Sentencia Nº 2020019438 de Sala Constitucional, 09-10-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-017357-0007-CO
Número de sentencia2020019438
Fecha09 Octubre 2020

*200173570007CO*

Exp: 20-017357-0007-CO

Res. Nº 2020019438

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del nueve de octubre de dos mil veinte .
RECURSO DE AMPARO interpuesto por [Nombre 001], mayor, casado, pensionado, cédula de identidad No. [Valor 001], vecino de Buenos Aires de Puntarenas, contra la DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS y la JEFA DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS, ambas del MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA.
RESULTANDO:
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 18:11 horas del 22 de setiembre de 2020, el recurrente interpone recurso de amparo contra la Directora de Recursos Humanos y la Jefa del Departamento de Gestión de Trámites y Servicios, ambas del Ministerio de Educación Pública (MEP) y expresa que el 1° de marzo de 2020 se jubiló como funcionario del MEP, para lo cual cumplió todos los requisitos establecidos por ley. No obstante, alega que, a la fecha de interposición de este recurso, casi 7 meses después, no se le ha hecho efectivo el pago de sus prestaciones laborales. Considera que la omisión descrita deviene discriminatoria y contraria a sus derechos constitucionales. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de las 14:27 horas del 23 de setiembre de 2020, la Presidencia de la Sala dio curso a este amparo y se les solicitó informe a la Directora de Recursos Humanos y al Jefe del Departamento de Trámites y Servicios de la Unidad de Gestión y Reclamos, ambos del MEP, sobre los hechos alegados por el recurrente.
3.- Informan bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza y Nancy Andrea Morales Corrales, respectivamente, en su condición de Directora de Recursos Humanos y de Jefa del Departamento de Gestión de Trámites y Servicios, ambas del MEP (escrito presentado a las 18:39 horas del 25 de setiembre de 2020), que mediante oficio DRH-DGTS-UPRL-2035-2020, signado por el señor Rafael Chaves Madrigal, en su calidad de Jefe de la Unidad de Pensiones y Retiro Laboral, informa lo siguiente: “… De conformidad con el reclamo administrativo presentado por pensión fecha de rige 01 de marzo de 2020, se realizaron las siguientes gestiones: 1. Consulta al Departamento de Gestión Disciplinaria la existencia de expediente disciplinario, atendiendo la reforma procesal laboral, se realiza el 10 de marzo del 2020 y se recibe respuesta el 20-03-2020. 2. Se procedió a realizar el informe técnico. 3. Se Prepara la propuesta de Resolución 1740-2020. 4. Se envía la propuesta a firma a Leyes y Decreto de Casa Presidencial, el día 02 de setiembre del 2020, la cual se notificó el día de ayer 23 de setiembre del 2020 que se encuentra debidamente firmada. 5. El día 24 de setiembre del 2020, se procedió a remitir la resolución a la Dirección Financiera para el respectivo proceso de pago. Adjunto comprobante”. Solicitan se declare sin lugar el presente recurso de amparo y se ordene el archivo del expediente.
4.- Informan bajo juramento Yaxinia Díaz Mendoza y Nancy Andrea Morales Corrales, respectivamente, en su condición de Directora de Recursos Humanos y de Jefa del Departamento de Gestión de Trámites y Servicios, ambas del MEP (escrito presentado a las 09:47 horas del 06 de octubre de 2020), que mediante oficio DRH-DGTS-UPRL-2091-2020, del 05 de octubre de 2020, signado por el señor Rafael Chaves Madrigal, en su calidad de Jefe de la Unidad de Pensiones y Retiro Laboral, informa lo siguiente: “…1. El Señor Víctor, recibió el pago de prestaciones laborales el día 01 de Octubre del 2020, esto mediante Resolución DGTS-1740-2020, en la cuenta indicada por el solicitante”. Solicitan se declare sin lugar el presente recurso de amparo y se ordene el archivo del expediente.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

CONSIDERANDO:
I.- REFERENTE AL CONOCIMIENTO DE ESTE CASO POR LESIÓN AL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Antes de analizar el fondo del asunto, debe aclararse que, a partir de la sentencia No. 2008-002545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contenciosa administrativa -con algunas excepciones-, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el sub lite, se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante la supuesta falta en resolver sobre el pago de prestaciones laborales. Atendiendo a la materia de prestaciones legales, esta Sala valora las posibles dilaciones en la resolución de las solicitudes de este tipo de pago. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.
