Sentencia Nº 2020020478 de Sala Constitucional, 23-10-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha23 Octubre 2020
Número de expediente20-018430-0007-CO
Número de sentencia2020020478

*200184300007CO*

Exp: 20-018430-0007-CO

Res. Nº 2020020478

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veintitres de octubre de dos mil veinte .

Recurso de hábeas corpus que se tramita en expediente número 20-018430-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], a favor de [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 001], contra el PODER JUDICIAL.

RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 12:49 horas del 7 de octubre de 2020, el recurrente interpone recurso de hábeas corpus, contra el PODER JUDICIAL . Manifiesta que en contra del tutelado se tramitó la causa penal N° [Valor 002] , por el delito de falsedad ideológica. Señala que el 27 de noviembre de 2012, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José dictó un sobreseimiento definitivo a favor de su representado. No obstante, acusa que, por error judicial, se abrió una segunda causa penal en contra del tutelado, por ese mismo delito y por los mismos hechos, la cual se tramita en el expediente n° [Valor 003]. Lo anterior, pese a que ya existía cosa juzgada. Considera que la situación descrita lesiona los derechos fundamentales de su defendido.

2.- Por resolución de Presidencia de las 14:18 horas del 12 de octubre de 2020, se le dio curso al presente hábeas corpus.

3.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 16 de octubre de 2020, Edgar Castrillo Brenes, en calidad de Juez Coordinador del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, informa que contra el amparado se investiga la causa No. [Valor 004], por el delito de falsedad ideológica. El 5 de mayo de 2017, Multiservicios HSG S.A interpuso una denuncia penal y querella en contra del amparado ante la Fiscalía de Heredia. No obstante, indica que la Fiscalía de Heredia se declaró incompetente para continuar conociendo de las actuaciones, por lo que se remitió el asunto a la Fiscalía de Fraudes del Primer Circuito Judicial de San José. Dentro del expediente enviado, se incluyó certificación de la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por el fiscal, así como el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado Penal. Posteriormente, la Fiscalía de Fraudes del Primer Circuito solicitó la excepción de extinción de la acción penal y la excepción de cosa juzgada. La gestión fue analizada por la Jueza Penal, quien, mediante resolución de las 11:22 del 22 de junio de 2020, discrepó de la misma y planteó disconformidad. Relata que la Jueza consideró que no se valoró la posibilidad de que los hechos constituyan el delito de estafa, en cuyo caso podría cambiar la solicitud de la Fiscalía. Sin embargo, la Fiscalía de Fraudes mantuvo su criterio y remitió, nuevamente, los autos para el conocimiento de la Jueza. Por medio de resolución de las 14:18 horas del 17 de setiembre de 2020, la Jueza Penal remitió los autos al Ministerio Público una vez más, en esta ocasión tomando en consideración que se deben indagar los hechos que el querellante les acusa, pues existen múltiples imputados. Como consecuencia, el Ministerio Público remitió los autos de vuelta, pues estimó que no se había cumplido el trámite de la disconformidad y que se debía sopesar la excepción de prescripción de la causa antes de indagar a los imputados. Cabe mencionar que esta última gestión aún se encuentra pendiente de resolver.

4.- Por medio de escrito incorporado al Sistema Jurídico el 16 de octubre de 2020, Angelica Vásquez Corrales, en calidad de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Adjunta Especializada en Fraudes del Ministerio Público, informa que se tramita la causa [Valor 005] en contra del amparado y otros por el delito de falsedad ideológica. Indica que la causa se encuentra en el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José, junto con una excepción de extinción de la acción penal por prescripción y excepción de cosa juzgada material. Explica que se presentó esta gestión porque los hechos que no se conocieron y resolvieron en la sumaria [Valor 002], ocurrieron en el año 2013. Solicita que se declare sin lugar.

