Sentencia Nº 2020021946 de Sala Constitucional, 13-11-2020

EmisorSala Constitucional (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha13 Noviembre 2020
Número de sentencia2020021946
Número de expediente20-019926-0007-CO

*200199260007CO*

Exp: 20-019926-0007-CO

Res. Nº 2020021946

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del trece de noviembre de dos mil veinte .

Recurso de amparo presentado por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
Resultando:
1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 11:03 horas del 30 de octubre del 2020 la recurrente presenta recurso de amparo contra la Caja Costarricense del Seguro Social. Manifiesta que tiene 43 años y a inicios de 2020 inició con fuertes dolores abdominales, motivo por el cual acudió al hospital recurrido, donde el Dr. José Antonio Ramírez Ugalde, médico gastroenterólogo, le realizó un examen de recto y le diagnosticó hemorroides grado 1 y pólipo rectal. Debido a que continúa con fuertes dolores y presenta pérdida de peso, el 22 de julio de 2020 se apersonó al Ebais La Esperanza del Área de Salud de San Ramón, donde fue atendida por la Dra. Ariana Fernández Pérez, quien la refirió al Servicio de Gastroenterología para que se le realizara una colonoscopia. No obstante, acusa que en ese centro médico le asignaron la cita para el 22 de junio de 2023, plazo que considera desproporcionado y lesivo de su derecho a la salud.
2.- Por resolución de las 15:52 horas del 30 de octubre del 2020 se le dio curso al presente amparo y se le solicitó informe al director médico y al jefe del Servicio de Gastroenterología, ambos del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega (ver registro electrónico).
3. – Informa bajo juramento Jonathan Gerardo Sosa Céspedez en su calidad de Médico Director y Jorge Isaac Rodo Garro en su calidad de Jefe del Servicio de Medicina Interna (Gastroenterología), ambos del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega (ver registro electrónico) que de acuerdo al EDUS, la paciente no ha sido valorada en el Hospital. En cita del 22 de julio del 2020 en el EBAIS de La Esperanza, San Ramón se le prescribió el examen de colonoscopia por parte del médico general, Adriana Fernández Pérez, quien, de acuerdo a su especialidad y atención inmediata de la paciente, en ese momento determina la prioridad para realizar el examen y lo establece “a cupo”. A la paciente se le ha programado la realización del examen para el 18 de febrero del 2021 a las 7:00 a.m. ya la paciente cuenta con las instrucciones de exámenes previos y alimentación requeridos y que deben cumplir para poder realizarle el examen prescrito. Solicita que se declare sin lugar el recurso.
4.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Salas Torres; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO: El recurrente alega que tiene 43 años y a inicios de 2020 inició con fuertes dolores abdominales, motivo por el cual acudió al hospital recurrido, donde el Dr. José Antonio Ramírez Ugalde, médico gastroenterólogo, le realizó un examen de recto y le diagnosticó hemorroides grado 1 y pólipo rectal. Debido a que continúa con fuertes dolores y presenta pérdida de peso, el 22 de julio de 2020 se apersonó al Ebais La Esperanza del Área de Salud de San Ramón, donde fue atendida por la Dra. Ariana Fernández Pérez, quien la refirió al Servicio de Gastroenterología para que se le realizara una colonoscopia. No obstante, acusa que en ese centro médico le asignaron la cita para el 22 de junio de 2023, plazo que considera desproporcionado y lesivo de su derecho a la salud.
II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:
a)Que la recurrente fue diagnosticada con hemorroides grado 1 y pólipo rectal (ver registro electrónico).
b)Que en fecha 22 de julio de 2020 la recurrente fue valorada en el Ebais La Esperanza del Área de Salud de San Ramón -ese día fue referida al Servicio de Gastroenterología para que se le realizara una colonoscopia- (ver registro electrónico).
c)Que a la recurrente se le asignó cita para la colonoscopia para el 22 de junio de 2023 (ver registro electrónico).
d)Que en ocasión a la interposición del presente recurso de amparo, a la amparada se le reprogramó la cita para el 18 de febrero del 2021 (ver registro electrónico).
III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: Del informe rendido por la autoridad recurrida el cual es dado bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se desprende que la recurrente fue diagnosticada con hemorroides grado 1 y pólipo rectal. Se acreditó que en fecha 22 de julio de 2020 la recurrente fue valorada en el Ebais La Esperanza del Área de Salud de San Ramón -ese día fue referida al Servicio de Gastroenterología para que se le realizara una colonoscopia-. Quedó comprobado que a la recurrente se le asignó cita para la colonoscopia para el 22 de junio de 2023. Finalmente se verificó que en ocasión a la interposición del presente recurso de amparo, a la amparada se le reprogramó la cita para el 18 de febrero del 2021. Ante ese panorama y tomando en cuenta que la pretensión de la amparada fue satisfecha en ocasión a la interposición del presente amparo, lo procedente es declarar con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios.
IV.- SOBRE LA CONDENATORIA EN COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL CASO CONCRETO. Por las razones ampliamente expuestas en las sentencias correspondientes, es criterio de mayoría de esta Sala que cuando la declaratoria con lugar de un recurso de amparo obedezca a la aplicación del primer párrafo del artículo 52, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sea, porque habiéndose notificado la resolución de curso del amparo se revoque, suspenda o detenga la actuación impugnada, dicha estimatoria lo debe ser sin especial condena en daños y perjuicios. Sin embargo, bajo una mejor ponderación y como tesis de excepción, debe señalarse que cuanto el recurso de amparo verse de forma concreta sobre una situación patrimonial directa y estrictamente relacionada con la protección de derechos pecuniarios –sea la omisión de pago del salario o de las prestaciones que por derecho le corresponda a la persona interesada- sí procede la plena aplicación de la estimatoria del recurso de amparo, incluso con la correspondiente condena en costas, daños y perjuicios, por cuanto dicha condenatoria se erige en garantía de que lo adeudado podrá ser honrado por la administración –de oficio o a gestión de parte- con la debida actualización o indexación que corresponda fijar en el ámbito de la legalidad ordinaria, en el correspondiente proceso de ejecución de la sentencia constitucional estimatoria. Es por esta razón, que en el caso bajo estudio sí resulta procedente la condenatoria en costas, daños y perjuicios.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL. El tema de los recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud y, sobre todo, el de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social son agravios que se ha tornado recurrentes en esta Sala Constitucional. Este tipo de procesos han venido en un aumento exponencial, los cuales se evidencian mediante los números que se lleva en la estadística de este Tribunal:

Cantidad de expedientes de salud ingresados a la Sala Constitucional:

AÑO
CANTIDAD EN SALUD
2012
1745
2013
1891
2014
2710
2015
3725
2016
4865
2017
5682
2018
6932
2019
7623
2020 (*)
2780

(*) Asuntos ingresados del 01 de enero al 31 de mayo de 2020.

Del cuadro anterior se infiere que, desde el año 2012 a la fecha, ha habido un aumento constante en la cantidad de asuntos por violación al derecho a la salud que han ingresado a la jurisdicción constitucional. De esos asuntos, buena cantidad corresponde a listas de espera. A propósito de lo anterior, este Tribunal en la sentencia No. 2019-5560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019, declaró la vulneración sistemática y reiterada por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social al derecho a la salud de las personas aseguradas, específicamente, en virtud del estado de las listas de espera. Como consecuencia de lo anterior, este Tribunal ordenó la elaboración, en el plazo de seis meses, de un sistema de gestión integrado para solventar los problemas de lista de espera e incorporar soluciones a las causas estructurales reconocidas por la propia Caja Costarricense de Seguro Social en su informe rendido en el expediente 18-14499-0007-CO; entre otras, ausencia de infraestructura adecuada, aumento poblacional, las consideraciones epidemiológicas, ausencia de un sistema adecuado para cubrir la falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento y demanda en aumento del primer nivel de atención, así como el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos de la institución recurrida. En el citado proyecto de sistema de gestión integrado, deberán definirse los plazos de espera razonables por patología o grupos relacionados de diagnóstico de acuerdo con la sintomatología, el nivel de urgencia y las condiciones del paciente, así como los criterios objetivos para precisar la inclusión y ubicación de un paciente en las listas de espera. Aunado a ello, el proyecto de sistema de gestión integrado deberá tomar en cuenta las particularidades de las poblaciones en estado de vulnerabilidad (personas adultas mayores, indígenas, personas en condición de pobreza, madres, niños, niñas y adolescentes, privados de libertad, entre otros) y orientarse bajo los principios constitucionales del servicio público: eficiencia, eficacia, razonabilidad, disponibilidad, accesibilidad y universalidad. Es decir, con la citada sentencia se pretende que la Caja Costarricense de Seguro Social –de conformidad con sus competencias constitucionales y legales- tome las medidas para poner fin a la vulneración sistemática y reiterada al derecho a la salud de las personas que acuden a esa institución a recibir atención médica. Aunado a ello, en aras de dar un seguimiento del cumplimiento de esta sentencia, la Sala Constitucional convocó a una audiencia oral y pública para el 14 de noviembre de 2019. Asimismo, se le ordenó a la Defensoría de los Habitantes que deberá coadyuvar con el seguimiento de la ejecución de esta resolución. Así las cosas, esta intervención promueve la obligación de la Caja Costarricense de disponer de acciones que reduzcan la problemática y que evite que los ciudadanos tengan que recurrir ante la Sala Constitucional para poder ver satisfecho su derecho a la salud.

