Sentencia Nº 2020021668 de Sala Constitucional, 10-11-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha10 Noviembre 2020
Número de sentencia2020021668
Número de expediente20-019841-0007-CO

*200198410007CO*

Exp: 20-019841-0007-CO

Res. Nº 2020021668

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del diez de noviembre de dos mil veinte .

Recurso de hábeas corpus que se tramita en expediente número 20-019841-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002] , contra EL TRIBUNAL PENAL DE JUICIO DE HEREDIA.
Resultando
  1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 29 de octubre de 2020, la parte recurrente interpone recurso de hábeas corpus contra el Tribunal Penal de Heredia y manifiesta que en contra de su cliente se tramita la causa penal No. [Valor 002] por la posible comisión del delito de homicidio culposo y lesiones culposas. Indica que el 13 de octubre de 2020 el Juzgado Penal de San Joaquín dictó orden de prisión preventiva por el plazo de 4 meses hasta el 13 de febrero de 2021. Expone que el defensor de turno interpuso recurso de apelación contra lo resuelto. Alega que no obstante lo anterior, al presentarse el 16 de octubre al tribunal recurrido en calidad de defensor del imputado, se percató que al día en que interpone el presente recurso no se ha programado fecha y hora para la audiencia. Refiere que lo expuesto significa que la situación jurídica de su representado no ha sido resuelta, a pesar de que han transcurrido más de 16 días, para convocar a la vista sobre la apelación. Solicita se declare sin lugar el recurso.
  2. Informa bajo juramento Kattia Fernanda Vargas Ávila, en su condición de Jueza Penal de San Joaquín de Flores, que el despacho recibió solicitud de imposición de medida cautelar por parte de la Fiscalía de San Joaquín dentro de la sumaria [Valor 002] el día 12 de octubre de dos mil veinte, señalando audiencia oral que se llevó a cabo a las 10:27 horas del 13 de octubre de 2020. La autoridad judicial que atendió dicha diligencia acogió la solicitud del Ministerio Público y mediante la resolución oral de las 11:45 horas del 13 de octubre del 2020 impuso prisión preventiva contra el amparado por un plazo de cuatro meses. En esa oportunidad, el Lic. Martín Cornelis Ramírez, actuando como defensor público interpuso recurso de apelación en contra de la resolución referida supra, emitida por este despacho. Tal y como se observa en el sello de recibido que consta a folio 7 vuelto del legajo de medida cautelar, el Juzgado Penal de San Joaquín de Flores remitió los autos al Tribunal Penal de Heredia el 19 de octubre de 2020 a efectos de que esa autoridad conociera el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del amparado. Del tenor de los autos se aprecia que el Tribunal Penal de Heredia, una vez recibió el expediente referido anteriormente, por medio de la resolución de las 14:24 horas del 28 de octubre de 2020 señaló la vista de apelación tendiente a conocer el recurso interpuesto por la defensa técnica del amparado, a realizarse a las 10:30 horas del 12 de noviembre de 2020. El Juzgado Penal de San Joaquín de Flores ha sido diligente en sus actuaciones, siendo que en razón del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del tutelado, el expediente y los legajos que lo componen fue pasado al Tribunal Penal de esta localidad en donde se procedió a realizar el señalamiento a vista y se encuentra a la espera de llevar a cabo la diligencia judicial en la fecha señalada. Solicita se declare sin lugar el recurso.
  3. Informa bajo juramento Katherine Chaves Alvarado, en su condición Jueza del Tribunal Juicio de Heredia, que el 19 de octubre de 2020 el despacho recibió el expediente. Mediante resolución de las 14:24 horas del 28 de octubre de 2020, el Tribunal señaló vista para conocer el recurso de apelación para el 12 de noviembre de 2020. Dicha resolución fue notificada a las partes el 29 y 30 de octubre de 2020. Solicita se declare sin lugar el recurso.

