Sentencia Nº 2020022295 de Sala Constitucional, 20-11-2020

_{*200173120007CO*}

_{Exp: 20-017312-0007-CO}

_{Res. Nº 2020022295}

_{SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte .}

_{Recurso de amparo que se tramita en expediente número 20-017312-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 002], contra la ASOCIACIÓN PRO ARTESANÍA Y CULTURA (COLEGIO SANTA MARÍA DE GUADALUPE) y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP) .}

_Resultando:

_{Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,}

_{Considerando:}

_{I.- CUESTIÓN PREVIA. Tratándose de recursos de amparo dirigidos contra sujetos privados, previo al análisis de fondo acerca de la violación constitucional alegada, debe examinarse si, en la especie, se está o no ante alguno de los supuestos que hacen admisible tal recurso, y, en caso afirmativo, dilucidar si es o no admisible. Indica la Ley de la Jurisdicción Constitucional en el art ículo 57 que procede el recurso de amparo contra las acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando estos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En la especie, de ser ciertos los reclamos de la parte tutelada, la recurrida podría estar en una situación de poder, frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes podrían resultar insuficientes para tutelar los derechos fundamentales de la parte amparada, motivo por el cual, el recurso se debe admitir para su análisis por parte de este Tribunal.}

_{II.-OBJETO DEL RECURSO. La recurrente alega que la tutelada, quien es una persona menor de edad, es estudiante del colegio Santa María de Guadalupe, centro educativo que mediante la circular CSMG l13-2020 dispuso que los estudiantes deben tener habilitada la cámara de la computadora para recibir las clases. Además, reclama que, dado que se opuso a que la menor de edad amparada hiciera uso de la cámara web durante las lecciones, se le sancionó con una nota de comportamiento de 40. Asimismo, considera que la cámara web no debe ser de uso obligatorio para los estudiantes, pues se invade la privacidad de los hogares y se propicia que los menores de edad sean vistos en vivo en distintos medios de internet.}

_{III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:}

_{a)La amparada es una persona menor de 14 años de edad. (Ver página web del Registro Civil).}

_{b)La tutelada es estudiante del colegio Santa María de Guadalupe. (Hecho incontrovertido).}

_{c)El colegio Santa María de Guadalupe es una institución educativa católica privada, cuya oferta educativa se encuentra equiparada con los estudios de la Educación Formal Regular Oficial, en los niveles correspondientes al III Ciclo de la Educación General Básica y Educación Diversificada. (Ver informe rendido por la parte recurrida).}

_{d)El 3 de junio de 2020, la Dirección Regional de Heredia del MEP comunicó el oficio DREH-180-2020, en el que concluyó que:}

_{“la práctica de obligar a los estudiantes a exponer su imagen, durante las lecciones sincr ónicas, en las plataformas oficiales para la educación virtual, así como la obligación de compartir fotos con su imagen es totalmente inadecuada e incorrecta y; violatoria de derechos fundamentales. Ante esta situación, se recomienda buscar otras estrategias para registras (sic) las evidencias del trabajo del estudiante que no desee ser captado en imágenes. Igualmente, se considera conveniente que exista autorización de parte de los padres de familia que estén anuentes a que sus hijos compartan su imagen durante el desarrollo de sus clases virtuales”.}

_{Tal oficio fue distribuido a las asesorías regionales de Heredia, centros educativos consultantes y supervisores para que lo hicieran extensivo a los centros educativos bajo su supervisión. Mientras que el 28 de agosto de 2020 se remitió a la Dirección de Centros Privados del MEP. (Ver prueba documental e informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida).}

_{e)El 20 de agosto de 2020, la Dirección del centro educativo accionado emitió la circular CSMG 113-2020 de 20 de agosto de 2020 dirigida a los padres, madres y encargados de los estudiantes, en la que se dispuso:}

_{l)El 27 de agosto de 2020, la recurrente dirigió un correo electrónico a la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, mediante el cual indicó necesitar conocer el procedimiento para pronunciarse en contra de la cámara en MS Teams, por considerarlo una invasión a la privacidad y a su hogar. Por lo anterior, ese mismo día la Contraloría de Derechos Estudiantiles aludida abrió el expediente CDE-2188-20 y se comunicó con la recurrente. (Ver prueba documental).}

_{m)El 27 de agosto de 2020, la Viceministra Académica del MEP dirigió el oficio DMV-AC-0890-08-2020 a la Dirección de Educación Privada, mediante el cual remitió para su valoración y atención la denuncia formulada por la recurrente en contra del colegio Santa María de Guadalupe. (Ver prueba documental).}

_{n)El 28 de agosto de 2020, el jefe de la Dirección de Educación Privada del MEP envió el oficio DEP-FISCA-1439-07-2020 al director del centro educativo accionado, por medio del que le requirió un informe sobre la denuncia formulada por la recurrente. (Ver prueba documental).}

_{o)El 31 de agosto de 2020, una funcionaria del MEP remitió un correo electrónico al jefe Asesorías Pedagógicas de la Dirección Regional de Heredia del MEP, en el cual refiere que el criterio legal emitido por la asesoría legal de la Dirección Regional de Heredia rige para la situación del SAMAGU. Además, señaló que el PANI comparte el criterio emitido y que la línea que debe imperar en la situación del SAMAGU desde un enfoque de derechos humanos. (Ver informe rendido bajo fe de juramento por la autoridad recurrida).}

_{p)El 4 de setiembre de 2020, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP dirigió el oficio CDE-1359 al colegio Santa María de Guadalupe, referente al reclamo planteado por la recurrente. (Ver prueba documental).}

_{q)El 7 de setiembre de 2020, la recurrente envió un correo electrónico a diversos funcionarios del centro educativo recurrido y del MEP, mediante el que señaló:}

_{“Mi hija tiene esta cantidad de “ausencias injustificadas” (Ver adjunto) solo por accionar el mismo derecho que le compete a su privacidad (o sea no poner la cámara si no lo desea). Y en nota de conducta-comportamiento tiene un 86 por las mismas ausencias que se generan de la directriz de Gustavo Vargas de el (sic) “deber” de los estudiantes de poner la cámara para que se den por “presentes” en una clase cuando en el mismo chat de cada clase mi hija ha escrito en todas las asignaturas que está presente y ha sido ignorada y puedo adjuntar captura de pantalla de cada una de las asignaturas y la hora en que se toma lista ya que lo he justificado con el colegio pero me han ignorado aún teniendo pruebas de la presencia de mi hija en clases. Recalco de nuevo, ahora mismo por esta razón de las “ausencias injustificadas” la nota de conducta es de 86 siendo lo común en ella un 200. Necesito se aborde esto con la urgencia requerida y necesaria y a cómo compete”. (Ver prueba documental).}

