute en el derecho de la parte a recurrir la decisión administrativa ante la sede judicial, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 142 del Código de la Niñez y la Adolescencia. (…)"

VII. ANTECEDENTE. Mediante resolución de este Tribunal No. 2019015244, de las 09:20 horas del 16 de agosto de 2019, se resolvió un recurso de amparo de la recurrente en contra del PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA DE DESAMPARADOS, en esa oportunidad se dispuso:

"…Sin embargo, de la lectura de la resolución de las 16:00 horas del 07 de junio de 2019, se desprende que no se ha cumplido a cabalidad con algunos factores esenciales del debido proceso, lo cual tiene incidencia directa en el derecho de defensa de las personas sometidas a ellos. A pesar de estar expresamente establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia (artículo 133) que la decisión de imponer o no imponer medidas de protección a favor de personas menores de edad se debe adoptar después de que las personas involucradas hayan tenido la oportunidad de referirse a los hechos que les son atribuidos, de ofrecer las pruebas que consideren pertinentes y de que se admitan y se evacuen en una comparecencia oral aquellas que el órgano director estime útiles y pertinentes, lo cierto es que en esta resolución la decisión administrativa de imponer las medidas de protección se adopta sin que se haya permitido que las personas justiciables hayan podido ejercer su derecho de defensa. En concreto, se omite hacer el traslado concreto de cargos en el que se informa -a quienes ejercen la autoridad parental-, acerca de los hechos que se les atribuyen y de las pruebas que existen, con lo cual estas personas no gozan de la oportunidad de referirse a los hechos ni de ofrecer sus pruebas -lo que también materialmente impide que estas se evacuen- antes de que se adopte la decisión de imponer las medidas de protección. Tampoco se les concede audiencia ni se les indican los recursos que proceden contra dicha resolución. Dichas omisiones lesionan el debido proceso en los términos indicados en el considerando anterior, por lo que se impone estimar el recurso en los términos que se señalan en la parte dispositiva de esta sentencia.

Asimismo, se advierte a las autoridades del PANI, que deben brindar el seguimiento oportuno al caso, y dependiendo del resultado del Dictamen Médico Legal y de los demás aspectos y evaluaciones que corresponda, deberán revisar la procedencia de la medida de abrigo temporal cuestionada, a fin de que esta no exceda los criterios de necesidad que dieron lugar a la misma (…)Por tanto:Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Fiorella Hidalgo Kooper, en su condición de Coordinadora de la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia en Desamparados, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que adecúe el procedimiento administrativo especial de protección, brindándole a la recurrente todas las garantías del debido proceso. Esta declaratoria no conlleva la suspensión de la medida de protección dictada a favor de las personas menores de edad amparadas. Se le advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Patronato Nacional de la Infancia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese la presente resolución a Fiorella Hidalgo Kooper, en su condición de Coordinadora de la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia en Desamparados, o a quien en su lugar ocupe el cargo, en forma personal…".

VIII.-SOBRE LA ACTUACIÓN DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA.- En el sub examine, la recurrente reclama que como consecuencia del fallecimiento en fecha 07 de junio de 2019, de su hijo [Nombre 004], se interpuso una denuncia ante la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia de Desamparados. Acusa que fue separada de sus otros hijos, quienes fueron enviados por separado a albergues ubicados en Guadalupe y Cartago. Reclama que a pesar que existe un informe forense que determinó que su hijo murió por "(…) una enterocolitis necrotizante con perforación intestinal de origen bacteriano, además hay hallazgos que impresionan que el niño sufría de una inmunodeficiencia en su sistema y no por agresión (…)" y de haber transcurrido más de un año desde que fue separada de sus hijos, las autoridades recurridas no le han devuelto a sus hijos. Hace referencia a una sentencia de esta Sala -sentencia No. 2019015244 de las 9:20 horas del 16 de agosto de 2019- la cual, según dice fue declarado a su favor.

