Sentencia Nº 2021-000006 de Sala Segunda de la Corte, 06-01-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha06 Enero 2021
Número de sentencia2021-000006
Número de expediente17-000499-1178-LA
*170004991178LA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 17-000499-1178-LA
Res: 2021-000006
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del seis de enero de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario seguido ante el Juzgado de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José, sede Desamparados, por [Nombre 001], contador público, contra COLCHÓN CLUB SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado general judicial licenciado Andrés Durán López, divorciado. Figura como apoderado especial judicial del actor el licenciado Alejandro Vargas Alfaro. Todos mayores, solteros, abogados y vecinos de San José, con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,
CONSIDERANDO:
I.-ANTECEDENTES: El actor presentó la demanda para que en sentencia se condene a la sociedad accionada a pagarle las vacaciones de toda la relación, aguinaldo del último período, preaviso, auxilio de cesantía, diferencias salariales entre el salario cancelado y el mínimo legal para el cargo de gerente que ocupó; horas extra; salarios caídos, salario en especie por uso de celular, vehículo, alquiler de vivienda, pago de seguro de gastos médicos mayores y menores, viaje anual a Monterrey, estudios de maestría que estaba cursando en el INCAE en Managua, intereses desde la fecha de despido y ambas costas. Dijo que laboraba en México para la empresa Shelter Manufactury S.A., desde el 2 de febrero de 2007, ocupando un cargo de analista de finanzas. Se le ofreció ocupar el cargo de Gerente de Administración y Finanzas en Costa Rica de Colchón Club S.A., una empresa subsidiaria de la Mexicana antes dicha. Como incentivos salariales se le ofreció un incremento salarial a convenir; pago de alquiler de vivienda, seguro de gastos médicos mayores y menores; vehículo de la empresa para atender actividades laborales y personales, un viaje anual a Monterrey con gastos pagos; y los costos de una maestría en una universidad a convenir. Con esas condiciones inició labores en Costa Rica para la demandada el 16 de marzo de 2010 en el puesto de Gerente de Administración y Finanzas; y a partir del 31 de julio de 2012 y hasta el final de la relación como Gerente General. Explicó que su jornada diaria era de las 08:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes, por lo que trabajaba dos horas extra diarias; además en los cierres de mes trabajaba cuatro horas extra adicionales un día sábado al mes durante toda la relación. Devengaba un salario ordinario mensual de US $4.815, ya que no se le pagó tiempo extraordinario; pero solo le reportaban a la CCSS uno de ¢350.000, y el resto se lo depositaban en dólares en una cuenta en el Banco Nacional de Costa Rica. Las labores las realizaba en las instalaciones de la demandada en el [...] y recibía órdenes de su jefe desde Monterrey, México, quien ocupaba el puesto de Director de Administración; posteriormente las recibía del director general. Estaba sometido a supervisiones y auditorajes internos y externos; no se le concedieron ni se le pagaron vacaciones; si se le pagaron los aguinaldos, excepto el del último período. Explicó que en una reunión celebrada en Monterrey, México, se le pidió que entregara los bienes asignados a su persona y se le instó a renunciar sin mayor explicación. Como no renunció, fue citado nuevamente a una reunión en México el 3 de mayo de 2016, donde un abogado de la empresa le manifestó que estaba despedido y que no podía ingresar a las instalaciones. Para el día 4 de mayo el gerente general, [Nombre 004], se presentó en la empresa en Costa Rica y le comunicó al personal que ya el actor no trabajaba para la accionada, momento para el cual ni siquiera sabía las razones del despido, pues no se le había entregado carta de cese. Dijo que regresó a Costa Rica el 4 de mayo de 2016 y, el 5 y 6 de ese mes, se presentó a la empresa e hizo entrega de los bienes asignados a su cargo, así como el vehículo, y por recomendación del abogado de la demandada, firmó la carta de renuncia que esa persona redactó, debido a la situación anímica en que se encontraba, pero en todo caso ya había sido despedido en México (documento agregado el 20/04/2017/11:30:10 hrs). El apoderado especial judicial de la demandada dijo que el actor era empleado de la empresa mexicana aludida y se trasladó a trabajar en Costa Rica, pero como encargado de administración y finanzas, siempre recibiendo órdenes y pagado por la mexicana; por lo que la relación laboral era con aquella empresa. Aceptó que el único incentivo recibido era el vehículo. Negó la autenticidad de la nota donde se le ofrecían los incentivos salariales, por no ser un documento impreso en la papelería acostumbrada de la empresa y el firmante no estaba autorizado para otorgar esos beneficios. Aceptó la fecha de inicio de labores en Costa Rica pero con la empresa radicada en México, de la cual recibía sus órdenes; y a partir del 31 de julio de 2012, se le nombró como encargado de la compañía, y hasta el momento en que renunció, se desempeñó como empleado de confianza, fue gerente, administrador y apoderado de la demandada, estando cubierto por las características de estos puestos contemplados en el numeral 143 del Código de Trabajo, quedando así excluido de los límites de la jornada de trabajo; no tenía horario ni marcaba en dispositivos de control, no reportaba a nadie donde iba ni se le controlaba el inicio ni la conclusión de la jornada. Expuso que recibía aproximadamente tres mil dólares mensuales de la casa matriz de México, y se le reportaban trescientos cincuenta mil colones a la seguridad social en Costa Rica. Por cuestiones de facilidad el pago se lo hacía la demandada, pero venía de la empresa mexicana. Explicó que la accionada tuvo pérdidas provocadas por el actor, como fue el pago de cincuenta mil dólares de una beca para él que no estaba autorizada, entre otras irregularidades que le llevaron a renunciar y tener que enfrentar una denuncia penal que se tramita en el Juzgado Penal de Desamparados, dentro del cual se le dictó impedimento de salida y la retención del pasaporte. Dijo que siempre disfrutó de sus vacaciones y se le pagó el aguinaldo; el último no lo pasó a retirar en la empresa. Explicó que el demandante efectuó acciones que comprometieron económicamente a la accionada, como el pago de un curso en el INCAE, para él, por cincuenta mil dólares, además abrió tiendas a nombre de una sociedad conformada por sus familiares de nombre [...]