Sentencia Nº 2021-000884 de Sala Segunda de la Corte, 30-04-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-000884
Número de expediente13-002829-1178-LA
*130028291178LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
exp: 13-002829-1178-LA
Res: 2021-000884
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial, por [Nombre 001], casada, educadora, vecina de Heredia, contra el ESTADO representado por su procuradora adjunta la licenciada Kattya Vega Sancho, divorciada, vecina de San José. Figura como apoderada especial judicial de la actora la licenciada Julieth Gómez Gamboa, soltera, vecina de Heredia. Todas mayores, abogadas y vecinas de Heredia, con las excepciones indicadas.
RESULTANDO:
1.- La apoderada especial judicial de la actora, en escrito de demanda de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, promovió la presente acción para que en sentencia se condene al Estado a restituir de forma inmediata a su representada el pago de recargo de ocho lecciones interinas con el que contaba mientras mantenga su condición de reubicada, las diferencias salariales desde la fecha en que se suprimió el recargo de ocho lecciones interinas, desde el primero de febrero de dos mil siete y hasta la fecha de su pago efectivo, incluyendo diferencias que puedan generarse por aguinaldo, salario escolar y vacaciones, pago de intereses, daños y perjuicios y ambas costas del proceso.
2.- La representante estatal contestó la acción en memorial de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece y opuso la excepción de falta de derecho.
3.- El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las diez horas quince minutos del diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, dispuso: “Con fundamento en lo expuesto, citas legales y jurisprudenciales invocadas, se declara CON LUGAR PARCIALMENTE la demanda incoada por [Nombre 001] contra EL ESTADO.-Se condena al Estado a pagar todas las diferencias salariales adeudadas a partir de febrero de dos mil siete en adelante por las ocho lecciones interinas, incluyendo diferencias por aguinaldo, vacaciones y salario escolar Deberá pagar además, el Estado, los intereses legales por las sumas adeudadas al tipo fijado por el Banco Nacional de Costa Rica para los certificados a seis meses plazo en colones, sobre las rentas insolutas; sea desde el momento en que cada una se hizo exigible y hasta su efectivo pago.- Estos cálculos se remiten a la vía administrativa por cuanto no se cuenta con las probanzas necesarias para dicha cuantificación. En caso de inconformidad se conocerá su justeza en la etapa de ejecución de fallo. Se rechaza los daños y perjuicios causados por cuanto no se ha demostrado en qué consisten o porque motivo se reclaman. Se rechaza la excepción de falta de derecho Son ambas costas a cargo del Estado, fijándose los personales en el monto prudencial de quinientos mil colones…”. (Sic).
4.- La representante del Estado apeló y el Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las nueve horas treinta y cinco minutos del treinta de setiembre de dos mil diecinueve, resolvió: “No existiendo vicios u omisiones capaces de producir nulidad o indefensión, se modifica el fallo. El rige en el pago de las sumas adeudadas a la actora, se fijan a partir del 01 de febrero de 2007 y mientras mantenga su condición de reubicada. En lo demás, se imparte confirmatoria del fallo apelado”. (Sic).
5.- La representante estatal formuló recurso para ante esta Sala, en escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.
6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: La apoderada especial judicial de la actora, dijo que su representada, en el mes de febrero de 2007, por razones de salud se le reubicó de labores docentes a administrativas, pero a partir de ese momento se le suprimió un recargo que tenía de ocho lecciones interinas, adicionales a las treinta y dos que tenía en propiedad; lo cual le afectó en su salario. Pidió que se condene al Estado a restituirle a la demandante el recargo de ocho lecciones interinas que poseía y así se mantenga mientras se encuentre reubicada por problemas de salud; pago retroactivo salarial desde el momento en que se le suprimió el beneficio, diferencias en aguinaldo, salario escolar y vacaciones; intereses legales, daños y perjuicios, así como ambas costas. La representación estatal contestó negativamente, opuso la excepción de falta de derecho y pidió que se condene a la actora al pago de ambas costas. En primera instancia la demanda fue declarada parcialmente con lugar y se condenó al Estado a pagar a la actora todas las diferencias salariales adeudadas a partir de febrero de dos mil siete en adelante por las ocho lecciones interinas suprimidas, incluyendo diferencias por aguinaldo, vacaciones y salario escolar, así como los intereses legales por las sumas adeudadas desde el momento en que cada una se hizo exigible y hasta su efectivo pago. Se rechazó la pretensión de pago de los daños y perjuicios y se condenó al accionado al pago de ambas costas, fijando las personales en quinientos mil colones. Ambas partes apelaron el fallo, y el Tribunal lo modificó en cuanto a la fecha a partir de la cual rige el pago de lo adeudado a la actora, estableciéndolo a partir del 1 de febrero de 2007.
