Sentencia Nº 2020021212 de Sala Constitucional, 03-11-2020

Fecha de Resolución: 3 de Noviembre de 2020
Emisor:Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

*200177980007CO*

Exp: 20-017798-0007-CO

Res. Nº 2020021212

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del tres de noviembre de dos mil veinte .
RECURSO DE HÁBEAS CORPUS interpuesto por [Nombre 001], mayor, casado, oficial de la Fuerza Pública, cédula de identidad No. [Valor 001] , vecino de La Capri, Desamparados, contra el DIRECTOR GENERAL DE LA FUERZA PÚBLICA, el JEFE DE LA DELEGACIÓN POLICIAL METROPOLITANA DE LA FUERZA PÚBLICA, el SUBDIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL, la FISCALÍA ADJUNTA DE DELITOS ECONÓMICOS, TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ y la GERENTE DE LA SOCIEDAD PERIODÍSTICA EXTRA LIMITADA.
RESULTANDO:
1 .- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:47 horas del 29 de setiembre de 2020, el recurrente interpone recurso de hábeas corpus contra el Director General de la Fuerza Pública, el Jefe de la Delegación Policial Metropolitana de la Fuerza Pública, el Subdirector General del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual del Primer Circuito Judicial de San José y la Gerente de la Sociedad Periodística Extra Limitada y expresa que el 22 de septiembre de 2020 se presentó a laborar como de costumbre a la Delegación Policial Metropolitana; no obstante, su superior inmediato le indicó que lo estaban requiriendo en el Ministerio de Seguridad Pública que se ubica frente al Centro Comercial del Sur, siendo trasladado a ese lugar. Agrega que al llegar al sitio no se le brindó información, por el contrario, el agente Eddie Ulate Naranjo del OIJ, le solicitó que le facilitara el celular para realizar una dinámica; sin embargo, posteriormente regresó para entregarle el acta de secuestro No. 0031042, informándole que el celular quedaba decomisado. Además, le indicaron que quedaba detenido, pero sin señalarle la causa penal; lo esposaron y lo trasladaron al I Circuito Judicial de San José. Alega que nunca se le señaló el motivo de la detención, no le dieron la oportunidad de comunicar su detención, ni le informaron sobre su derecho a contar con representación técnica; aspectos que transgreden el artículo 82 del Código Procesal Penal. Apunta que no fue sino hasta horas de la tarde que, quien se identificó como defensor público, le manifestó que se encontraba detenido por el delito de contrabando agravado. Agrega que posteriormente fue trasladado a las celdas judiciales, donde recibió tratos inhumanos por parte de los agentes judiciales, con expresiones burlescas y peyorativas respecto a los oficiales de la Fuerza Pública. Reclama que, en casi 12 horas de detención, nunca se le suministró alimentación ni agua. Por otra parte, acusa que el medio de comunicación Diario Extra reveló los dos apellidos y la edad de todos los oficiales de Fuerza Pública detenidos, por la causa No. [Valor 002], situación que le causó un perjuicio moral, ya que desde entonces ha sido señalado sin ser culpable de delito. Por lo expuesto, acude a la Sala en protección de sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Mediante resolución de las 14:36 horas del 29 de setiembre de 2020, la Presidencia de la Sala previno al recurrente aportar la personería jurídica vigente de Diario Extra, así como la dirección exacta del lugar señalado por su representante legal o agente residente para efectos de notificación.
3.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 09:37 horas del 1° de octubre de 2020, el recurrente indica que aporta la personería jurídica vigente de Diario Extra, así como la dirección exacta del lugar señalado por su representante legal o agente residente para efectos de notificación, que sería en San José, en las oficinas centrales, en el edificio Grupo Extra, calle 4, avenida 4 o bien 100 metros oeste de la esquina suroeste del Parque Central.
4.- Mediante resolución de las 09:05 horas del 08 de octubre de 2020, la Presidencia de la Sala dio curso a este proceso constitucional y se les solicitó informe al Fiscal que tramita el expediente No. [Valor 002], seguido contra [Nombre 001] o, en su defecto, el Fiscal Coordinador del I Circuito Judicial de San José; así como al Director General del OIJ; al Director General y al Jefe de la Delegación Metropolitana, ambos de Fuerza Pública; y se le dio traslado a [Nombre 005] , en su condición de Gerente con representación judicial y extrajudicial, con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de Sociedad Periodística Extra Limitada, sobre los hechos alegados por el recurrente.
5.- Mediante resolución de las 14:55 horas del 08 de octubre de 2020, la Presidencia de la Sala dispuso corregir el error material que contiene la resolución dictada a las 09:05 horas de 08 de octubre de 2020, en el sentido que, para notificar al Jefe de la Delegación Metropolitana de la Fuerza Pública, se notifica por medio del notificador de este despacho; y no por comisión a la Oficina de Comunicaciones Judiciales del III Circuito Judicial de San José, como se indicó.
6.- Informa bajo juramento Daniel Calderón Rodríguez, en su condición de Director General de la Fuerza Pública (escrito presentado a las 16:51 horas del 09 de octubre de 2020), que se recibió oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-SGFP-DRPSJ-SRM-DPM-0388-2020 del 09 de octubre de 2020, suscrito por el Subintendente Allan Herrera Diaz, Jefe de Puesto de la Delegación Metropolitana, que se cita textualmente: "1) El día 21 de setiembre del 2020, se recibe llamada telefónica del señor Comandante Nelson Barquero Jiménez, Subdirector Regional de San José, donde me indica que el primer día de labores y a primera hora del señor [Nombre 001] , lo presente en las instalaciones centrales del Ministerio de Seguridad Pública, propiamente en el salón Príncipe de Asturias. 2) El día 22 de setiembre del 2020, al ser las 06 am de la mañana y ubicados en la Delegación Metropolitana, ingresa a trabajar el señor [Nombre 001] y siguiendo las órdenes de mí jefe inmediato, procedo a comunicarle al señor [Nombre 001] que me acompañe al Ministerio de Seguridad Pública y le digo en voz alta y en un tono claro que no está aprehendido, que desconozco el motivo por el cual lo requieren. 3) Al ser las 06 y 15 minutos ingresó al Ministerio de Seguridad Pública, presento al oficial [Nombre 001] y posteriormente me retiro sin saber el motivo. ES TODO". Se recibió oficio 399-SECCRO-2020 del 09 de octubre de 2020, suscrito por el Lic. Mauricio Guzmán Valverde, Jefe a.i . de Sección Especializada de Crimen Organizado y José A. Durán Barrantes, Jefe de Investigación del OIJ, mediante correo electrónico (Eddy Ulate Naranjo eulate@poder-judicial.go.cr) que se cita textualmente: “Reciba un cordial saludo y a la vez referirle sobre las actuaciones judiciales efectuadas el día 22 de setiembre del 2020, dejando constancia que: 1. En la Sección Especializada contra el Crimen Organizado (SECCRO), se realizó una investigación con el número de sumaria [Valor 002] , por el delito de Contrabando Agravado y otros, bajo la modalidad de Criminalidad Organizada. 2. Conforme a la Dirección Funcional establecida con la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual FADETAP, se definió realizar la detención para la fecha indicada, de varios de los imputados que fueron vinculados a la causa bajo investigación, entre ellos, un total de 21 policías activos, pertenecientes al Ministerio de Seguridad Pública. 3. Que la detención de los oficiales requeridos se ejecutó bajo los parámetros de ley, a cargo de los oficiales de este Organismo designados. 4. Una vez notificada la detención formalmente a los oficiales objeto de detención, se solicitó la colaboración al Ministerio de Seguridad Pública, quienes ejercieron funciones específicas de custodia y traslado, como parte de la cooperación a la diligencia judicial ejecutada, todo esto bajo el acompañamiento y control de los oficiales de este Organismo designados. 5. Finalmente, que los oficiales requeridos y que fueron detenidos en el marco de la legalidad el mismo 22 de setiembre de los corrientes, fueron presentados en tiempo y forma al Ministerio Publico, específicamente a la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual FADETAP, en el 1 Circuito Judicial de San José, donde se desarrollaron las respectivas indagatorias, lo anterior cumpliendo todas las disposiciones de Ley". Las actuaciones mencionadas anteriormente, son actuaciones de investigación propias de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual (FADETAP) y el OIJ, según expediente [Valor 002], que se siguen en contra del recurrente y otros funcionarios de policiales. Las Jefaturas Policiales se limitaron a enviar a los funcionarios a las instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública a solicitud de Ministerio Público y el OIJ, dado que es obligación de la Administración colaborar con las autoridades judiciales, más no se tuvo injerencia en dichas actuaciones. De conformidad con los hechos expuestos anteriormente, siendo que la Fuerza Pública realizó las actuaciones policiales conforme a las atribuciones dadas por ley, en estricto apego a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto San José), artículos 37 y 40 Constitución Política, artículos 44, 216 y 217 del Código Procesal Penal, es que se considera que no se le ha violentado derechos fundamentales ni las garantías judiciales al recurrente, por lo que solicita declarar sin lugar el recurso y se archive el expediente.