., y retiró miles de colchones a crédito que aún se deben, complicaciones que al verse descubierto, renunció al cargo. Negó que el actor fuera obligado a renunciar. Opuso las excepciones de incompetencia en razón del territorio nacional, litis pendencia, litis consorcio pasivo necesario (denegada en la resolución 11:11 horas del 2 de julio de 2018), falta de derecho, e incompetencia territorial del juzgado (resuelta interlocutoriamente), (documento agregado el 21/08/2017/11:30:19hrs). El Juzgado, declaró parcialmente con lugar la demanda y condenó a la accionada a pagarle al actor la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS COLONESCINCUENTA CÉNTIMOS por concepto de un mes de preaviso; auxilio de cesantía CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES, por vacaciones de toda la relación laboral TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS DÓLARES SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR y por concepto de aguinaldo TRES MIL NUEVE DÓLARES TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR; todo para un total de OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES SESENTA Y DOS CÉNTAVOS. Rechazó la demanda en cuanto a los extremos de horas extras, salarios en especie en la forma que fueron planteados, y daños y perjuicios por improcedentes. Impuso a la parte accionada, sobre las sumas dichas,la obligación de sufragar los intereses legales desde el cese de la relación laboral hasta su efectivo pago, rubro que se estimó al día 30 de agosto en la suma de OCHO MIL DIECISIETE DÓLARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTAVOS; así como los intereses futuros hasta el pago total de la condenatoria. De igual forma condenó a la parte accionada a cancelar la indexación sobre las sumas debidas, rubro que reconoció desde un mes antes de la interposición de la demanda, sea el 20 de marzo de 2017 y hasta su efectivo pago; extremo que deberá ser liquidado en la fase de ejecución por parte actora, una vez se haya hecho depósito de la suma total de la condenatoria. Responsabilizó a la demandada al pago de ambas costas; fijó las personales en el veinte por ciento de la condenatoria (resolución agregada el 30/08/2018/15:30:38 hrs).
II.-AGRAVIOS: Recurren el fallo ambas partes, y fundamentan sus inconformidades de la siguiente forma: La demandada: 1.- Critica la sentencia porque en ella se dijo que la señora [Nombre 005] era la encargada de planillas, pero en realidad esta era recepcionista y apoyaba en la elaboración de planillas. Expone que esa testigo se equivocó en el año en que sucedieron los hechos, pues afirmó que fue en el 2015, pero de la carta de renuncia se desprende que fue en el año 2016 en que acaecieron y ese documento descarta el despido, pues lo que sucedió fue una renuncia directa el 4 de mayo de 2016, y resalta que la testigo no pudo indicar como había sucedido la renuncia, si un día antes al actor supuestamente se le había despedido, y en todo caso, otros declarantes afirmaron que el actor renunció. Reclama un análisis superficial de los testimonios de [Nombre 004] y [Nombre 006], quienes dejaron claro que lo que operó fue una renuncia y no un despido indirecto. 2.-Expone que un testigo ofrecido por la demandada, y cuya deposición debía recibirse a través de videoconferencia, no pudo rendirla por estar enfermo, y para el recurrente era de vital importancia, pues este estuvo presente en la reunión en México donde el actor manifestó verbalmente que renunciaba. El Juzgado descartó este testigo, la parte oferente opuso los recursos de revocatoria y apelación, pero fueron denegados, por lo que considera que el fallo debe anularse, pues dejó en estado de indefensión a su representada.3.- Argumenta errónea aplicación de los numerales 28 y 29 del Código de Trabajo, los que dan oportunidad al trabajador de terminar el contrato de trabajo unilateralmente; insiste que no se dio un despido indirecto, porque en realidad hubo una renuncia. Asegura que esa forma de cese no fue alegada por el actor, sino que este desarrolló su acción amparado en un despido verbal, antes de la renuncia. Por otro lado, a su juicio no demostró el demandante que la accionada realizara actos tendientes a que renunciara; no hubo mala fe ni presiones. Expone que el testigo [Nombre 004] dijo que el actor el 2 de mayo de 2016 manifestó ante los presentes en la reunión celebrada en Monterrey, México, que renunciaba a su puesto de trabajo; y reprocha haberle dado credibilidad a [Nombre 005], quien aunque recordaba el día en que supuestamente se les comunicó el despido, no acertó en el año en que sucedió, lo que le extraña por haber sido recientemente; a juicio del recurrente esa situación la convierte en una testigo complaciente. Asegura que en su declaración fue insegura y dubitativa. En la carta de renuncia el actor le consignó fecha cierta y se aseguró que fuera recibida en forma expresa. En ese documento el actor puso que la renuncia sucedió el 2 de mayo de 2016 y no el día cuatro de ese mes y año, y afirma que por ser prueba documental tiene mayor relevancia; además, por haber comparecido ante notario debe descartarse que haya habido presión para que renunciara, pues es deber de esos profesionales, garantizar que las personas que comparezcan ante su presencia a otorgar escrituras, que estén libres de coacción o amenazas. Resalta que el actor no es un trabajador común, sino un empleado de nivel gerencial, con preparación académica alta, lo que a su juicio, descarta que en su caso se haya gestado un despido indirecto. 4.- Para el recurrente, se demostró que al actor solo se le adeuda el último período de vacaciones, y no todas las de la relación laboral como se consignó en la sentencia. Señala que la testigo [Nombre 015] declaró que ese derecho era manejado por un corporativo de México y siempre las disfrutaba en la última semana de diciembre de cada año; ella llevaba un control del disfrute, incluso afirmó que se iba tres o cuatro veces al año de vacaciones. Critica el fallo porque resta valor probatorio al documento aportado en el que se indica que el encargado de recursos humanos de Costa Rica lleva un control de las vacaciones del actor, por el hecho de que esos documentos no contienen la firma del demandante. Para el recurrente, existe abundante prueba de que el actor sí disfrutó las vacaciones, como son las declaraciones de testigos; y censura que en el fallo se haya dicho que no puede asegurarse que durante los cierres colectivos de la empresa el demandante haya disfrutado de vacaciones, pues la testigo [Nombre 015] dijo que en esos cierres, aprovechaba para hacer su viaje a México. Como prueba para mejor proveer en este tema aporta una solicitud de vacaciones que se logró ubicar con la que se demuestra que el demandante disfrutó de ese descanso en el año 2014. 5.