II.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que el 1° de marzo de 2020 se jubiló como funcionario del MEP, sin embargo, casi 7 meses después, no se le ha hecho efectivo el pago de sus prestaciones laborales.
III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque las recurridas hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a)El 1° de marzo de 2020, el recurrente se jubiló como funcionario del MEP (hecho no controvertido).
b)El 10 de marzo de 2020, la Unidad de Pensiones y Retiro Laboral consultó al Departamento de Gestión Disciplinaria la existencia de expediente disciplinario, atendiendo la reforma procesal laboral. Se recibe respuesta el 20 de marzo de 2020, por lo que se procedió a realizar el informe técnico (informe de las autoridades recurridas rendido el 25 de setiembre de 2020 y prueba documental aportada).
c)Se preparó la propuesta de Resolución 1740-2020, la cual se envió el 02 de setiembre de 2020 a firma a Leyes y Decreto de Casa Presidencial. Se recibe notificación de firma el 23 de setiembre de 2020 (informe de la Directora de Recursos Humanos del MEP y documento aportada). (informe de las autoridades recurridas rendido el 25 de setiembre de 2020 y prueba documental aportada).
d)El 24 de setiembre de 2020, se procedió a remitir la Resolución 1740-2020 a la Dirección Financiera para el respectivo proceso de pago (informe de las autoridades recurridas rendido el 25 de setiembre de 2020 y prueba documental aportada).
e)El 1° de octubre de 2020, el recurrente recibió el pago de las prestaciones laborales, monto que fue depositado en la cuenta bancaria que indicó (informe de las autoridades recurridas rendido el 06 de octubre de 2020 y prueba documental aportada).
IV.- SOBRE EL PAGO OPORTUNO DE LAS PRESTACIONES LABORALES. Tanto la jurisprudencia ordinaria como la constitucional ha entendido el salario como la retribución necesaria que recibe una persona trabajadora por la labor realizada, cuyo destino será su manutención y la de su familia; así, es consecuente proteger este derecho a fin de evitar abusos que menoscaben la vida. Este mismo criterio de protección debe extenderse al derecho de toda persona trabajadora de ser indemnizada a la terminación de su relación laboral, tanto porque se incluyen derechos irrenunciables como lo son el salario, las vacaciones y el aguinaldo, como, especialmente, porque las leyes laborales le reconocen una compensación monetaria en los casos en que no sea invocada una causal para el despido sin responsabilidad patronal. La Sala reconoce que para la cancelación de los extremos pecuniarios legales que corresponden a cualquier persona servidora del Estado, se requiere de la intervención de diversos órganos públicos y, por lo tanto, el pago no puede ser inmediato. No obstante, este plazo debe atender y respetar los principios de razonabilidad y oportunidad, evitando con ello que la Administración deje de honrar en tiempo razonable sus deudas, especialmente cuando de las mismas depende la estabilidad económico-financiera de una familia. Debe clarificarse que en esta sede no se discute acerca de los extremos laborales que se le deben reconocer a una persona trabajadora, sino que se protege su derecho de recibir la liquidación dentro de un tiempo razonable, para lo cual la Administración como un todo -incluidas todas las dependencias involucradas-, debe agilizar los trámites necesarios y cumplir con su obligación dentro de los meses inmediatos siguientes a la terminación de la relación laboral.