VI.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA HERNÁNDEZ LÓPEZ SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DERIVADAS DE DECLARAR CON LUGAR ESTE RECURSO. Coincido con la mayoría de la Sala en la decisión tomada respecto de la existencia de una lesión a los derechos fundamentales en este caso, la cual ha sido corregida con ocasión de la intervención de la Sala. No obstante, sostengo una posición particular en relación con el tema de las consecuencias económicas de esta sentencia, y es la siguiente:
La jurisdicción constitucional a cargo de este Tribunal en materia de amparo y hábeas corpus -la jurisdicción de la libertad como se le denomina- es especial porque su finalidad no es la del juez tradicional que dirime un conflicto entre dos partes, enfrentadas por una disputa legal. Su objetivo es brindar protección judicial a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales de manera que no sean perturbados en su disfrute, o privados de ellos, por actos de quien, de hecho o de derecho, realiza ejercicios concretos de autoridad, capaces de vulnerarlos.
Esa vocación protectora de la jurisdicción constitucional se concreta en un diseño procesal también peculiar, célere y gratuito en donde se impone a la autoridad pública recurrida la simple rendición de “un informe” sobre lo actuado en el caso denunciado (artículos 43, 44, 45 y 46 de la LJC). Así que no se trata técnicamente de un litigio y acorde con ello, se entregan a la Sala Constitucional amplios poderes para orientar el curso del proceso de amparo o de hábeas corpus, tanto respecto de la posibilidad de requerir información a otras autoridades sobre lo sucedido, como respecto del manejo amplio de la prueba que pueda servir para aclarar lo sucedido.
Ese marco procesal, de la jurisdicción de la libertad, donde no existen dos partes antagónicas enfrentadas de modo que lo que gane una lo pierda la otra, impone alejarnos de las soluciones que para estas últimas cuestiones han sido previstos en sistemas procesales como el civil, el contencioso o el laboral, y esto incluye naturalmente -y en lo que nos viene a interesar aquí- la forma de entender las reglas prescritas sobre las consecuencias económicas de tales procesos de amparo y habeas corpus, en caso de que se compruebe una violación a los derechos constitucionales, de manera tal que –ante el reconocimiento de una lesión parte de la Sala, exista una restauración del disfrute de tales derechos y además una efectiva indemnización de los daños y gastos ocasionados, como parte del derecho a una justicia efectiva en cuanto a la reparación de las consecuencias dañosas generadas por las autoridades que resulten infractoras.
En concordancia con lo anterior los artículos 49 y 50 de la Ley, fijan las potestades de la Sala para que –en caso de que se acoja el amparo- se pueda lograr el efectivo restablecimiento del disfrute de los derecho fundamentales afectados o bien –en los casos extremos de imposibilidad de restablecimiento- la prevención de que no se vuelva a incurrir en los actos lesivos. Y es por eso que, en esa línea, el artículo 51 de ley establece que: “(a)demás de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso…”. Esta es la regla general con la que se debe operar en el ámbito indemnizatorio, cuando la Sala ha tenido como comprobado el agravio en su decisión, y que se ampara en el concepto antes citado de una tutela efectiva de los derechos de las personas y en la noción de que la administración debe hacerse responsable por los daños y gastos que ocasione con su actuar inconstitucional.
Las dudas que han surgido tienen como base la disposición del artículo 51 de la ley que, en apariencia, contiene una excepción al sistema general recién descrito; sin embargo, una lectura apegada al texto legal, y bajo el prisma de la especialidad de la jurisdicción constitucional apuntan a la inexistencia de tal excepción; en efecto, el artículo citado recoge un caso distinto, en donde el Tribunal Constitucional no ha alcanzado una convicción sobre la existencia de alguna lesión, como se expresa claramente cuando se dice que: “si estando en curso el amparo, se dictare resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas si fueren procedentes.
La mención de una “resolución administrativa o judicial” debe llevarnos a entender que: a) se trata, por una parte, de situaciones en donde una autoridad distinta de la autora del agravio, interviene en el caso para revertir los efectos jurídicos de la actuación discutida; y b), que tal intervención se realiza previamente a que la Sala conozca el fondo del asunto y, por tanto, no se emitirá en el proceso una valoración de fondo de los elementos de convicción existentes. Simplemente, la Sala constataría en tal caso la existencia de la citada resolución (administrativa o judicial emitida por una autoridad diferente de la autora del agravio) y declararía con lugar el recurso, no por hallar de hecho alguna violación sino por mero imperativo legal y valorando apropiadamente la oportunidad de una condenatoria en daños perjuicios y costas.
Esta es la solución interpretativa que resulta más coherente con el artículo 50 de la Ley, en donde sí se regula de forma expresa el caso en que la Sala -al momento de valorar el caso y dictar sentencia- se encuentra con que ya han “cesado los efectos del acto impugnado”, situación que –para poder distinguirla cabalmente del caso del artículo 52 de la LJC- debe entenderse que alude al supuesto de que la propia autoridad recurrida es quien ha hecho cesar los efectos del acto impugnado. En este supuesto, tal y como lo ordenan los numerales 50 y 51 de la LJC, el recurso debe acogerse, disponiendo a la vez la condenatoria en daños, perjuicios y costas.
En este caso, puede afirmarse que la Sala ha valorado los elementos de juicio existentes y concluido la existencia de una lesión a derechos fundamentales, cuyos efectos nocivos han cesado al momento del pronunciamiento por la intervención de la autoridad recurrida, de modo que lo procedente es aplicar la doctrina de los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, excluyendo lo dispuesto en el artículo 52 por no corresponder su presupuesto de hecho al que se presenta en este proceso.
VII.- RAZONES DIFERENTES DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS. En términos generales, cuando la Sala por mayoría declara con lugar un recurso de amparo sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios, al tenor del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (LJC), he salvado parcialmente mi voto. Lo anterior, porque el artículo 52 de la LJC dice:

“Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

Mi interpretación sobre esa norma es la siguiente: Esa “ resolución” es todo acto válido y eficaz por el cual la autoridad competente restituye en el goce del derecho conculcado. La frase “ si fueren procedentes” se refiere a las costas. Es más, el artículo 197 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, citado por la mayoría, sobre la base del artículo 14 de la LJC, justamente se refiere sólo a estas: a las costas.

Ciertamente, a tenor del artículo 48 de la Constitución Política (CP), el contenido esencial del derecho al recurso de amparo no es de carácter indemnizatorio sino restitutorio; sin embargo, el artículo 51 de la LJC señala: “Toda resolución que acoja el recurso condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia”.

Si el derecho ha sido violado y la Sala así lo constata, aún en caso de que haya sido restituido, podrían haber surgido daños y perjuicios. Por tal motivo, cabe la condenatoria en abstracto de estos. Si no se hiciera así, si no se diera tal condenatoria, en el caso de que sí se hubieren dado, no habría título –derivado de este proceso– para reclamarlos, con lo que se podría violar el artículo 41 de la CP. Si a pesar de que se haya dictado la condenatoria en abstracto, no se han ocasionado los daños y perjuicios, el juez en la vía ordinaria así lo declarará, pues sólo a él corresponde tener por probado la existencia real y la magnitud de los mismos.

Con la tesis defendida por la mayoría estimo que, contrario a lo que se busca, se estaría incentivando que la Administración respete los derechos sólo ante la existencia de un recurso de amparo. Resta decir que el artículo 52 de la LJC prevé la posibilidad de que, si se estima que es lo justo, la Sala condene en costas, aun cuando el derecho haya sido restituido.

En síntesis, mi posición es que en los recursos de amparo declarados con lugar de conformidad con el artículo 52 de la LJC procede siempre la condenatoria en abstracto de los daños y perjuicios. En lo que respecta a las costas, la misma norma faculta a la Sala a determinar –cuando lo considere justo- la procedencia de las mismas.

En consecuencia, concurro con la parte dispositiva de esta sentencia, al declarar con lugar el recurso de amparo por la condenatoria en daños y perjuicios, y en atención a las características del presente asunto estimo que también corresponde la condenatoria en costas.

VIII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a la parte recurrente que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, deberá retirarlos del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión No. 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial No. 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión No. 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:
Se declara con lugar el recurso sin especial condenatoria en costas, daños y perjuicios. Se ordena a Jonathan Gerardo Sosa Céspedez en su calidad de Médico Director y Jorge Isaac Rodo Garro en su calidad de Jefe del Servicio de Medicina Interna (Gastroenterología), ambos del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega o a quienes en su lugar ocupen los cargos, que tomar las medidas necesarias a fin de realizarle la colonoscopia a la amparada en la fecha indicada en el informe rendido bajo juramento en este proceso (18 de febrero del 2021). Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. El Magistrado Rueda Leal pone nota. La Magistrada Hernández López salva parcialmente el voto y dispone la condenatoria en daños, perjuicios y costas de conformidad con los artículos 50 y 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Magistrada Garro Vargas salva parcialmente el voto y ordena la condenatoria en daños y perjuicios, pero no en costas.

Fernando Castillo V.
Presidente
Paul Rueda L.
Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Alicia Salas T.

Documento Firmado Digitalmente

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*3OEWVU6NGP461*

3OEWVU6NGP461

EXPEDIENTE N° 20-019926-0007-CO
Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Recepción de asuntos de grupos vulnerables: Edificio Corte Suprema de Justicia, San José, Distrito Catedral, Barrio González Lahmann, calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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