7.- Informa bajo juramento Randall Antonio Zúñiga López, en su condición Subdirector General a.i. del OIJ (escrito presentado a las 18:47 horas del 09 de octubre de 2020), que debido a que en los hechos aludidos no existió intervención o inmediación directa de esa representación, se solicitaron informes a la Sección Especializada Contra el Crimen Organizado y la Sección de Cárceles del Primer Circuito Judicial de San José, en aras de establecer el marco de acción que ejerció la Policía Judicial en el cuadro fáctico alegado por la persona recurrente, los cuales se adjuntan con el presente, así como diversos documentos de respaldo para el respectivo análisis de la Sala Constitucional. No obstante, según se desprende del indicado informe, consta que el aquí amparado [Nombre 001] , efectivamente, fue abordado en las instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública, propiamente en al salón Príncipe de Asturias, por oficiales de la Sección Especializada Contra el Crimen Organizado el 22 de setiembre de 2020, al ser las 05:56 horas, esto con ocasión de un delito de Contrabando Agravado, investigado bajo el número de causa penal [Valor 002], donde figura como ofendida la Hacienda Pública, y de la cual con dirección funcional del Licenciado Josué Hidalgo Brenes, Fiscal de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual (FADETAP), se confeccionó el informe con indicios número 001-SECCRO-CI-2020, imputando y haciéndose efectiva la detención y presentación del señor [Nombre 001] a la citada Fiscalía. (Informe digital 001-SECCRO-CI-2020 consta de 900 folios, más 14 ampliaciones de informe, el cual queda a la orden en caso de requerirlo) La mencionada detención se ejecutó por parte del personal de la Sección Especializada contra el Crimen Organizado, a cargo del oficial Eddie Ulate Naranjo, en coordinación con la Jefatura de Investigación y la Jefatura de la citada Sección, así como, del Licenciado Josué Hidalgo Brenes, Fiscal de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual (FADETAP), encargado del caso; en apego al protocolo de actuación del OIJ y Ministerio Público, quién ordenó con base al informe presentado, la respectiva detención, ya que se determinó la responsabilidad del señor [Nombre 001] , en el caso investigado. En cuanto a lo alegado por quien recurre sobre que al llegar al sitio “no se le brindó información, que el investigador Eddie Ulate Naranjo, le solicitó que le facilitara el celular para realizar una dinámica; sin embargo, posteriormente regresó para entregarle el acta de secuestro No. 0031042, informándole que el celular quedaba decomisado”, es importante indicar que desde que se realizó el abordaje del recurrente [Nombre 001] en las instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública, previamente coordinado con la Dirección de Seguridad Pública y Departamento Legal, los investigadores a cargo, que se encontraban en ese sitio, le indicaron que se encontraba detenido por el delito de contrabando agravado, así como el número de causa y sus derechos constitucionales, entre ellos. si requería de la representación de defensa pública o privada, a lo que [Nombre 001], indicó sobre el tema de la defensa técnica que requería consultarlo con su esposa, razón por lo que se le trasladó custodiado a una oficina privada, donde realizó una llamada. Siendo que además se confeccionó la hoja de “identificación de persona detenida ” por el investigador a cargo, Eddie Ulate Naranjo, donde se plasma el número de causa, delito, datos, información médica, tipo de defensa. (Se adjunta copia digital de acta). Todo lo anterior en claro apego al artículo 82 del Código Procesal Penal, y en presencia del Asesor Legal Operativo del despacho de Viceministro de Seguridad Pública, comisionado Francisco Cordero Jiménez. En cuanto al decomiso del teléfono celular, al cual hace alusión el aquí amparado, es importante indicar que ciertamente se procedió con el decomiso del teléfono celular por parte de los investigadores de ese Organismo, esto para efectos de investigación y en coordinación y dirección funcional con el Ministerio Público, confeccionándose el acta número 031042, la cual fue de conocimiento del amparado y firmada por éste (Adjunta acta de secuestro 031042). Es transcendental acotar que posterior a la detención en coordinación con el Ministerio Público, se trasladó al señor [Nombre 001] de manera inmediata a la sala de juicio número cinco del Primer Circuito Judicial, donde fue custodiado a espera de ser indagado, lapso en que se encontró únicamente en ese lugar y no en la Sección de Cárceles como usualmente se realiza, esto en aras de agilizar el procedimiento y evitar que tuviera relación con otros privados de libertad por su seguridad. Posterior a la indagatoria, se le trasladó a Celdas del Primer Circuito Judicial, al ser las 13:25 horas, para la respectiva reseña y su posterior libertad al ser las 17:45 horas. Consecuente con lo anterior el aquí amparado [Nombre 006] ingresó a la Sección de Cárceles del Primer Circuito Judicial el 22 de setiembre de 2020, a las 13:25 horas, a la orden de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual (FADETAP), mediante el Tener a la orden # 0635247 y Orden de Libertad # 0318340, siendo que al ingresar al señor [Nombre 006] a celdas, se ubicó en la celda 2 norte y luego fue trasladado a la celda 4 sur, la cual cuenta con agua potable, que consumen los funcionarios judiciales, además a su ingreso se generó el registro en el sistema para la realización de la reseña # 6557, una vez entregado el resultado de la reseña se procedió a aplicar la Orden de Libertad #0318340, esto al no tener causas pendientes en el registro de detención. El tiempo de estancia del señor [Nombre 006] fue de 04 horas y 20 minutos en celdas hasta ser aplicada la orden de libertad a las 17:45 horas. Según lo alegado por el recurrente: “…Agrega que posteriormente fue trasladado a las celdas judiciales, donde recibió tratos inhumanos por parte de los agentes judiciales, con expresiones burlescas y peyorativas respecto a los oficiales de la Fuerza Pública. Reclama que, en casi 12 horas de detención, nunca se le suministró alimentación ni agua…”. Tal y como consta en el Libro de Registro de Detenidos de fecha 22 de setiembre de 2020, durante el tiempo de su permanencia en celdas no se tiene registro alguno donde se indicará que el detenido recibió algún tipo de agresión, tortura o incidentes donde estén involucrados agentes judiciales, y en los cuales se utilizaran expresiones burlescas y peyorativas respecto a oficiales de la Fuerza Pública. Además, es de interés recalcar, que desde un inicio todas las diligencias de investigación que se han desarrollado dentro de la causa [Valor 002] , por el delito de contrabando agravado, se han desarrollado bajo la respectiva dirección funcional del Ministerio Público, dentro del marco de legalidad y principios éticos que imperan en el OIJ. Finalmente resulta significativo indicar que al aquí amparado se le