Sentencia Nº 2020020130 de Sala Constitucional, 20-10-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-016951-0007-CO
Número de sentencia2020020130
Fecha20 Octubre 2020

*200169510007CO*

Exp: 20-016951-0007-CO

Res. Nº 2020020130

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta minutos del veinte de octubre de dos mil veinte .

Gestión posterior interpuesta por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL DE GRECIA.

RESULTANDO:

1.- Por medio de la sentencia No. 2020019390 de las 09:20 horas del 09 de octubre de 2020 esta Sala resolvió:

De conformidad con el artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se declara con lugar el recurso, sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El Magistrado Salazar Alvarado salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no la condenatoria en costas”.

2.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:14 horas del 13 de octubre de 2020 el recurrente manifiesta que el informe rendido por la Coordinadora del IMAS de Grecia contiene inexactitudes y falsedades. En concreto, aduce que es falso que la recurrida desconociera acerca de su discapacidad visual y auditiva, ya que siempre que va a las entrevistas presenta los dictámenes médicos. Refuta que no se ha apersonado al IMAS en Grecia debido a la pandemia por COVID-19. Detalla que en ningún momento afirmó que la ayuda del IMAS fuera fija. Concluye que desde el 1º de octubre de 2020 remitió la información al instituto accionado; empero, obtuvo respuesta únicamente con ocasión a la interposición del presente recurso.

3.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

CONSIDERANDO:

I.- SOBRE LA VERACIDAD DE LOS INFORMES DE LAS AUTORIDADES RECURRIDAS. Debe indicársele al recurrente que el párrafo segundo, del artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece que: “Los informes se considerarán dados bajo juramento. Por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir al funcionario en las penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en el informe”. Es precisamente, con fundamento en lo anterior, que dicho informe, en tanto no logre ser desvirtuado mediante otros medios probatorios, se considerará como cierto. Así las cosas, de conformidad con el artículo 44 citado, las inexactitudes o falsedades que pudiera contener un informe harán incurrir al funcionario presuntamente responsable en los delitos de perjurio o falso testimonio. Sin embargo, no es a esta Sala a quien le compete determinar la existencia o no de esos delitos, sino a un Juez penal, por lo que si el recurrente estima que la representante del Área Regional de Desarrollo Social de Alajuela del IMAS faltó a la verdad, podrá interponer, si a bien lo tiene, ante el Ministerio Público la respectiva denuncia, para que sea ahí donde se determine lo pertinente.
II.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto de 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero de 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo de 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:

No ha lugar a la gestión formulada.

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo

Documento Firmado Digitalmente

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