Sentencia Nº 2020021224 de Sala Constitucional, 03-11-2020

Fecha de Resolución: 3 de Noviembre de 2020
Emisor:Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia

*200187300007CO*

Exp: 20-018730-0007-CO

Res. Nº 2020021224

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta minutos del tres de noviembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo promovido por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
RESULTANDO:
1.- Mediante memorial presentado a las 12:58 horas de 12 de octubre de 2020, el recurrente promovió recurso de amparo, contra la Caja Costarricense de Seguro Social, pues, según afirma, en el año 2019 fue diagnosticado con 2 hernias discales. Indica que en atención a dicha patología fue remitido al CENARE, donde le realizaron una resonancia y una electromiografía, que concluyó discopatía. Señala que debido a la pandemia por Covid-19, ese Centro Nacional, cerró. Por tal motivo, al solicitar la cita, se le programó para el 25 de setiembre de 2020 en el anexo 2; sin embargo, ese día no lo llamaron. Posteriormente, se le indicó que sería referido al Hospital San Rafael con incapacidad de un mes. Alega que no obstante lo expuesto, al presentar la referencia en el Hospital San Rafael, se le dijo que lo llamarían en un mes (véanse las referencias y contrarreferencias adjuntas al memorial de este recurso). Acusa que al día en que interpone el amparo no ha recibido atención médica oportuna. Considera que la actuación de las recurrida, lesiona sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.
2.- Por resolución de las 20:28 horas de 12 de octubre de 2020 se dio curso al recurso y requirió un informe a los directores médicos y a los jefes de los Servicios de Rehabilitación y Ortopedia, respectivamente, del Hospital San Rafael de Alajuela y del Centro Nacional de Rehabilitación, sobre esos hechos.
3.- Informan bajo juramento, Karen Rodríguez Segura, Néstor Azofeifa Delgado y
Manuel Vindas Montero, respectivamente, en condición de directora médica, de jefe del Servicio de Fisiatría y de jefe del Servicio de Ortopedia, todos del Hospital San Rafael, e indica que en los oficios No. DG-JM-RA-PR-0099-2020, de 15 de octubre de 2020 se señala:
“(…) Consta mediante Expediente Digital Único en Salud, que se trata de un paciente masculino de 33 años, el cual ha sido valorado en la especialidad de Fisiatría y Rehabilitación del Centro Nacional de Rehabilitación Humberto Araya (CENARE), por presentar la patología denominada Radiculopatía Lumbar. Se verifica en EDUS que el usuario fue atendido el día 02 de octubre de 2020 por el especialista en Fisiatría, Milton Chamorro Flores, quien anota: paciente “se realizó EMG (electromiografía) ( 17-3-2020): estudio compatible con radiculopatía l5 Izquierdo. Se hace incapacidad por 30 días para definir la conducta a seguir. Se refiere a HSRA: ortopedia / resolución quirúrgica”. Además se documenta que el amparado ha presentado las siguientes citas en la especialidad de Fisiatría y Rehabilitación del CENARE …
En relación con la solicitud del amparado y las referencias aportadas mediante el escrito de interposición, cabe destacar que, dicha solicitud(referencia), fue enviada de la especialidad de fisiatría y rehabilitación del Centro Nacional de Rehabilitación, a la especialidad de ortopedia del Hospital San Rafael de Alajuela. Por lo tanto; la jefatura de medicina no presenta injerencia en este ámbito ya que la especialidad de ortopedia corresponde directamente a la Jefatura de Cirugía. En conclusión, dado que el tutelado ya ha sido valorado en la especialidad de Fisiatría del CENARE, donde se le brindó el manejo y seguimiento de sus patologías crónicas, esta Jefatura considera que no se ha negado su atención médica, ha tenido acceso a la salud, ha tenido atención en nivel especializado, y no se ha violentado su derecho a la salud; por lo que se solicita se nos excluya de este amparo (…)”.
Por su parte, en el oficio del jefe del Servicio de Ortopedia, No. ORT-RA-2020 de 23 de octubre de 2020, se indica:
“El paciente Dennis Bolaños Araya estuvo en control en el Centro Nacional de Rehabilitación. Fue atendido por primera vez en ese centro médico el 13/03/2020 donde se observa que se le indicaron estudios como una resonancia magnética, electromiografía y referencia a UTLE fisiatría, se observan múltiples consultas de control por dicha patología. El 02/10/2020 fue valorado con nota administrativa para ser referido al Hospital de Alajuela para control en el servicio de ortopedia. Por reorganización de los centros Hospitalarios debido a la pandemia actualmente presente, es posible que dicha atención en este centro no ha sido realizada debido al riesgo del paciente a la exposición al COVID 19. Se reprogramará para valoración de estudios y definir conducta a seguir cita y se adjunta comprobante”.
A ese efecto, el 23 de octubre de 2020, se otorgo cita en ese Servicio para el 16 de diciembre de este mismo año. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- Informa bajo juramento Roberto Aguilar Tassara, en condición de Director General a.i. del Centro Nacional de Rehabilitación, e indica que del oficio de la Jefatura de Cirugía, No. CNR.JC.0287 se señala:
“1. Que con vista en el expediente digital el recurrente no ha sido valorado en el servicio de Ortopedia del CENARE sino específicamente en rehabilitación. 2. Que para efectos de una efectiva atención del recurrente se le realiza contra referencia para ser atendido en el Hospital San Rafael de Alajuela ya que éste es su Centro Médico de adscripción. 3. Que no estamos ante una cirugía de emergencia sino que es un procedimiento electivo”.
Como es del conocimiento de la Sala, en atención de la pandemia mundial, el Centro Nacional de Rehabilitación fue reconvertido a efectos de atender pacientes con diagnóstico positivo por Covid-19 y a la fecha no se cuenta con fecha cierta que determine retornar a su actividad habitual. No obstante lo anterior, para no afectar su atención ordinaria y con ello, la particularidad de cada uno de los pacientes, se acudió a medidas como habilitar la atención de la consulta externa en un edificio anexo facilitado por el Hospital México, y realizando atención mediante la modalidad de Telemedicina, se han reprogramado citas, para evitar exposición a contagios se han suspendido las cirugías ya que éste hospital no realiza cirugías de emergencia sino electivas. Para casos específicos como el del recurrente, se acudió a las contrarreferencias para ser atendidos en el centro médico de adscripción.
5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Hernández López; y,