- Reclama que debió exonerársele del pago de costas, ya que su representada actuó de buena fe, no así el actor; además no se le concedieron todas sus pretensiones, pues, solo prosperaron parcialmente. El actor: 1.- Critica la denegación del pago de los salarios caídos a título de daños y perjuicios contemplados en el numeral 82 del Código de Trabajo, ya que en esa norma no se establece diferencia entre despido indirecto o directo, ni escrito o verbal, de tal forma que cualquier distinción en esos extremos deviene en violatorio del principio de legalidad. Dice que el despido indirecto es aún más reprochable, porque en estos casos el empleador presiona o lleva al trabajador a un estado de obligación de renunciar; y cuando se hace verbalmente se evade la causa específica de la decisión. Dice que el presupuesto para conceder el pago de los salarios caídos es que se demuestre que el trabajador no debió ser despedido, que la sanción fue injusta, de mala fe y arbitraria, pues conforme al numeral 22 del Código Civil no se ampara el abuso del derecho ni el ejercicio antisocial de este. Contradictoriamente a lo decidido en el fallo, los testigos de la demandada y representantes patronales: [Nombre 015], [Nombre 004] y [Nombre 006], coincidieron en que al actor se le imputó una falta en perjuicio de la demandada, como lo es utilizar personal de la planilla de esta para atender sus locales comerciales. Esos hechos fueron, a criterio del recurrente, los utilizados por la empresa para presionarlo para que renunciara; razones por las cuales considera debe revocarse la sentencia y concederse el pago de los salarios caídos a título de daños y perjuicios en un total de seis meses. 2.- Dice que no comparte la negativa de conceder el pago de horas extra, ya que el Juzgado, sin razonamiento alguno, dijo que el actor era un trabajador de confianza, y por ello no tenía derecho a la percepción de esa remuneración. Para el recurrente, el Juzgado no hizo otra cosa que parafrasear los argumentos de la demandada que en ese sentido no aportó prueba alguna. Dice que la empleadora no se preocupó por demostrar cuáles eran las labores del actor, ni la libertad con que tomaba sus decisiones; si era quien abría y cerraba el establecimiento, o por qué a este se le exigía mayor honradez o lealtad que al resto de colaboradores. Defiende su tesis amparado en las declaraciones de [Nombre 005] y [Nombre 018], quienes declararon que al demandante no se le pagaba tiempo extraordinario, lo cual se demuestra con los reportes a la CCSS y los estados de la cuenta de ahorro del Banco Nacional de Costa Rica, donde se registra que su salario no experimentaba incrementos. Dice que la demandada no aportó libros de salarios con los que demostraría que le pagó ese extremo, pero en el proceso pretendió demostrarlo con declaraciones de testigos, pero esas deponencias no le merecen valor al recurrente, por tratarse de jerarcas dentro de la empresa; además, que el pago de ese extremo solo se acredita mediante prueba documental. Según el agraviante, su representado no era un trabajador de confianza, pues no podía llegar y marcharse de la empresa cuando quisiera, ni tenía a su cargo todo el funcionamiento de la empresa, ya que algunos aspectos del quehacer diario eran ordenados desde México. Solicita la aplicación en este punto del principio protector en su manifestación de indubio pro operario. 3.- Reclama la aplicación a su poderdante de la normativa internacional que protege los derechos de las personas migrantes y expatriadas, en el sentido de aplicar igual trato que a los nacionales. Indica que el Juzgado tomó en cuenta rubros beneficios del celular, la casa y el vehículo como salario en especie para incrementar pagado en un 50 %, pero obvio otros extremos como la beca, el viaje anual a Monterrey, los cuales se convirtieron en derechos adquiridos. En cuanto a la beca, insiste que la misma fue otorgada por la máxima autoridad administrativa de la empresa en México, de tal forma que al ser despedido indirectamente, debió condenársele a pagarle el importe de esa formación recibida. Censura la sentencia porque en ella se dice que se deniega el pago de la beca porque no se demostraron los términos en que se otorgó, pero para el recurrente en la nota aportada sobre los beneficios se indica que la demandada se hará cargo del pago de estudios de posgrado en una universidad, sin entrar a detallar las condiciones de la beca. Tampoco la accionada demostró que el beneficio le fuera revocado en algún momento. En cuanto al pago del viaje anual a Monterrey con todos los gastos pagos, es un tema que según el actor no se mencionó en la sentencia, pese a la demostración con prueba documental y testimonial aportada, y mientras fue trabajador de la accionada lo disfrutó. Dice que al presentar la demanda pidió que se otorgara durante todo el proceso por ser un beneficio que se concedió anualmente y debe reconocérsele.4.- Recrimina la condenatoria en costas, pues asegura que ese gasto el numeral 4 del arancel de honorarios profesionales dispone que son propiedad del abogado, lo cual se ratifica en el numeral 237 del Código Procesal Civil. Afirma que el Arancel establece que el porcentaje de honorarios oscila entre un 25 % y un 30 % del importe de la condenatoria y la absolutoria. Asegura que el actor y su abogado pactaron un 30 % de honorarios, y al fijarse la condena en un 20 % se le está causando grave daño a su poderdante, pues deberá resarcir un 10 % adicional. Pide que en este punto se fije la condena en costas personales en un 30 % de lo concedido.
III.-SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER: La parte accionada ofrece como prueba para mejor proveer un documento que denomina solicitud de vacaciones y dice que este se logró ubicar en la empresa, y con el cual se demuestra que el demandante disfrutó las vacaciones del año 2014 y que solo le restaban siete días de períodos anteriores. El artículo 594 del Código de Trabajo establece que ante el órgano de casación solo podrán presentarse u ordenarse pruebas documentales o técnicas para mejor proveer que puedan ser de influencia decisiva, según calificación discrecional del órgano. Para esta Sala el documento ofrecido no tiene esas características, pues se trata de una solicitud de vacaciones, no una concesión o autorización de las mismas, además no se explica por qué, la empresa que es la responsable de custodiar y guardar este tipo de documentos sobre sus colaboradores, no lo había presentado con anterioridad, pues históricamente se ha considerado que este tipo de pruebas no está previsto para solventar incurias o descuidos de las partes, máxime cuando quien la ofrece es precisamente la parte llamada a demostrar documentalmente el disfrute del derecho –artículo 161 del Código de Trabajo-. Por lo anterior la prueba ofrecida con ese carácter no es de recibo.
