Sentencia Nº 2020019448 de Sala Constitucional, 09-10-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha09 Octubre 2020
Número de sentencia2020019448
Número de expedienteExp:

*200173950007CO*

Exp: 20-017395-0007-CO

Res. Nº 2020019448

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del nueve de octubre de dos mil veinte .

Recurso de amparo que se tramita en expediente No. 20-017395-0007-CO, interpuesto por VIRGILIO DE JESÚS VARGAS MORERA, cédula de identidad 0106340715, contra el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI).

Resultando:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:47 horas del 23 de setiembre de 2020, el recurrente interpone amparo contra el COSEVI. Señala ser propietario del vehículo con matrícula BJH850. Detalla que debido a una boleta de citación se retiraron las placas del referido vehículo. Acota que el 10 de setiembre de 2020 canceló la multa. Acusa que la fecha de la cita para la devolución de placas fue asignada para el 7 de octubre de 2020. Refiere requerir el vehículo para su trabajo y para movilizar a su madre, quien es una persona adulta mayor, a las citas médicas. Solicita que las placas le sean entregadas de inmediato.

2.- Mediante resolución de las 10:21 horas del 25 de setiembre de 2020, se dio curso al proceso y se requirió informe al director ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 21:18 horas del 1° de octubre de 2020 informa bajo juramento Edwin Herrera Arias, en su condición de Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial. Señala que, efectivamente, al vehículo placas BJH850 se le confeccionó la boleta de citación 2-2020-331001175 el 9 de setiembre de 2020 por infringir el artículo 145 inciso y) de la Ley de Tránsito por Vías Púbicas Terrestres y Seguridad Vial. Manifiesta que en ese momento se dispuso el retiro de placas, con fundamento en el artículo 151 inciso c). Explica que el Reglamento de Organización y Servicio de la Policía de Tránsito indica que las placas deben ser entregadas al COSEVI por los oficiales de tránsito en un plazo no mayor a los 3 días hábiles después de retiradas. Aclara que las placas tuvieron como fecha límite para ser entregadas a COSEVI el 15 de setiembre de 2020 y que el trámite se cumplió el 11 de setiembre de 2020. Afirma que, el 16 de setiembre de 2020, el recurrente gestionó la cita para la devolución de placas, la cual fue asignada para el 7 de octubre de 2020. Sostiene que la recurrente interpuso el recurso de amparo el 23 de setiembre de 2020, sea, siete días después de que el COSEVI atendiera la gestión al otorgarle una cita para el retiro de las placas. Narra que al momento en el que se retiraron las placas del vehículo han estado en vigencia la restricción vehicular sanitaria asociadas a las covid-19, lo que ha implicado el retiro de miles de placas que deben ser procesadas. Aduce que el proceso de retiro de placas es un trámite presencial, por lo que deben respetarse las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud. Afirma que mediante publicación efectuada en el alcance 53 de La Gaceta n.° 55 del 20 de marzo de 2020 COSEVI divulgó las medidas a ejecutar en la atención del público. Sostiene que median motivos de fuerza mayor en lo actuado, por lo que no se comparte la petición para que se anticipe la cita de marras. Cita jurisprudencia de esta Sala. Aclara que los tiempos de entrega se han mejorado. Afirma que la administración ha efectuado importantes esfuerzos para aumentar el servicio en las oficinas centrales y se atiende el doble de la capacidad que se venía disponiendo. Informa que el COSEVI gestiona un proyecto de horas extra con el fin de ampliar la atención de los usuarios, pero el espacio físico no permite mayor reforzamiento de personal sin incumplir las medidas dictadas por el Ministerio de Salud. Explica que “con el proyecto de horas extra que inició el 15 de junio, se logró un aumento en las citas para devolución de placas detenidas, de modo que los usuarios que tienen programada su cita para semanas después de la solicitud, se les pueda informar por correo electrónico para que adelanten la cita a su conveniencia. Así, a los usuarios de la semana siguiente se les comunica el día siguiente, y así cada semana de espera de cita se notifica a diario, para que se programen de manera cronológica, evitando el tratamiento diferenciado entre usuarios, y procurar la atención de los primeros en tiempo con los nuevos espacios”. Manifiesta que existe una iniciativa de brindar el servicio de entrega de placas mediante Correos de Costa Rica; empero, se requiere formalizar la logística. Aclara que no es posible ampliar la capacidad del servicio presencial de entrega de placas, debido a que ese aumento de capacidad instalada podría generar la saturación del servicio con el público presencial, lo que expondría a un alto riesgo para la salud. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La parte alega que el 9 de setiembre de 2020 se le confeccionó una boleta de citación y se retiraron las placas de su vehículo con matrícula BJH850. Reclama que la cita para el retiro de placas no fue programada sino hasta para el 7 de octubre de 2020, lo cual estima como un plazo excesivo