V.- ACERCA DEL CASO CONCRETO. En la especie, de los informes suscritos por Yaxinia Díaz Mendoza y Nancy Andrea Morales Corrales, respectivamente, en su condición de Directora de Recursos Humanos y de Jefa del Departamento de Gestión de Trámites y Servicios, ambas del MEP, que se rinden bajo la fe, seriedad y formalidad del juramento, con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción y la prueba documental aportada, se colige que el 1° de marzo de 2020, el recurrente se jubiló como funcionario del MEP. Igualmente, se desprende de los autos que mediante Resolución Administrativa 1740-2020, el MEP determinó el monto que le corresponde por tales extremos. Se acredita que ese pronunciamiento, debidamente firmado, se remitió a la Dirección Financiera para el respectivo proceso de pago. Por último, se ha informado que el 1° de octubre de 2020, el recurrente recibió el pago de las prestaciones laborales, monto que fue depositado en la cuenta bancaria que indicó. Por consiguiente, se colige que siete meses después que se pensionó, al recurrente se le hizo efectivo pago de los extremos laborales correspondientes. A criterio de este Tribunal, el plazo transcurrido es excesivo e irrazonable. A lo que se debe agregar que fue con ocasión a la tramitación de este recurso, cuando se le canceló el monto adeudado. Nótese que se trató del pago de las prestaciones laborales del amparado, quien tiene derecho a que el Estado, de manera pronta y efectiva, le reconociera los beneficios de su jubilación, lo cual, incluso debería realizar sin imponerle al exservidor el deber de gestionar el pago de esos derechos. Así las cosas, este Tribunal estima que, en la especie, se ha producido, en su perjuicio, una lesión de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 41, 56 y 57 de la Constitución Política.
VI.- CONCLUSIÓN. Ergo, lo procedente es declarar con lugar el recurso y según lo dispuesto en el ordinal 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
VII.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL CASO CONCRETO. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
VIII.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derechos fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado” , situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
IX.- RAZONES DIFERENTES DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO, EN RELACIÓN CON LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS A LA PARTE RECURRIDA. Coincido con el resto de la Sala en declarar con lugar el recurso, pero difiero en cuanto a las razones que aduce la mayoría del Tribunal para condenar a la parte recurrida al pago de las costas, daños y perjuicios derivados de la lesión producida a los derechos fundamentales de la parte tutelada.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el artículo 52, dispone que:
Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Por otra parte, en el artículo 51 ibídem, se establece que:
...toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Esta última norma establece el sistema general que regula lo relativo al tema de la indemnización y el pago de las costas, y que la mayoría denomina “forma natural o normal de terminación del proceso, donde hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto y reconocimiento de los hechos que han vulnerado los derechos fundamentales…”.
El artículo 51, de cita, regula los supuestos en los que la Sala ha tenido por comprobado el agravio; y, como consecuencia, surge la necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios. Sin embargo, a juicio del suscrito, de la interpretación sistemática de ambas normas, se concluye que, tanto en los casos en que este Tribunal Constitucional constate una lesión a algún derecho fundamental; y, por ende, declare con lugar el recurso, como en aquellos en los que la Administración, por decisión propia, restituya a la persona agraviada en el goce de sus derechos fundamentales, una vez que tenga conocimiento del amparo -supuesto contemplado en el artículo 52, referido-, por imperio de los artículos 50 y 51, de la ley citada, la consecuencia necesaria e ineludible es la condenatoria al infractor a la indemnización de los daños y perjuicios causados y del pago de las costas del recurso. Esta regla no es más que el reconocimiento, a la parte que ha sufrido una vulneración en sus derechos fundamentales, del derecho a una tutela judicial efectiva en torno a la reparación de las consecuencias dañosas derivadas de las actuaciones u omisiones de las autoridades infractoras; y, como medio disuasivo, a fin de que el Estado no incurra nuevamente en las acciones que dieron base a la estimatoria del recurso, tema regulado en el artículo 50, de la ley que rige esta jurisdicción. De modo, que ya sea que la Sala haya tenido por comprobado el agravio y haya entrado a conocer el fondo del asunto, o que la violación haya cesado por decisión de la propia autoridad recurrida, una vez que tuvo conocimiento de la tramitación del amparo, con restitución en el goce de los derechos fundamentales a favor del agraviado (artículo 52), siempre, en cualesquiera de esos supuestos, surge la imperiosa necesidad de una condenatoria en costas, daños y perjuicios al infractor, cuyo fundamento se encuentra en los principios de tutela de los derechos de las personas y en el de que la Administración debe hacerse responsable por los daños y perjuicios que ocasione con su actuar inconstitucional.
