Sentencia Nº 2021-000839 de Sala Segunda de la Corte, 28-04-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente14-002064-1178-LA
Número de sentencia2021-000839
*140020641178LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 14-002064-1178-LA
Res: 2021-000839
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001] , administrador, vecino de Alajuela, contra GRUPO LOGIX INTERNACIONAL COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, DOBLE S.R. SOCIEDAD ANÓNIMA, y FILTROS JSM SOCIEDAD ANÓNIMA, representadas por su apoderado generalísimo [Nombre 011], empresario. Figuran como apoderados especiales judiciales; del actor, los licenciados Óscar Bejarano Coto, vecino de San José; y Olga Bejarano Ramírez, divorciada, vecina de San José; de los demandados, los licenciados Mauricio Bolaños Alvarado; Luis Ángel Sánchez Montero, de domicilio desconocido; y María Alejandra Morales Carpio. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de Heredia, con las excepciones indicadas.
RESULTANDO:
1.- La parte actora, en escrito de demanda presentado el treinta y uno de julio de dos mil catorce, promueve la presente acción para que en sentencia se condene a los demandados al pago de las diferencias de aguinaldo, feriados y cotización de la Caja Costarricense de Seguro Social, por cuanto no se pagaron horas extra ni comisiones; pago del salario en especie de vehículo; comisiones de toda la relación laboral; preaviso, cesantía, horas extra, intereses, daño moral, daños y perjuicios, indexación y ambas costas del proceso.
2.- El apoderado especial judicial de los demandados contestó la acción en escrito presentado en fecha ocho de setiembre de dos mil catorce y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, y pago.
3.- El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las ocho horas cinco minutos del ocho de agosto de dos mil diecisiete, dispuso: “De conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho y jurisprudencia citada, se acogen en lo denegado y se rechazan en lo concedido las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y pago y se declara SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS la demanda establecida en contra de DOBLE SR. Y se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la presente demanda, establecida por [Nombre 001] contra GRUPO LOGIX INTERNACIONAL S.A y FILTROS JSM S.A se condena a los aquí demandados de forma solidaria al pago de los siguientes montos: por concepto de un mes de preaviso, el monto de ochocientos mil colones exactos (¢800.000,00), por concepto de ciento sesenta y cuatro (164) días de cesantía el monto de cinco millones cincuenta mil colones con treinta y ocho colones con veinte céntimos (¢5.050.038,20), por concepto de daños y perjuicios la suma de cuatro millones ochocientos mil colones exactos, (¢4.800.000,00).Para un gran total a cancelar de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y OCHO COLONES EXACTOS (¢10.650.038,00). Así como al pago de los intereses correspondientes sobre las sumas concedidas los cuales se establecen desde el momento en que se hicieron exigibles y hasta su efectivo pago, lo anterior de conformidad con el artículo 1163 del Código Civil Se condena a la parte accionada a indexar las sumas que deben pagar. Se ordena cancelar las diferencias no pagadas del valor del salario en especie en un porcentaje de un quince por ciento en el pago de cotización de la Caja Costarricense del Seguro Social, y para ello, remítase copia certificada de esta sentencia a dicha institución, con el fin de que procedan conforme corresponda. Por la forma en que ha quedado resuelto el presente asunto, se condena al demandado a cancelar el pago de ambas costas de la presente acción estableciéndose las personales en el veinte por ciento del total de la condenatoria, (artículos 221 del Código Procesal Civil y 495 del Código de Trabajo)....”. (Sic).
4.- La parte demandada apeló y el Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las once horas cincuenta minutos del veintisiete de junio de dos mil diecinueve, resolvió: “No se notan defectos u omisiones que puedan haber causado nulidad o indefensión a ninguna de las partes y, en lo que ha sido objeto de apelación, se rechaza el recurso interpuesto por el apoderado especial judicial de la parte demandada. En consecuencia, SE CONFIRMA el fallo impugnado”. (Sic).