asistió con su alimentación de manera apropiada y oportuna, en absoluto respeto de sus derechos, realizándose coordinaciones con la Dirección General de la Fuerza Pública, quiénes le facilitaron alimentación e hidratación en el lugar de la detención, esto alrededor de las 07:30 horas, y posteriormente almuerzo, el cual consumió. Además, durante el tiempo en que los privados de libertad permanecen en las celdas de su representada, los Custodios de Detenidos tienen la obligación de velar en todo momento por la seguridad de los detenidos. En este mismo orden de ideas, es relevante hacer mención que a los detenidos se les proporciona sus tres tiempos de comida (desayuno, almuerzo y cena). Cabe destacar que la Policía Judicial se caracteriza por ser respetuosa de los derechos y garantías fundamentales que les asisten a todas las personas por su propia condición de ser humano y esta premisa prevalece en cada una de las intervenciones en aras de construir investigaciones propias de un sistema democrático de derecho, máxime al estar bajo la tutela de la Fiscalía y de los órganos jurisdiccionales. Para concluir, resulta de interés resaltar que la Policía Judicial actuó en estricto apego al artículo 37 de la Constitución Política y el artículo 82 del Código Procesal Penal. Por consiguiente, no incidió en forma alguna en la presunta violación a los derechos que invoca el amparado. Solicita se descarte que las actuaciones desplegadas por esa Policía Judicial hayan lesionado los derechos fundamentales del tutelado, por cuanto, como se indicó, el OIJ operó bajo dirección funcional del Ministerio Público y en aplicación del Protocolo de Actuación para la Aplicación de la Dirección Funcional. Motivados en las consideraciones precedentes, pide declarar sin lugar el recurso de hábeas corpus interpuesto contra ese Organismo.
8.- Informa bajo juramento Allan Herrera Díaz, en su condición Jefe de la Delegación Policial Metropolitana de la Fuerza Pública (escrito presentado a las 10:31 horas del 12 de octubre de 2020), que el 21 de setiembre de 2020, recibe llamada telefónica del señor Comandante Nelson Barquero Jiménez, Subdirector Regional de San José, donde le indica que el primer día de labores y a primera hora del señor [Nombre 001], lo presente en las instalaciones centrales del Ministerio de Seguridad Pública, propiamente en el salón Príncipe de Asturias. El 22 de setiembre de 2020, al ser las 06 am de la mañana y ubicados en la Delegación Metropolitana, ingresa a trabajar el señor [Nombre 001] y siguiendo las órdenes de su jefe inmediato, procede a comunicarle al señor [Nombre 001] que lo acompañe al Ministerio de Seguridad Pública y le dice en voz alta y en un tono claro que no está aprehendido que desconoce el motivo por el cual lo requieren. Al ser las 06:15 horas ingresa al Ministerio de Seguridad Pública, presenta al oficial [Nombre 001] y posteriormente se retira sin saber el motivo.
9.- Contesta [Nombre 005], en su condición de Gerente con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de Sociedad Periodística Extra Limitada, propietaria del medio de comunicación denominado Diario Extra (escrito presentado a las 15:50 horas del 12 de octubre de 2020), que su representada no ha incurrido en conducta alguna que pueda o haya podido amenazar o privar del derecho a la libertad o a la integridad personal del recurrente y que pueda dar pie a la presente demanda de hábeas corpus. Extraña más bien que se haya dado curso a un hábeas corpus en contra de ese medio, por cuanto ni siquiera los hechos denunciados lo permiten. Es de conocimiento público que Diario Extra es un medio de comunicación colectivo que diariamente difunde noticias y particularmente, noticias y hasta opiniones que son de relevancia pública. Diario Extra es ajena a los hechos que se denuncian y que van del # 1 y hasta el # 4; y en lo que toca al # 5, rechaza la afirmación de que se haya incurrido en conducta antijurídica de ningún tipo. Eso no es cierto. Afirma el recurrente como fundamento fáctico de su demanda de hábeas corpus en contra de ese medio que vulneraron su derecho a la presunción de inocencia, por haber revelado los datos personales de todos. Afirma que, por haber revelado los dos apellidos y la edad de todos los policías (incluyendo el suyo) que fueron detenidos como consecuencia de un proceso penal en su contra por el delito de contrabando agravado y, desde entonces, se le ha señalado como culpable. La conducta de los comunicadores sociales de Diario Extra no es ilícita desde ninguna óptica y, mucho menos, desde el punto de vista del fundamento fáctico de la demanda. Al contrario, constituye el ejercicio de un derecho, el ejercicio del derecho a la libertad de información y particularmente el derecho a la libertad de prensa. Es una noticia que refiere a funcionarios públicos que la doctrina jurisprudencial de esta Sala y de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que están más expuestos a sufrir crítica, están más expuestos al escrutinio público y al principio de rendición de cuentas a la opinión pública (artículo 11 Constitucional también). Diario Extra, conforme a su potestad constitucional, informó de unos hechos de altísima relevancia pública. De unos hechos que atañen a toda la sociedad porque refieren acerca de la averiguación de temas que tienen repercusión penal. A unos hechos que deben ser informados a la colectividad porque afectan bienes sociales altamente relevantes como lo son el contrabando, el crimen organizado y la corrupción en la función pública. Bienes fundamentales de la sociedad sobre los cuales existe un interés legítimo a informar y a ser informados. A unos hechos que, sin ninguna duda, el colectivo social tiene derecho a saber y a ser informados. La noticia, además, es veraz en los términos de la sentencia 2006-005977 de esta Sala porque están sustentados en fuentes oficiales, confiables y fidedignas, como lo son la conferencia de prensa brindada por don Walter Espinoza y, los datos suministrados mediante WhatsApp por la Oficina de Prensa del OIJ. En lo primero, porque fue don Walter quien informó a los comunicadores de distintos medios de comunicación (incluyendo Diario Extra) y mediante conferencia de prensa, de los hechos noticiados. Particularmente y en lo que toca a los funcionarios policiales, a partir del minuto 1:20 y hasta el 2:04, y, mediante WhatsApp, cuando la Oficina de Prensa del OIJ les indica nombres y edades de los oficiales de Policía. Revelar los dos apellidos, el nombre o la edad de funcionarios públicos detenidos no es ilícito ni constituye violación de datos personales, como ya lo ha declarado este Tribunal Constitucional en la sentencia No. 2020-010961. Haberlo informado constituye el ejercicio de un derecho con valor preferente, según lo tiene declarado esta Sala tiene desde la sentencia 2006-005977, reiterada en las sentencias 2009-014284, 2015-001782, 2018-018380 y 2019-008312 y así pide se declare. Solicita rechazar la pretensión de hábeas corpus presentada.