_{r)El 8 de setiembre de 2020, el director del centro educativo accionado remitió un oficio a la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP. (Ver prueba documental).}

_{s)El 9 de setiembre de 2020, el director del centro de enseñanza recurrido le dirigió un escrito a la Dirección de Educación Privada del MEP, mediante el cual rindió el informe requerido relativo a la denuncia formulada por la recurrente. (Ver prueba documental).}

_{t)El 11 de setiembre de 2020, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP envió el oficio CDE-1359 al colegio Santa María de Guadalupe junto con una nota aclaratoria y la resolución DVM-AC-0569-06-2020. (Ver prueba documental).}

_{u)El 11 de setiembre de 2020, la recurrente envió un correo electrónico a direccion@samagu.ed.cr , en el que manifestó:}

_{“Desde que se le pone a mi hija “ausente” en las clases porque a ella no le gusta poner la cámara, he justificado en rededuca (sic) todas las ausencias y veo que la nota de comportamiento de mi hija está reducida por la misma raz ón aunque YO justifique lo que usted califica por ausencia a el no uso de la cámara. Quiero saber el porqu é si he justificado las ausencias de mi hija, ella tiene una nota de 40 en conducta, la cual me parece muy tergiversada de lo que en realidad es”. (Ver prueba documental).}

_{v)El 15 de setiembre de 2020, el director del centro educativo accionado envió un oficio a la Contralor ía de Derechos Estudiantiles del MEP. (Ver prueba documental).}

_{w)El 22 de setiembre de 2020, el director del colegio Santa María de Guadalupe le indic ó a la recurrente que se refiere a los correos electrónicos del 7 y el 11 de setiembre de 2020:}

_{“(…) Como es de su conocimiento, fue debidamente informado a los padres, madres y encargados de nuestros estudiantes, mediante circulares CSMG N° 113-2020, de fecha 20 de agosto pasado, y CSMG N° 115-2020, de fecha 25 de agosto de 2020, que “Al comprobar la asistencia, al inicio de la lección, el docente requerirá al respectivo estudiante encender la cámara para determinar su presencia efectiva.”, de modo que, el incumplimiento de esta disposición y medio de control, implica que el respetivo estudiante se tendrá como ausente. Sea oportuno recordar aquí que, en caso de que el equipo tuviese algún inconveniente o desperfecto, también se les informó que la institución facilitaría el préstamo de equipo.}

_{Por otra parte, la Normativa Institucional, que usted declaró conocer y aceptar al momento de suscribir el contrato de servicios educativos, establece que “Se entenderá por ausencia la no incorporación a la respectiva lección o actividad escolar, o cuando lo hiciere después de transcurridos los primeros cinco minutos de la hora fijada para su inicio” (artículo 69), por lo que no resulta aceptable afirmar, como justificación, que la menor estuvo presente sin explicar ni fundamentar las causas por las cuales la menor incumple el sistema de control de asistencia establecido para las clases virtuales.}

_{En consecuencia, se mantienen como inmotivadas las ausencias en referencia”. (Ver prueba documental).}

_{x)El 22 de octubre de 2020, la recurrente envió un correo electrónico a dirección@samagu.ed.cr, por medio de la cual indicó:}

_{“Veo que mi hija aún tiene un 40 en nota de “comportamiento”. Escriba el porqué de esa nota? (sic) Tome en cuenta que en contra de su voluntad, en contra de su decisión, privacidad, en contra de los principios y valores de mi familia ella está poniendo la cámara temporalmente en momentos indicados solo para que usted no la ponga ausente y aún así sigue esa nota de “comportamiento”. Además, si he justificado todas las ausencias en el portal de red-educa, porque (sic) no le fue suficiente a usted esas justificaciones e ignoró mis justificaciones tachando de ausente a mi hija al inicio de las lecciones o en el desarrollo de las mismas en las cuales evidentemente ella escribió “presente” en el chat del grupo de cada lección o sea en otras palabras estuvo presente?”. (Ver prueba documental).}

_{y)El 31 de octubre de 2020, la recurrente dirigió un correo electrónico a las direcciones tvega@samagu.ed.cr y ermida.aguero.ugalde@mep.go.cr, en el que señaló:}

_{“Mi hija y yo necesitamos una respuesta pronta y cumplida en este asunto. Es demasiado el abuso y pérdida de tiempo para no responder, haciendo uso del tiempo a conveniencia y demostrando falta de eficiencia tratándose de un menor de edad. Esto debe de ser puesto como prioridad tratándose de un menor de edad, demandó respuesta pronta y cumplida (De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política)”. (Ver prueba documental).}

_{z)El 2 de noviembre de 2020, el Director del centro de enseñanza accionado dirigió una nota a la recurrente, en la que señaló:}

_{“Me refiero a sus correos electrónicos de fecha 22 y 31 de octubre paso, en relación con las ausencias que se consignan en el registro de asistencia de su hija (…)}

_{1. Según consta en el correo que se le remitió el día 22 de setiembre pasado, le fue debidamente informado, en lo que aquí interesa, que:}

_{“a los padres, madres y encargados de nuestros estudiantes, mediante circulares 113-2020, de fecha 20 de agosto pasado, y 115-2020, de fecha 25 de agosto del 2020, que “Al comprobar la asistencia, al inicio de la lección, el docente requerirá al respectivo estudiante encender la cámara para determinar su presencia efectiva.”, de modo que, el incumplimiento de esta disposición y medio de control, implica que el respectivo estudiante se tendrá como ausente. Sea oportuno recordar aquí que, en caso de que el equipo tuviese algún inconveniente o desperfecto, también se les informó que la institución facilitaría el préstamo de equipo.}

_{Por otra parte, la Normativa Institucional, que usted declaró conocer y aceptar al momento de suscribir el contrato de servicios educativos, establece que “Se entenderá por ausencia la no incorporación a la respectiva lección o actividad escolar, o cuando lo hiciere después de transcurridos los primeros cinco minutos de la hora fijada para su inicio” (artículo 69), por lo que no resulta aceptable afirmar, como justificación, que la menor estuvo presente sin explicar ni fundamentar las causas por las cuales la menor incumple el sistema de control de asistencia establecido para las clases virtuales. En consecuencia, se mantienen como inmotivadas las ausencias en referencia.”}