5.- El apoderado especial judicial de la parte accionada formuló recurso para ante esta Sala, en escrito presentado vía facsímile el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.
6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Olaso Álvarez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El actor expresó en la demanda que trabajó desde el 18 de marzo del 2002 para el grupo económico formado por Filtros JSM S.A., Doble S.R. y Grupo Logix Internacional S.A. Refirió que inició a trabajar como repartidor, posteriormente pasó a ocupar los puestos de asistente de despacho, administrador de punto de venta y finalmente de supervisor PDAS, puesto regional que comprende los países de El Salvador, Costa Rica y Panamá, cargo que ocupó desde el 2004. Señaló que además de su salario mensual percibía un plan adicional de comisiones, el cual se pagaba por períodos vencidos establecidos por metas, marcas o líneas de distribución. Explicó que el 18 de octubre -sin indicar año- fue llamado a una reunión con el señor [Nombre 010] y el Comité Ejecutivo de la empresa, en la cual se le impuso la obligación de someterse a un detector de mentiras y se le indicó que como era empleado de confianza debía realizarlo de manera obligatoria, sino lo podrían despedir. Mencionó, el 26 de octubre -sin indicar año-, la computadora asignada a él comenzó a dar un error en el ingreso al sistema, por lo que no se podían consignar las funciones diarias ni ingresar el dominio especificado, por lo que el lunes 28 de octubre, procedió a realizar una visita con la computadora al Departamento de Sistemas, con la finalidad de que fuera revisada por los señores [Nombre 004] y [Nombre 005], quienes pudieron ingresar a la computadora, pero no al servidor. Aseguró que, debido a ello el señor [Nombre 006] dio la orden de no entregarle más computadoras, no pudo realizar su trabajo. Adujo que el 31 de octubre, se le citó a una reunión con el Comité Ejecutivo para revisar los indicadores; y, el señor [Nombre 011], antes de iniciar la reunión, recogió todos los celulares de los asistentes a la reunión; posteriormente los entregó, pero el suyo no. Afirmó que los señores [Nombre 006], [Nombre 017] , [Nombre 009], [Nombre 010] , [Nombre 011], representantes de la empresa, lo encerraron en la sala de reuniones con llave y le dijeron que había traicionado a la empresa, lo acusaron de reunirse con el señor [Nombre 012]. Acotó que debido a ello se le entregó la carta de despido. Añadió que no se le cancelaron las horas extra laboradas. A su juicio, fue sometido a un acoso y hostigamiento laboral, el cual se volvió recurrente desde octubre, cuando se le obligó a someterse al polígrafo. En virtud de lo anterior, solicitó que se condene a la demandada en sentencia a lo siguiente: 1. Pagar las diferencias en los aguinaldos, los días feriados y la cotización ante la C.C.S.S. por cuanto no se le cancelaron las horas extra. 2. Cancelar las diferencias en las vacaciones, los aguinaldos y los feriados, pues no se pagaron las comisiones. 3. Pagar el salario en especie del vehículo, el cual no fue contemplado para el pago del aguinaldo. 4. Reconocer las comisiones de toda la relación laboral, el preaviso y la cesantía. 5. Pagar 3588,9 horas extra. 6. Reconocer el daño moral, así como el daño y los perjuicios contemplados en el artículo 82 del Código de Trabajo. 6. Cancelar los intereses legales y la indexación sobre las sumas adeudadas. 7. Pagar ambas costas de la acción (véase imágenes 189-199 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). El apoderado especial judicial de Grupo Logix Internacional, Doble S.R. S.A. y Filtros J.S.M. S.A. contestó la demanda e interpuso las excepciones de falta de legitimación tanto activa como pasiva, pago y falta de derecho. Asimismo, indicó que el accionante fue contratado por las empresas Filtros JSM S.A. y posteriormente por Grupo Logix Internacional, sociedad que le vende servicios de planilla y personal tanto a Filtros JSM S.A. como a Doble S.R. S.A. Afirmó que el promovente nunca laboró ni brindó servicios a Doble S.R. S.A. Admitió que las empresas referidas forman un grupo de interés económico. Explicó