IV.-SOBRE LOS AGRAVIOS PROCESALES: La representación de la parte demandada, si bien es cierto no separa sus agravios en formales y de fondo, una de sus inconformidades es de índole procesal, y se trata de la crítica a la negativa del Juzgado de recibirle la declaración a un testigo que se evacuaría por medio videoconferencia, ya que radica en México, quien se reportara enfermo y no podía acudir al llamado judicial. Este testigo, lo considera la accionada de vital importancia para la resolución de este asunto porque el declarante estuvo presente cuando el actor renunció verbalmente a su cargo en una visita a México. La negativa a recibirle ese testimonio, considera que lesiona el derecho de defensa de su representada, y ante la denegación de recibirle su declaración, interpuso el recurso de revocatoria que le fue declarado sin lugar y el de apelación porque el Juzgado argumentó que la decisión carecía de ese recurso. El agravio no es de recibo. El numeral 587 del Código de Trabajo establece las razones procesales por las que será admisible el recurso de casación, y en el inciso 1) señala: “Cualquiera de los vicios por los cuales procede la nulidad de actuaciones, siempre y cuando estos hayan sido alegados en alguna de las fases procedentes del proceso y la reclamación se haya desestimado.” Evidentemente una negación, sin fundamento, para la recepción de una prueba a una de las partes constituye un vicio que puede causar indefensión a la parte proponente, máxime si esa declaración es insustituible por otra, lo cual no sucedió en el caso bajo examen. Al dar respuesta a la demanda, refiriéndose a la renuncia que según la demandada hizo el actor en México, tal situación la expuso en el hecho décimo primero de la contestación, y en el apartado del ofrecimiento de testigos, con respecto a aquel hecho, ofreció expresamente los testimonios de [Nombre 055], [Nombre 056], [Nombre 004], [Nombre 006], [Nombre 057] y [Nombre 058]. En estas circunstancias el Juzgado prescindió de la declaración de [Nombre 057] (imagen 160 del libro PDF del Juzgado), quien se reportó enfermo para la fecha de recepción de su testimonio, y esa decisión la tomó la juzgadora, amparada en el artículo 479 del Código de Trabajo que en su párrafo cuarto dispone que se admitirá un máximo de dos testigos por hecho. Con respecto al hecho décimo primero la accionada ofreció seis testigos, por lo que el haber prescindido de uno de ellos no puede considerarse un vicio o ilegitimidad productora de indefensión.
V.-SOBRE LA CAUSA DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: Antes de analizar cualquier otro agravio, debe establecerse con claridad cuál fue la causa de extinción de la relación laboral, pues de esa circunstancia depende la concesión o no de varios de los extremos reclamados en ambos recursos. El actor, pese a existir una carta donde expresamente manifestó que renunciaba a su trabajo para la demandada, argumentó que fue forzado a la toma de esa decisión, por presiones de los personeros de su empleadora; es decir, que según su tesis se dio un despido indirecto, lo cual negó la accionada para quien lo que se dio fue una renuncia pura y simple. El Juzgado consideró que lleva razón el trabajador, pues lo que se dio fue un despido indirecto y no una renuncia, por lo siguiente: “Concluye esta Juzgadora que los personeros de la empresa accionada efectivamente ante la sospecha de un eventual manejo indebido de los bienes de la empresa a los cuales el actor tuvo acceso en virtud de su puesto, se le traslada a México en fecha 2 de mayo donde se le increpa por dichos eventos. Nótese que aún cuando los testigos de la parte accionada señalan que el actor renunció verbalmente en México, también ambos testigos advierten sobre los hechos que se le confrontaron al actor, sin que aplicaran el despido directo ante las sospechas que los personeros de la demandada tenían. Por su parte la testigo de la parte actora, [Nombre 005] confirma que el testigo [Nombre 004] informó en fecha 3 de mayo al personal sobre el despido del actor, de manera que dicha información se da un día antes de haberse recibido por parte del actor la renuncia. Se advierte que si bien la testigo indicó que esto sucedió en el año 2015 resulta lógico entender que se trató de un evidente error, toda vez que los hechos narrados se suscitaron en el año 2016. Es decir, que resulta de admisión la teoría del caso expuesta por la parte actora en cuanto señala que al actor se le coaccionó para presentar su renuncia ante la eventual posibilidad de tener que enfrentar un proceso penal en su contra. No puede esta Juzgadora entrar a analizar si el actor efectivamente incurrió en las faltas que señalan los testigos pues la parte demandada nunca realizó un despido directo ni invocó una causal de despido, sino que posicionó al actor ante la encrucijada de renunciar quedando así acreditado el vicio en la voluntad del actor contenida en la carta de renuncia que presentara en fecha 4 de mayo de 2017, un día después de que la empresa había comunicado el despido del actor al personal en Costa Rica. Motivo por el cual no puede la suscrita admitir como válida la postura de la representación accionada en tanto señala que el actor renunció de forma voluntaria sin mediar coacción. Cabe señalar que encuentro justificación al acta notarial incorporado al expediente en tanto el actor requería dejar constancia de la entrega de la carta de renuncia y la devolución de los bienes de la empresa que se encontraban en su posesión únicamente. En cualquier caso este evento surge un día después de haberse comunicado el despido del actor, por lo que dicha renuncia ya no tenía efectos. Bajo este panorama corresponde declarar el despido injustificado y consecuentemente se imponen reconocer los extremos de preaviso y auxilio de cesantía, rubros que serán estimados posteriormente.” (Sic). Para esta Sala no se está frente a un despido indirecto, sino de una renuncia, pues las pruebas aportadas a los autos no dan certeza de lo argumentado por el demandante. En primer lugar, debe partirse de que el actor presentó una renuncia expresa a sus labores para la accionada, según se indica en la carta de fecha 4 de mayo de 2016 (imagen 309 a la 310 ibidem). En dicho documento el actor no manifiesta nada con respecto a posibles presiones y/o coacciones para la toma de aquella decisión, por el contrario manifiesta su agradecimiento para con su empleadora y dice expresamente que: Esperando su compresión y con esta renuncia damos por terminada la negociación de salida de la empresa y terminación de la relación laboral, en la cual verbalmente llegamos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por las condiciones mutuas pactadas.”