Sentencia Nº 2021-000180 de Sala Segunda de la Corte, 27-01-2021

Fecha de Resolución27 de Enero de 2021
EmisorSala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
*150009710166LA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 15-000971-0166-LA
Res: 2021-000180
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas del veintisiete de enero de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], casado e ingeniero eléctrico, contra la AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, representada por su apoderada general judicial, la licenciada Viviana Lizano Ramírez, vecina de Alajuela, y la SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL), representada por su presidente, [Nombre 004], casado. Actúan como apoderadas especiales judiciales del actor, las licenciadas Leda Abdala Arrieta y María Gabriela Villalobos Ramírez, ambas de calidades desconocidas; de la superintendencia codemandada, el licenciado Daniel Quirós Zúñiga y la licenciada María Marta Allen Chaves; y de la autoridad coaccionada, el licenciado Cristopher Fuentes Ballestero. Todos mayores, solteros y vecinos de San José con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado Olaso Álvarez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El actor refirió que labora para el Estado desde 1992 y que el 28 de setiembre de 2011 se trasladó del Instituto Costarricense de Electricidad a la Superintendencia de Telecomunicaciones –en adelante SUTEL-. Según mencionó, ocupa el puesto de Profesional Jefe, devenga un salario conocido como global o único, existen otros puestos de igual categoría con una base salarial mayor y le aplican lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento Autónomo de las Relaciones de Servicio entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, su órgano desconcentrado y sus funcionarios. Añadió que en el 2012 presentó un reclamo administrativo para que le reconocieran su derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones, mas no se le ha comunicado una respuesta definitiva. Aseguró que se está aplicando un percentil menor al 45, acordado por la Junta Directiva en la sesión n.° 72-2012. Solicitó el pago del salario más alto reconocido por la institución para el puesto Profesional Jefe, el 3% sobre el salario base por anualidades y el 95% del percentil 45; así como la declaración de su derecho a disfrutar de treinta días naturales de vacaciones. También pidió las diferencias en aguinaldo, vacaciones y salario escolar desde el 15 de octubre de 2011; indexación, intereses y ambas costas (imágenes 2-7 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). La Reguladora General Adjunta contestó en términos negativos y opuso las excepciones de falta de legitimación pasiva, indebida integración de la litis y falta de derecho (imágenes 54-72 ídem). El representante judicial de la SUTEL también respondió negativamente y planteó la defensa de falta de derecho. Adujo que el demandante ingresó a laborar bajo el esquema de salario global o único, los aumentos que le han sido practicados resultan conforme con el reglamento antes citado, su salario corresponde a la escala salarial aplicable a su cargo y sus vacaciones se regulan por lo dispuesto en dicho cuerpo normativo. Invocó la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, n.° 7593 (imágenes 106-123 ibídem). El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, mediante sentencia n.° 1271, de las 8:08 horas del 9 de julio de 2018, declaró sin lugar la demanda y condenó al accionante al pago de ambas costas. Las personales las fijó en setenta mil colones (imágenes 259-280 ibídem).
II.- AGRAVIOS: Ambas partes se muestran disconformes con lo resuelto. Recurso de la SUTEL. La apoderada especial judicial de la SUTEL recrimina la condenatoria en costas. Estima que no se analizó la labor realizada, la cuantía ni la posición económica de ambas partes. Manifiesta que al expediente se allegó una constancia salarial que evidencia que el servidor recibe un salario mensual de 2.061.025,00, libre de embargos. Acusa falta de fundamentación. Detalla la labor profesional que este proceso implicó. Solicita que las costas personales se fijen en 457.083,00 y aporta las certificaciones salariales de un jefe y de un profesional 5 a julio de 2018 (imágenes 284-286 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). Recurso de la ARESEP. La apoderada general judicial de la ARESEP también protesta el monto fijado por costas personales, el cual estima contrario a la lógica y sana crítica. Destaca que la demanda se planteó contra dos entidades. Refiere las actuaciones llevadas a cabo dentro del proceso y resalta la duración de este. Trae a colación