que el demandante laboró en varios puestos dentro de la empresa; inició el 18 de marzo del 2002 como repartidor de motocicleta, a partir del 13 de enero del 2002 como empleado del Despacho en la sede de San Carlos, con una jornada laboral de lunes a viernes de las 6:30 a.m. a las 4:00 p.m., contando con una hora y treinta minutos de descanso para el almuerzo y los sábados de las 8:00 a.m. a las 11:00 a.m. El 9 de agosto del 2004, inició labores como agente de ventas, posteriormente el 01 de setiembre del 2004, asumió el cargo de responsable de la agencia de Alajuela; y, el 18 de marzo del 2007 fue ascendido como supervisor de PDA, cargo que desempeñó hasta su despido sin responsabilidad patronal, el 31 de octubre del 2013, y que era puesto de confianza regido por el ordinal 143 del Código de Trabajo. Mencionó que, desde el inicio de la relación laboral hasta el 20 de marzo del 2013, el salario del promovente estuvo compuesto únicamente por el salario base y posteriormente, con la intención de promover el aumento en las ventas de los colaboradores del Área, se pactó que si las ventas llegaban en una cantidad previamente establecida se pagaría una comisión adicional al salario; sin embargo, dicho monto nunca fue cancelado porque no se alcanzó el nivel de ventas requerido. Refirió que, al actor se le entregaron una serie de instrumentos de trabajo, tales como: computadora, teléfono celular, vehículo, uniforme y tarjetas de presentación para el desempeño de sus funciones, por lo que no era de uso discrecional. Aduce, no es cierto que se le obligara a realizar una prueba de polígrafo, pues fue llevada a cabo con la anuencia de este, por lo que firmó un documento. Acotó, fue de conocimiento de la empresa que el actor se reunió con el señor [Nombre 012], quien estaba reclutando personeros de su representada para vender un producto que él manejaba. Indicó que dicha situación le causó un grave daño a los bienes y los productos de la empresa, pues debido al tiempo que el actor había laborado para la empresa, tenía conocimiento de una gran lista de clientes y de información confidencial que mal utilizadas podían causar un grave daño patrimonial a su representada. Dice, el hecho de que el actor enajenara productos que competían con los que vendía la empresa, le causaba una disminución considerable de ventas, por ende, un perjuicio económico. Expresó que el promovente incumplió la cláusula de confidencialidad y no competencia (véase imágenes 143-158 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). El Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, mediante la sentencia número 1447-2017 de las 8 horas y 5 minutos del 8 de agosto del 2017, acogió en lo denegado y rechazó en lo concedido las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación tanto activa como pasiva y pago. Declaró sin lugar la demanda establecida contra Doble S.R. y parcialmente con lugar la acción contra [Nombre 001], Grupo Logix Internacional S.A. y Filtros JSM S.A. Condenó a los codemandados a cancelar de forma solidaria los siguientes montos: por concepto de un mes de preaviso, la suma de ¢800.000,00 , por ciento sesenta y cuatro días de cesantía, el monto ¢5.050.038,20 , por concepto de daños y perjuicios, la cantidad de ¢4.800.000, 00 . Para un gran total a cancelar de ¢10.650.038,00 . Así como, a cancelar los intereses correspondientes sobre las sumas concedidas, los cuales se establecen desde el momento en que se hicieron exigibles y hasta su efectivo pago, de conformidad con el artículo 1163 del Código Civil, así como a indexar las sumas que deben pagar. Ordenó a los codemandados a cancelar las diferencias no pagadas del valor del salario en especie en un porcentaje del 15% en el pago de cotización de la Caja Costarricense del Seguro Social. Impuso a los coaccionados al pago de ambas costas de la acción, fijándose las personales en el 20% del total de la condenatoria. El Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, por medio del fallo número 174 de las 11 horas y 50 minutos del 27 de junio del 2019, confirmó la sentencia recurrida (véase imágenes 12-33 del expediente digital completo del Tribunal de Trabajo).