II.- AGRAVIOS: Recurre la parte accionada y fundamenta su inconformidad de la siguiente manera: dice que el Tribunal confirmó el fallo de primera instancia que condenó al Estado a mantener a la actora el pago de ocho lecciones interinas, aunque no laboró el recargo pues está demostrado que estuvo realizando labores administrativas. Dice que el ad quem equiparó un dictamen que recomienda una reubicación con una licencia o incapacidad, haciendo una analogía de normas incorrecta, al expresar que la demandante se encuentra dentro de los supuestos del artículo 5 del Reglamento de Licencias Especiales de Servidores del Ministerio de Educación con el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil. Lo anterior porque a juicio de la recurrente, la primera norma exige la existencia de un dictamen médico extendido por la Caja Costarricense de Seguro Social o el INS. Insiste en que no puede equipararse un dictamen que recomienda una reubicación con uno que otorga una incapacidad, pues al hacerlo se sustituyó las competencias de esos entes, situación que es contraria al principio de legalidad. 2.-Dice que los recargos no constituyen derechos adquiridos que ostenta la persona servidora indefinidamente. Tales incentivos, dice la recurrente, se crearon para atender necesidades temporales de los centros educativos, y se remuneran al docente por las funciones extraordinarias que hace. Otorgarlo a la demandante que no está ejerciendo la docencia, a juicio de la agraviante, provoca un empobrecimiento del erario Público, pues de persistir la necesidad, deberá pagársele también a otra persona, incurriéndose en un pago doble por un mismo servicio. 3.- Critica la condena al pago de reajustes en el Salario Escolar y las vacaciones, ya que el primero no es un beneficio salarial que se paga a la persona trabajadora de forma adicional como si fuera una liberalidad, sino que se trata de una suma pagada diferidamente pues se le ha retenido mes a mes para pagarlo en enero. En cuanto a las vacaciones, dice que no es posible reajustar el pago salarial en esos periodos porque la actora las ha venido disfrutando año con año cuando se conceden de forma colectiva a todo el personal de ese ministerio. 4.- Por último, censura la condena al pago de costas, pues considera que su representado ha litigado de buena fe, en estricto apego al principio de legalidad y diversos fallos de la Sala Constitucional.
III.- SOBRE LA PROCEDENCIA DEL SOBRESUELDO: Esta Sala estima que la parte accionada no lleva razón en sus alegatos por las razones que se expondrán a continuación. En primer término, es importante tener presente que aún y cuando la reubicación de la demandante no tuvo origen formalmente en una licencia especial propiamente dicha, lo cierto es que la Administración así lo autorizó. Por otro lado, de la documentación presentada junto con la demanda y contestación e incorporada con ellas al escritorio virtual, se desprende que la reubicación se aprobó con fundamento en el artículo 254 del Código de Trabajo, debido a problemas de salud de la docente y con base en certificados médicos (oficio DGP-60817-2006 del 18 de diciembre de 2006 imagen 147 del libro PDF del juzgado); aparte de que de esa probanza también se deduce que cuando se acordó y materializó, percibía el sobresueldo de ocho lecciones interinas (hecho probado b de la sentencia de primera instancia no cuestionado por la parte accionada). Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de referirse en diversos fallos a la improcedencia del congelamiento de sobresueldos como el reclamado en este proceso, cuando la persona demandante ha sido reubicada en funciones administrativas por razones de salud. No se desconoce el carácter temporal y particular de esos sobresueldos, como se indica en el recurso del Estado, así como sus características intrínsecas, pero, debe primar lo dispuesto en el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil y demás normativa relacionada. Así, en la sentencia número 200, de las 9:45 horas del 7 de marzo de 2012, se indicó: “En criterio del demandado, el sobresueldo conocido como horario alterno está concebido únicamente para quienes desempeñan funciones de docente, cuando las necesidades de matrícula lo requieran; y dependiendo de los atestados académicos del funcionario o funcionaria, por lo que a la actora no le asiste el derecho al pago de ese plus si su puesto es ahora, de naturaleza administrativa. Sin embargo, se debe tener claro que en la especie no se está frente al reclamo que hace un funcionario o funcionaria del sector administrativo del Ministerio de Educación Pública, para el reconocimiento de ese plus como parte integrante e indisoluble de su salario. La situación en estudio difiere de ese supuesto porque aquí se trata de definir la correspondencia de ese derecho a una funcionaria docente quien por razones de salud ha debido ser reubicada en un cargo administrativo. La diferencia que pretende hacer valer la representación