el arancel de honorarios existente en nuestro ordenamiento jurídico y pide que dichos gastos se establezcan en 400.000,00 (imágenes 289-296 ídem). Recurso de la parte actora. La apoderada especial judicial del actor alega que no se analizó el tema del 95% del percentil 45. Según explica, los aumentos salariales en la SUTEL se aplican según una encuesta salarial de puestos que realiza la ARESEP con y sin empresas de telecomunicaciones. Considera que en el caso particular de la SUTEL se debe tener como mercado de referencia el mercado de telecomunicaciones. Menciona que en el año 2017 se le pidió a la Junta Directiva de la ARESEP aclaración sobre la aplicación de los aumentos salariales y aporta –como prueba para mejor resolver- el oficio n.° [Valor 001] y la resolución RDGO-011-2017, la cual evidencia el aumento decretado para el segundo semestre de 2017. En su criterio, ello demuestra que con anterioridad a esta última data no se realizaba una correcta aplicación del percentil. Reprocha que se haya afirmado que el demandante ha recibido aumentos salariales, pues fue hasta el 2017 que el mercado de telecomunicaciones fue tomado en consideración. Acusa indebida valoración de la prueba. Arguye que se aportaron documentos que evidencian las diferencias existentes entre los “Profesionales Jefes”, lo cual no resulta conforme con el concepto de salario global. Acusa violación del numeral 57 de la Constitución Política. Reprocha la denegatoria de las vacaciones. Estima que en el caso concreto debió aplicarse lo dispuesto en el inciso c) del ordinal 33 del Reglamento Autónomo de las Relaciones de Servicio entre ARESEP, sus órganos Desconcentrados y sus Funcionarios y no el inciso d). Invoca la Teoría del Estado Patrono Único. Objeta la condenatoria en cosas. Asegura haber actuado de buena fe, pues ha creído tener razón en lo pretendido y probado que le asiste el derecho. Pide la exoneración. Ofrece prueba documental para mejor resolver (imágenes 322-330 ibídem).
III.- CUESTIONES PREVIAS: Las partes denominan el recurso como de apelación, cuando realmente se trata del de casación regulado en el artículo 586 del Código de Trabajo; tal y como lo hizo ver el Juzgado mediante resolución de las 10:08 horas del 23 de agosto de 2018 (imágenes 347-348 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). Con independencia del nombre dado, en atención a los principios de sencillez e informalismo enunciados en el numeral 421 ídem, procede conocer los recursos formulados.
IV.- PRUEBA PARA MEJOR PROVEER: El ordinal 594 del Código de Trabajo señala que “Ante el órgano de casación solo podrán presentarse u ordenarse para mejor proveer pruebas documentales y técnicas que puedan ser de influencia decisiva, según calificación discrecional del órgano…” Las apoderadas especiales judiciales del accionante y de la SUTEL ofrecen prueba documental con ese carácter. Revisados los documentos aportados, no se observa que estos influyan de manera categórica en la decisión del asunto, por lo que no resultan de recibo.
V.- SOBRE EL SALARIO: La parte actora echa de menos un análisis sobre el 95% del percentil 45. No obstante, estudiada la sentencia recurrida, se advierte que el Juzgado, en el considerando V, incluyó un apartado titulado “Sobre las diferencias de salario de Profesional Jefe y sobre el no pago del percentil 95% del percentil 45” y expuso las razones por las cuales lo pretendido en el escrito inicial a este respecto resulta improcedente. Veamos lo que sobre el particular se consignó: “… Así las cosas vemos que mediante acuerdo 003-051-2008 y acuerdo 0010-083-2009 se estableció para los salarios únicos o del régimen global el posicionamiento en el mercado de referencia en el 95% del percentil 45 aplicable a las categorías profesionales, fiscalización superior y de apoyo, dentro de la cual se encuentra el aquí actor. Ahora bien con base en la certificación emitida por Secretaria de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios incorporada a página 76 y 77 formato pdf del expediente electrónico la cual no ha sido refutada o desvirtuada, al actor se le cancela su salario de acuerdo a la normativa transcrita y de acuerdo al 95% del percentil 45 del salario de referencia del mercado que es el que precisamente reclama el actor… por lo anterior en este punto no se determinan diferencias salariales que se le deban reconocer al actor, por lo que corresponde rechazar dichas pretensiones al igual que corresponde rechazar las diferencias reclamadas por el no pago del percentil correctamente, por cuanto se ha determinado que el mismo se le ha venido cancelando…” (Sic. Imágenes 270-271 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). Lo