II.- AGRAVIOS: El apoderado de la parte demandada presenta recurso de casación, en el cual expresa los siguientes reproches. 1. Sobre la ruptura de la relación laboral: A su juicio, los juzgadores no realizaron el análisis global de lo acontecido, tanto sobre la existencia parcialmente no controvertida de los hechos que generaron la falta, sino también las consecuencias jurídicas de las acciones cometidas por el promovente. Alega, quedó comprobada la participación del promovente en una reunión en calidad de miembro de equipo de ventas del señor [Nombre 012], quien era competencia directa de su representada, lo cual se acredita con la declaración del señor [Nombre 014], pues afirma que el gestionante estuvo en esa reunión. Según su criterio, los juzgadores debieron aplicar el principio de objetividad y razonabilidad al analizar las pruebas, con la finalidad de deducir las repercusiones económicas que podría causar en la empresa demandada el hecho de que una de las personas trabajadoras de más alto rango y confianza formara parte del equipo de ventas de la competencia. Asegura, la declaración del señor [Nombre 014] no fue refutada. Menciona, si se toma en consideración que el actor tenía acceso a información privilegiada de la empresa como la lista de precios, artículos, clientes, proveedores, entre otros y además formaba parte del equipo de ventas de una empresa que competía directamente con su representada, es una conclusión lógica que esa empresa tenía una ventaja desleal con la que podía aumentar su nivel de ventas y por ende disminuir las de su representada. Expresa que el juzgador debía aplicar la lógica y el principio de la sana crítica. Señala que en el contrato de trabajo del promovente se contempló la cláusula de confidencialidad y no competencia, previendo que cualquier fuga de información a la competencia podría causar daño patrimonial en la venta de productos. 2. Respecto al salario en especie: Alega que el fallo recurrido presenta un erróneo análisis de la prueba testimonial evacuada. Explica, se debe diferenciar entre la instrucción que dio la parte patronal a todo el personal al que otorgaba un vehículo como herramienta de trabajo y lo que el actor, en incumplimiento de lo ordenado, realizaba con el vehículo. Menciona que los testigos aportados por su representada manifestaron que el vehículo y cualquier otro artefacto o dispositivo que le entregaron al promovente para que desempeñara sus labores eran de uso exclusivo del trabajo y no era de uso discrecional. Aduce que el gestionante guardaba el automotor en su casa de habitación, con la finalidad de que no tuviera que devolverse a las instalaciones en la empresa diariamente a dejarlo, pero bajo la directriz expresa de que no podía darle un uso discrecional; sin embargo, se demostró que el actor utilizaba el vehículo los fines de semana para cuestiones personales. 3. Sobre los daños y perjuicios del artículo 82 del Código de Trabajo: Aduce que la Sala Segunda ha indicado que la condena a este rubro no debe ser otorgada en automático, sino que se debe analizar en cada caso concreto. Refiere, dicho numeral estipula una serie de “castigo legal” al patrono que despide a una persona trabajadora cuya falta no es comprobada. Afirma, en el caso concreto la falta se acreditó. Acota, si se concluye que, aún con la existencia de la falta, no era suficiente para aplicar la sanción del despido sin responsabilidad patronal, es una conclusión sobre la valoración de la gravedad de la falta, pero no así de la existencia de esta. 4. Sobre las costas: Menciona que se impone un porcentaje muy alto de este rubro en un proceso en el cual se ha presentado un vencimiento recíproco de las pretensiones solicitadas por el promovente. Además, que el accionao ha actuado de buena fe, pues las razones del despido del actor están comprobadas, por lo que se debe reducir el porcentaje de las costas, ya sea cifra prudencias o al porcentaje mínimo que establece el ordenamiento jurídico en dicha materia.