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hernández López; y,

CONSIDERANDO:

I.- Objeto del recurso. El recurrente manifiesta que, en el 2012, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José dictó un sobreseimiento definitivo a favor del amparado bajo la causa penal N° [Valor 002], por el delito de falsedad ideológica. Sin embargo, acusa que se abrió una segunda causa penal, por el mismo delito y hechos pese a que existía cosa juzgada.

II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  1. Mediante resolución de las 14:15 horas del 7 de noviembre de 2012, el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José dictó un sobreseimiento definitivo a favor del amparado, dentro del expediente N° [Valor 002], debido a la falta de elementos probatorios suficientes para fundar la acusación en su contra por el delito de falsedad ideológica. (ver informe y prueba aportada);

  2. El 5 de mayo de 2017, Multiservicios HSG Sociedad Anónima presentó una denuncia penal y querella por delito de acción pública ante el Ministerio Público de Heredia, en contra del amparado por el delito de falsedad ideológica. (ver informe y prueba aportada);

  3. El 11 de febrero de 2020, la Fiscalía Adjunta de Fraudes solicitó la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, y, excepción de cosa juzgada material en favor del amparado, ante el Juzgado Penal. (ver informe y prueba aportada);

  4. Mediante escrito de las 7:42 horas del 9 de mayo de 2020, la Fiscalía Adjunta de Heredia remitió el caso a la Fiscalía de Fraudes de San José. (ver informe y prueba aportada);

  5. Mediante resolución de las 11:22 horas del 22 de junio de 2020, el Juzgado Penal dictó disconformidad ante la excepción de cosa juzgada material y de prescripción presentadas por la Fiscalía. (ver informe y prueba aportada);

  6. Mediante resolución de las 8:27 horas del 2 de julio de 2020, la Fiscalía de Fraudes remitió los autos al Juzgado Penal tras defender su solicitud, reiterando la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, y, excepción de cosa juzgada material en favor del amparado. (ver informe y prueba aportada);

  7. Mediante acto de las 14:18 horas del 17 de septiembre de 2020, el Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José devolvió el expediente al Ministerio Público a fin de indagar a todos los imputados por los hechos que se acusan en la querella; además le recalcó al Ministerio Público, que los hechos podrían ser configurativos del delito de Estafa, por lo que la excepción de prescripción, podría no operar a favor del amparado, respecto a los hechos ocurridos en 2013, que no fueron cubiertos por el sobreseimiento dictado durante 2012. (ver informe y prueba aportada);

  8. Mediante escrito de las 15:27 horas del 25 de setiembre de 2020, la Fiscalía Adjunta de Fraudes devolvió los autos al Juzgado Penal para su resolución final, reiterando nuevamente, la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, y, excepción de cosa juzgada material en favor del amparado. (ver informe y prueba aportada);

III. – Sobre el caso concreto. - El recurrente manifiesta que, en el 2012, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José dictó un sobreseimiento definitivo a favor del amparado bajo la causa penal N° 08-10939-042-PE, por el delito de falsedad ideológica. Sin embargo, acusa que se abrió una segunda causa penal, por el mismo delito y hechos pese a que existía cosa juzgada. Sin embargo, del análisis de los informes rendidos, se descarta la infracción de los derechos fundamentales de la parte amparada.