_{2. En su correo del pasado 22 de octubre, reitera sus manifestaciones, en el sentido de que “Tome en cuenta que en contra de su voluntad, en contra de su decisión, privacidad, en contra delos principios y valores de mi familia ella está poniendo la cámara temporalmente en momentos indicados solo para que usted no la ponga ausente y aún así sigue esa nota de “comportamiento”. Además, si he justificado todas las ausencias en el portal de red-educa, porque no le fue suficiente a usted esas justificaciones e ignoró mis justificaciones tachando de ausente a mi hija al inicio de las lecciones o en el desarrollo de las mismas en las cuales evidentemente ella escribió “presente” en el chat del grupo de cada lección o sea en otras palabras estuvo presente? (sic) ” Nótese que sus cuestionamientos ya fueron abordados en la respuesta que se cita, y en ella le fue explicado que el incumplimiento de las directrices emitidas por parte de la Institución ha generado que se le tenga como ausente a la menor, y, además, que “no resulta aceptable afirmar, como justificación, que la menor estuvo presente sin explicar ni fundamentar las causas por las cuales la menor incumple el sistema de control de asistencia establecido para las clases virtuales.”, como usted lo pretendi ó en sus gestiones del 7 y 11 de setiembre pasados, por ello se le indicó que “se mantienen como inmotivadas las ausencias en referencia.”.}

_{3. En su correo electrónico del día 31 de octubre pasado, señala que “Mi hija y yo necesitamos una respuesta pronta y cumplida en este asunto. Es demasiado el abuso y pérdida de tiempo para no responder, haciendo uso del tiempo a conveniencia y demostrando falta de eficiencia tratándose de un menor de edad. Esto debe de ser puesto como prioridad tratándose de un menor de edad, demandó respuesta pronta y cumplida (De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constituci ón Política).” Las respuestas a sus gestiones se han brindado dentro del plazo que otorga el ordenamiento jurídico al efecto, por lo que no es cierto, y lo rechazo, que existe un “abuso y pérdida de tiempo para no responder... demostrando la falta de eficiencia”. (Ver prueba documental).}

_{aa)En el informe al hogar de la amparada correspondiente al II trimestre del curso lectivo 2020 se consigna que posee un promedio de 40 en la asignatura “comportamiento ”. Además, se indica que durante tal trimestre la tutelada posee 9 ausencias justificadas y 31 injustificadas. (Ver prueba documental).}

_{IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub examine, la recurrente alega que la tutelada, quien es una persona menor de edad, es estudiante del colegio Santa María de Guadalupe, centro educativo que mediante la circular CSMG l13-2020 dispuso que los estudiantes deben tener habilitada la cámara de la computadora para recibir las clases. Además, reclama que, dado que se opuso a que la menor de edad amparada hiciera uso de la cámara web durante las lecciones, se le sancionó con una nota de comportamiento de 40. Asimismo, considera que la cámara web no debe ser de uso obligatorio para los estudiantes, pues se invade la privacidad de los hogares y se propicia que los menores de edad sean vistos en vivo en distintos medios de internet.}

_{De los autos se colige que la tutelada, persona menor de 14 años de edad, es estudiante del colegio Santa María de Guadalupe. Se trata de una institución educativa católica privada, cuya oferta educativa se encuentra equiparada con los estudios de la Educación Formal Regular Oficial, en los niveles correspondientes al III Ciclo de la Educación General Básica y Educación Diversificada.}

_{La Sala observa que, el 3 de junio de 2020, la Dirección Regional de Heredia del MEP comunicó el oficio DREH-180-2020, en el que concluyó que: “la práctica de obligar a los estudiantes a exponer su imagen, durante las lecciones sincrónicas, en las plataformas oficiales para la educación virtual, así como la obligación de compartir fotos con su imagen es totalmente inadecuada e incorrecta y; violatoria de derechos fundamentales. Ante esta situación, se recomienda buscar otras estrategias para registras (sic) las evidencias del trabajo del estudiante que no desee ser captado en imágenes. Igualmente, se considera conveniente que exista autorización de parte de los padres de familia que estén anuentes a que sus hijos compartan su imagen durante el desarrollo de sus clases virtuales”. Tal oficio fue distribuido a las asesorías regionales de Heredia, centros educativos consultantes y supervisores para que lo hicieran extensivo a los centros educativos bajo su supervisión. Asimismo, el 28 de agosto de 2020 se remitió a la Dirección de Centros Privados del MEP.}

_{El Tribunal tiene por acreditado que, el 20 de agosto de 2020, la Dirección del centro educativo accionado emitió la circular CSMG 113-2020 de 20 de agosto de 2020 dirigida a los padres, madres y encargados de los estudiantes, en la que se dispuso: “Con el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje, mediante la metodología virtual a través de la plataforma Teams, les comunico que a partir del lunes 24 de agosto de 2020, se deberán implementar las normas y controles que se indicarán. Las disposiciones son el resultado del análisis realizado en funci ón de los problemas o inconvenientes reportados por los docentes y derivados de la forma en que se atiende la modalidad virtual y a distancia que, como de todos es conocido, requiere de una gran labor de todos los que participan en el proceso educativo y formativo. En efecto, lamentablemente, se han presentado varias situaciones en las que los estudiantes presentan, como propios, trabajos que les facilitan otros compañeros, y, algunos, vienen incluso con el nombre de otro estudiante, conducta que es contraria a los valores en que se asienta el proceso formativo, como lo son la honestidad y la responsabilidad. También, es importante recordar que en toda actividad escolar el estudiante debe mantener una adecuada presentación personal, acorde con el proceso educativo y formativo en que está inmerso, como reflejo del respeto para todos los participantes en las lecciones virtuales y de las normas de urbanidad que se inculcan en el Hogar, así como ubicarse en un entorno adecuado para el desarrollo de la lección. Por estos motivos, se les requiere cumplir lo siguiente: 1. Al comprobar la asistencia, al inicio de la lección, el docente requerirá al respectivo estudiante encender la cámara para determinar su presencia efectiva. 2. Del mismo modo, cuando en el desarrollo de la lección, se requiera la participación del estudiante , éste deberá encender la cámara al responder la consulta o efectuar la participación solicitada, o cuando el estudiante esté realizando una exposición o aporte a la lección . 3. En el momento en que se estén ejecutando trabajos, proyectos, prácticas u otras actividades, con valor porcentual de la nota , en cualquier momento, el docente o persona a cargo del grupo, puede requerir a un estudiante que encienda la cámara, para supervisar el proceso evaluativo. 4. Cuando el docente esté explicando la materia los estudiantes mantendrán las cámaras apagadas, excepto cuando, lo requiera a determinado o determinados estudiantes” (la negrita es del original). En igual sentido, la Dirección del colegio Santa María de Guadalupe dictó la circular CSMG 115-2020 del 25 de agosto de 2020, en la que se indicó: “ La Dirección ha recibido, de algunos padres, madres o encargados de estudiantes, y también de algunos educandos, manifestaciones de disconformidad relativas a las normas contenidas en la Circular Número CSMG N°113-2020, de fecha 20 de agosto de 2020, en especial en relación con el uso a la cámara durante las lecciones virtuales Plataforma Teams, y supuestos derechos de imagen, motivos por los que, con el debido respeto y consideración. me permito indicarles: a) El uso de la cámara durante las lecciones es un elemento no solo apropiado, sino absolutamente necesario, en las circunstancias actuales, para controlar la participación efectiva del estudiante y mantener su debida y adecuada atención durante el desarrollo de la lección. b) El menor, como ya fue informado, deberá portar vestimenta adecuada y ubicarse en un lugar apropiado a ese efecto. c) Para todos aquellos que necesiten equipo para acceder a las lecciones virtuales, como se ha hecho con otros estudiantes, se les suministrará el mismo, a cuyo efecto pueden ponerse en contacto con la Dirección General y se les otorga un plazo de ocho días naturales a partir del envío de esta circular para el tr ámite respectivo. d) La emergencia nacional sanitaria que afrontamos, hace necesario mancomunar esfuerzos para la satisfacción del derecho a la educaci ón de los estudiantes, lo que implica, entre otros aspectos, garantizar la participación efectiva del educando y ejercer los respectivos controles. Es de la mayor trascendencia dejar establecido y reiterar, que estamos frente a condiciones necesarias para el adecuado desarrollo del proceso educativo y formativo que, en ejercicio de su derecho fundamental, escogieron para sus hijos e hijas, sin que resulte válido derivar que el uso de las cámaras durante las lecciones virtuales, constituya, por ese solo hecho, violación a los derechos de imagen de los menores, a su privacidad o intimidad”.}