10.- Mediante resolución de las 21:48 horas del 14 de octubre de 2020, la Magistrada Instructora dispuso corregir el error material que contiene la resolución dictada a las 09:05 horas del 08 de octubre de 2020, en el sentido que el representante del Ministerio Público recurrido es Josué Hidalgo Brenes, Fiscal de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual (FADETAP) del Primer Circuito Judicial de San José, que tramita el expediente No. [Valor 002] , seguido contra [Nombre 001] o, en su defecto, el Fiscal Coordinador de la citada Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, a quien se le pidió informar sobre los hechos alegados por el recurrente.
11.- Informa bajo juramento Josué Hidalgo Brenes, en su condición Fiscal de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual (FADETAP) del Primer Circuito Judicial de San José (escrito presentado a las 11:47 horas del 20 de octubre de 2020), que, en la Fiscalía Adjunta de Delitos, Económicos, Tributarlos, Aduaneros y Propiedad Intelectual, inició la causa penal [Valor 002], por el delito de contrabando agravado, en contra de los encartados [Nombre 011] y otros. Siendo que producto de la Declaratoria de Crimen Organizado y de la herramienta legalmente ordenada de interceptación de llamadas telefónicas, se logró vincular al imputado [Nombre 001] como un miembro de la Fuerza Pública que a su vez estaba colaborando con organización criminal mediante la posible aceptación de dádivas y de información sensible para favorecer el trasiego de licor. Que mediante la resolución de las 07:30 horas del 06 de agosto y de las 11:00 horas del 14 de agosto, ambas de 2020 y emitidas por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, se ordenó el allanamiento, registro y secuestro en diferentes puntos de Limón y Alajuela. Dicha pesquisa conllevó que se revelara la investigación y el uso de la herramienta de interceptación, lo que a su vez generó la necesidad de efectuar las detenciones correspondientes. En el caso particular del recurrente [Nombre 001], resultó necesario y de interés para la investigación realizar su detención, pues existen suficientes elementos de convicción que lo relacionan con la posible comisión de delito y la imperiosa necesidad de efectuar el decomiso de su teléfono, en virtud de la información relevante que podía contener el mismo. Ahora bien, en cuanto a lo alegado por el recurrente, informa que la detención, en efecto, fue ordenada por ese servidor, como fiscal a cargo de la investigación. La misma se ejecutó por parte de los investigadores el 22 de setiembre de 2020, al ser las 05:56 horas, lo cual fue coordinado directamente con el oficial Eddie Ulate Naranjo y demás compañeros del OIJ. Todo fue debidamente ajustado a las horas de ingreso en los diferentes puntos de allanamiento que se estaban ejecutando, con la finalidad de evitar fuga de información, así como, pérdida de elementos de convicción relevantes para el caso (información contenida en teléfono del recurrente). La detención nace de los elementos vinculantes de los informes policiales presentados, los cuales determinaron la participación colaborativa y funcional del señor [Nombre 001] como miembro de la Fuerza Pública hacia la banda de crimen organizado. Respecto a lo indicado de que no se le brindó información de la detención, esa representación fiscal, para efectos de orden y tutela de derechos fundamentales, realizó un abordaje oportuno al oficial Eddie Ulate Naranjo antes de iniciar las pesquisas, siendo explicada la dinámica de detención y así como de ponerle en conocimiento sus derechos a cada detenido. Incluso, por iniciativa de ese servidor fiscal, se recomendó llenar en el lugar de la detención, una hoja de identificación de persona detenida, formulada por el investigador Ulate Naranjo, donde indica número de causa, delito, datos, información médica, tipo de defensa. Ello con el fin de resguardar los intereses del detenido y agilizar la diligencia ante una importante cantidad de detenidos suscitados ese día en medio de una emergencia sanitaria, COVID-19. (Se adjunta copia digital de acta). Con relación al traslado, indagatoria y tiempo detenido, afirma que posterior a la detención, con base en la actuación protocolar del OIJ, al señor [Nombre 001] se le dirigió directamente a la sala 05 de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, debidamente habilitada con el distanciamiento de rigor para evitar riesgos de contagio del Coronavirus, donde el mismo recurrente fue custodiado para luego ser indagado a las 12:33 horas de ese mismo día, por lo que ese lapso ese fue el único lugar donde estuvo, no en la Sección de Celdas, como usualmente se realiza. Todo esto fue en coordinación con su persona y el fiscal colaborador, José David Arana Rojas, en aras de agilizar el procedimiento de 20 indagatorias sobre miembros de la Fuerza Pública y sumado a evitar que los detenidos tuvieran relación con otros privados de libertad por seguridad sanitaria. Posteriormente a la indagatoria por orden suya, se le otorgó la orden de libertad con previa coordinación para efectuar la reseña policial, único momento donde se trasladó al recurrente a Celdas del Primer Circuito Judicial, quienes podrían eventualmente aportar la información en ese sentido. Considera ese servidor Fiscal que el actuar del Ministerio Público fue apegado al numeral 37 de la Constitución Política y a los artículos 82, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 del Código Procesal Penal, pues el Ministerio Público a través del Fiscal colaborador, José David Arana Rojas, fue amplio y suficiente en explicarle el motivo de su detención. Se le recibió al señor [Nombre 001] su declaración dentro del plazo de Ley después de su detención, sin retrasos innecesarios, a pesar de afrontar como fiscal más de 30 indagatorias (contando la estructura organizada procesada), se le explicaron los hechos, así como la calificación jurídica preliminar que lo vincularon como imputado, se le mostraron las pruebas o elementos que pesaron en su contra, se le abordó para que libremente decidiera quien iba a representar en su defensa técnica, señalando a viva voz defensor público, y posteriormente ante su derecho abstenerse de declarar, lo hizo con la libertad de movimiento y sin uso de instrumentos de seguridad no requeridos. De tal manera y con base en los criterios expuestos, considera que no existió ninguna violación a sus derechos fundamentales, toda vez que el Ministerio Público fue vigilante para cada una de las personas detenidas y para el aquí recurrente se tomaron en cuenta todas las circunstancias necesarias para salvaguardar la dignidad humana y salud. Así las cosas, y de forma muy respetuosa, solicita no acoger el presente recurso.
12.- Mediante resolución de las 17:03 horas del 26 de octubre de 2020, como prueba para resolver, la Magistrada Instructora previno a Randall Antonio Zúñiga López, en su condición Subdirector General en ejercicio del OIJ o a quien ocupe ese cargo, informar a esta Sala si el recurrente fue esposado, debiendo en caso positivo indicar las razones de ese proceder, así como el tiempo en que estuvo en esa condición.