III.- SOBRE LA RUPTURA DE LA RELACIÓN LABORAL: El actor interpuso demanda con la finalidad de que se le reconocieran una serie de extremos laborales. Expresó que se le impuso someterse a una prueba de polígrafo y, posterior a ello fue convocado a una reunión con el Comité Ejecutivo de la empresa, en el cual se le quitó el celular brindado por la accionada, sin que se le devolviera. Afirmó que se le acusó de filtrar información de la demandada a una empresa de la competencia. Por su parte, la accionada refirió que el promovente no tiene derecho a los extremos laborales reclamados, pues se le despidió por falta graves cometidas en perjuicio de la compañía, de conformidad con el numeral 81 del Código de Trabajo. Atribuyéndole la fuga de información a una empresa competidora y, por ende, el daño a los bienes y productos de la empresa, dadas las ventas del mismo producto que realizó esa otra empresa. Ahora bien, ante esta Sala, la parte recurrente reprocha que el Tribunal no realizó un análisis sobre la existencia parcialmente no controvertida de los hechos que generaron la falta, sino también las consecuencias jurídicas de las acciones cometidas por el promovente. Para el recurrente quedó comprobada la participación del trabajador en una reunión en calidad de miembro de equipo de ventas del señor [Nombre 012], quien era competencia directa de su representada, lo cual se acredita con la declaración del señor [Nombre 014]. Al respecto, dicho testigo indicó: “En el dos mil trece mi hermano y yo trabajamos juntos tuvimos una reunión con don [Nombre 012] para ver la posibilidad de una ruta de distribución. Don [Nombre 012] nos dijo que la decisión no dependía de él, que había un grupo que tenía que votar. Se hizo una reunión con ese grupo. En esa reunión esta el actor. pienso que él llegó a votar, porque él estaba ahí. En la reunión no estaba presente [Nombre 012], pero él dirigió la reunión por computadora vía Skype. Se nos dijo que los que estaban iban a tomar la decisión de aceptarnos o no. (…) El actor no votó porque no hubo votación porque mi hermano y yo desde un principio dijimos que no. Cuando mi hermano y yo nos fuimos de la reunión el actor quedó ahí. Yo no vi al actor vender productos de [Nombre 012]. Y no vi al actor decir que quería pertenecer a ese grupo de ventas. Yo escuché que el actor tiene un lubricentro en Alajuela. Me imagino que ahí fue donde empezó a laborar después de haber sido despedido de la empresa demandada. No recuerdo la fecha de la reunión” (véase imagen 77 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). La parte recurrente lleva razón en el sentido de que de dicho testimonio se comprueba que el actor estuvo presente en una reunión de una empresa competencia de la demandada, dirigida por el señor [Nombre 012]; sin embargo, el declarante no determina de manera precisa cuáles fueron los alcances de la reunión. Además, indicó que nunca vio al promovente vender productos de la empresa que se estableció como competencia de la accionada y tampoco decir que pretendiera ser parte del grupo de ventas de [Nombre 012]. La parte demandada indica en su recurso, que deben aplicarse las reglas de la lógica y del conocimiento humano para poder determinar que, de la anterior información, se demuestra la falta que se atribuye al trabajador. No obstante, no le asiste razón. Para poder realizar una inferencia como la que el recurrente propone, se requiere alguna premisa que, de alguna manera, brinde información sobre los dos aspectos a probar, esto es, que el trabajador trasladó información comercial a otra empresa y que, producto de esto, la accionada sufrió un daño patrimonial. Y esta premisa no ha sido aportada en el recurso, solo se sugiere que, el solo hecho de haber estado presente en aquella reunión, es motivo para pensar que esas afirmaciones quedaron probadas. Es cierto que puede ser motivo de serias sospechas la participación del trabajador en ese encuentro; sin embargo, de ahí no puede derivarse que haya efectivamente trasladado la información de la empresa, mucho menos, unas eventuales ventas que, a su vez, ocasionaron un daño económico para la demandada. Es decir, los hechos que se acusan al gestionante no fueron acreditados. En el mismo orden de ideas, el recurrente alega, si se toma en consideración que el actor tenía acceso a información privilegiada de la empresa