_{En virtud de lo anterior, el 20 y el 25 de agosto de 2020, la recurrente remitió correos electrónicos a la Dirección del centro de enseñanza accionado, mediante los cuales manifestó su disconformidad y se negó a que la amparada utilizara la cámara web durante las lecciones. Así, el 25 de agosto de 2020, el centro educativo recurrido le respondió a la recurrente los correos de fechas 20, 23 y 25 de agosto de 2020 e indicó que: “las Autoridades Institucionales interpretan su comunicación como una interrupción a la relación contractual establecida, para brindar los servidos educativos y formativos de su hija, dentro del proceso que administre nuestro Colegio que, dadas las circunstancias y condiciones derivadas de la emergencia nacional sanitaria, se ofrece en forma virtual y conforme lo indicado en las circulares remitidas, motivos por los que se ha dispuesto suspenderle el acceso a la plataforma institucional que se utiliza para el desarrollo de las respectivas lecciones. La anterior decisión se adopta, sin perjuicio que usted expresamente revoque su decisión inicial y, en ejercicio de su derecho fundamental, escoja para su hija el proceso que ofrecemos, en las condiciones y circunstancias establecidas”.}

_{La Sala también verifica que, el 26 de agosto de 2020, la recurrente, mediante un correo electrónico, le comunicó al colegio Santa María de Guadalupe que: “Mi hija (primer promedio de la 8-5) me suplicó que ella acepta el uso de la cámara a lo cual yo le informé que en mi casa ninguna c ámara va a ser utilizada, así que, después de meditar y conversar con varias personas familiares y externos se tomó la resolución de que mi hija será llevada a recibir las lecciones de lunes a viernes de 7:30 am a 3 pm a otra localidad, en esa localidad ella podrá hacer uso de la cámara cuando requiera (…) ”. Ese mismo día, la tutelada dirigi ó un correo electrónico a la dirección del centro de enseñanza accionado y manifestó: “(…) me encuentro dispuesta a continuar, de forma comprometida y responsable a seguir recibiendo las lecciones desde mi hogar, bajo la utilización de la Plataforma Virtual de Aprendizaje, Microsoft Teams, según lo estableció el MEP. Cabe destacar que me interesa usar la cámara y el micrófono, cuando así lo solicite la persona docente a cargo de impartir las lecciones, con el fin de cumplir con la totalidad de las tareas propuestas, además, en todo momento que as í se me solicite. En segunda instancia, deseo comunicarle que cuando se firmó el contrato, me compromet í a cumplir la normativa interna de la institución. En esta línea me encuentro dispuesta a seguir los lineamientos y directrices que usted como Director, representante de nuestro centro educativo, emplee para el desarrollo de las lecciones. Y, en tercera instancia, deseo su aprobación para realizar todas las pr ácticas supervisadas, las clases virtuales y demás trabajos o migraciones establecidas a mi persona, lo anterior para concluir este curso lectivo de una manera satisfactoria. En conclusión, le solicito con todo el respeto que usted se merece, la posibilidad de recapacitar la decisión tomada por su persona el d ía 25 de agosto, a saber "la exclusión de mi persona, de la Plataforma Virtual de Aprendizaje: Microsoft Teams". Deseo profundamente continuar cm mis estudios, y espero obtener una respuesta favorable de su parte, pues mi preocupación fundamental ha sido luchar por seguir con mi formación académica; además, estoy convencida de que el SAMAGU me ha brindado y continuará brindándome los apoyos necesarios para lograr este objetivo (…)”. Al respecto, cabe destacar que, debido a las comunicaciones efectuadas el 26 de agosto de 2020, tanto por la recurrente como por la tutelada, el colegio Santa María de Guadalupe no ejecutó la suspensión del uso de la plataforma institucional en perjuicio de la tutelada.}

_{Por otra parte, se comprueba que, el 27 de agosto de 2020, la recurrente dirigió un correo electrónico a la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, mediante el cual indicó necesitar conocer el procedimiento para pronunciarse en contra de la cámara en MS Teams, por considerarlo una invasión a la privacidad y a su hogar. Por lo anterior, ese mismo día la Contraloría de Derechos Estudiantiles aludida abrió el expediente CDE-2188-20 y se comunicó con la recurrente. Mientras que, ese mismo día, la Viceministra Académica del MEP dirigió el oficio DMV-AC-0890-08-2020 a la Dirección de Educación Privada, mediante el cual remitió para su valoración y atención la denuncia formulada por la recurrente en contra del colegio Santa María de Guadalupe. Asimismo, se observa que, el 28 de agosto de 2020, el jefe de la Dirección de Educación Privada del MEP envió el oficio DEP-FISCA-1439-07-2020 al director del centro educativo accionado, por medio del que le requirió un informe sobre la denuncia formulada por la recurrente.}