13.- Informa bajo juramento Gerald Campos Valverde, en su condición Subdirector General del OIJ (escrito presentado a las 13:23 horas del 29 de octubre de 2020), que según se desprende del oficio 418-SECCRO-2020, suscrito por el Lic. Christian Montenegro Guevara, Jefe de la Sección Especializada Contra el Crimen Organizado del Departamento de Investigaciones Criminales de este Organismo; la detención del señor [Nombre 001] fue ejecutada a partir de las 05:56 horas del 22 de setiembre de 2020, en las instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública, de modo tal que, desde ese momento fue esposado, al encontrarse en calidad de persona detenida y conforme a los procedimientos policiales en cuanto al manejo, custodia y traslado de personas detenidas. Respecto al tiempo de permanencia como persona detenida, se debe aclarar que abarcó desde las 05:56 horas del 22 de setiembre de 2020, hasta las 17:45 horas del mismo día 22 de setiembre del 2020, momento cuando se documentó la salida y puesta en libertad según lo que se registró en la Sección de Cárceles del I Circuito Judicial, todo esto con el aval del Ministerio Público según “Orden de Libertad ” emitida por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual. También se debe aclarar que los periodos de tiempo en las diferentes etapas de toda la diligencia policial aquí detallada estuvieron sujetas a la capacidad del Ministerio Público, la Defensa Pública e incluso del personal del Archivo Criminal y la Sección de Cárceles del I Circuito, que debieron procesar un cúmulo de aproximadamente treinta personas detenidas, que estaban siendo puestas a las órdenes de la Fiscalía por esa misma sumaria. Que, durante el periodo de tiempo indicado, el señor [Nombre 001] se mantuvo en esa condición (persona detenida) siendo que en orden cronológico según dinámica de la diligencia policial implicó su detención, traslado hasta Tribunales del I Circuito Judicial, custodia en una de las salas de juicio a espera de la indagatoria, en lo sucesivo su indagatoria, luego la reseña policial y finalmente la orden de libertad, todo ello, conforme al procedimiento que se había definido por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual. Que sobre las razones jurídicas de ese proceder en cuanto la detención del señor [Nombre 001], se sustentan en los elementos de prueba que se expusieron en el informe 001-SECCRO-CI-2020 y sus respectivas ampliaciones, lo cual fue acogido por el ente Fiscal y de ese modo, se dispuso mediante Dirección Funcional previa a la operación, que el señor [Nombre 001] fuera detenido y de igual forma proceder con el secuestro del teléfono celular que portaba, indicaciones que fueron acatadas por todos los oficiales actuantes de la Sección Especializada contra el Crimen Organizado. En cuanto a las razonas operativas de ese proceder, lo dictan los procedimientos de manejo, traslado y custodia de detenidos que se deben aplicar para las personas detenidas, todo esto, ajustándose y siendo consecuentes al apego de los parámetros de seguridad que se requieren en este tipo de diligencias policiales.
14.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.:

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que el 22 de septiembre de 2020, fue trasladado por su jefe inmediato en la Delegación Policial Metropolitana, a las instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública, que se ubica frente al Centro Comercial del Sur. Dice que al llegar al sitio no se le brindó información, por el contrario, el agente Eddie Ulate Naranjo del OIJ, le solicitó que le facilitara el celular para realizar una dinámica; sin embargo, posteriormente regresó para entregarle el acta de secuestro No. 0031042, informándole que el celular quedaba decomisado. Además, le indicaron que quedaba detenido, pero sin señalarle la causa penal; lo esposaron y lo trasladaron al I Circuito Judicial de San José. También acusa que el medio de comunicación Diario Extra reveló los dos apellidos y la edad de todos los oficiales de Fuerza Pública detenidos, por la causa No. [Valor 002] , situación que le causó un perjuicio moral, ya que desde entonces ha sido señalado sin ser culpable de delito.
II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque las autoridades recurridas hayan omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
1)En la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual del Primer Circuito Judicial de San José inició la causa penal [Valor 002] , por el delito de contrabando agravado, en perjuicio de la Hacienda Pública, contra Manuel Sandoval Matamoros y más de otros 30 encartados, incluyendo 20 miembros de la Fuerza Pública (informe del Fiscal recurrido y prueba documental aportada).
2)Mediante las resoluciones de las 07:30 horas del 06 de agosto y de las 11:00 horas del 14 de agosto, ambas de 2020 y emitidas por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, se ordenó el allanamiento, registro y secuestro en diferentes puntos de Limón y Alajuela. Dicha pesquisa conllevó que se revelara la investigación y el uso de la herramienta de interceptación, lo que a su vez generó la necesidad de efectuar las detenciones correspondientes. En el caso particular del recurrente [Nombre 001], resultó necesario y de interés para la investigación realizar su detención, pues se considera que existen suficientes elementos de convicción que lo relacionan con la posible comisión de delito y la imperiosa necesidad de efectuar el decomiso de su teléfono, en virtud de la información relevante que podía contener el mismo (informe del Fiscal recurrido).
3)Producto de la Declaratoria de Crimen Organizado y de la interceptación de llamadas telefónicas, se logró vincular al imputado [Nombre 001] como un miembro de la Fuerza Pública que a su vez estaba, presuntamente, colaborando con una organización criminal mediante la posible aceptación de dádivas y de información sensible para favorecer el trasiego de licor (informe del Fiscal recurrido y prueba documental aportada).
4)El 21 de setiembre de 2020, Allan Herrera Díaz, Jefe de la Delegación Policial Metropolitana de la Fuerza Pública, recibe llamada telefónica del Subdirector Regional de San José, Nelson Barquero Jiménez, quien le indica que el primer día de labores y a primera hora, presente al señor [Nombre 001] en las instalaciones centrales del Ministerio de Seguridad Pública, propiamente en el salón Príncipe de Asturias (informes del Director General de la Fuerza Pública y el Jefe de la Delegación Policial Metropolitana de la Fuerza Pública).
5)El 22 de setiembre de 2020, cuando el recurrente ingresó a trabajar a la Delegación Metropolitana, su jefe inmediato, Allan Herrera Díaz, Jefe de la Delegación Policial Metropolitana de la Fuerza Pública, siguiendo órdenes superiores, procede a comunicarle que lo acompañe al Ministerio de Seguridad Pública, haciéndole ver que no está aprehendido y que desconoce el motivo por el cual lo requieren. Una vez que ingresó a esas instalaciones, lo presentó y se retiró (informes del Director General de la Fuerza Pública y el Jefe de la Delegación Policial Metropolitana de la Fuerza Pública).
6)El 22 de setiembre de 2020, al ser las 05:56 horas, se ejecutó la detención del recurrente, en las instalaciones centrales del Ministerio de Seguridad Pública, propiamente en al salón Príncipe de Asturias, por parte del personal de la Sección Especializada contra el Crimen Organizado del OIJ, a cargo del oficial Eddie Ulate Naranjo, en coordinación con la Jefatura de Investigación y la Jefatura de la citada Sección, así como, del Licenciado Josué Hidalgo Brenes, Fiscal de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, encargado de la causa penal [Valor 002]. El recurrente fue esposado al encontrarse en calidad de persona detenida y conforme a los procedimientos policiales en cuanto al manejo, custodia y traslado de personas detenidas (informes del Fiscal recurrido y el Subdirector General en ejercicio del OIJ y prueba documental aportada).