  4. Por resolución de las 14:44 horas del 04 de noviembre de 2020, la Magistrada Instructora solicitó como prueba para mejor resolver, lo siguiente: “que aporte copia de los comprobantes de notificación de la resolución de las 14:24 horas del 28 de octubre de 2020 a las partes procesales, en el que se acredite la fecha y hora de transmisión”.

  5. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando:

  1. Objeto del recurso. El recurrente reclama la vulneración a los derechos fundamentales del tutelado, pues acusa que el 13 de octubre de 2020 el Juzgado Penal de San Joaquín dictó orden de prisión preventiva por el plazo de 4 meses hasta el 13 de febrero de 2021. El defensor de turno interpuso recurso de apelación contra lo resuelto. No obstante, a la fecha de interposición del recurso no se ha programado fecha y hora para la audiencia, a pesar de que han transcurrido más de 16 días, para convocar a la vista sobre la apelación.
  2. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

a)El tutelado figura como imputado en la causa penal No. [Valor 002] por el presunto delito de homicidio culposo, el cual se tramita ante el Juzgado Penal de San Joaquín de Flores (véase informe de las autoridades recurridas).

b)El 12 de octubre de 2020, el Juzgado Penal de San Joaquín recibió una solicitud de imposición de prisión preventiva en perjuicio del tutelado (véase informe del Juzgado Penal de San Joaquín).

c)El 13 de octubre de 2020, en el Juzgado Penal recurrido se llevó a cabo una audiencia oral, en el que se conoció la solicitud de prisión preventiva. En esa oportunidad, por resolución de las 11:45 horas del 13 de octubre de 2020 le impuso prisión preventiva al tutelado por el plazo de cuatro meses. En ese momento, el defensor público interpuso un recurso de apelación contra lo resuelto (véase informe del Juzgado Penal de San Joaquín).

d)El 19 de octubre de 2020, el Juzgado recurrido presentó el legajo de medida cautelar ante el Tribunal Penal de Heredia (véase informes de los recurridos).

e)El 28 de octubre de 2020, por resolución de las 14:24 horas, fijó fecha para la vista de apelación para las 10:30 horas del 12 de noviembre de 2020 (véase la prueba aportada por el Tribunal Penal de Heredia).

f)A las 10:20 horas del 29 de octubre de 2020, el recurrente presentó el presente recurso de hábeas corpus -vía Gestión en Línea- (véase el expediente electrónico).

g)El 29 de octubre de 2020, el recurrente presentó un pronto despacho al Tribunal Penal de Heredia, a fin de que señalara fecha para audiencia (véase la prueba aportada por el Tribunal Penal de Heredia).

h)A las 14:05 horas del 29 de octubre de 2020, el recurrente fue notificado por el Tribunal Penal de Heredia de la resolución de las 14:24 horas del 28 de octubre de 2020 (véase la prueba para mejor resolver aportada por el Tribunal Penal recurrido).

i)El 30 de octubre de 2020, el Tribunal Penal de Heredia fue notificado de la resolución de curso de este proceso de hábeas corpus (véase acta de notificación).