estatal entre ‘incapacidad’ y ‘reubicación’ desconoce que el origen de ambas es una enfermedad del funcionario o la funcionaria que le impide mantenerse en el servicio activo de la docencia. Es por esta razón que la normativa aplicable en casos como este no es únicamente la relacionada con el derecho al reconocimiento de ‘horario alterno’ sino la especialmente prevista al efecto. De primera mano, el Reglamento de Licencias Especiales Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), cuyo artículo 1° menciona que esta reglamentación tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación Pública para conceder licencia a sus servidores o servidoras, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo, sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Por su parte, el numeral 2 establece: ‘Las licencias a que se refiere la presente reglamentación se concederán a aquellos servidores que, por la disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, no pudieren desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las funciones y atribuciones correspondientes al cargo que venían desempeñando en calidad de servidores regulares’. Esa normativa distingue entre licencia permanente y licencia parcial, declarando que tienen derecho a esta última aquellos servidores o servidoras respecto de los cuales la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, declaren una incapacidad menor permanente o una incapacidad parcial o permanente y recomienden un cambio de funciones. El artículo 8 trata específicamente el supuesto de la concesión de la licencia especial en los siguientes términos: ‘De conformidad con lo establecido en el artículo 5° anterior, el Ministerio de Educación Pública, concederá una licencia especial a aquellos servidores que encuentren en las siguientes circunstancias:/a) Que de acuerdo con su dolencia la Caja Costarricense de Seguro Social, recomiende en la valoración final del tratamiento su cambio de funciones./ b) Que en la valoración final de los efectos del riesgo de trabajo acaecido, el Instituto Nacional de Seguros, determine una incapacidad menor o parcial permanente y recomiende su incorporación al servicio con cambio de funciones’ (énfasis suplido). El artículo 17 dice: ‘Los beneficiarios de las licencias previstas en esta reglamentación gozarán de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Educación sobre la materia’ (énfasis suplido). De modo que esta normativa complementa y no contradice lo dispuesto por el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil, que reza: ‘a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por ‘horario alterno’, o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando./ b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes./c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder’. La normativa reglamentaria desarrolla esta expresa disposición, contemplando de manera indistinta el derecho a la indemnización tanto para el caso de la licencia permanente como de la especial. Así lo ha resuelto esta Sala en ocasiones anteriores en las que se ha discutido este mismo tema. […] En consecuencia, si al momento de la reubicación (licencia especial) la actora devengaba un sobresueldo por horario alterno resulta indiscutible el derecho que tiene, conforme a esa normativa especial, a que dentro de su remuneración como funcionaria administrativa se le contemple ese plus, que por lo mismo, en su caso el otorgamiento resulta independiente a los requerimientos que de esos servicios tenga el ente empleador. Es decir, en aplicación de esa disposición especial, el ente demandado no podía suprimir del subsidio con naturaleza salarial concedido a la actora (inciso c, artículo 174 ídem) el plus por horario alterno que percibía antes de ser incapacitada”. Asimismo, en el fallo número 578, de las 9:50 horas del 18 de julio de 2012, sobre el particular se dijo: “De manera que es claro que la reubicación de la servidora, originada en una causa totalmente ajena a su voluntad -su salud-, no podía afectarla en su salario, eliminándole el referido incentivo de la forma en que se realizó por parte del Ministerio de Educación. Igualmente, conforme a la sentencia de esta Sala citada en el considerando anterior, si bien dictadas en un caso en que se reclamaba el pago de horario alterno, la normativa analizada no permite concluir que cuando un trabajador se vea afectado por un problema de salud pueda resultar perjudicado en su salario, pues todo lo contrario, del citado artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil se desprende que en esa situación -de resultar incapacitado- el salario a recibir será equivalente al salario total, incluyendo cualquier sobresueldo que se le pagara al momento de incapacitarse; protección que también se desprende del ordinal 173 ibídem. No otro es el caso de la gestionante pues, por razones de salud, está con una licencia especial de las previstas en el Reglamento de Licencias Especiales para los Servidores