7)Desde que se realizó el abordaje del recurrente en las instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública, previamente coordinado con la Dirección de Seguridad Pública y el Departamento Legal, los investigadores del OIJ a cargo, que se encontraban en ese sitio, le indicaron que se le detenía por el delito de contrabando agravado, así como el número de causa y sus derechos constitucionales, entre ellos, si requería de la representación de defensa pública o privada, a lo que indicó sobre el tema de la defensa técnica que necesitaba consultarlo con su esposa, razón por lo que se le trasladó custodiado a una oficina privada, donde realizó una llamada (informes del Fiscal recurrido y el Subdirector General en ejercicio del OIJ y prueba documental aportada).
8)Al recurrente se le confeccionó la hoja de “identificación de persona detenida ” por el investigador a cargo, Eddie Ulate Naranjo, donde se plasma el número de causa, delito, datos, información médica, tipo de defensa, en apego al artículo 82 del Código Procesal Penal y en presencia del Asesor Legal Operativo del despacho de Viceministro de Seguridad Pública, comisionado Francisco Cordero Jiménez (informe del Subdirector General en ejercicio del OIJ y prueba documental aportada).
9)Para efectos de investigación y en coordinación y dirección funcional con el Ministerio Público, se procedió al decomiso del teléfono celular del recurrente por parte de los investigadores del OIJ, confeccionándose el acta número 031042, la cual fue de conocimiento del amparado y firmada por éste (informes del Fiscal recurrido y el Subdirector General en ejercicio del OIJ y prueba documental aportada).
10)El OIJ realizó coordinaciones con la Dirección General de la Fuerza Pública, quienes le facilitaron al recurrente alimentación e hidratación en el lugar de la detención, esto alrededor de las 07:30 horas y posteriormente almuerzo, el cual consumió (informe del Subdirector General en ejercicio del OIJ y prueba documental aportada).
11)Posterior a la detención, en coordinación con el Ministerio Público, se trasladó al recurrente de manera inmediata a la sala de juicio número cinco del Primer Circuito Judicial, donde fue custodiado a la espera de ser indagado, lapso en que se encontró únicamente en ese lugar y no en la Sección de Cárceles como usualmente se realiza, esto en aras de agilizar el procedimiento y evitar que tuviera relación con otros privados de libertad por su seguridad (informes del Fiscal recurrido y el Subdirector General en ejercicio del OIJ y prueba documental aportada).
12)El 22 de setiembre de 2020, a las 12:33 horas, el recurrente fue indagado, donde se le explicaron los hechos, así como la calificación jurídica preliminar que lo vincularon como imputado, se le mostraron las pruebas o elementos que pesaron en su contra, se le abordó para que libremente decidiera quien iba a representar en su defensa técnica, señalando a viva voz que un defensor público, y posteriormente ante su derecho abstenerse de declarar, lo hizo con la libertad de movimiento y sin uso de instrumentos de seguridad no requeridos (informes del Fiscal recurrido y el Subdirector General en ejercicio del OIJ y prueba documental aportada).
13)Posterior a la indagatoria, se trasladó al recurrente a la Sección de Cárceles del Primer Circuito Judicial, a donde ingresó al ser las 13:25 horas del 22 de setiembre de 2020, para la respectiva reseña y su posterior libertad al ser las 17:45 horas. Lo anterior a la orden de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, mediante el Tener a la orden # [Valor 003] y Orden de Libertad # [Valor 004]. Al ingresar se ubicó en la celda 2 norte y luego fue trasladado a la celda 4 sur, la cual cuenta con agua potable que consumen los funcionarios judiciales, además a su ingreso se generó el registro en el sistema para la realización de la reseña # [Valor 005] . Una vez entregado el resultado de la reseña, se procedió a aplicar la Orden de Libertad #0318340, esto al no tener causas pendientes en el registro de detención (informe del Subdirector General en ejercicio del OIJ y prueba documental aportada).
14)El tiempo de estancia del recurrente en celdas fue de 04 horas y 20 minutos hasta ser aplicada la orden de libertad a las 17:45 horas del 22 de setiembre de 2020 (informe del Subdirector General en ejercicio del OIJ y prueba documental aportada).
15)En el Libro de Registro de Detenidos de fecha 22 de setiembre de 2020, durante el tiempo de su permanencia en celdas del recurrente, no se tiene registro alguno donde se indicara que recibió algún tipo de agresión, tortura o incidentes donde estén involucrados agentes judiciales y en los cuales se utilizaran expresiones burlescas y peyorativas respecto a oficiales de la Fuerza Pública (informe del Subdirector General en ejercicio del OIJ y prueba documental aportada).
16)El tiempo de permanencia del recurrente, como persona detenida, abarcó desde las 05:56 horas del 22 de setiembre de 2020, hasta las 17:45 horas del mismo día 22 de setiembre de 2020, momento cuando se documentó su salida y puesta en libertad, según lo que se registró en la Sección de Cárceles del I Circuito Judicial y con el aval del Ministerio Público de acuerdo con la orden de libertad emitida por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual (informe del Subdirector General del OIJ y prueba documental aportada).
17)La noticia que publicó el Diario Extra, que objeta el recurrente, se hizo con base en la conferencia de prensa brindada por don Walter Espinoza Espinoza, Director General del OIJ, a distintos medios de comunicación (incluyendo Diario Extra) y los datos suministrados el 22 de setiembre de 2020, mediante WhatsApp, por la Oficina de Prensa del OIJ, donde se indican los dos apellidos de 20 oficiales de la Policía de Seguridad Pública, así como la edad de 19 de estos, que fueron detenidos por presunto contrabando de licores (contestación de la Gerente de la Sociedad Periodística Extra Limitada y prueba documental aportada).
III.- SOBRE LA DETENCIÓN DEL RECURRENTE. Efectivamente, según ha quedado acreditado a partir de los autos, es cierto que el recurrente [Nombre 001] se encuentra sujeto a la causa penal [Valor 002], planteada contra más de 30 encartados, incluyendo 20 miembros de la Fuerza Pública, por el delito de contrabando agravado, declarándose la tramitación de dicha causa como Delincuencia Organizada. Lo anterior mediante las resoluciones de las 07:30 horas del 06 de agosto y de las 11:00 horas del 14 de agosto, ambas de 2020 y emitidas por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José. Por ello, se ordenó el allanamiento, registro y secuestro en diferentes puntos de Limón y Alajuela. Además, dicha pesquisa conllevó que se revelara la investigación y el uso de la herramienta de interceptación, lo que a su vez generó la necesidad de efectuar las detenciones correspondientes. En el caso particular del recurrente, se indica que resultó necesario y de interés para la investigación realizar su detención, pues se considera que existen suficientes elementos de convicción que lo relacionan con la posible comisión de delito y la imperiosa necesidad de efectuar el decomiso de su teléfono, en virtud de la información relevante que podía contener el mismo. En el anterior contexto es que el 22 de setiembre de 2020, cuando ingresó a su trabajo como policía a la Delegación Metropolitana, su jefe inmediato, Allan Herrera Díaz, siguiendo órdenes superiores, procede a comunicarle que lo acompañara al Ministerio de Seguridad Pública, haciéndole ver que no estaba aprehendido y que desconocía el motivo por el cual lo requieren. Así, una vez que ingresó a esas instalaciones, lo presentó y se retiró.
