Sentencia Nº 2020018300 de Sala Constitucional, 25-09-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expedienteExp:
Fecha25 Septiembre 2020
Número de sentencia2020018300
Revisión del Documento

*200153720007CO*

Exp: 20-015372-0007-CO

Res. Nº 2020018300

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticinco de setiembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo interpuesto por JOSÉ EDUARDO VARGAS RIVERA, cédula de identidad número 01-0761-0765, a favor de JOSÉ ROLANDO BALTODANO MURILLO, cédula de identidad número 01-1311-0719, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido mediante el sistema de fax en la Secretaría de la Sala a las 15:42 horas del 25 de agosto de 2020, el recurrente interpuso recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social. Expone que el amparado labora como enfermero en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19. Sin embargo, a la fecha en que acude en amparo no se le han pagado los salarios correspondientes a los meses de julio y agosto de 2020, lo que le afecta psicológica y emocionalmente al no contar con los recursos para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Agrega que la política de la Caja Costarricense de Seguro Social de no depositar los salarios en el plazo máximo de 30 días, genera además que cuando se pagan las sumas pendientes, se rebaje el impuesto de la renta que no se hubiera tenido que deducir de haberse realizado el pago de forma mensual, lo que causa una doble vulneración a los derechos fundamentales de los funcionarios, al efectuar una disminución del salario que no corresponde. Por lo descrito solicita se acoja el recurso de amparo con las consecuencias legales que ello implique.

2.- Mediante auto de las 15:43 horas de 28 de agosto de 2020, se dio curso al presente amparo y se solicitó informe al Gerente General, al Director de Administración y Gestión de Personal, así como al Director General del Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19, todos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Dicha resolución fue notificada a las autoridades recurridas el 01 de setiembre de 2020.

3.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 2 de setiembre de 2020, informó bajo juramento ROBERTO AGUILAR TASSARA, en calidad de Director General interino del Centro Nacional de Rehabilitación, que de acuerdo con el oficio No. CNR.OGRH.691 de primero de setiembre de 2020 suscrito por el Jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, el tutelado se encuentra nombrado como propietario en una plaza de Auxiliar de Enfermería en el Hospital San Juan de Dios, desde el 7 de abril de 2006. Por lo anterior, asegura que el amparado ha recibido su salario de acuerdo a la plaza que tiene en propiedad, de manera continua en los últimos meses -incluyendo julio y agosto-. Expone que en virtud de la declaratoria de emergencia nacional realizada por la Presidencia de la República mediante Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S de 16 de marzo de 2020, y la subsecuente reconversión del Centro Nacional de Rehabilitación en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19, se realizó una contratación importante de personal de enfermería. De manera que el tutelado inició sus labores en éste último centro el 6 de julio de 2020, por ascenso interino en el puesto de Enfermero 1 Licenciado. Comenta que como parte del proceso para ejecutar dicho nombramiento, por correo electrónico el 9 de julio de 2020, el Área de Reclutamiento y Selección de Personal, remitió los formularios de ingreso al tutelado. Adicionalmente, por correo electrónico de 15 de julio de 2020, el amparado envió la documentación a esa misma área; mientras que la entrega física de documentos -para la verificación de atestados académicos y legales- la realizó el 30 de julio de 2020. Señala que la institución tiene un calendario de recepción de documentos para incluir los movimientos de personal en cada uno de los periodos de pago; siendo que el tutelado presentó formalmente los atestados el 30 de julio de 2020 y la entrega del expediente al Área de Trámite se realizó el 10 de agosto de 2020; mediante acción de personal 0000454-EF19 se incluyó el nombramiento del amparado, por ascenso interino en el periodo de 6 de julio al 25 de setiembre de 2020, en la fecha límite -14 de agosto de 2020- cuya diferencia salarial pendiente de cancelar será depositada en planilla de 11 de setiembre de 2020. De otra parte, señala que respecto al impuesto sobre la renta regulado mediante Decreto Ejecutivo No. 41948-H aplicable a los sueldos que superan los topes salariales, asegura que el rebajo se realiza de acuerdo al estipendio correspondiente a un mes calendario, por lo que desmiente que el impuesto se aplique a salarios que no sobrepasen el tope aunque el pago se ejecute acumulativa y posteriormente en una misma catorcena. Solicita se declare sin lugar el recurso de amparo.