del Ministerio de Educación Pública, artículos 2, 5, 8, 9, 12; casos en que el ordinal 17 de ese mismo reglamento prevé el pago de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario -obviamente, en este caso, al devengado al momento de la reubicación-. […] Finalmente, se debe subrayar que para esta Sala resulta contradictorio que sea el problema de salud de la actora el que sirva para justificar la eliminación del plus en cuestión, pues ello no solo deviene injusto, sino, además violatorio de su derecho fundamental a la salud”. También este órgano ha arribado a la conclusión de que es improcedente el congelamiento de pluses, como el reclamado en asuntos relacionados con riesgos de trabajo (consúltese al respecto, entre otras, la sentencia número 711, de las 9:55 horas del 31 de agosto de 2011). Para ello, se ha considerado lo dispuesto en el referido artículo 254 del Código de Trabajo -como parte del Título Cuarto de ese cuerpo normativo denominado “DE LA PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO DEL TRABAJO”, citado –según se refirió- como fundamento de la reubicación de la actora a realizar funciones administrativas. Esa norma se ocupa de la obligación de la parte empleadora de reponer en su puesto a la persona trabajadora que haya sufrido un riesgo, y esté en posibilidades de continuar laborando. También dicha disposición prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto diferente de acuerdo con sus posibilidades, cuando por recomendación médica no pueda regresar a ejercer las funciones que venía desempeñando. Así, se ha considerado que esa normativa tiene relación directa con los supuestos regulados por el Reglamento de Licencias Especiales del Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), pues, según su artículo 1°, este tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación Pública, en procura de conceder licencia a las personas servidores, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo sobrevivientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Entonces, aunque no consta que la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros extendiera una incapacidad formal a favor de la demandante, profesionales en medicina recomendaron su reubicación por cuestiones de salud, así se indica en el oficio DGP-60817-2006 del 18 de diciembre de 2006 suscrito por la Dirección de Personal del Ministerio de Educación Pública , lo que significa para efectos prácticos que, dicha señora está incapacitada para ejercer la docencia, pero tiene condiciones de llevar a cabo otro tipo de tareas (en este caso, administrativas). En ese orden de ideas, si bien es cierto la accionante no realizó labores docentes, sino, administrativas, esa situación obedeció a un problema de salud que la afectó, sin que esa circunstancia pueda ir en detrimento de su remuneración, conforme a las razones expuestas. De ahí que, tenga derecho a continuar percibiendo el sobresueldo que disfrutaba al momento de operar la reubicación, sin que sea aceptable que la Administración decida dejar de cancelarlo a partir de determinado momento cuando seguía en condición de reubicada. Luego, en cuanto al reparo en torno a que los pluses no son derechos adquiridos, en el voto número 57 de las 9:50 horas del 21 de enero de 2011 de este Despacho se consideró: “Si bien es cierto que las y los docentes no tienen un derecho adquirido al citado horario u otras condiciones que pueden depender de distintas variables, lo cierto es que, en el caso concreto, no ha quedado demostrado que fuera otra circunstancia diferente a la del disfrute de la licencia especial por enfermedad la que se invocó para eliminar tales pluses de la remuneración de la accionante, con el argumento de que si no realizaba en forma efectiva la prestación, no tenía derecho a la retribución correspondiente. Así las cosas, más bien en aplicación del principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública) es que el ente demandado no podía suprimir del subsidio con naturaleza salarial concedido a la actora los pluses por horario alterno y recargo que percibía antes de ser incapacitada, ya que el inciso a) del artículo 174 del Estatuto de Servicio Civil claramente establece que las personas que resulten incapacitadas por enfermedad o maternidad tendrán derecho a un subsidio equivalente al salario total que estuviere devengando”. Cabe agregar que si bien es cierto el numeral 167 del Estatuto de Servicio Civil fue derogado expresamente por la Ley número 7531 del 10 de julio de 1995 (Reforma Integral al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional), el Reglamento de Licencias Especiales de Servidores del Ministerio de Educación Pública (Decreto número 19113) se promulgó a la luz de esta norma y de otras disposiciones como el 223 del Código de Trabajo, numeral relativo a los riesgos de trabajo. Esa reglamentación al igual que el artículo 174 de aquel mismo Estatuto se encuentra vigente y es plenamente aplicable al caso.