como la lista de precios, artículos, clientes, proveedores, entre otros y además formaba parte del equipo de ventas de una empresa que competía directamente con su representada, es una conclusión "lógica" que esa empresa tenía una ventaja desleal con la que podía aumentar su nivel de ventas y por ende disminuir las de su representada; sin embargo, se reitera, no se aportó al proceso prueba mediante la cual se acredite el perjuicio económico causado a la accionada ni tampoco que el actor filtrara información de la empresa. Es importante referir que, incluso más allá de los agravios del recurso, en el expediente no constan pruebas determinantes mediante las cuales se acredite que el promovente ejerció actos de competencia desleal contra la accionada. A su vez, el recurrente reclama que en el contrato de trabajo que firmó el actor se contempló una cláusula de confidencialidad y no competencia, lo cual quedó acreditado, pero ello no es suficiente para tener por demostrados los motivos expuestos por el patrono, que justificarían el despedido el gestionante, por lo que dicho reproche no es de recibo. En virtud de las razones expuestas, esta Sala comparte el razonamiento expuesto por el Tribunal en el fallo impugnando, en el sentido de que el despido del demandante fue injustificado, pues no se acreditó la causal objetiva de despido.
IV.- SOBRE EL SALARIO EN ESPECIE: Alega que el fallo recurrido presenta un erróneo análisis de la prueba testimonial evacuada. Explica, se debe diferenciar entre la instrucción que dio la parte patronal a todo el personal al que otorgaba un vehículo como herramienta de trabajo y lo que el actor, en incumplimiento de lo ordenado, realizaba con el vehículo. Menciona que los testigos aportados por su representada manifestaron que el vehículo y cualquier dispositivo que le entregaron al promovente para que desempeñara sus labores eran de uso exclusivo del trabajo y no era de uso discrecional. En ese sentido, es un deber ineludible y principal del empleador, en virtud del contrato de trabajo, pagarle el salario a la persona trabajadora como contraprestación a la labor que desarrolla en razón de la bilateralidad y onerosidad del contrato. El Código de Trabajo contiene específicamente la regulación relativa al salario y a las medidas que lo protegen. Para resolver el caso, interesan los artículos 162, 164 y 166 de dicho cuerpo normativo. El primero, establece que el salario o el sueldo es la retribución que el patrono debe pagar a la persona trabajadora en virtud del contrato de trabajo. De acuerdo con el artículo 164, el salario puede pagarse en dinero; en dinero y en especie; y por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono. Históricamente ha existido una resistencia a aceptar que el patrono retribuya a la persona trabajadora solo en especie, es decir, con algo distinto al dinero. En nuestra legislación, se permite que solo parte de la remuneración al trabajador o la trabajadora sea en especie. En ese sentido, el numeral 166, señala: “Por salario en especie se entiende únicamente lo que reciba el trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás artículos destinados a su consumo personal inmediato (…). Para todos los efectos legales, mientras no se determine en cada caso concreto el valor de la remuneración en especie, se estimará ésta equivalente al cincuenta por ciento del salario que perciba en dinero el trabajador. No obstante lo dispuesto en los tres párrafos anteriores, no se computarán como salario en especie los suministros de carácter indudablemente gratuito que otorgue el patrono al trabajador, los cuales no podrán ser deducidos del salario ni tomados en cuenta para la fijación del salario mínimo”. En consecuencia, no podrán considerarse como salario en especie los bienes o servicios que el empleador conceda a sus trabajadores y trabajadoras por una razón distinta o diferente a la remuneratoria de la labor realizada. Ahora bien, cada caso concreto debe analizarse en forma particular, pues no existen parámetros que puedan aplicarse uniformemente, sino que cada situación debe analizarse a la luz de sus especiales circunstancias, para determinar si las concesiones en especie tienen o no naturaleza retributiva. En este orden, es importante tener en cuenta que toda retribución de la parte patronal a la persona trabajadora debe calificarse como