(Sic). Pese a lo anterior, el actor alegó que fue obligado a renunciar, más en su demanda, donde alegó tal situación –hecho décimo primero y décimo segundo-, no explicó cuál fue el mecanismo de coacción. Y es que si bien es cierto, el grado de escolaridad del trabajador no es un elemento esencial para afrontar algún tipo de presión. Ciertamente, no estamos frente a un trabajador común, sino de un colaborador que prestó servicios como gerente general de una empresa importante, con alta preparación académica, quien por estas condiciones pudiera afrontar este tipo de presiones de sus superiores sin amedrentarse con la facilidad que podría hacerlo otro tipo de trabajador. Ahora bien, por ser un hecho alegado por el actor, y que pretende demostrar una causa encubierta para el despido, la carga probatoria de ese hecho le correspondía a él, pues la accionada ofreció su prueba documental, y con ella, en tesis de principio, se demostró la renuncia pura y simple del demandante; por lo que, se repite, el despido encubierto, que es la excepción, debía demostrarlo el actor, lo cual no se dio en este asunto. El Juzgado señala en su razonamiento que “ante la sospecha de un eventual manejo indebido de los bienes de la empresa a los cuales el actor tuvo acceso en virtud de su puesto, se le traslada a México en fecha 2 de mayo donde se le increpa por dichos eventos.” Tal conducta de un empleador por sí sola no puede servir como fundamento para suponer un plan para amedrentarlo o coaccionarlo. Lógicamente, cualquier empresario ante sospechas de malos manejos de los negocios (lo que se afirma que sucedía en el caso, pues el fondo de las conductas no se está discutiendo) podría hacer lo mismo de previo a tomar cualquier decisión, o sea llamar a cuentas a su colaborador, como parte de las potestades de quien dirige la empresa; pero no se puede derivar que el llamado fuera para hacer alguna coacción o amenaza para que renunciara; incluso si las conductas indebidas del actor estaban en el plano de las sospechas, el despido inmediato tampoco era una medida razonable, hasta no tener al menos algún grado de certeza de lo que estaba ocurriendo en Costa Rica. En un caso similar al presente, donde la persona trabajadora adujo presiones indebidas de sus superiores para dejar su trabajo se dijo: “El apoderado de la accionada muestra disconformidad con que se haya revocado el fallo de primera instancia que desestimó la demanda; y que, en su lugar, se condenara a su representada a reinstalar a la actora y a pagar los salarios del período cuando no los percibió. Esta Sala estima que el recurrente lleva razón en sus reproches. Debe dejarse claro que no existe un acto administrativo expreso formalmente emitido por el banco demandado, sino que la renuncia provino -como acto voluntario- de la decisión personal de la trabajadora. Lo que sí existió fue la denegatoria de la institución de reversar la renuncia, pero, en todo caso y según las explicaciones que se darán, no estaba obligada a ello. Es preciso esclarecer, como primer punto, que en autos no existe prueba suficiente en el sentido de que la accionante fuera presionada a renunciar al punto de viciar su voluntad. El deponente H.D.V dijo que cuando regresó de almorzar ese día, vio a la actora llorando y ella le contó que había renunciado (folio 222). Dicho declarante expresamente manifestó: “Me dijo en ese mismo momento que le habían dicho que si renunciaba entonces no la denunciaban en una causa de sustracción de fondos y que ella consideró que la mejor decisión era renunciar ”. Como se puede ver, ese testigo señaló que, finalmente, la decisión de renunciar fue de la actora, debido a las investigaciones y denuncias que, en efecto, se estaban realizando en ese momento. De ese testimonio y del de C.E.M.G (folios 220-221) y K.A.V (folios 222-224) se infiere que ese día, en horas de la mañana, el gerente de la sucursal ...se reunió con la coordinadora de la oficina periférica ...y con el abogado W.G.Q para tratar el tema de varias irregularidades financieras por parte de empleados que se estaban investigando, hechos que se pondrían también en conocimiento de las autoridades judiciales. Fue ese día cuando la demandante presentó su dimisión. Si bien la actora intentó después dejar sin efecto su renuncia, ello fue luego de que hablara con un integrante del sindicato y posiblemente meditara sobre las consecuencias de su acto inicial y el arrepentimiento ulterior de quedarse sin fuente de trabajo, pero la institución no estaba obligada a reversar un acto que había provenido espontáneamente de la funcionaria. Aunque la deponente K.M.A.V dijo que efectivamente la actora se había reunido con el codemandado G.Q, nunca se tuvo demostración de que este anulara su voluntad al punto de que ella se viera impensadamente obligada a presentar una renuncia, de manera que este pudiera tomarse como un despido indirecto o velado. Por el contrario, es razonable pensar que en virtud de que su nombre estaba siendo mencionado dentro de la investigación que se estaba ejecutando sobre hechos anómalos cometidos en esa sucursal, la accionante tomara la decisión de renunciar, sin que ello pueda verse como una conducta del accionado para obligarla a ello o amedrentarla en ese sentido, pues lo cierto es que el demandado se encontraba investigando posibles actos anómalos en donde se mencionaba su participación, al punto que, producto de esa investigación, finalmente se decidió su despido (folio 179).”(Lo resaltado es agregado) (Voto n.