_{El Tribunal constata que, el 31 de agosto de 2020, una funcionaria del MEP remitió un correo electrónico al jefe Asesorías Pedagógicas de la Dirección Regional de Heredia del MEP, en el cual refiere que el criterio legal emitido por la asesoría legal de la Direcci ón Regional de Heredia rige para la situación del SAMAGU. Además, señaló que el PANI comparte el criterio emitido y que la línea que debe imperar en la situación del SAMAGU desde un enfoque de derechos humanos. En tanto que, el 4 de setiembre de 2020, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP dirigió el oficio CDE-1359 al colegio Santa María de Guadalupe, referente al reclamo planteado por la recurrente.}

_{De los autos se desprende que, el 7 de setiembre de 2020, la recurrente envió un correo electrónico a diversos funcionarios del centro educativo recurrido y del MEP, mediante el que señaló: “Mi hija tiene esta cantidad de “ausencias injustificadas” (Ver adjunto) solo por accionar el mismo derecho que le compete a su privacidad (o sea no poner la cámara si no lo desea). Y en nota de conducta-comportamiento tiene un 86 por las mismas ausencias que se generan de la directriz de Gustavo Vargas de el (sic) “deber” de los estudiantes de poner la cámara para que se den por “presentes” en una clase cuando en el mismo chat de cada clase mi hija ha escrito en todas las asignaturas que está presente y ha sido ignorada y puedo adjuntar captura de pantalla de cada una de las asignaturas y la hora en que se toma lista ya que lo he justificado con el colegio pero me han ignorado aún teniendo pruebas de la presencia de mi hija en clases. Recalco de nuevo, ahora mismo por esta razón de las “ausencias injustificadas” la nota de conducta es de 86 siendo lo común en ella un 200. Necesito se aborde esto con la urgencia requerida y necesaria y a cómo compete”.}

_{De otro lado, se observa que, el 8 de setiembre de 2020, el director del centro educativo accionado remitió un oficio a la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP. En igual sentido, el 9 de setiembre de 2020, el director del centro de enseñanza recurrido dirigi ó un escrito a la Dirección de Educación Privada del MEP, mediante el cual rindió el informe requerido relativo a la denuncia formulada por la recurrente. Al respecto, se verifica que, el 11 de setiembre de 2020, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP envió el oficio CDE-1359 al colegio Santa María de Guadalupe junto con una nota aclaratoria y la resolución DVM-AC-0569-06-2020. Así, el 15 de setiembre de 2020, el director del centro educativo accionado trasladó un oficio a la Contralor ía de Derechos Estudiantiles del MEP.}

_{El Tribunal comprueba que, el 11 de setiembre de 2020, la recurrente envió un correo electrónico a direccion@samagu.ed.cr, en el que manifestó: “Desde que se le pone a mi hija “ausente” en las clases porque a ella no le gusta poner la cámara, he justificado en rededuca (sic) todas las ausencias y veo que la nota de comportamiento de mi hija está reducida por la misma raz ón aunque YO justifique lo que usted califica por ausencia a el no uso de la cámara. Quiero saber el porqu é si he justificado las ausencias de mi hija, ella tiene una nota de 40 en conducta, la cual me parece muy tergiversada de lo que en realidad es”. Sobre el particular, el 22 de setiembre de 2020, el director del colegio Santa María de Guadalupe le indic ó a la recurrente que se refiere a los correos electrónicos del 7 y el 11 de setiembre de 2020: “(…) Como es de su conocimiento, fue debidamente informado a los padres, madres y encargados de nuestros estudiantes, mediante circulares CSMG N° 113-2020, de fecha 20 de agosto pasado, y CSMG N° 115-2020, de fecha 25 de agosto de 2020, que “Al comprobar la asistencia, al inicio de la lección, el docente requerirá al respectivo estudiante encender la cámara para determinar su presencia efectiva.”, de modo que, el incumplimiento de esta disposición y medio de control, implica que el respetivo estudiante se tendrá como ausente. Sea oportuno recordar aquí que, en caso de que el equipo tuviese algún inconveniente o desperfecto, también se les informó que la institución facilitaría el préstamo de equipo. Por otra parte, la Normativa Institucional, que usted declaró conocer y aceptar al momento de suscribir el contrato de servicios educativos, establece que “Se entenderá por ausencia la no incorporación a la respectiva lección o actividad escolar, o cuando lo hiciere después de transcurridos los primeros cinco minutos de la hora fijada para su inicio” (artículo 69), por lo que no resulta aceptable afirmar, como justificación, que la menor estuvo presente sin explicar ni fundamentar las causas por las cuales la menor incumple el sistema de control de asistencia establecido para las clases virtuales. En consecuencia, se mantienen como inmotivadas las ausencias en referencia”.}