De acuerdo a lo previamente planeado, al ser las 05:56 horas del 22 de setiembre de 2020, mientras se encontraba en las instalaciones centrales del Ministerio de Seguridad Pública, propiamente en al salón Príncipe de Asturias, se ejecutó la detención del recurrente por parte del personal de la Sección Especializada contra el Crimen Organizado del OIJ, a cargo del oficial Eddie Ulate Naranjo y en coordinación con la Jefatura de Investigación y la Jefatura de la citada Sección, así como, del Licenciado Josué Hidalgo Brenes, Fiscal de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, encargado de la causa penal [Valor 002]. El recurrente fue esposado al encontrarse en calidad de persona detenida y conforme a los procedimientos policiales en cuanto al manejo, custodia y traslado de personas detenidas. Desde que se realizó el abordaje del recurrente en las instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública, previamente coordinado con la Dirección de Seguridad Pública y el Departamento Legal, los investigadores del OIJ a cargo, que se encontraban en ese sitio, le indicaron que se le detenía por el delito de contrabando agravado, así como el número de causa y sus derechos constitucionales, entre ellos, si requería de la representación de defensa pública o privada, a lo que indicó sobre el tema de la defensa técnica que necesitaba consultarlo con su esposa, razón por lo que se le trasladó custodiado a una oficina privada, donde realizó una llamada. Al recurrente se le confeccionó la hoja de “identificación de persona detenida” por el investigador a cargo, Eddie Ulate Naranjo, donde se plasma el número de causa, delito, datos, información médica, tipo de defensa, en apego al artículo 82 del Código Procesal Penal y en presencia del Asesor Legal Operativo del despacho de Viceministro de Seguridad Pública, comisionado Francisco Cordero Jiménez. Para efectos de investigación y en coordinación y dirección funcional con el Ministerio Público, se procedió al decomiso del teléfono celular del recurrente por parte de los investigadores del OIJ, confeccionándose el acta número 031042, la cual fue de conocimiento del amparado y firmada por éste. El OIJ realizó coordinaciones con la Dirección General de la Fuerza Pública, quienes le facilitaron al recurrente alimentación e hidratación en el lugar de la detención, esto alrededor de las 07:30 horas y posteriormente almuerzo, el cual consumió.
Posterior a la detención, en coordinación con el Ministerio Público, se trasladó al recurrente de manera inmediata a la sala de juicio número cinco del Primer Circuito Judicial, donde fue custodiado a la espera de ser indagado, lapso en que se encontró únicamente en ese lugar y no en la Sección de Cárceles como usualmente se realiza. Esto en aras de agilizar el procedimiento y evitar que tuviera relación con otros privados de libertad por su seguridad. Ese mismo día, a las 12:33 horas, el recurrente fue indagado. En esa diligencia se le explicaron los hechos, así como la calificación jurídica preliminar que lo vincularon como imputado, se le mostraron las pruebas o elementos que pesaron en su contra, se le abordó para que libremente decidiera quien iba a representar en su defensa técnica, señalando a viva voz que un defensor público, y posteriormente ante su derecho abstenerse de declarar, lo hizo con la libertad de movimiento y sin uso de instrumentos de seguridad no requeridos.
Posterior a la indagatoria, se trasladó al recurrente a la Sección de Cárceles del Primer Circuito Judicial, a donde ingresó al ser las 13:25 horas del 22 de setiembre de 2020, para la respectiva reseña y su posterior libertad al ser las 17:45 horas. Lo anterior a la orden de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, mediante el Tener a la orden # 0635247 y Orden de Libertad # 0318340. Al ingresar se ubicó en la celda 2 norte y luego fue trasladado a la celda 4 sur, la cual cuenta con agua potable que consumen los funcionarios judiciales. Además, a su ingreso se generó el registro en el sistema para la realización de la reseña # 6557. Una vez entregado el resultado de la reseña, se procedió a aplicar la Orden de Libertad #0318340, esto al no tener causas pendientes en el registro de detención. El tiempo de estancia del recurrente en celdas fue de 04 horas y 20 minutos hasta ser aplicada la orden de libertad a las 17:45 horas del 22 de setiembre de 2020. En el Libro de Registro de Detenidos de fecha 22 de setiembre de 2020, durante el tiempo de su permanencia en celdas del recurrente, no se tiene registro alguno donde se indicara que recibió algún tipo de agresión, tortura o incidentes donde estén involucrados agentes judiciales y en los cuales se utilizaran expresiones burlescas y peyorativas respecto a oficiales de la Fuerza Pública. El tiempo de permanencia del recurrente, como persona detenida, abarcó desde las 05:56 horas del 22 de setiembre de 2020, hasta las 17:45 horas del mismo día 22 de setiembre de 2020, momento cuando se documentó su salida y puesta en libertad.
La anterior reseña permite descartar cualquier inobservancia a los derechos fundamentales del recurrente durante su detención, así como en su posterior traslado para la indagatoria y reseña policial, de previo a que fuera puesto en libertad. Primero, quedó diáfanamente demostrado que fue detenido a las 05:56 horas del 22 de setiembre de 2020 por oficiales del OIJ, debido a que se le inculpa de haber cometido un ilícito penal. Se acreditó que, contrario a lo que alega, sí se le puso en conocimiento, en el momento de la aprehensión, los hechos por los cuales se le acusa, así como la posibilidad de contar con un defensor, entre otros puntos. Tanto así que se aporta un acta que suscribió, donde se le puso en conocimiento la información de la causa penal que se tramita en su contra. También se demostró que hizo una llamada telefónica a su esposa. En cuanto al teléfono, se informa que, como parte de las pesquisas policiales, fue necesario su decomiso. Sobre el particular debe decirse que el agravio expuesto por el recurrente, no puede ser objeto de conocimiento en esta jurisdicción, pues que no le compete a este Tribunal Constitucional revisar si las actuaciones de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual con respecto al bien decomisado, se ajusta o no a la normativa infraconstitucional que rige para tales efectos y, mucho menos, determinar si procede o no la devolución de ese objeto, pues ello es una cuestión que debe dilucidarse en el propio proceso penal. Por consiguiente, la parte accionante podrá acudir, si a bien lo tiene, ante la propia Fiscalía recurrida, o bien, ante el Juez de Garantías a plantear su solicitud y los alegatos que estime pertinentes, a efecto que se resuelva lo que en derecho corresponda. Se acepta que fue esposado para su traslado a los Tribunales de Justicia, aunque se aclara que es como parte del procedimiento rutinario de las personas que son detenidas. Proceder que es entendible, máxime que también se informa que durante la diligencia de la indagación no tuvo colocado ningún dispositivo de seguridad. Tampoco se considera de recibo lo referente a la falta de alimentación, pues se colige que se le proporcionó desayuno y almuerzo. Aparte de lo anterior, si bien quedó demostrado que estuvo en celdas del OIJ después que fue indagado y mientras era reseñado policialmente, no ha sido posible determinar que, durante esta corta estancia, 04 horas y 20 minutos, recibiera tratos degradantes por parte de oficiales del OIJ. El Subdirector General en ejercicio de ese organismo, bajo la gravedad del juramento, señala que durante el tiempo en que los privados de libertad permanecen en las celdas de su representada, los Custodios de Detenidos tienen la obligación de velar en todo momento por la seguridad de los detenidos. Además, que la Policía Judicial se caracteriza por ser respetuosa de los derechos y garantías fundamentales que les asisten a todas las personas por su propia condición de ser humano y esta premisa prevalece en cada una de las intervenciones en aras de construir investigaciones propias de un sistema democrático de derecho, máxime al estar bajo la tutela de la Fiscalía y de los órganos jurisdiccionales. Finalmente, esta Sala, ex officio, constata que la detención del recurrente, fue menor a 24 horas. En concreto, de las 05:56 horas a las 17:45 horas del mismo día, 22 de setiembre de 2020. En suma, considera este Tribunal que en ningún momento se afectó el derecho de defensa en contra del tutelado y no aprecia la Sala que exista una omisión, ni actuación arbitraria por parte de las autoridades recurridas del OIJ y el Ministerio Público, que vulneren el derecho a la libertad personal del recurrente o algún otro derecho fundamental, como el de no recibir tratos degradantes. En igual sentido se resuelve respecto a la Fuerza Pública, quienes se limitaron a presentar al recurrente, conforme lo requerido por las autoridades judiciales.
