Sentencia Nº 2021-000844 de Sala Segunda de la Corte, 28-04-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-000844
Número de expediente18-000149-1418-LA
*180001491418LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 18-000149-1418-LA
Res: 2021-000844
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos del veintiocho de abril de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado Civil, de Trabajo y Familia de Osa por [Nombre 001], casado, policía, vecino de Puntarenas; contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, la licenciada Cinthya Castro Hernández, soltera, vecina de San José. Figura como abogada de asistencia social de la parte actora, la licenciada Angélica Guillén Jaén, de estado civil y domicilio ignorados. Todos mayores y abogados, con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado Sánchez Rodríguez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El actor formuló la demanda con el objeto de que se condene al Estado a pagarle el incentivo por operaciones de alto riesgo, a partir del momento en que comenzó su relación de empleo y a futuro, así como ambas costas. La procuradora representante de la parte demandada contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho. El Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Osa condenó al accionado a pagar el plus a partir de la fecha de su creación y a futuro, mientras se mantengan las condiciones que dieron pie a su reconocimiento. Ordenó el pago de diferencias en vacaciones, aguinaldo y salario escolar, así como realizar los aportes correspondientes a la Seguridad Social. Concedió intereses e indexación. Le impuso al vencido el pago de ambas costas. Las personales las fijó en el veinte por ciento de la condena (aunque no trasladó la consideración sobre el particular a la parte dispositiva del fallo). (Véase la sentencia número 61, de las 15:25 horas del 24 de julio de 2020).
II.- AGRAVIOS: La procuradora representante del Estado muestra disconformidad con lo decidido. A su parecer, las pruebas no fueron valoradas adecuadamente y se incurrió en una aplicación incorrecta del ordenamiento jurídico. Asegura que el Juzgado concedió el incentivo reclamado, al considerar que el actor realiza funciones iguales a las descritas en el acuerdo por el cual se creó el sobresueldo. Indica que lo fallado transgrede el principio de legalidad presupuestaria, en tanto el puesto en el que está nombrado el accionante no está incluido en ninguno de los códigos que permiten el pago. Agrega que el Estado está sujeto a esa máxima y, por consiguiente, el presupuesto aprobado deberá ser otorgado y gastado en la forma prevista en la regulación normativa, de forma tal que solo mediante otra regla de igual rango podría variarse su destino. Insiste en que se viola dicho principio, al ordenar algo diferente a lo estipulado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Recalca que el derecho reclamado no procede en tanto no media norma expresa que autorice el pago. Agrega que lo resuelto infringe el principio de división de poderes. Solicita que se acoja el recurso y se declare sin lugar la demanda.
III.- ANÁLISIS DEL CASO: El único agravio de la recurrente atañe a la supuesta violación de los principios de legalidad presupuestaria e independencia de poderes. Esta Sala ha tenido la oportunidad de conocer asuntos similares al presente y ha concluido que la negativa de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de extender el pago del sobresueldo a otros cuerpos policiales resulta contraria a derecho, en tanto las personas integrantes de esas otras fuerzas de policía se encuentran en los supuestos de hecho que se previeron en el acuerdo que autorizó ese plus, razón por la cual tienen derecho a las mismas consecuencias jurídicas. En efecto, el acuerdo de creación del sobresueldo se previó para aquellas personas servidoras cuyas funciones y competencias se enmarcan en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, que corresponden a las asignadas a las entonces denominadas Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural. Se ha visto, y este caso no es diferente, que las funciones desempeñadas por otras personas servidoras policiales, que no integran esas concretas fuerzas de policía, guardan correspondencia con las que dieron lugar a la creación del incentivo. En el caso concreto, el demandante está ubicado en la clase de Agente 1, ocupa el cargo de Agente de Policía (chofer-patrullero) y tanto la naturaleza del puesto como el tipo de función es policial, según se sigue de la constancia laboral aportada al expediente. Lo anterior permite concluir que las funciones policiales del accionante son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de las entonces denominadas Guarda Civil y Guarda de Asistencia Rural, es decir, las enmarcadas en el numeral 22 de la Ley General de Policía. No puede dejar de advertirse que el Ministerio de Seguridad Pública ha pretendido el reconocimiento del sobresueldo respecto de otros cuerpos policiales, al considerar que están en paridad de condiciones en cuanto al ejercicio de las actividades riesgosas que dan derecho al plus. En ese sentido, la Sección de Incentivos y Beneficios, del Departamento de Compensaciones de la Dirección de Recursos Humanos elaboró un documento en el cual se exponen las razones que justifican la ampliación del beneficio salarial a todos los cuerpos policiales, en el siguiente sentido: “…se justifica la necesidad de aplicar el incentivo de Alto Riesgo a todos los cuerpos policiales, por estar expuestos a las funciones contempladas en la génesis del incentivo en procura de la protección de la soberanía nacional, el orden público, y el ejercicio de las garantías de la ciudadanía costarricense.” Luego, en la resolución administrativa se dispuso que el incentivo se denegaba “...en razón de encontrarse nombrado en un puesto cuyo código presupuestario no está dentro de los incluidos en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía” (sic). Como se observa, la decisión estuvo basada en una cuestión meramente formal y ante la Sala no se alega que medien diferencias sustanciales en las funciones ejecutadas por el actor respecto de las ejercidas por aquellas personas servidoras a las que se les reconoce el incentivo. De esa manera, aun cuando el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre sujeto a los lineamientos y directrices emanados de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, los órganos jurisdiccionales no están obligados a aplicar una normativa que crea, sin sustento alguno, una situación de desigualdad. En ese entendido, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que interesa, estipula: “ Los funcionarios que administran justicia no podrán: /2.- Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones contrarias a cualquier otra norma de rango superior.” De ahí que el agravio formulado por la recurrente en el sentido de que lo resuelto lesiona los principios de legalidad y legalidad presupuestaria no puede prosperar, pues hay valores jurídicos de mayor relevancia que deben ser tutelados por encima de la decisión de dicho órgano técnico (artículos 33 y 57, Constitución Política ). Luego, la decisión no conlleva, según lo plantea la procuradora del Estado, una intromisión de las funciones del Poder Judicial en las del Ejecutivo y una lesión al principio de independencia de poderes (artículo 9, ídem). En el caso concreto, en el ejercicio de sus competencias constitucionales, dicho Poder, por medio de sus órganos jurisdiccionales, dirime un conflicto entre el Estado empleador y uno de sus empleados, aplicando el ordenamiento jurídico en la forma que considera correcta, sin que pueda concluirse que haya intromisión alguna, con quebranto del principio fundamental sobre la organización del Estado costarricense (artículo 153, ídem ). En ninguna forma lo resuelto implica que el órgano jurisdiccional haya asumido funciones de la Administración activa ni las correspondientes al Ejecutivo.
IV.- CONSIDERACIONES FINALES: Con sustento en las razones expuestas, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2021-000844

GGONZALEZ/DMENESES

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EXP: 18-000149-1418-LA

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