_{Asimismo, se tiene por demostrado que, el 22 de octubre de 2020, la recurrente envió un correo electrónico a dirección@samagu.ed.cr, por medio de la cual indicó: “Veo que mi hija aún tiene un 40 en nota de “comportamiento”. Escriba el porqué de esa nota? (sic) Tome en cuenta que en contra de su voluntad, en contra de su decisión, privacidad, en contra de los principios y valores de mi familia ella está poniendo la cámara temporalmente en momentos indicados solo para que usted no la ponga ausente y aún así sigue esa nota de “comportamiento”. Además, si he justificado todas las ausencias en el portal de red-educa, porque (sic) no le fue suficiente a usted esas justificaciones e ignoró mis justificaciones tachando de ausente a mi hija al inicio de las lecciones o en el desarrollo de las mismas en las cuales evidentemente ella escribió “presente” en el chat del grupo de cada lección o sea en otras palabras estuvo presente?”. Además, el 31 de octubre de 2020, la recurrente dirigió un correo electrónico a las direcciones tvega@samagu.ed.cr y ermida.aguero.ugalde@mep.go.cr , en el que señaló: “Mi hija y yo necesitamos una respuesta pronta y cumplida en este asunto. Es demasiado el abuso y pérdida de tiempo para no responder, haciendo uso del tiempo a conveniencia y demostrando falta de eficiencia tratándose de un menor de edad. Esto debe de ser puesto como prioridad tratándose de un menor de edad, demandó respuesta pronta y cumplida (De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constituci ón Política)”. Así, el 2 de noviembre de 2020, el Director del centro de enseñanza accionado dirigi ó una nota a la recurrente, donde manifestó: “Me refiero a sus correos electrónicos de fecha 22 y 31 de octubre paso, en relación con las ausencias que se consignan en el registro de asistencia de su hija ( …) 1. Según consta en el correo que se le remitió el día 22 de setiembre pasado, le fue debidamente informado, en lo que aquí interesa, que: “a los padres, madres y encargados de nuestros estudiantes, mediante circulares 113-2020, de fecha 20 de agosto pasado, y 115-2020, de fecha 25 de agosto del 2020, que “Al comprobar la asistencia, al inicio de la lección, el docente requerirá al respectivo estudiante encender la cámara para determinar su presencia efectiva.”, de modo que, el incumplimiento de esta disposición y medio de control, implica que el respectivo estudiante se tendrá como ausente. Sea oportuno recordar aquí que, en caso de que el equipo tuviese algún inconveniente o desperfecto, también se les informó que la institución facilitaría el préstamo de equipo. Por otra parte, la Normativa Institucional, que usted declaró conocer y aceptar al momento de suscribir el contrato de servicios educativos, establece que “Se entenderá por ausencia la no incorporación a la respectiva lección o actividad escolar, o cuando lo hiciere después de transcurridos los primeros cinco minutos de la hora fijada para su inicio” (artículo 69), por lo que no resulta aceptable afirmar, como justificación, que la menor estuvo presente sin explicar ni fundamentar las causas por las cuales la menor incumple el sistema de control de asistencia establecido para las clases virtuales. En consecuencia, se mantienen como inmotivadas las ausencias en referencia.” 2. En su correo del pasado 22 de octubre, reitera sus manifestaciones, en el sentido de que “Tome en cuenta que en contra de su voluntad, en contra de su decisión, privacidad, en contra delos principios y valores de mi familia ella está poniendo la cámara temporalmente en momentos indicados solo para que usted no la ponga ausente y aún así sigue esa nota de “comportamiento”. Además, si he justificado todas las ausencias en el portal de red-educa, porque no le fue suficiente a usted esas justificaciones e ignoró mis justificaciones tachando de ausente a mi hija al inicio de las lecciones o en el desarrollo de las mismas en las cuales evidentemente ella escribió “presente” en el chat del grupo de cada lección o sea en otras palabras estuvo presente? (sic)” Nótese que sus cuestionamientos ya fueron abordados en la respuesta que se cita, y en ella le fue explicado que el incumplimiento de las directrices emitidas por parte de la Institución ha generado que se le tenga como ausente a la menor, y, además, que “no resulta aceptable afirmar, como justificación, que la menor estuvo presente sin explicar ni fundamentar las causas por las cuales la menor incumple el sistema de control de asistencia establecido para las clases virtuales.”, como usted lo pretendi ó en sus gestiones del 7 y 11 de setiembre pasados, por ello se le indicó que “se mantienen como inmotivadas las ausencias en referencia.”. 3. En su correo electrónico del día 31 de octubre pasado, se ñala que “Mi hija y yo necesitamos una respuesta pronta y cumplida en este asunto. Es demasiado el abuso y pérdida de tiempo para no responder, haciendo uso del tiempo a conveniencia y demostrando falta de eficiencia tratándose de un menor de edad. Esto debe de ser puesto como prioridad tratándose de un menor de edad, demandó respuesta pronta y cumplida (De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política).” Las respuestas a sus gestiones se han brindado dentro del plazo que otorga el ordenamiento jurídico al efecto, por lo que no es cierto, y lo rechazo, que existe un “abuso y pérdida de tiempo para no responder... demostrando la falta de eficiencia”.}

_{Por último, se verifica que en el informe al hogar de la amparada correspondiente al II trimestre del curso lectivo 2020 se consigna que posee un promedio de 40 en la asignatura “comportamiento ”. Además, se indica que durante tal trimestre la tutelada posee 9 ausencias justificadas y 31 injustificadas. Al respecto, los representantes de la parte recurrida sostienen que la nota de comportamiento de la menor no obedece a una sanción, sino al incumplimiento reiterado de una indicación por parte de la amparada para corroborar su efectiva presencia en las lecciones.}

_{De importancia para la resolución de este recurso, se estima procedente traer a colación lo indicado en la sentencia n.° 2018-004340 de las 9:15 horas del 16 de marzo de 2018:}

_{De este modo, el derecho a la imagen, ampliamente abordado por parte de este Tribunal Constitucional, tiene un resguardo especial tratándose de personas menores de edad. Lo anterior es conteste con lo dispuesto en el ordinal 3 inciso 1) de la Convención sobre los Derechos del Niño: “ En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atender á será el interés superior del niño”. En igual sentido, el numeral 5 del Código de la Niñez y Adolescencia establece:}

_{“Artículo 5.- Interés superior Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. La determinación del interés superior deberá considerar:}

_{a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.}

_{b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.}

_{c) las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.}

_{d) La correspondencia entre el interés individual y el social ”.}

_{Ahora bien, en la especie, la recurrente reclama que se ha producido una injerencia en la vida privada de la tutelada y que se ha lesionado su derecho a la imagen, debido a que el centro educativo accionado la obliga a encender la cámara de la computadora durante las lecciones. Sobre el particular, es de conocimiento público que los centros educativos se han visto obligados a modificar los procesos de enseñanza debido a la pandemia de la covid-19, lo que en algunos casos ha obligado la implementación de la metodología virtual para continuar con el proceso de aprendizaje. Así, en el sub lite se constata que el colegio Santa María de Guadalupe dictó la circular CSMG 113-2020 del 20 de agosto de 2020, mediante la cual indicó que, a partir del 24 de agosto de 2020, durante las lecciones impartidas por medio de la plataforma Teams, los estudiantes deben encender las cámaras ante cuatro supuestos, sean, “ 1. Al comprobar la asistencia, al inicio de la lección, el docente requerirá al respectivo estudiante encender la cámara para determinar su presencia efectiva. 2. Del mismo modo, cuando en el desarrollo de la lección, se requiera la participación del estudiante, éste deberá encender la cámara al responder la consulta o efectuar la participación solicitada, o cuando el estudiante esté realizando una exposición o aporte a la lección . 3. En el momento en que se estén ejecutando trabajos, proyectos, prácticas u otras actividades, con valor porcentual de la nota, en cualquier momento, el docente o persona a cargo del grupo, puede requerir a un estudiante que encienda la cámara, para supervisar el proceso evaluativo. 4. Cuando el docente esté explicando la materia los estudiantes mantendrán las cámaras apagadas, excepto cuando, lo requiera a determinado o determinados estudiantes” (la negrita es del original).}