IV.- SOBRE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO EXTRA. También acusa el recurrente que el medio de comunicación Diario Extra reveló los dos apellidos y la edad de todos los oficiales de Fuerza Pública detenidos, por la causa No. [Valor 002], incluyendo a su persona, situación que le causó un perjuicio moral, ya que desde entonces ha sido señalado sin ser culpable de algún delito.

El objeto propio de un hábeas corpus es la protección de la libertad y la integridad personal. Sin embargo, el presente agravio se analiza en este proceso por el fuero de atracción establecido en el artículo 16 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que señala:

Artículo 16 . Cuando en el hábeas corpus se alegaren otras violaciones que tengan relación con la libertad personal, en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto atribuido como ilegítimo, por constituir su causa o finalidad, en esta vía se resolverá también sobre esas violaciones”.

Por lo anterior, debido que uno de los extremos reclamados es que fue detenido injustificadamente y, por tanto, que se lesionó sin fundamento su libertad personal, se configura el supuesto establecido en dicho artículo 16, para el conocimiento del agravio relativo al derecho a la intimidad y principio de inocencia. De manera que, seguidamente se analiza tal punto.

Esta Sala, por sentencia No. 2002-008849, de las 16:58 horas de 10 de setiembre de 2002, sobre el respeto al principio de inocencia en el ejercicio de la libertad de prensa, señaló lo siguiente:
“…VI.- Principio de inocencia. Queda claro entonces que en el ordenamiento constitucional vigente reconoce que el honor y la imagen de las personas son límites al ejercicio de la libertad de prensa y el disfrute del derecho a la información. Lo mismo puede decirse del derecho a gozar de un estado de inocencia mientras una sentencia firme dictada por un tribunal ordinario mediante un proceso respetuoso de su derecho de defensa no declare lo contrario, de conformidad con lo que dispone el artículo 39 de la Constitución Política. En ese sentido, salvo que se trate de actos presuntamente cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, todas aquellas personas sometidas a un proceso penal tienen derecho a que sea preservada su identidad, al menos hasta que exista una sentencia condenatoria firme. Lo anterior impide a los medios de prensa presentar a la persona relacionada con el delito, incluyendo su nombre completo, número de identificación, fotografía u otro dato que indefectiblemente permita identificarla con esos hechos. No resulta relevante, para esos efectos, que la persona sea imputada en una causa penal, que se le haya detenido o incluso aprehendido in fraganti, pues el estado jurídico de inocencia lo protege hasta el dictado de la sentencia firme. El efecto que puede tener una información difundida por un medio en la cual se diga que a determinada persona se le vincula con un delito, es de entidad tal que puede llegar a generar en las personas la impresión de que efectivamente se trata del culpable por cierta conducta. La comunicación audiovisual es tan efectiva que la simple mención del nombre o fotografía de una persona en relación con un delito que viene siendo investigado puede producir en los receptores un estado de sospecha -e incluso hasta de certeza- respecto de la inocencia de aquél. No es que la prensa esté impedida de referirse a los hechos y de identificar de una forma vaga al sospechoso –por ejemplo por medio de su apellido, ocupación, etc-. El Estado debe asegurar el ejercicio amplio de dicha libertad, como forma de asegurar su propia transparencia. Lo que no puede hacer, desde el punto de vista del Derecho de la Constitución, es permitir que a una persona que goza de un estado de inocencia se le identifique de manera cierta e irrefutable de modo que ante los usuarios del medio pueda ser tenido como responsable de un hecho que apenas es investigado. No basta con el hecho de que el medio puede ser responsable penal o civilmente por sus afirmaciones u opiniones injuriosas o agraviantes. La libertad de expresión y el principio de inocencia gozan del mismo rango, pues ambos están reconocidos en la Constitución Política, por lo que el ejercicio de cada uno de tales derechos no debe imposibilitar el disfrute del otro. Exigiendo de los medios de prensa respeto del principio de inocencia no se lesiona su libertad de expresión. En cambio, el ejercicio desmesurado de la libertad de prensa, en casos como el que analizamos, sí puede vaciar de contenido el principio de inocencia, por las razones ya explicadas”.
En el presente asunto, quedó demostrado que la noticia que publicó el Diario Extra, la cual objeta el recurrente, se hizo con base en la conferencia de prensa brindada por don Walter Espinoza Espinoza, Director General del OIJ, a distintos medios de comunicación (incluyendo Diario Extra) y los datos suministrados el 22 de setiembre de 2020, mediante WhatsApp, por la Oficina de Prensa del OIJ, donde se indican los dos apellidos de 20 oficiales de la Policía de Seguridad Pública, así como la edad de 19 de estos, que fueron detenidos por presunto contrabando de licores. Dicho medio informativo, según ha aceptado su representante, se limitó a difundir información relacionada con los dos apellidos y edades de las personas detenidas, que son oficiales de policía, incluyendo al recurrente, sin que en su contenido se difundiera información u opiniones que conllevaran una estigmatización del tutelado, siendo que las notas noticiosas se realizaron con base en información suministrada por las autoridades competentes, tales como las dependencias del OIJ. De modo que, sin abandonar la línea jurisprudencial citada con anterioridad, en el caso concreto, este Tribunal no tiene por acreditada la vulneración de los derechos fundamentales de la persona amparada.
V.- CONCLUSIÓN. En razón de las consideraciones expuestas, no se logra acreditar la violación a ningún derecho fundamental del tutelado, por lo que el recurso debe ser desestimado en todos sus extremos.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.

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