° 571 de las 09:55 horas del 6 de abril de 2018). En autos se recibieron testimonios de personas ofrecidas por el actor y por la demandada, y con esas deponencias no se demostró, como se requiere en ese punto, que el demandante renunció a causa de presiones por investigaciones de actos indebidos de este en la administración de la empresa, que incluso se ventilan en sede penal (imagen 363 a 369 del libro PDF del Juzgado). La demandada presentó como testigos a [Nombre 004], [Nombre 006] y [Nombre 015]; el actor a [Nombre 016], [Nombre 005] y a [Nombre 018]. [Nombre 004], quien se desempeña como director general de la casa matriz en México desde septiembre de 2015, dijo que el actor fungía como gerente en Costa Rica; y se detectaron indicios de falta de probidad de su parte en la administración en Costa Rica, por lo que se le llamó a una reunión para el 2 de mayo en Monterrey, México; ahí se le explicó qué se había detectado; el demandante buscó justificantes pero estas no se aceptaron, por lo que él muy apenado dijo que renunciaba al trabajo y allá mismo, en recursos humanos, entregó la computadora que tenía asignada, luego, dos días después en Costa Rica, entregó la carta de renuncia a partir del 2 de mayo. Dentro de las anomalías (según ese testigo) que se le detectaron estaba el uso de la caja de tesorería para pagar personal para atender sus tiendas en Costa Rica. En la reunión en México donde dijo que renunciaba estaban presentes el actor, [Nombre 006], un abogado externo de la compañía y el testigo. La reunión de ese 2 de mayo era para exponerle irregularidades que en apariencia se estaban dando, no para despedirlo. El declarante dijo que el actor posiblemente renunció con la intención de evitar una acción penal en su contra. Comentó que tuvo una reunión informal en un café en Monterrey, pero fue con el abogado externo de la empresa, esa no fue una plática oficial pues ninguno de los personeros representantes de la empresa estuvo presente. Afirmó que no le autorizó al actor el pago de cincuenta mil dólares para cursar una maestría en el INCAE, pero este dispuso del dinero sin comunicar nada a sus superiores, amparado en un ofrecimiento de hacía cinco años por un exempleado de la empresa. La accionada ya no otorga concesiones tan altas en capacitaciones a sus colaboradores por situaciones de crisis económica. [Nombre 006], empleado del Grupo Shelter en México como gerente de recursos humanos corporativo, dijo que el actor se desempeñó como director administrativo en Costa Rica, y en este país instaló unas tiendas con ciertos beneficios a su favor, por lo que se le citó a México para esclarecer esa situación. El testigo estuvo presente en una reunión celebrada en Monterrey el 2 de mayo de 2016; en esa actividad se le expuso que tenían conocimiento de la situación que se estaba dando en Costa Rica, por lo que el actor se tornó muy nervioso, pese a que solo se le pidieron explicaciones del por qué había hecho eso sin autorización; pero este decidió y manifestó verbalmente a los presentes que renunciaba al trabajo, que no era su intención hacer lo que hizo y decidió ahí terminar la relación. Destacó que la intención en esa reunión era solo que explicara lo que acontecía en Costa Rica. El testigo viajó a Costa Rica el 3 de mayo y el día 4 el actor se presentó con su abogado y presentó la carta de renuncia a partir del 2 de mayo, aunque ya en México lo había hecho de forma verbal. Explicó que el 4 de mayo el demandante lo saludó como siempre, y le manifestó que venía a dejar la carta de renuncia. [Nombre 015], quien trabaja para la accionada desde el año 2007 como encargada de recursos humanos, dijo que este fue gerente general de la demandada y renunció en el año 2016; era el jefe de todo el personal, tenía los poderes de la empresa, tomaba las decisiones de las operaciones en Costa Rica. Declaró que el actor primero renunció en México de forma verbal, pues así se lo explicó [Nombre 006] , quien la llamó de ese país y le informó que además allá entregó la computadora que se le había asignado. Cuando presentó la renuncia por escrito el 4 de mayo de 2016, se presentó con su abogado y llegó a entregarle las llaves a [Nombre 006] junto con el documento de renuncia. Explicó esa deponente que el accionante era un trabajador de confianza, no llegaba a una hora determinada, se retiraba cuando el mismo lo disponía, algunas veces no permanecía ni las ocho horas de jornada de todos los colaboradores, iniciaba a las siete, ocho, nueve de la mañana. Para consumir sus alimentos tampoco disponía de un tiempo determinado como el resto de colaboradores. Esa situación siempre se mantuvo así mientras trabajó para la demandada. Como encargada de recursos humanos nunca recibió queja o reclamo del actor por el no pago de tiempo extraordinario. Supo que el demandante iba a cursar una maestría, pero desconocía que la demandada se haría cargo de los gastos de esa formación. Conocía que en las tiendas que el demandante abrió participaban empleados de la accionada, pero ella no dijo nada porque el actor les manifestó que eso lo hacía con autorización desde México, no fue sino hasta en enero de 2016 que [Nombre 004] vino a Costa Rica y le preguntó que por qué tenían tanto personal, y le cuestionó sobre los promotores de esas tiendas. Sobre las vacaciones del actor, dijo que las manejaba [Nombre 006] desde México; ella sabía que tomaba vacaciones en el cierre en diciembre, incluso se iba antes y los viajes a México los pagaba la accionada. No sabe los días exactos que tomó, no recordó cuáles fueron, solo dijo que se iba tres o cuatro veces al año. La casa y el carro se los pagaba la demandada. Tenía un beneficio de un viaje al año, pero también lo hacía en vacaciones, se le daba un celular, un vehículo y algunos viáticos. [Nombre 016], quien rindió su declaración por video conferencia, dijo que en mayo de 2016 acompañó al actor a un restaurante en Monterrey, ahí se vieron con un abogado de la empresa, quien dijo ser apoderado de esta le hizo mención de que el demandante estaba despedido, que no se hiciera presente en la empresa y que luego le comunicarían como le pagarían lo negociado. Esa reunión fue el 3 de mayo de 2016, el actor lo contactó como quince días antes para que le acompañara como apoyo y el testigo no le cobró honorarios, los cuales solo se darían si hubiese que entablar alguna demanda. Dijo que el abogado no les mostró el documento que llevaba en el que supuestamente estaba consignado el poder que ostentaba. [Nombre 005], quien es recepcionista de la demandada, dijo que el actor era su jefe, y ella además era encargada de planillas, apoyaba en recursos humanos además de recepción. Una mañana llegó a Costa Rica uno de los jefes o directores de nombre [Nombre 004]; convocó a los empleados y ahí les informó que [Nombre 001] ya no trabajaba para la empresa, que se había tomado la decisión de despedirlo; el actor regresó a la empresa el 3 de mayo de 2015 e hizo las gestiones con los jefes y luego se retiró. Declaró