IV.- SOBRE EL REAJUSTE DE VACACIONES Y EL SALARIO ESCOLAR: La representante estatal se manifiesta inconforme porque se obligó al Estado a reajustar los pagado a la actora en vacaciones y el salario escolar. En el recurso de apelación impugnó también esos extremos, pero el Tribunal omitió pronunciarse sobre ellos, por lo que a efectos de que esta Sala pudiera pronunciarse, en razón de que el artículo 556 del Código de Trabajo en su texto anterior a la reforma por la ley n.° 9343, establece que cabrá recurso contra las sentencias pronunciadas por los Tribunales Superiores de Trabajo, lo no fallado por esos despachos no puede ser objeto del recurso. La parte recurrente, a efectos de que esta Sala pudiera revisar esos extremos, debió solicitar al Tribunal que aclarara o adicionara la sentencia de segunda instancia, lo cual no hizo, por lo que los agravios sobre los rubros dichos deben ser rechazados de plano.
V.- COSTAS: La parte demandada pretende que se revoque el fallo en cuanto condenó al Estado del pago de las costas pues ha sido un litigante de buena fe. El agravio no es de recibo. Al artículo 221 del anterior Código Procesal Civil de aplicación supletoria a esta materia por así disponerlo el numeral 452 del Código de Trabajo no reformado por la Ley 9343, disponía que el vencido debía correr con el pago de las costas del proceso; el canon 222 siguiente señala las excepciones a ese deber, siendo una de ellas la evidente buena fe. No puede considerarse que el accionado haya actuado de esa forma pues ha negado a lo largo del proceso y en todas las instancias derechos que evidentemente le asisten a la demandante, además son muchos los procesos como este que se han tramitado en la vía judicial en los cuales se ha resuelto la pertinencia de los reclamos, por lo que no se justifica la negativa a restituir a las personas trabajadoras sus derechos.
VI.- CONSIDERACIÓN FINAL: Al amparo de lo expuesto, debe confirmarse el fallo impugnado.
VII.- VOTO SALVADO DE LAS MAGISTRADAS VARELA ARAYA Y CHACÓN ARTAVIA: Las suscritas nos apartamos del criterio de mayoría en cuanto reconoce el pago del plus de ocho lecciones interinas concedido en la instancia precedente. Está claro que la reubicación se acordó ante una recomendación médica, basada en el artículo 254 del Código de Trabajo. No estamos ante una incapacidad propiamente dicha. Durante el proceso, la representación estatal ha alegado que la Administración Pública está sujeta al principio de legalidad, por lo que solo puede proceder conforme a lo que esté debidamente autorizado en el ordenamiento jurídico (numerales 11 de la Constitución Política y 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública); y que la servidora no se encuentra dentro de los presupuestos de hecho previstos en el artículo 22 bis inciso a) del Reglamento de Estatuto del Servicio Civil, pues no está incapacitada por enfermedad. Luego de un replanteamiento del análisis sobre los alcances de la normativa aplicable al caso concreto, concluimos que lleva razón la representación estatal. Los ordinales 118 del Código de Educación y 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente estipulan la posibilidad de asignar ciertos recargos, los cuales no constituyen un derecho adquirido y, por consiguiente, el pago de estos debe suspenderse cuando la persona funcionaria, en el ejercicio de sus labores habituales, deja de cumplir los requisitos exigidos para su reconocimiento. Por otro lado, el artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil, establece que:  “a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad , estuviese devengando salario adicional por zonaje, por "horario alterno", o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio  equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando. /b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes. (Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.5659 de 17 de diciembre de 1974). /c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder. / (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1º de la Ley No. 6110 de 9 de noviembre de 1977)” (el resaltado es agregado). Del texto antes trascrito se colige, en forma clara y expresa, que la persona servidora que se encuentre incapacitada por enfermedad, o la funcionaria en licencia por maternidad, que viniere devengando salario adicional por sobresueldos, tiene derecho a que estos se contemplen al momento de fijar el importe del subsidio a pagarle. En el caso que nos ocupa, la promovente fue reubicada en funciones administrativas y no está incapacitada ni disfrutando de aquella licencia, por lo que su situación no se subsume en el presupuesto de hecho de la norma. Además, hay que tener presente que al tenor de lo dispuesto en los numerales 118 inciso j) del Código de Educación y 13 del Decreto Ejecutivo n.