resuelto por el Juzgado es compartido por esta Sala. Es un hecho no controvertido que al puesto ocupado por el demandante le resulta aplicable el 95% del percentil 45. En ese sentido, la ARESEP, al contestar la demanda, manifestó: “…Hasta la fecha, la Junta Directica ha mantenido la aplicación del 95% del percentil 45, para puestos como el de Profesional Jefe, ocupado por el aquí actor, tal y como se desprende de la constancia salarial aportada como prueba de la demanda así como de la certificación sin número emitida por la Sutel, respecto de los salarios devengados de la clase Profesional Jefe…” (Imagen 64 ídem ). La SUTEL, por su parte, en respuesta al hecho octavo indicó: “…Hasta la fecha, la Junta Directiva ha mantenido la aplicación del 95% del percentil 45, para puestos como el de Profesional Jefe, ocupado por el aquí actor, y esto ha sido efectivamente cumplido por mi representada al momento del pago de su salario, tal y como se desprende de la constancia salarial aportada como prueba de la demanda y la prueba documental que aportamos en este actor…” (Sic. Imagen 113 ídem). En autos consta el “Artículo 3 / Clasificación y Valoración de Puestos” del acta de la sesión extraordinaria n.° 051-2008, celebrada por la Junta Directiva de la ARESEP el 20 de agosto de 2008, cuyo acuerdo se tomó con base en la información contenida en el cuadro titulado “Salarios globales homologados en Aresep, la C.G.R., el B.C.C.R. y el percentil 45 del mercado laboral”, el cual comprendió el cargo que ostenta el accionante, Profesional Jefe. A este respecto se estipuló: “…Estas consideraciones sugieren la conveniencia de utilizar los salarios de la C.G.R. como índice del percentil 45, ajustado por las modificaciones señaladas anteriormente….” (Imagen 41 ibídem) y se aprobó un índice salarial para el salario global conformado por cuatro pasos (A, B, C y D). Asimismo, se allegó lo acordado por la Junta Directiva en sesión ordinaria n.° 083-2009, celebrada el 17 de diciembre de 2009, en el artículo 10. Para el caso concreto, interesa lo dispuesto en el punto d: “…Los salarios globales de las clases que se encuentran en los niveles: profesional y de apoyo, se fijarán en 95%, 100%, 105% y 110% del percentil 45 del mercado, para el paso A, B, C y D, respectivamente…” (Sic. Imagen 46 ibídem ). Ahora bien, la parte accionada aseguró que la aplicación de ese 95% del percentil 45 quedó debidamente acreditado con las constancias salariales aportadas, las cuales evidencian los aumentos aplicados al servidor (imágenes 10, 131 y 133 ibídem). Esta prueba no fue desvirtuada por el actor, es decir, este no presentó elemento probatorio alguno que demostrara que en su salario no se aplicó el 95% del percentil 45; por lo que no hay mérito para variar lo que viene resuelto. Por otro lado, el demandante arguye que los aumentos salariales en la SUTEL se aplican según una encuesta salarial de puestos que realiza la ARESEP con y sin empresas de telecomunicaciones; lo cual no comparte, pues en su criterio el mercado que debe tenerse como referencia es el de telecomunicaciones. Este argumento no es recibo, toda vez que es una apreciación subjetiva del recurrente que no encuentra sustento. De las pruebas traídas a los autos no se desprende que dicha encuesta debe practicarse de forma exclusiva al mercado de telecomunicaciones. Finalmente, el accionante reprocha que no se valorara la prueba aportada con la demanda, la cual evidencia las diferencias existentes entre los “Profesionales Jefes”, hecho que viola el artículo 57 de la Constitución Política. Esta protesta resulta improcedente. Si bien en el acta de la sesión n.° 051-2008 se observa que entre el “Profesional Jefe 1” y el “Profesional Jefe 2” existe una diferencia salarial, lo cierto es que el servidor no especificó en qué categoría se encontraba ni realizó un análisis comparativo de las funciones de ambos puestos, que permitiera determinar si tiene derecho o no a las diferencias pretendidas.
VI.- RESPECTO DE LAS VACACIONES: El numeral 33 del Reglamento Autónomo de las Relaciones de Servicio entre ARESEP, sus Órganos Desconcentrados y sus Funcionarios estipula: Aplicación de la escala para el otorgamiento de vacaciones. Las vacaciones se regirán por las escalas siguientes: / a) Los(as) funcionarios(as) que ingresaron a la Institución estando en vigencia el Estatuto de Servidores del Servicio Nacional de Electricidad, publicado en La Gaceta N° 77, del 22 de abril de 1988, tendrán derecho a disfrutar de vacaciones remuneradas por el trabajo efectivo prestado anualmente, así: […] / b) Los(as) funcionarios(as) que ingresaron a la institución estando en vigencia el Estatuto de Trabajo de la