que el actor laboraba de siete y treinta de la mañana a las cinco de la tarde, y dos o tres veces por semana se quedaba más tiempo en la empresa. [Nombre 018], dijo que trabajó para la demandada de abril de 2007 a diciembre de 2013, era la jefa de contabilidad. Declaró que a algunos de los expatriados se les reconocía beneficios como celular, casa, carro y estudios como clases de inglés. Dijo que el viaje que se le pagaba al actor era parte de los beneficios a los ex patriados y no era para vacaciones. Unas veces el actor se quedaba más tarde de la jornada habitual, también trabajaba los sábados. No le pagaban horas extra. Dijo no estar segura si disfrutaba de vacaciones. Una vez analizadas esas declaraciones considera esta Sala que lleva parcialmente razón el apoderado de la demandada, pues como se dijo, el actor no demostró que fue coaccionado o presionado a renunciar. Nótese que los testigos [Nombre 004] y [Nombre 006], quienes estuvieron presentes en la reunión celebrada el dos de mayo de 2016 en Monterrey México, fueron coincidentes en sus declaraciones que a esa reunión el actor fue convocado para que aclarara sobre los indicios de anomalías que se habían detectado en el manejo de la empresa en Costa Rica, y este no pudo explicar esas supuestas faltas, pero dicha reunión no tenía como objetivo despedirlo, sino pedirle cuentas o informes. El único testigo ofrecido por el actor quien aseguró que en una reunión en un café en Monterrey, un abogado que se identificó como apoderado de la demandada, le dijo que ya estaba despedido y que no se presentara más a la empresa, fue [Nombre 016]. Tal testimonio carece de seriedad para tener por demostrado algún tipo de presión, pues no se demostró que ese supuesto abogado efectivamente era alguien con poder suficiente para advertirle al demandante que no se acercara más a la empresa, pues con la misma demanda y declaraciones de las testigos [Nombre 018], [Nombre 005], [Nombre 015] y [Nombre 006], se comprueba que esa prohibición de presentarse más a la empresa no existió, pues el actor llegó el 4 de mayo a dejar su carta de renuncia, acompañado de su abogado y el mismo [Nombre 006] lo recibió y le saludó, nadie le impidió ingresar a las instalaciones como supuestamente estaba advertido. Esta situación hace dudar del testimonio de [Nombre 016]. En cuanto a la declaración de [Nombre 005] , estima esta Sala que el error en que incurrió al indicar que los hechos sucedieron el 4 de mayo de 2015 y en realidad tuvieron lugar en 2016, es poco relevante, y si bien esta deponente dijo que uno de los jefes mexicanos había dicho en una reunión con todo el personal que el actor había sido despedido, es la única testigo quien así lo expuso, pues [Nombre 015], quien era parte de personal de la empresa que debió estar en esa reunión de todos los colaboradores, afirmó que el actor renunció, coincidiendo en todo esa declaración con lo dicho por [Nombre 004] y [Nombre 006]. En conclusión, se repite, no se demostró que el actor fuera presionado o coaccionado para renunciar a su trabajo, y que por eso su voluntad fue viciada.
VI.-SOBRE LAS HORAS EXTRA: El apoderado del actor insiste en que debe condenarse a la demandada al pago de horas extra en favor de su representado. Sin embargo, para esta Sala es claro que tal condena no es de recibo, ya que en la acción el gestinante dijo que tenía una jornada que se extendía de las 08:00 a m a las 06:00 pm; es decir, que trabajaba diez horas diarias, por lo que reclamó el pago de dos horas extra por día y cuatro laboradas un sábado de cada mes. Tal petición resulta improcedente, pues quedó demostrado que se desempeñó siempre en puestos de gerente, primero de Administración y Finanzas y luego general, no estaba sometido al horario del resto de trabajadores, no marcaba ni estaba sometido a controles de ese tipo, llegaba a la hora que quería y se marchaba de igual forma, era la máxima autoridad dentro de la empresa de la accionada, además su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma (ver certificación registral en imagen 278), lo que lo cataloga como la máxima autoridad patronal dentro de la empresa, lo que le coloca dentro de los trabajadores de excepción contenida en el numeral 143 del Código de Trabajo en cuanto a los límites de la jornada ordinaria, colaboradores que están obligados a trabajar hasta doce horas diarias sin derecho a percibir el pago de tiempo extraordinario; con su dicho en la demanda queda descartado ese beneficio salarial, pues su jornada diaria no sobrepasaba las diez horas, laborando dos horas menos de las que legalmente estaba obligado a servir.
VII.-VACACIONES: El apoderado de la demandada argumenta que debe eximirse a su representada del pago de vacaciones en que fue condenada, pues considera que con las pruebas documentales y testimoniales se demostró que el actor disfrutó de ese descanso. El agravio no es de recibo. El artículo 161 del Código de Trabajo en su párrafo segundo dispone que en las empresas particulares, se presumirá, salvo prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono no demuestra la respectiva constancia firmada directamente por el interesado, o a su ruego por dos compañeros de labores si no supiere hacerlo. En autos constan documentos no firmados por el trabajador (imagen 281 del libro PDF del Juzgado), en el que se señala petición de vacaciones, lo cual, se repite, solo es una solicitud que no hace presumir el disfrute del beneficio. Y si para el disfrute de ese descanso la empresa exige al trabajador hacer una petición por escrito, con mayor razón su percepción debe ser exigida por escrito como lo hace la norma. Por lo tanto, no es prueba suficiente la testimonial para tener como disfrutadas las vacaciones, máxime cuando testigos como la encargada de recursos humanos –[Nombre 015]-, no supo decir cuántos ni cuáles días tomó el actor, quien también afirmó que ese control lo llevaba una persona en México y tampoco pudo aseverar que los viajes a México fueran en esa condición o que todos fueran los que se comprometió la empleadora a suministrarle como beneficio por ser un expatriado. Por lo anteriormente dicho, de conformidad con el numeral 161 del Código de Trabajo, que obliga a demostrar con firma del trabajador en el documento, la percepción de las vacaciones, debe presumirse que estas no le fueron otorgadas al actor, y por ello declarar sin lugar el recurso en este punto.