Ahora bien, del estudio del expediente y del informe rendido bajo juramento por las autoridades recurridas, se extrae, que el Patronato Nacional de la Infancia de Desamparados, desde el año 2015, cuentan con antecedentes de agresión física, negligencia y alcoholism en perjuricio de los menores amparados [Nombre 022], [Nombre 015], [Nombre 023] y [Nombre 017], todos de apellidos [Nombre 007]- el menor [Nombre 015 007]. Además, que en el año 2018, la maestra de los menores denunció que que tanto [Nombre 022] como [Nombre 015], se presentaban a lecciones sin bañar y sucios y el menor [Nombre 017], presentaba ampollas en los pies, señalando que su madre lo había quemado. Aunado a lo anterior, que durante una visita domiciliar, se encontró la casa, sucia, en desorden, que el padre de los menores de apellidos [Nombre 020] , impidió el ingreso de la Trabajadora Social del PANI, quien tuvo que acudir con la fuerza pública y recoger a los menores de edad, siendo ingresados en un albergue institucional con el fin de sacarlos de las condiciones de alto riesgo en que se encontraban junto con sus progenitores. A mediados de enero del año 2019, la recurrente comunicó a la Oficina Local que representa que se separó del padre de sus hijos, que convivía con otro señor, ante lo cual, se comprueba apoyo y responsabilidad de su pareja en ese momento y siendo que mostró mantener una actitud positiva, asumió adecuadamente a sus hijos. Por su parte, en fecha 07 de junio de 2019, la oficina local del PANI, recibió información del fallecimiento de la persona menor de edad [Nombre 004], por causas que aún no han sido establecidas claramente por parte de Medicatura Forense, dado que el expediente No. [Valor 002], que se tramita en la Fiscalía de Desamparados para investigar la muerte del menor y que aún se mantiene la duda razonable de que el fallecimiento se debió a una agresión del padrastro del niño, señor [Nombre 021] , pues incluso los niños mayores así lo han manifestado. Ante lo acontecido y existiendo la sospecha de un posible homicidio, procedieron a ingresar nuevamente al grupo de hermanos divididos en dos alternativas de protección [Nombre 022], [Nombre 015] y [Nombre 023] en la Asociación Pueblito de Costa Rica y [Nombre 017] y [Nombre 018] en el Hogar Baik, donde se encuentran hasta la fecha, pues por sus edades y los requisitos de las organizaciones no era posible mantenerlos a todos juntos. La oficina local del PANI, una vez vencido el plazo de la Medida de Protección de Abrigo, requirió una valoración actualizada de las condiciones de la recurrente en su nuevo domicilio, donde habita con su pareja y la nueva hija de ambos e interpuso un Proceso ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, por Deposito Judicial, tramitado bajo el expediente No. [Valor 003] . En fecha 03 de julio de 2020, Karla Leiva García, funcionaria de la Oficina Local del PANI de Alajuela Oeste, redactó un informe de seguimiento “…En valoraciones realizadas a [Nombre 022], [Nombre 015] y [Nombre 023] en la Asociación Pueblito estos han indicado deseos de retornar con su madre pero son tajantes en que no quieren que Danilo viva con ellos, lo cual queda demostrado no es parte de las intenciones de la señora [Nombre 028] pues esta falsea información y cubre el hecho de que continúa en convivencia con el señor Danilo (…) las personas menores de edad [Nombre 007] se encuentran en condiciones de absoluto abandono por parte de sus progenitores, pues su padre no ha asumido responsabilidad alguna desde que se inició el proceso administrativo, pese a su compromiso evidentemente falso de proteger a sus hijos y cumplir con las recomendaciones profesionales dadas y la señora [Nombre 028] pese a que visitaba a sus hijos en las organizaciones donde se encuentran ingresados continúa conviviendo con el agresor de ellos manteniendo relación conflictiva, ha mentido en cuanto a sus condiciones de vida y económicas, no ofrece ninguna seguridad para los niños y demuestra clara preferencia por su compañero sentimental que por sus hijos. A los señores [Nombre 029] y [Nombre 028] se les prohibió provisionalmente por parte de esta Oficina Local las video llamadas y cualquier contacto con sus hijos, dado que les creaban falsas expectativas, sobre todo la aquí recurrente que les manifestaba que pronto iban a regresar con ella, que no tenía ninguna relación con Danilo y que contaba con una amplia casa para que todos vivieran, lo cual es absolutamente falso. Actualmente se encuentra en trámite el expediente [Valor 007] en el Juzgado de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José por Declaratoria de Abandono contra la aquí recurrente y el progenitor de las personas menores de edad [Nombre 007]…” . El 21 de julio de 2020, la Oficina Local de Desamparados del Patronato Nacional de la Infancia, interpuso un proceso de Declaratoria de Estado de Abandono de las personas menores de edad, ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José. La solicitud de Declaratoria de Estado de Abandono fue presentada sin la demanda inicial, por lo cual, el juzgado previno a la parte actora que la presentara, la misma fue presentada en fecha 12 de agosto de 2020. Mediante resolución las veintidós horas y veintinueve minutos del veinticinco de agosto de dos mil veinte, se le hizo un previó a la LICENCIADA MARÍA ELENA ROIG VARGAS de aportar la demanda de manera correcta, esto por cuanto omitió su rúbrica en la misma. El 11 de setiembre de 2020, la demanda es presentada cumpliendo con las prevenciones realizadas por el juzgado recurrido, siendo la última prevención en fecha 10 de setiembre de 2020. El Juzgado en resolución de las 14:33 horas del once de setiembre de dos mil veinte, dio traslado proceso especial de DECLARATORIA JUDICIAL DE ABANDONO O ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD [Nombre 022 055], [Nombre 015 034], [Nombre 023 037], [Nombre 017 035], [Nombre 018 036] otorgando el depósito provisional de las personas menores de edad en el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, asimismo solicitándosele a la parte actora que dentro del plazo de cinco días, presente dos juegos de copias completos del proceso para notificar a las partes, estando a la espera de las mismas. La Licenciada MARÍA ELENA ROIG VARGAS, acepto el cargo de depositaria judicial de las personas menores de edad el diecisiete de septiembre del dos mil veinte.