II.-HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

a) El vehículo matrícula BJH850 es propiedad del recurrente. (Ver página web del Registro Nacional).

b) El 9 de setiembre de 2020 se emitió la boleta de citación 2-2020-331001175 al vehículo con matrícula BJH850, por lo que se confiscaron las placas metálicas. (Ver informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida)

c) El 16 de setiembre de 2020, el recurrente tramitó la cita para la devolución de las placas del vehículo con matrícula BJH850, la cual se agendó para el 7 de octubre de 2020. (Ver informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida).

d) La multa de la boleta de citación 2-2020-331001175 se encuentra cancelada. (Ver página web del COSEVI).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En la especie, la Sala verifica que el 9 de setiembre de 2020 se emitió la boleta de citación 2-2020-331001175 al vehículo con matrícula BJH850 (propiedad del recurrente), por lo que se confiscaron las placas metálicas. En este contexto, el 16 de setiembre de 2020, el recurrente tramitó una cita para la devolución de las placas BJH850; sin embargo, esta no se fijó sino hasta para el 7 de octubre de 2020. De igual forma, se verifica que la multa de la boleta de citación 2-2020-331001175 se encuentra cancelada.

Vistos los alegatos formulados por la parte recurrente, esta Sala considera oportuno traer a colación lo dispuesto en la sentencia n.° 2020-010310 de las 9:10 horas del 5 de junio de 2020:

Por otra parte, se observa que el amparado, pese a haber gestionado la devolución de placas el 18 de mayo de 2020, obtuvo cita para el día 25 del mes siguiente, lo cual se considera desproporcionado. Atinente a este punto, este Tribunal, por sentencia no 2020008982 de las 9:15 horas de 15 de mayo de 2020, estableció como razonable para la devolución de las placas un plazo de diez días hábiles:

“III.- Sobre el fondo. Del informe rendido por el representante de la autoridad recurrida, que se tiene dado bajo fe de juramento con las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo 44 de la Ley que rige esta Jurisdicción y la prueba aportada para la resolución del presente asunto, se tiene por demostrado que el 15 de abril de 2020, se confeccionó un parte impersonal de tránsito por incurrirse en un indebido estacionamiento en Heredia. Lo anterior, mediante la boleta de citación No. [Valor 002] . Además, se dispuso el retiro de las placas del automotor matrícula número JMP947, propiedad del recurrente, quien el 17 de abril canceló la multa impuesta. Se constata que dichas placas fueron entregadas al COSEVI el 20 de abril. Igualmente, que ese mismo día, al recurrente se le asignó cita para el 01 de junio de 2020, a fin de devolverle esas placas. Debido a que está inconforme con esa fecha programada, el administrado acude a esta Sala. En su defensa, el Director Ejecutivo de COSEVI argumenta que para el tiempo en que se le retiraron las placas al recurrente e inició el proceso para agendar una cita, han estado en plena vigencia las medidas de la restricción vehicular sanitaria asociadas al COVID-19, lo que ha implicado el retiro de miles de placas que a su vez deben ser procesadas. Dice que su caso, viene a ser un evento más entre la generalidad de los retiros de placa por ese motivo, que han saturado la capacidad institucional. Además, el proceso de la entrega es un trámite presencial, para el cual se deben respetar las medidas dispuestas al efecto por el Ministerio de Salud, como la presencia de un número no mayor al 50% de la capacidad establecida para la atención al público. Señala que se está ante una situación de excepción originada en una emergencia sanitaria, donde las condiciones normales varían, debiendo atemperarse las necesidades individuales, con las posibilidades institucionales, como lo ha establecido este Tribunal en el voto No. 2020-006808, de las 09:20 hrs. del 03 de abril de 2020. Al respecto, es de mérito indicar, primeramente, que el citado precedente obedece a la decisión de la Dirección General de Migración y Extranjería de no tramitar nuevas solicitudes de residencia. Como se indicó, se consideró que fue una medida prudentemente tomada y sin perjuicio de quienes hubiesen deseado realizar esas solicitudes, puesto que, al mismo tiempo, se prorrogó los plazos de vigencia de los documentos que provienen del exterior y del plazo de permanencia legal autorizado en el territorio nacional. Diferente es la situación acontecida en autos, donde lo demandado por el recurrente es una entrega pronta de las placas de su vehículo, para lo cual, únicamente, tiene que presentarse a retirarlas, pues ya canceló la multa impuesta. En estos supuestos, estima esta Sala que aun en la situación de pandemia que vive el país, un plazo de diez días hábiles, es más que suficiente para ese trámite, que no requiere mayor proceso. Incluso, como es con cita previa, o sea, que ya se conoce las placas a entregar en cierta hora y fecha, puede la Administración instaurar procedimientos que permitan una estancia mínima de la persona interesada en las instalaciones, tomando en cuenta la emergencia sanitaria existente. No soslaya esta Cámara esa apremiante situación, solo que también para trámites sencillos, básicos, que no demandan mayor complejidad, como el requerido por el recurrente, debe procurarse brindarlo dentro de plazos razonables. Además, ha sido tesis reiterada de este Tribunal, de que los justiciables tienen un derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos (véase al respecto la sentencia No. 2386-2006 de las 10:57 hrs. de 24 de febrero de 2006) o que el ejercicio de la función administrativa se haga conforme a criterios de eficacia y eficiencia. Por otra parte, es claro el mandato legal, en sentido de que el administrado tiene derecho y la Administración Pública el correlativo deber de entregar las placas una vez que se ha cancelado la multa (véase el artículo 152, párrafo primero de la Ley de Tránsito). Finalmente, la Administración Pública, en un Estado social y democrático de Derecho y, por ende, sujeta a las reglas básicas del Estado de Derecho, no está autorizada por el bloque de legalidad a obtener provecho y, por ende, perjudicar al justiciable a causa de una dilación indebida o un funcionamiento anormal. En ese contexto, se considera que lleva razón el recurrente en su reclamo, pues la cita para el retiro de las placas decomisadas, fue programada para dentro de un plazo que se estima desproporcionado, pues fue superior a los 10 días hábiles, en detrimento de sus derechos fundamentales”.

Al respecto, como el plazo del sub examine excede los diez días hábiles establecidos en la jurisprudencia de la Sala, se impone la estimatoria de este punto, en los términos que se dictarán en la parte dispositiva”.

Así las cosas, se constata que, en el sub lite, el plazo de espera al que la autoridad recurrida ha sometido a la parte amparada, a los efectos de devolverle las placas de su vehículo, ha excedido los diez días hábiles establecidos en la jurisprudencia de esta Sala.

Ahora, si bien la autoridad recurrida informó bajo juramento -con las solemnidades y responsabilidades que ello implica- que la cita para la devolución de placas a favor del recurrente fue programada para el 7 de octubre de 2020, no menos cierto es que no constan elementos probatorios en autos que acrediten que en efecto ya se devolvieron las placas metálicas. . En mérito de ello, y con el fin de garantizar que se reestablezca al tutelado en sus derechos, lo procedente es acoger el recurso de conformidad con la parte dispositiva de este pronunciamiento.

IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Edwin Herrera Arias, en su condición de Director Ejecutivo, o a quien ocupe tal cargo, que gire las órdenes pertinentes y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias, para que, en caso de que al tutelado aún no se le hayan entregado las placas metálicas BJH850, se le retornen de forma inmediata, si otra causa legal no lo impidiere. Se les advierte que de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Consejo de Seguridad Vial al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Presidente

Paul Rueda L.

Nancy Hernández L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ronald Salazar Murillo

Documento Firmado Digitalmente

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EXPEDIENTE N° 20-017395-0007-CO

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