Autoridad Reguladora, publicado en La Gaceta N° 93 del 15 de mayo de 1998, tendrán derecho a disfrutar de vacaciones remuneradas por el trabajo efectivo prestado anualmente, así […] / c) Para efectos de reconocimiento de vacaciones según la escala anterior, se aplicarán los períodos efectivamente laborados en otras instituciones pública. El (la) interesado (a) aportará las certificaciones o constancias correspondientes a Recursos Humanos. / d) Los(as) funcionarios(as) que sean remunerados(as) bajo el sistema de salario global, tendrán derecho a disfrutar de vacaciones remuneradas de 20 días hábiles por el trabajo efectivo prestado anualmente” (imágenes 205-206 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). En la sentencia recurrida se denegó la pretensión planteada en el escrito inicial respecto de las vacaciones (disfrute de treinta días naturales), en tanto se consideró que al actor le resulta aplicable lo dispuesto en el inciso d) de la norma antes trascrita. El demandante muestra disconformidad y plantea estar en el supuesto del inciso c). Sin embargo, no lleva razón. Nótese que este último está directamente relacionado con el inciso b) el cual cubre a aquellas personas que ingresaron cuando estaba vigente el Estatuto de Trabajo de la Autoridad Reguladora, el cual fue derogado por el ordinal 114 del reglamento antes citado, que entró a regir en el 2008. Luego, en vista de que el accionante ingresó a la SUTEL en el año 2011, no cabe duda de que no se encuentra dentro del presupuesto de hecho de la norma, por lo que lo pretendido carece de asidero jurídico. Por otro lado, debe indicarse que la Teoría del Estado Patrono Único no justifica lo demandado por el servidor. La denegatoria de su reclamo no se basa en el hecho de que dejó de trabajar para el Estado sino en la aplicación de una disposición normativa que no se presta para interpretaciones y que regula de manera expresa el supuesto en el que se encuentra el actor (inciso d) del artículo 33 trascrito). Por consiguiente, en aplicación del principio de legalidad, al cual se encuentran sujetas todas las actuaciones de la Administración Pública, lo resuelto en la instancia precedente es conforme a derecho.
VII.- COSTAS: La parte accionada reclama el monto fijado para las costas personales. Primeramente, se debe indicar que este asunto no se rige por lo dispuesto en el numeral 495 del anterior Código de Trabajo sino en lo normado en los ordinales 562 y 563 actuales. El primero de ellos, en lo que resulta de interés, estipula: “En toda sentencia […] se condenará al vencido […] al pago de las costas personales y procesales causadas. /Si la sentencia resuelve el asunto por el fondo […] las personales no podrán ser menores del quince por ciento (15%) ni mayores del veinticinco por ciento (25%) del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, en su caso… Para hacer la fijación del porcentaje o del monto prudencial se tomarán en cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del actor y demandado…” Analizado el expediente, se concluye que la cantidad establecida por estos gastos no es proporcional a la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica de ambas partes. Así las cosas, tomando en consideración dichos factores, las costas personales deben establecerse en trescientos mil colones, correspondiendo ciento cincuenta mil colones a cada uno de los codemandados.
VIII.- CONSIDERACIONES FINALES: Como corolario de lo expuesto, el recurso de la parte accionante debe ser declarado sin lugar y las impugnaciones de la parte demandada deben acogerse. En consecuencia, procede anular la sentencia recurrida únicamente en cuanto fijó las costas personales en setenta mil colones. En su lugar, estas deben establecerse en trescientos mil colones, correspondiendo ciento cincuenta mil colones a cada uno de los codemandados. Se hace ver al Juzgado que el artículo 560 del Código de Trabajo estipula los requisitos que debe cumplir la sentencia, sin que actualmente se contemple un apartado denominado “resultandos”.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso de la parte actora y se acogen las impugnaciones de la parte demandada. Se anula la sentencia recurrida únicamente en cuanto fijó las costas personales en setenta mil colones. En su lugar, estas se establecen en trescientos mil colones, correspondiendo ciento cincuenta mil colones a cada uno de los coaccionados. Tome en cuenta el Juzgado lo indicado en el último considerando.



Orlando Aguirre Gómez



Julia Varela Araya Jorge Enrique Olaso Álvarez



Roxana Chacón Artavia Sandra María Pereira Retana

Res: 2021000180

PROJASM/wdcerdas

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