4.- Por escrito remitido mediante correo electrónico el 3 de setiembre de 2020, informó bajo juramento WÁLTER CAMPOS PANIAGUA, en calidad de Subdirector a.i. de Administración y Gestión de Personal de la Caja Costarricense de Seguro Social, que de conformidad con el oficio No. ADAPS-SRS-1025-2020 de la Subárea de Remuneración Salarial, el tutelado sí devengó salario en las catorcenas contenidas en los meses de julio y agosto de 2020, por cuanto se encuentra nombrado en propiedad como Auxiliar de Enfermería en el Hospital San Juan de Dios. Acota que de acuerdo con la revisión del sistema de planillas, para la primera bisemana de setiembre de 2020 -la cual será depositada específicamente el 11 de setiembre de 2020- se encuentra incluido el nombramiento que refiere en el presente recurso de amparo; de manera que ese pago se cancelará la diferencia salarial entre el puesto de Auxiliar de Enfermería y el puesto de Enfermero 1 Licenciado correspondiente a 67 días -del 6 de julio al 11 de setiembre de 2020-, mientras que en la segunda bisemana de setiembre -pagadera el 25 de setiembre de 2020- se depositarán los restantes 14 días -del 12 al 25 de setiembre de 2020-. Destaca que de acuerdo con la legislación aplicable, la deducción del impuesto a la renta se realiza de forma bisemanal, respecto a la sumatoria del salario mensual; de manera que cuando se realizan pagos en fechas posteriores al mes laborado, el Sistema de Pago Institucional realiza un recálculo, en el que toma de base los salarios según el mes correcto de pago y estima el monto del impuesto a rebajar, aplicando la diferencia únicamente cuando corresponde; lo anterior justamente para que no se realicen rebajos erróneos en caso de hacer pagos acumulados a los funcionarios. Por lo expuesto solicita se declare sin lugar el recurso de amparo.

5.- Por certificación de 21 de setiembre de 2020, se remitió el comprobante de pago en el que consta que al amparado se le depositaron las diferencias salariales pendientes.

6.- En la substanciación de este proceso se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Salazar Murillo; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. Reclama el recurrente que al amparado no se le han pagado los salarios correspondientes a los meses de julio y agosto de 2020; además, sostiene que la política de la autoridad recurrida de no depositar los salarios en un plazo de 30 días, genera que al pagar las sumas pendientes, se rebaje el impuesto de la renta que no se hubiera tenido que deducir de haberse realizado el pago de forma mensual.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque las autoridades recurridas hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  1. El tutelado se encuentra nombrado como propietario en una plaza de Auxiliar de Enfermería en el Hospital San Juan de Dios desde el 7 de abril de 2006 y hasta la fecha (informes de las autoridades recurridas).
  2. En virtud de la declaratoria de emergencia nacional, el amparado inició labores en el puesto de Enfermero 1 Licenciado en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19, a partir del 6 de julio de 2020 (informes de las autoridades recurridas).
  3. Mediante boletas No. B-0016214267, No. B-0016302513, No. 0016358250 y No. B-0016415014, se realizó el pago del salario al amparado como Auxiliar de Enfermería, respectivamente de la segunda bisemana de julio, la tercera bisemana de julio, la primera bisemana de agosto y la segunda bisemana de agosto, todas de 2020 (prueba aportada al expediente).
  4. Mediante acción de personal 0000454-EF19 incluida en el sistema de pago de planillas en fecha límite -14 de agosto de 2020-, se tramitó el nombramiento del tutelado por ascenso interino en el periodo que va del 6 de julio de 2020 al 25 de setiembre de 2020.
  5. En fecha 01 de setiembre del 2020 se notificó la resolución de curso del presente recurso de amparo a las autoridades recurridas (ver actas de notificación).
  6. La diferencia salarial entre el puesto de Auxiliar de Enfermería y el puesto de Enfermero 1 Licenciado correspondiente a 67 días -del 6 de julio al 11 de setiembre de 2020- se depositó en planilla de 11 de setiembre de 2020 (informe de las autoridades recurridas y certificación aportada como prueba).