salario, salvo demostración de una entrega indudablemente gratuita, estableciéndose, de manera clara y precisa, su naturaleza no retributiva. En síntesis, para que un determinado beneficio se pueda considerar salario en especie debe tener carácter retributivo, es decir, una contraprestación por la fuerza laboral que sea apropiada para el uso personal del trabajador y su familia, de manera que le reporte un beneficio económico estable y reiterado durante la relación laboral y que, de no existir, el trabajador hubiese tenido que procurárselo por sus propios medios. El señor [Nombre 022], testigo aportado por la empresa, refirió en su declaración: “El actor utilizaba un vehículo de la empresa. Yo logré ver al actor fines de semana con el vehículo. Yo lo vi pasar pero no sé qué andaba haciendo. Lo vi domingo pero no recuerdo la hora. Fue en el día. No me consta si lo usaba en la noche. Nunca lo vi en el vehículo con la familia” (véase imagen 76 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). El señor [Nombre 006] indicó: “Al actor se le daban para el ejercicio de su cargo un celular, una computadora y un vehículo para que desempeñara sus labores. Al actor se le comunicó que esos instrumentos eran para uso exclusivo de las labores propias de su cargo. El actor podía llevarse el vehículo para su casa. No sé si el actor usaba su vehículo los fines de semana o feriados (véase imágenes 82-86 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). El testigo [Nombre 017] manifestó: “Al actor se le facilitó vehículo, computador personal, teléfono celular, tarjeta. El actor tenía su propio vehículo. Al principio tenía un Citroen, esto es cuando era supervisor de PDA. A las personas que reciben implementos de la empresa se les dice que esos implementos son para uso laboral, no personal” (véase imágenes 86-88 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). Por su parte, el señor [Nombre 018], quien también fue ofrecido por la accionada, mencionó: “ El actor tuvo vehículo de la empresa. Ese vehículo era para uso laboral y los fines de semana. Podíamos andar con la familia. Yo lo hacía y él lo hacía. No había restricción con respecto a ese tema. No me consta que el actor haya tenido un vehículo propio. Podía utilizar el vehículo los días feriados con la familia. Habíamos seis o siete personas que teniamos un vehículo de la empresa en esas mismas condiciones. [Nombre 014], [Nombre 019], yo, [Nombre 020], el actor. En la empresa era conocido que utilizábamos el vehículo con la familia en días no hábiles. Cuando se nos entregaba el vehiculo no se nos indicó de ninguna restricción. En mi tiempo no se me puso a firmar ningún documento donde se me restringiera el uso del vehículo. El combustible del vehículo lo pagaba la compañía. La empresa nos facilitaba una tarjeta para ese efecto. El jefe del actor era [Nombre 010] y [Nombre 011]” (véase imágenes 89-90 del expediente digital completo del Juzgado de Trabajo). Comparte esta Sala el criterio Tribunal, pues el caso se debe analizar bajo el principio de primacía de la realidad -propio de la materia laboral- y no apegado a lo que establece la literalidad del contrato de resarcimiento de daños de flota vehicular que fue firmado por las partes. En el asunto bajo estudio, los declarantes [Nombre 022] y [Nombre 018] refirieron que el accionante hacía uso los fines de semana del vehículo que la empresa la brindó. Y, de manera específica, el señor [Nombre 018] mencionó que en la empresa habían seis o siete personas trabajadoras –incluido el promovente- a los cuales se le otorgó un vehículo para uso laboral y los fines de semana. En virtud de ello, si el actor venía utilizando el vehículo de forma discrecional sin que le fuera permitido, la empresa debió realizar las acciones para exigir el uso correcto del automotor, en caso contrario, el contrato pactado entre las partes se modifica en apego al principio de primacía de la realidad. Cabe destacar que en el adendum del contrato se estableció que el demandante sería responsable de cualquier daño en la carrocería del vehículo, para lo cual se pactó el rebajo de los gastos de su salario. Por las consideraciones referidas, esta Sala determina que el vehículo que otorgó la empresa al accionada sí tiene el carácter de salario en especie, dado lo cual, los reproches de la accionada en ese sentido deber ser rechazado.