_{Concerniente a lo anterior, se estima oportuno aplicar el denominado “test de razonabilidad” a fin de valorar si la medida antedicha se ajusta o no al principio constitucional de proporcionalidad. En ese sentido, se ha establecido que:}

_{“En tal sentido, la Sala considera que la medida impugnada se encuentra acorde al principio de razonabilidad. Este último está compuesto por los siguientes componentes: legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnado no debe estar, al menos, legalmente prohibido; la idoneidad indica que la medida estatal cuestionada deber ser apta para alcanzar efectivamente el objetivo pretendido; la necesidad significa que entre varias medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, la autoridad competente debe elegir aquella que afecte lo menos posible la esfera jurídica de la persona; y la proporcionalidad en sentido estricto dispone que aunque una medida sea idónea y necesaria, será irrazonables si lesiona el contenido esencial de otro derecho fundamental, si lo vacía de contenido.” (sentencia n.° 2013-1276 de las 14:50 horas del 29 de enero de 2013, reiterada en la sentencia n.° 2016-2706 de las 16:15 horas del 23 de febrero de 2016).}

_{En el sub iudice, al emplear el test de razonabilidad, esta Sala considera que las medidas adoptadas por el colegio Santa María de Guadalupe no resultan abiertamente desproporcionadas o irrazonables. Nótese que la disposici ón acogida por el centro de enseñanza recurrido no resulta ilegítima, toda vez que el ordenamiento jurídico no prohíbe el empleo de medios digitales para efectuar el proceso de aprendizaje. Además, se considera que la implementación de la modalidad virtual permite alcanzar el objetivo pretendido, en este caso, continuar con el proceso de enseñanza de los estudiantes matriculados en el colegio Santa María de Guadalupe. De igual forma, el Tribunal estima válido que se solicite que la persona estudiante encienda la cámara de la computadora durante las lecciones virtuales, cuando existan razones pedagógicas, derivadas del ejercicio de la docencia, que establezcan la necesidad de ver su imagen. Así, por ejemplo, cuando se efectúan actividades con un valor porcentual de la nota, como lo son exposiciones, prácticas, o la comprobaci ón de la asistencia, se justifica la obligación de encender la cámara de la computadora para constatar que, en efecto, la persona estudiante cumple las indicaciones y criterios de evaluación proporcionados por el personal docente.}

_{Sobre el particular, cabe señalar que la Sala no estima que tales medidas vacíen de contenido al derecho a la imagen de la tutelada, ni tampoco que se ocasione una injerencia arbitraria en su vida privada. Lo anterior, toda vez que, en el caso de marras, se está frente a un supuesto, en el que la metodología virtual de las lecciones conlleva a que un grupo determinado de personas, conformado por el personal docente y los compañeros de clase de la amparada, interactúen por medio de una plataforma digital, en este caso, Microsoft Teams. De este modo, la imagen de la tutelada, la cual se observa cuando enciende la cámara de la computadora, no es empleada con fines de reproducción ni de difusión, sino que la misma es visible únicamente para quienes tienen acceso a la plataforma aludida, en este asunto, sus propios compañeros de clase y el personal docente a cargo, sea, las mismas personas con quienes tendría contacto si las lecciones se llevasen a cabo de manera presencial.}

_{De igual forma, advierta la recurrente que su reclamo atinente a que la disposición tomada por el colegio recurrido invade la privacidad de su hogar escapa del ámbito de competencia de este Tribunal Constitucional. Sin embargo, la alegada invasión a la privacidad puede ser remediada por la propia recurrente colocando el dispositivo correspondiente en un lugar adecuado. Además, cabe indicar que entre los correos electrónicos remitidos por la reclamante al centro educativo accionado se encuentra el del 26 de agosto de 2020, en el que indicó que “Mi hija (primer promedio de la 8-5) me suplicó que ella acepta el uso de la cámara a lo cual yo le informé que en mi casa ninguna c ámara va a ser utilizada, así que, después de meditar y conversar con varias personas familiares y externos se tomó la resolución de que mi hija será llevada a recibir las lecciones de lunes a viernes de 7:30 am a 3 pm a otra localidad, en esa localidad ella podrá hacer uso de la cámara cuando requiera (…)”. De este modo, la propia recurrente reconoce la posibilidad de emplear otras alternativas para que la amparada utilice la cámara de la computadora durante las clases virtuales en lugares diferentes a su vivienda.}

_{En adición, reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que:}

_{“(…) la libertad de educación, consagrada en el art ículo 79, de la Constitución Política consagra el derecho de crear instituciones educativas y el derecho de quienes educan a desarrollar esa función con libertad, dentro de los límites propios del centro docente que ocupan. Esto significa que los centros educativos privados cuentan con absoluta facultad de adoptar decisiones internas propias, en tanto no contravengan el ordenamiento jurídico. Dado lo anterior, aunque la enseñanza privada sea una actividad de interés público y precisamente por ello está sujeta a regulaciones generales en beneficio de la colectividad, esto no la convierte en una actividad ni en un servicio públicos ejercidos por el Estado o por concesión del Estado, de manera que, a lo sumo, a lo que queda sometida es a una fiscalización tutelar de su parte. Por lo tanto, cuando los padres de familia matriculan a sus hijos en un centro de estudios de esa naturaleza, celebran un contrato de prestación de servicios educativos y aceptan sujetarse a los términos de la contratación y a la normativa interna de la institución, todo lo cual comprende los pautas relativas a la matrícula, cupo y rendimiento académico que la propia institución se haya fijado, sin que ello, en tesis de principio, pueda controlarse por la vía del amparo (…)” (ver sentencia n.° 2019-013301 de las 9:20 horas del 19 de julio de 2019).}

_{Así las cosas, en la especie, la recurrente decidió matricular a la amparada en el colegio Santa María de Guadalupe, el cual es un centro de enseñanza privado, por lo que las partes celebraron un contrato, mediante el cual acordaron la prestación de servicios educativos y una serie de condiciones. De este modo, si la recurrente estima que el centro educativo en cuestión no satisface sus necesidades o intereses puede poner fin a la relación contractual aludida y matricular a la menor tutelada en otro centro de estudios que se ajuste a sus requerimientos y expectativas.}

_{Ergo, dado que las medidas en cuestión adoptadas por el centro de educación accionado no se consideran abiertamente irrazonables o arbitrarias, lo procedente es declarar sin lugar el recurso en cuanto a tal extremo. No obstante, tome nota el director del colegio Santa María de Guadalupe de que deberá adoptar las medidas necesarias a fin de resguardar la imagen de los estudiantes y, de este modo, evitar que sin el consentimiento de las personas a cargo del menor o del propio estudiante de ser mayor de edad, aquella sea capturada, grabada, difundida o reproducida cuando se emplee la plataforma Microsoft Teams o cualquier otro medio digital, como parte del proceso de aprendizaje.}