Así, el hecho de que al momento de conocerse y resolverse con lugar el amparo, los efectos del acto impugnado ya hubieren cesado, en los términos de lo dispuesto en los artículos 50 y 52, de la ley de cita, no enerva la procedencia de la condenatoria en costas, daños y perjuicios, pues tal caso forma parte integral del sistema general de condenatoria necesaria en esos extremos, que contiene la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Por otra parte, es claro que el artículo 52, mencionado, se aplica únicamente en los casos en que la Sala, aun cuando no ha conocido, ni se ha pronunciado sobre el fondo del reclamo, ha constatado la vulneración que en sus derechos fundamentales ha sufrido la parte amparada, en virtud de la restitución, que, en el goce de esos derechos, ha acordado a su favor la Administración; situación que implica una “terminación anormal del proceso”.
El legislador estableció y delimitó, de forma precisa, las condiciones en las cuales esta Sala puede decretar esa forma de conclusión anormal del proceso de amparo, así como sus alcances, a saber: 1) que el amparo esté en curso, es decir, que la Administración haya sido debidamente notificada de la resolución que dio curso al amparo; y, 2) que exista una resolución administrativa o judicial que disponga, de forma indubitable, la revocación, detención o suspensión de la actuación impugnada violatoria de derechos fundamentales. Ciertamente, la norma en cuestión contempla una excepción al sistema general de condenatoria en costas, daños y perjuicios, no obstante la estimatoria del recurso, al disponer que, en los casos allí regulados, se declarará con lugar el recurso “únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”. Como excepción que es, debe ser interpretada restrictivamente; es decir, que solo procede en los supuestos estrictamente contemplados en la norma, no solo por la regla de que las excepciones en derecho deben interpretarse de forma restrictiva, sino también porque las consecuencias de aplicar tal excepción implican, sin lugar a dudas, un menoscabo en el derecho fundamental de las personas a obtener una efectiva tutela judicial frente a los daños y perjuicios sufridos con la lesión a sus derechos constitucionales.
En mi criterio, tal excepción se debe interpretar en el sentido de que, de conformidad con el sistema general de condenatoria automática en costas, daños y perjuicios ante una violación a derechos fundamentales, esa condenatoria es siempre procedente, aún en el caso de que la parte recurrida dicte una resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, a menos que conste de manera indubitable y clara que en el caso concreto no se causó perjuicio alguno capaz de ser indemnizado. Solo y únicamente en tales supuestos podría eximirse a la Administración recurrida del pago de dichos extremos. Como en este caso, no existe elemento alguno que desvirtúe la presunción del surgimiento, para la parte amparada, de daños y perjuicios económicos derivados de las actuaciones impugnadas -cuya determinación concreta no le corresponde a esta jurisdicción-, la estimatoria de este recurso debe implicar, necesariamente, la condenatoria en costas, daños y perjuicios.
X.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS . En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:
“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “ resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.
Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.
Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.
Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.
En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.
En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.
XI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" , aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López da razones diferentes sobre la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado da razones diferentes en relación con la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas da razones diferentes en cuanto a la condenatoria en costas, daños y perjuicios. Notifíquese.
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo
Documento Firmado Digitalmente
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