V.- RESPECTO A LA INDEMNIZACIÓN CONTEMPLADA EN EL ORDINAL 82 DEL CÓDIGO DE TRABAJO: Alega la parte impugnante que la condena a este rubro no debe ser otorgada en automático, sino que se debe analizar en cada caso concreto. Refiere, dicho numeral estipula una serie de “castigo legal” al patrono que despide a una persona trabajadora que no es comprobada. Afirma, en el caso concreto la falta se acreditó. Alega, si se determina que, aún con la existencia de la falta, no era suficiente para aplicar la sanción del despido sin responsabilidad patronal, es una conclusión sobre la valoración de la gravedad de la falta, pero no así de la existencia de esta. En ese sentido, se debe mencionar que el artículo 82 del Código de Trabajo establece: “El patrono que despida a un trabajador por alguna de las causas enumeradas en el artículo anterior no incurrirá en responsabilidad. Si con posterioridad al despido surgiere contención y no se comprobare la causa del mismo, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen el importe del preaviso y el del auxilio de cesantía que le pudieran corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que de acuerdo con los términos legales para tramitar y resolver, haya debido quedar firme la sentencia condenatoria en contra del patrono. No obstante, en tratándose de explotaciones agrícolas o ganaderas, se reducirá a la mitad el monto de los daños y perjuicios a que se refiere el párrafo anterior…” (énfasis no es del original). Lleva razón la parte impugnante en el sentido de que se debe valorar cada caso concreto, con la finalidad de determinar la procedencia del pago de dicho extremo. Así, en el asunto bajo estudio, no se acreditó la falta por la cual se le despidió al actor sin responsabilidad patronal, tal como se explicó supra, por dicha razón el reproche en ese sentido debe ser rechazado, pues al promovente sí le asiste derecho al cobro de la indemnización contemplada en el canon 82 del Código de Trabajo.
VI.- SOBRE LAS COSTAS: Alega que se le impone un porcentaje muy alto de este rubro en un proceso en el cual se ha presentado un vencimiento recíproco de las pretensiones solicitadas por el promovente. Asegura que la parte demandada ha actuado de buena fe, pues las razones del despido del actor están comprobadas, por lo que se debe reducir el porcentaje de las costas. Al respecto, esta Sala considera que no se presentan razones para eximir a la parte demandada del pago de las costas, pues la causa objetiva del despido sin responsabilidad del actor no se demostró. En el mismo sentido, el numeral 495 del Código de Trabajo anterior a la reforma señala que “...la sentencia regulará prudencialmente los honorarios que corresponden a los abogados de las partes. Al efecto, los tribunales tomarán en cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del actor y del demandado. Dichos honorarios no podrán ser menores del quince por ciento ni mayores del veinticinco por ciento del importe líquido de la condenatoria o de la absolución en su caso... La parte que hubiere litigado sin auxilio de abogado podrá cobrar los honorarios que a este correspondieren, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior...” (énfasis no es del original). El representante del ente accionado pretende que se varíe el porcentaje fijado por costas personales. Analizados esos agravios y de conformidad con la normativa expuesta, esta Sala concluye que el porcentaje acordado en las instancias precedentes se encuentra ajustado a los parámetros que establece la norma transcrita, por lo que lo fallado al respecto merece ser confirmado.
VII.- CONSIDERACIONES FINALES: En virtud de las razones expuestas, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida.
POR TANTO:
Se confirma la sentencia recurrida.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez

Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2021000839

PMADRIGALE/mrg

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EXP: 14-002064-1178-LA

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