Del cuadro fáctico descrito, esta Sala logra acreditar la lesión a los derechos fundamentales de la recurrente y los menores amparados únicamente en cuanto a la violación al debido proceso, lo anterior, por las razones que se expondrán. Nótese, que contrario a los alegatos de la recurrente, la separación de su hijos, no se produce de forma discriminatoria, arbitraria, con base en acusaciones sin fundamento, ni violentando su derecho a un debido proceso; sino por el contrario, son el resultado de las denuncias y el seguimiento del Patronato Nacional de la Infancia al caso, donde incluso existe un menor de edad fallecido, por causas que aún son objeto de investigación en sede penal, por sospecha de que la muerte haya sido causada por la actual pareja de la recurrente, quien a propósito, se determinó que aún habita con ella y con el cual, procreó una nueva hija. Es por lo expuesto, que se dictó la medida de protección y abrigo y una vez vencida la autoridad recurrida, presentó un proceso de Declaratoria de Abandono en contra de la recurrente, al cual, se le dio traslado mediante la resolución de las catorce hora treinta y tres minutos del once de setiembre de dos mil veinte, otorgando el depósito provisional de las personas menores de edad en el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA. No obstante; dicha resolución no ha sido notificada a la recurrente, por cuanto, la Oficina Local de Desamparados del Patronato Nacional de la Infancia, no ha cumplido con la prevención de la resolución de las 14:33 horas del once de setiembre de dos mil veinte, mediante la cual, además se le previno aportar dos juegos de copias completos del proceso para notificar a todas las partes. En mérito de lo expuesto, siendo que actualmente el proceso ampliamente referido se encuentra judicializado, se debe declarar sin lugar el recurso como en efecto se dispone.

IX.- SOBRE LA ACTUACIÓN DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Del estudio del expediente y del informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, se logra acredita que, el 21 de julio de 2020, la Oficina Local de Desamparados del Patronato Nacional de la Infancia, interpuso un proceso de Declaratoria de Estado de Abandono de las personas menores de edad, ante el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José. Además, que la solicitud de Declaratoria de Estado de Abandono fue presentada sin la demanda inicial, por lo cual, el juzgado previno a la parte actora que la presentara, la misma fue presentada en fecha 12 de agosto de 2020. Posteriormente, mediante la resolución las veintidós horas y veintinueve minutos del veinticinco de agosto de dos mil veinte, se le hizo un previó a la LICENCIADA MARÍA ELENA ROIG VARGAS de aportar la demanda de manera correcta, esto por cuanto omitió su rúbrica en la misma. Seguidamente, el 11 de setiembre de 2020, la demanda es presentada cumpliendo con las prevenciones realizadas por el juzgado recurrido, siendo la última prevención en fecha 10 de setiembre de 2020. Finalmente, que El Juzgado en resolución de las catorce hora treinta y tres minutos del once de setiembre de dos mil veinte, dio traslado proceso especial de DECLARATORIA JUDICIAL DE ABANDONO O ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD [Nombre 022 055], [Nombre 015 034], [Nombre 023 037], [Nombre 017 035], [Nombre 018 036] otorgando el depósito provisional de las personas menores de edad en el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, asimismo solicitándosele a la parte actora que dentro del plazo de cinco días, presente dos juegos de copias completos del proceso para notificar a las partes, estando a la espera de las mismas. La Licenciada MARÍA ELENA ROIG VARGAS, acepto el cargo de depositaria judicial de las personas menores de edad el diecisiete de septiembre del dos mil veinte.

Así las cosas, no encuentra este Tribunal, que la intervención del Juzgado de la Niñez y Adolescencia, haya violentado los derechos fundamentales de la recurrente y los menores amparados. En mérito de lo expuesto se declara sin lugar el recurso en cuanto a este extremo.

IX.- Tome nota el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, que deberá utilizar los mecanismos judiciales que tenga a su disposición para hacer cumplir sus resoluciones, tal como sucede con al resolución de las de las catorce hora treinta y tres minutos del once de setiembre de dos mil veinte, lo anterior, a fin de lograr la efectiva notificación de la resolución en cuestión.

X.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en Sesión N° 27-11, del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial N° 19, del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 43-12, celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso. Tome nota el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José, de lo expuesto en el considerando IX de esta sentencia. Notifíquese.

Paul Rueda L.
Presidente a.i
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Ronald Salazar Murillo

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