Para iniciar, esta Sala comprueba, que las acciones propias, para tutelar los derechos fundamentales del tutelado, se están ejecutando en este momento ante la jurisdicción penal ordinaria. Ahora, en principio, que, la jurisdicción ordinaria cuente con los remedios jurídicos respectivos para resolver el problema que acusa el amparado, no implica por default, que esta Sala no pueda ejercer su jurisdicción. Para diferenciar el momento procesal, en el cual este Tribunal puede actuar, es necesario aplicar las reglas respectivas al proceso sumario que rige al recurso de Hábeas Corpus. Sobre el particular, el desarrollo hermenéutico de proceso de hábeas corpus ha determinado que este recurso se dirija a controlar requisitos constitucionales fundamentales para situaciones de abierta “arbitrariedad” (elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad, en los propios términos usados por la Corte Interamericana. Cf. Parágrafo 355 in fine de la sentencia Amrhein y otros vrs Costa Rica). Mientras tanto se ha dejado a las autoridades penales competentes la revisión de aquellos supuestos que, ameritan una revisión de los elementos de juicio constantes en el expediente y su verificación cuidadosa desde la perspectiva legal de un juez de la materia. En razón de lo anterior, es que esta Sala en múltiples ocasiones, se ha pronunciado en relación con los alcances del habeas corpus que, “No se trata entonces de que este Tribunal se convierta en una instancia más dentro del proceso penal, o de cualquier otro proceso que se tramite en los tribunales de justicia, pues no le compete la revisión de posibles inconformidades de las partes, ni la valoración de prueba que tienda a resolver el fondo del asunto de que se trate”. Lo anterior implica que, si la parte recurrente pretende que esta Jurisdicción desacredite, por la vía sumaria del hábeas corpus, los hechos que ha tenido por demostrados la autoridad jurisdiccional al dictar una resolución que lesione o atente en contra de la libertad de tránsito de las personas procesada penalmente, así como la validez de la prueba que los respaldan, lo cierto del caso es que esto no es posible. Esta Jurisdicción valora la solidez de la argumentación jurisdiccional, en otras palabras, que la resolución que lesione o atente en contra de la libertad de tránsito de las personas procesada penalmente se haya decretado por medio de una resolución, debidamente, fundamentada y los yerros evidentes que repercutan sobre la libertad personal, pero, en principio, no le corresponde sustituirlo en la apreciación de la validez de los elementos probatorios que se han allegado al proceso. La anterior premisa obedece a la estructura constitucional diseñada para la administración de justicia, que ha establecido distintas vías a través de las que las personas, puedan encontrar remedio a las lesiones de sus derechos por parte de terceros o del propio Estado.

Partiendo del anterior contexto, ante un reclamo, que acuse, la violación a la garantía de prohibición de doble enjuiciamiento (artículo 42 de la Constitución Política), esta Sala puede ejercer su jurisdicción, ante un escenario de mera constatación de contraste, entre las dos persecuciones penales, que se presumen, son en identidad, las mismas. Sin embargo, si dicho análisis de contraste, impone la necesidad de un análisis probatorio, típico del proceso ordinario, se debe de delegar dicha labor, al juez penal ordinario. En el caso concreto, se informa, que, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento a favor del amparado, bajo dos supuestos: A. Una parte de los hechos denunciados, ya fueron sobreseídos en el año 2012. B. Otra parte de los hechos de la denuncia- en apariencia ocurridos en 2013-, que serían novedosos, es decir, ajenos a los sobreseídos en 2012, estarían prescritos. Ahora, para el Juzgado Penal recurrido, los hechos de 2013, es decir, aquellos ajenos a los sobreseídos en 2012, no están prescritos, ya que estos, contrario al criterio de la Fiscalía, no son configurativos del delito de falsedad ideológica, sino, del delito de Estafa, por lo que la prescripción no habría operado. En ese sentido, el escenario actual del proceso seguido en contra del amparado, dista de ser aquel, en el cual, simplemente se proceda a desarrollar una mera constatación de contraste, entre las dos persecuciones penales, que se presumen, son en identidad, las mismas. No le compete a esta Sala, determinar si hechos que se acusan como novedosos, y, ajenos a los cubiertos por el sobreseimiento dictado en 2012, lo son o no; ni mucho menos establecer, si los mismos se encuentran prescritos. En el caso concreto, se verifica, que dicha controversia entre las posiciones del Ministerio Público, y del Juzgado Penal, se encuentra próxima a resolver.

En síntesis, se descarta que el Ministerio Público haya instruido una persecución penal en contra del recurrente de forma arbitraria, a sabiendas, y, con el fin de burlar la garantía de cosa juzgada. Por las anteriores razones, se declara sin lugar el recurso.

IV. - DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso. Notifíquese. -
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ronald Salazar Murillo
Documento Firmado Digitalmente
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