VIII.-OTROS EXTREMOS PRETENDIDOS POR EL DEMANDANTE: La parte actora reclama a título de daños y perjuicios, la indemnización contemplada en el artículo 82 del Código de Trabajo; así como haber obviado el Juzgado para el pago de lo concedido, extremos como la beca de estudio, los viajes a Monterrey, que en la petición de la demanda se pretende que se le pague el costo total de la maestría, así como los viajes a su país anualmente mientras se tramita el proceso. Ninguno de esos agravios es de recibo, pues todos dependen de la existencia de un despido indirecto, y como se indicó líneas atrás, esta Sala estima que lo que acaeció fue una renuncia pura y simple del demandante, por lo que no es del caso entrar a analizar la procedencia de lo pedido. Por último, con respecto a la aplicación a su poderdante de la normativa internacional que protege los derechos de las personas migrantes y ex patriadas, en el sentido de dar trato igualitario que a los nacionales, no existe lesión alguna a esa normativa, pues la denegatoria de las pretensiones se funda en la normativa laboral costarricense, aplicable a todos los habitantes de nuestro país, independientemente de su país de origen.
IX.-COSTAS: Pretenden ambas partes la modificación de la condenatoria en costas, por un lado el actor un incremento con fundamento en el arancel de honorarios de abogado por lo que pide que se eleve a un 30 %; por su parte la demandada pide que se le exonere, pues ha actuado con evidente buena fe y porque en la sentencia se concedió solo parte de lo pedido. Tomando en consideración la forma en que procede resolver el proceso (acogiendo parcialmente el recurso de la parte demandada para liberarla del pago del preaviso y el auxilio de cesantía Estima la Sala que el recurso de la demandada en este punto también es atendible y no así el del actor. El artículo 563 del Código de Trabajo establece como causas de exoneración del pago de ambas costas al vencido, que haya litigado con evidente buena fe y cuando las pretensiones de la parte victoriosa hayan prosperado solo parcialmente. En el caso bajo examen si bien es cierto la demandada resultó parcialmente vencida, extremos importantes de la petitoria no resultaron procedentes, tales como las horas extra, el preaviso y el auxilio de cesantía, entre otros. Así las cosas la eximente del inciso 2 de la norma mencionada está plenamente justificada, amén de que revisado el expediente se detecta que litigó con evidente buena fe, no interpuso recursos tendientes a dilatar el proceso y; no dejó de aportar prueba de su interés. Por innecesario, no se hace referencia a los argumentos del apoderado del actor.
X.-CONCLUSIÓN: Corolario de lo expuesto, debe declararse sin lugar el recurso interpuesto por el actor y parcialmente con lugar el de la parte demandada. En consecuencia, se debe anular parcialmente la sentencia impugnada en cuanto condenó a la accionada a pagarle al actor la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS COLONES CINCUENTA CÉNTIMOS por concepto de un mes de preaviso y CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES por auxilio de cesantía, para en su lugar denegar esos extremos, a cuyo respecto se debe acoger la excepción de falta de derecho interpuesta. Como consecuencia de esa denegatoria, debe modificarse el importe de la condenatoria por concepto de intereses legales, los cuales se estiman desde el 2 de mayo de 2016 (fecha fijada en sentencia) y hasta el 16 de julio de 2019, sobre las sumas condenadas por concepto de vacaciones y aguinaldo -TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS DÓLARES CON DOCE CÉNTIMOS-, para un total de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN DÓLARES según la siguiente tabla de cálculos:
Fecha Inicio
Fecha Fin
% Anual
% Diario
Días Tramitados
Imp. Interes
02/05/2016
14/12/2016
3,50
0,010
227
741,74
15/12/2016
15/03/2017
3,75
0,010
91
318,59
16/03/2017
14/06/2017
4,00
0,011
91
339,83
15/06/2017
13/12/2017
4,25
0,012
182
722,13
14/12/2017
21/03/2018
4,50
0,012
98
411,71
22/03/2018
13/06/2018
4,75
0,013
84
372,5
14/06/2018
26/09/2018
5,00
0,014
105
490,14
27/09/2018
19/12/2018
5,25
0,014
84
411,71
20/12/2018
16/07/2019
5,50
0,015
209
1073,16

Así mismo deberá la demandada cancelar sobre las sumas dichas los intereses futuros hasta el pago total de la condenatoria. Ha de acogerse el recurso de la parte demandada en cuanto a la condenatoria al pago de ambas costas del proceso, y la fijación de las personales en un veinte por ciento en la condenatoria, para en su lugar anular la sentencia en ese extremo y resolver el asunto sin especial condenatoria en esos gastos.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso interpuesto por el actor y parcialmente con lugar el de la parte demandada. En consecuencia, se modifica la sentencia impugnada en cuanto condenó a la accionada a pagarle al actor la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS COLONES CON CINCUENTA CÉNTIMOS por concepto de un mes de preaviso y CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES por auxilio de cesantía, para en su lugar denegar esos extremos, a cuyo respecto se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta. Como consecuencia de esa denegatoria, se modifica el importe de la condenatoria por concepto de intereses legales, los cuales se estiman desde el dos de mayo de dos mil dieciséis y hasta el dieciséis de julio de dos mil diecinueve sobre las sumas condenadas por concepto de vacaciones y aguinaldo -TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS DÓLARES CON DOCE CENTAVOS-, para un total de intereses de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN DÓLARES. Así mismo cancelará la accionada sobre las sumas dichas los intereses futuros hasta el pago total de la condenatoria. Se acoge el recurso de la parte demandada en cuanto a la condenatoria al pago de ambas costas del proceso y la fijación de las personales en un veinte por ciento en la condenatoria; en su lugar se anula la sentencia en ese extremo y se resuelve sin especial condenatoria en esos gastos.



Orlando Aguirre Gómez


Luis Porfirio Sánchez Rodríguez Rodrigo Campos Esquivel


Shirley Vanessa Víquez Vargas Alexis Fernando Vargas Soto

Res: 20210-00006

RSANCHOL/RPC

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