  1. Sobre el caso concreto. Después de haber analizado los informes y las pruebas aportadas por las partes, esta Sala desestima el recurso, por las razones que a continuación serán expuestas. Como consideración previa, debe señalarse que en el escrito de interposición, el recurrente únicamente lo dirigió contra el Tribunal Penal de Heredia, por lo que esta Sala analizará las actuaciones de ese despacho. En el fondo, lo que cuestiona el recurrente es que el Tribunal Penal de Heredia no ha convocado la audiencia para resolver un recurso de apelación contra la resolución de las 11:45 horas del 13 de octubre de 2020 que emitió el Juzgado Penal de Flores, en el que le impuso cuatro meses de prisión preventiva al tutelado. Ahora bien, se ha tenido por demostrado que el tutelado figura como imputado en la causa penal No. [Valor 002] por el presunto delito de homicidio culposo, la cual se tramita ante el Juzgado Penal de San Joaquín de Flores. El 12 de octubre de 2020, el Juzgado Penal de San Joaquín recibió una solicitud de imposición de prisión preventiva en perjuicio del tutelado. El 13 de octubre de 2020, en el Juzgado Penal de Flores se llevó a cabo una audiencia oral, en la que se conoció la solicitud de prisión preventiva. En esa oportunidad, por resolución de las 11:45 horas del 13 de octubre de 2020, le impuso prisión preventiva al tutelado por el plazo de cuatro meses. En ese momento, el defensor público interpuso un recurso de apelación contra lo resuelto. El 19 de octubre de 2020, el Juzgado recurrido presentó el legajo de medida cautelar ante el Tribunal Penal de Heredia. Bajo ese orden de ideas, se aprecia que el 28 de octubre de 2020, es decir, antes de la interposición del recurso de hábeas corpus, el Tribunal fijó fecha para la vista de apelación para el 12 de noviembre de 2020. Nótese que esa resolución le fue notificada al abogado -aquí recurrente- el 29 octubre de 2020, es decir, antes de la notificación del auto de curso de este proceso de hábeas corpus a la autoridad accionada (que fue el 30 de octubre de 2020). Aunado a ello, se aprecia que este Tribunal Constitucional mediante sentencia No. 2018-21107 de las 09:20 horas del 14 de diciembre de 2018, conoció de un recurso de hábeas corpus promovido por el aquí recurrente, en el que acusó hechos similares al que nos ocupa. En esa oportunidad, el recurso tuvo como objeto lo siguiente:
“I.- Objeto del recurso. El recurrente acusa que los tutelados se encuentran en prisión preventiva; sin embargo, pese a que interpuso recurso de apelación en contra de la prórroga, aún no se ha fijado fecha de la audiencia”.
Ante el supuesto agravio, esta Sala Constitucional desestimó -por unanimidad- el recurso de hábeas corpus planteado, en los siguientes términos:

“Sobre el caso concreto. En el sub examine, el recurrente acusa que los tutelados se encuentran en prisión preventiva; sin embargo, pese a que interpuso recurso de apelación en contra de la prórroga, aún no se ha fijado fecha de la audiencia. Del estudio de los autos se tiene por demostrado, que la causa penal No. [Valor 003] se sigue en contra de los tutelados. El 9 de noviembre de 2018, el Juzgado Penal de Heredia les prorrogó la prisión preventiva, por lo que se interpuso recurso de apelación a su favor ante el Tribunal Penal de Heredia. El 28 de noviembre de 2018, el expediente ingresó al Tribunal Penal de Heredia y dicha autoridad programó la vista de apelación para las 13:30 horas de 20 de diciembre de 2018. Desde este panorama se descarta alguna actuación u omisión susceptible de ser estimada por la Sala. Al respecto, no se observa que el plazo transcurrido sea irrazonable. Nótese que a la fecha de interposición de este habeas corpus no habían pasado ni siquiera dos semanas desde el ingreso del expediente al despacho penal. Asimismo, según fue informado bajo juramento, la vista está programada para celebrarse en menos de un mes. Por las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso” (el resaltado no es del original).

Así las cosas, el recurso de hábeas corpus debe ser desestimado, pues se tuvo por demostrado que, con anterioridad a la notificación de este proceso de garantía al Tribunal Penal de Heredia, éste había fijado fecha para la audiencia que conocería un recurso de apelación contra la imposición de la prisión preventiva. Aunado a ello, de conformidad con el precedente supra citado, el plazo en la fijación y eventual celebración de la audiencia no resulta desproporcionado. En consecuencia, se declara sin lugar el recurso.

  1. Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a las partes que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Jose Paulino Hernández G.
Ana María Picado B.
Alicia Salas T.

Documento Firmado Digitalmente

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