CONSIDERANDO:
I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente reprocha que un mes después de que fue referido del Centro Nacional de Rehabilitación al Servicio de Ortopedia del Hospital San Rafael, a efecto de que se defina el tipo de resolución que requiere para su patología, no existe fecha cierta para valorarlo.
II.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para la decisión del presente amparo se tienen por demostrados los siguientes: 1) El 3 y 17 de marzo, y 2 de octubre, todos de 2020 se valoro al amparado en el Rehabilitación del Centro Nacional de Rehabilitación, por Radiculopatía (informe). 2) El 2 de octubre de 2020 se refirió al amparado de ese Centro Nacional al Servicio de Ortopedia del Hospital San Rafael, a efecto de que se definiera si es candidato para resolución quirúrgica (informe y los autos). 3) El 13 de octubre de 2020 se notificó el auto de curso a ese centro hospitalario (los autos). 4) El 23 de octubre de 2020, ese Servicio otorgó cita al amparado en ese Servicio para el 16 de diciembre de este mismo año (informe y los autos).
III.- SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios. Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.
IV.- SOBRE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y ADAPTACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables –en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública–, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias– de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública).
V.- CASO CONCRETO. Los informes y la prueba documental aportada permiten acreditar que el recurrente fue valorado en la especialidad de Fisiatría y Rehabilitación del Centro Nacional de Rehabilitación, por presentar Radiculopatía Lumbar. Consta que el 2 de octubre de 2020 se refirió al amparado de ese Centro Nacional de Rehabilitación -actualmente reconvertido a efectos de atender pacientes con diagnóstico positivo por Covid-19- al Servicio de Ortopedia del Hospital San Rafael, a efecto de que se definiera si es o no candidato para resolución quirúrgica. Si bien es cierto con ocasión de la notificación del auto de curso a ese nosocomio, se otorgó cita al amparado para el 16 de diciembre de este mismo año, no puede obviar este Tribunal que este recurso se planteó solo diez días después de que el paciente fue referido a ese nosocomio. Bajo esa inteligencia, este Tribunal estima que el amparo deviene prematuro, en razón de que no ha transcurrido un plazo abiertamente irrazonable o desproporcionado para programar la valoración que se reclama. Como corolario de lo expuesto, se impone desestimar el recurso.
VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.
Documento Firmado Digitalmente
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R252CGZ5YDS61
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