III.- SOBRE EL PAGO DEL SALARIO AL AMPARADO. De los informes rendidos por las autoridades accionadas, los cuales son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica, se desprende que en el caso bajo estudio se ha producido una vulneración al derecho al salario y a su pago oportuno; específicamente a la diferencia salarial existente entre el puesto de Auxiliar de Enfermería y el puesto de Enfermero 1 Licenciado, correspondiente al mes de julio de 2020. Al respecto, aducen las autoridades accionadas que mediante acción de personal número 0000454-EF19, incluida en el sistema de pago de planillas en fecha límite -14 de agosto de 2020-, se tramitó el nombramiento en ascenso interino del amparado en el periodo que va del 6 de julio al 25 de setiembre, ambos de 2020; por lo que la adeudada diferencia fue depositada al tutelado hasta el 11 de setiembre de 2020, una vez notificado el presente recurso de amparo. Cabe señalar que es responsabilidad de la Administración, en virtud de lo que imponen los principios de eficacia y eficiencia, gestionar oportunamente los trámites de nombramientos, sustituciones, incapacidades y pago de salarios, con el objeto de no privar a las personas de sus derechos fundamentales. Es responsabilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, como patrono, pagar en forma oportuna y regular el salario a sus servidores y en caso de no hacerlo, deja sin protección un derecho constitucionalmente protegido de la persona trabajadora. Este Tribunal, considera que la oportunidad del pago implica no sólo que se haga en tiempo y de forma regular, también debe ser completo en relación con la labor realizada, caso contrario lesiona de forma directa el derecho al salario. Ahora bien, dado que el pago de las diferencias salariales contenidas en el periodo que va desde el 6 de julio y hasta el 11 de setiembre, ambos de 2020, fueron canceladas en ésta última fecha mencionada y con posterioridad a la notificación de la resolución de curso del presente amparo, lo procedente es declarar con lugar el recurso únicamente para meros efectos indemnizatorios.

VI.- SOBRE LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO DE LA RENTA. En relación con el reclamo del recurrente, respecto a que es una práctica en la Caja Costarricense de Seguro Social depositar los salarios de manera acumulada, y en virtud de ello deducir el impuesto de la renta en salarios que no sobrepasan los topes si son depositados de forma mensual -situación que fue negada por las autoridades recurridas-; se impone advertir que no le compete a esta Sala determinar la procedencia o no de aplicar el Decreto Ejecutivo No. 41948-H "Actualización de los tramos del impuesto sobre la renta -salarios y utilidades- y sus créditos fiscales a partir del 01 de octubre de 2019” en relación con el cálculo de los ingresos afectados respecto de los cuales se deben retener los montos referidos al Impuesto sobre la Renta, pues ello es un aspecto que es propio de analizar en la vía común -administrativa o jurisdiccional. Por ello, podrá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante los accionados o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso de amparo en cuanto a este extremo.

VII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL CASO CONCRETO. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios -sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración -de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

VIII.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ, SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:

La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.

Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.

Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.

En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.

Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.

La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.

Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.

En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.

IX.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, EN RELACIÓN CON LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Si bien coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, me separo del criterio de mayoría en cuanto exime de condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:

...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.

En criterio de la mayoría, el artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.

Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que, tal y como la afirma la mayoría de la Sala, implica una “terminación anormal del proceso”.

El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.

En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios, y así lo declaro.

X.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.

En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.

XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se condena a la Caja Costarricense del Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López da razones diferentes sobre la condenatoria en daños, perjuicios y costas, de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes. En cuanto a la aplicación del impuesto de renta se declara sin lugar el recurso. Notifíquese.

Paul Rueda L.

Presidente a.i

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Alicia Salas T.

Ronald Salazar Murillo

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 20-015372-0007-CO

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