_{V.- La recurrente también reclama que, pese a que la amparada no posee boletas de comportamiento, se le sancionó con una nota de comportamiento de 40 puntos, debido a que no ha habilitado la cámara de la computadora durante las lecciones virtuales. En el sub lite , la Sala observa que tal agravio no está vinculado con alguna lesión al debido proceso, sino que trata de un conflicto de legalidad ordinaria, toda vez que no configura una violación a los derechos fundamentales de tal magnitud como para justificar la intervención de esta jurisdicción. En efecto, a esta Sala no le corresponde valorar, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia, si la reducción en la nota de comportamiento de la tutelada se debe o no a que no encendió la aludida cámara durante las clases virtuales, ni tampoco constatar si la amparada estuvo o no presente en tales lecciones en el momento en el que el personal docente comprobó la asistencia. En consecuencia, si a bien lo tiene la parte recurrente, puede formular sus reclamos ante la propia parte recurrida o en la vía jurisdiccional ordinaria, sedes en las que podrá discutir de forma amplia el fondo del asunto, así como hacer valer sus pretensiones.}

_{VI.- Por otra parte, la recurrente reclama que, ante la negativa de la menor de edad tutelada de utilizar la cámara durante la realización de las clases virtuales, el director del centro educativo le indicó que se había suspendido el acceso de su hija a la plataforma en la que recibe lecciones, sin perjuicio de revocar tal disposición si la menor decidiese utilizar la cámara. Al respecto, se observa que, el 20 y el 25 de agosto de 2020, la recurrente remitió correos electrónicos a la Dirección del centro de enseñanza accionado, mediante los cuales manifestó su disconformidad y se negó a que la amparada utilizara la cámara web durante las lecciones. Por lo anterior, el 25 de agosto de 2020, el centro educativo recurrido le dirigió a la recurrente los correos de fechas 20, 23 y 25 de agosto de 2020, donde indicó: “las Autoridades Institucionales interpretan su comunicación como una interrupción a la relación contractual establecida, para brindar los servidos educativos y formativos de su hija, dentro del proceso que administre nuestro Colegio que, dadas las circunstancias y condiciones derivadas de la emergencia nacional sanitaria, se ofrece en forma virtual y conforme lo indicado en las circulares remitidas, motivos por los que se ha dispuesto suspenderle el acceso a la plataforma institucional que se utiliza para el desarrollo de las respectivas lecciones. La anterior decisión se adopta, sin perjuicio que usted expresamente revoque su decisión inicial y, en ejercicio de su derecho fundamental, escoja para su hija el proceso que ofrecemos, en las condiciones y circunstancias establecidas”. Así, el 26 de agosto de 2020, la recurrente, mediante un correo electrónico, le comunicó al colegio Santa Mar ía de Guadalupe que: “Mi hija (primer promedio de la 8-5) me suplicó que ella acepta el uso de la cámara a lo cual yo le informé que en mi casa ninguna cámara va a ser utilizada, as í que, después de meditar y conversar con varias personas familiares y externos se tomó la resolución de que mi hija será llevada a recibir las lecciones de lunes a viernes de 7:30 am a 3 pm a otra localidad, en esa localidad ella podrá hacer uso de la cámara cuando requiera (…) ”. Además, ese mismo día, la tutelada dirigió un correo electrónico a la dirección del centro de enseñanza accionado, en el que manifestó: “(…) me encuentro dispuesta a continuar, de forma comprometida y responsable a seguir recibiendo las lecciones desde mi hogar, bajo la utilización de la Plataforma Virtual de Aprendizaje, Microsoft Teams, según lo estableció el MEP. Cabe destacar que me interesa usar la cámara y el micrófono, cuando así lo solicite la persona docente a cargo de impartir las lecciones, con el fin de cumplir con la totalidad de las tareas propuestas, además, en todo momento que as í se me solicite. En segunda instancia, deseo comunicarle que cuando se firmó el contrato, me compromet í a cumplir la normativa interna de la institución. En esta línea me encuentro dispuesta a seguir los lineamientos y directrices que usted como Director, representante de nuestro centro educativo, emplee para el desarrollo de las lecciones. Y, en tercera instancia, deseo su aprobación para realizar todas las pr ácticas supervisadas, las clases virtuales y demás trabajos o migraciones establecidas a mi persona, lo anterior para concluir este curso lectivo de una manera satisfactoria. En conclusión, le solicito con todo el respeto que usted se merece, la posibilidad de recapacitar la decisión tomada por su persona el d ía 25 de agosto, a saber "la exclusión de mi persona, de la Plataforma Virtual de Aprendizaje: Microsoft Teams". Deseo profundamente continuar cm mis estudios, y espero obtener una respuesta favorable de su parte, pues mi preocupación fundamental ha sido luchar por seguir con mi formación académica; además, estoy convencida de que el SAMAGU me ha brindado y continuará brindándome los apoyos necesarios para lograr este objetivo (…)”. Debido a lo antes expuesto, el colegio Santa María de Guadalupe no ejecutó la suspensión del uso de la plataforma institucional en perjuicio de la tutelada.}

_{Ergo, si bien la recurrente alega que se le indicó por parte del centro educativo accionado que se iba a suspender el acceso de su hija a la plataforma Microsoft Teams, no menos cierto es que tal situación no se produjo, debido a que, ante las comunicaciones efectuadas el 26 de agosto de 2020, tanto por la recurrente como por la tutelada, el colegio Santa María de Guadalupe no ejecutó la suspensión del uso de la plataforma institucional en perjuicio de la alumna. De este modo, dado que no se constata situación alguna en cuanto a este extremo que requiera en este momento la intervención de esta jurisdicción constitucional, lo procedente es declarar sin lugar el amparo respecto a este reclamo.}

_{Por último, el Tribunal no omite advertir que de los autos no se desprende que las autoridades del Ministerio de Educación Pública hayan conculcado los derechos fundamentales de la tutelada en los términos en los que fue planteado el recurso, motivo por el cual se declara sin lugar el amparo en cuanto a tales autoridades.}

_{VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.}

_{Por tanto:}

	Fernando Castillo V. Presidente
Paul Rueda L.		Nancy Hernández L.
Luis Fdo. Salazar A.		Jorge Araya G.
Anamari Garro V.		Alicia Salas T.

_{Documento Firmado Digitalmente}

_{-- Código verificador --}

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