° 12915-E-P, antes citados, estos pluses se conceden cuando la persona servidora lleva a cabo funciones adicionales a las que realiza ordinariamente en su puesto, de manera temporal, y cuya asignación se encuentra debidamente justificada, ya sea por necesidades de los centros educativos, por razones de oportunidad y conveniencia, o para la satisfacción efectiva y eficiente del servicio brindado. Dicho de otro modo, el otorgamiento de estos sobresueldos depende de que las circunstancias así lo ameriten y por ello se asignan con carácter temporal, para cada curso lectivo, según las fechas de inicio y fin normados en el ordinal 176 del Estatuto de Servicio Civil; de lo contrario, se desnaturalizaría el servicio eventual y se convertiría en uno ordinario. En concordancia con lo anterior, el artículo 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública prescribe que “el exceso se mantendrá como un recargo, por ende, de carácter temporal”. Consecuentemente, aquellos  recargos que dependan de alguna condición particular para ser concedidos no se configuran como un derecho adquirido, que se incorpora irremediablemente al salario total de la persona trabajadora en forma permanente y con independencia del servicio que preste, como se pretende en este caso. Existe vasta jurisprudencia de la Sala Constitucional en el sentido de que los recargos de funciones no pueden considerarse como un derecho adquirido de la persona servidora. Así, en la sentencia n.° 3681, de las 15:45 horas del 22 de marzo de 2011, se externó: “Debe recordarse que esta Sala ha señalado que  el desempeño del trabajador que pueda ser catalogado como un recargo de funciones, no constituye un derecho adquirido para el trabajador al que se le asigna y que obligue a la Administración a mantenerle en esa condición. Generalmente la asignación de tales recargos -por obedecer a la necesidad de prestación del servicio en un momento determinado-, tiene un carácter temporal y se paga por una cantidad de labores específicas, siendo que, lógicamente, su valor deberá ser determinado por la autoridad recurrida con fundamento en criterios técnicos y objetivos que son propiamente de su interés y de su competencia (ver en ese sentido sentencia número 2003-09533 de las doce horas veintiocho minutos del cinco de septiembre del dos mil tres y 2006-7717 de las dieciséis horas cuarenta y siete minutos del treinta de mayo del dos mil seis, entre otras). Por tal razón, el recargo constituye un ‘plus’ o beneficio salarial que depende del hecho de que las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor del interesado para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le mantenga el recargo u horario alterno" (énfasis suplido; véanse también las resoluciones números 6390 de las 15:14 horas del 18 de mayo de 2011 y 868 de las 9:05 horas del 18 de enero de 2013). De igual manera, en el voto n.° 3306, de las 12:48 horas del 9 de marzo de 2007, se acotó: “…si los supuestos por los cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó (sentencia N° 2006-010959 de las 17:51 horas del 26 de julio de 2006)”. En este mismo fallo se hizo referencia a la sentencia n.° 296, de las 11:54 horas del 13 de enero de 1995, en el cual expresamente se indicó: “De igual forma cabe pronunciarse en lo que toca a la diferencia salarial que dice el recurrente que deja de percibir con ocasión del acto cuestionado, toda vez que la retribución por el recargo citado constituye un ‘plus’ o beneficio salarial, el cual depende del hecho de que las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor del interesado, para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le mantenga el recargo señalado, de manera que el recurso, en cuanto a este último reparo es también improcedente…”. Por último, en la resolución n.° 10959, de las 17:51 horas del 26 de julio de 2006, se apuntó: “Esta Sala, en múltiples oportunidades, ha establecido que los sobresueldos que dependan de alguna condición para ser otorgados no constituyen un derecho adquirido que se incorpore como tal al salario propiamente dicho, toda vez que su otorgamiento depende de las condiciones objetivas por las cuales fue reconocido. En otras palabras, si las condiciones bajo las cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó”. Conforme a lo expuesto, resulta evidente que las sumas recibidas por recargos constituyen sobresueldos temporales, anexos a la estructura salarial, que si bien forman parte de la remuneración final que percibe la persona funcionaria, no son un componente sustancial permanente, sino adicional, cuyo reconocimiento depende de que aquella se encuentre en los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para su concesión y de las necesidades que surjan en cada periodo lectivo. Cabe destacar que el pago de estos recargos procede en razón del puesto y de las funciones que realiza la persona servidora, por lo que puede denegarse cuando las condiciones originarias de su otorgamiento desaparezcan. Con base en las normas traídas a colación, la jurisprudencia citada y los principios de primacía de la realidad, razonabilidad e igualdad salarial, consideramos que la representación del Estado lleva razón cuando ha manifestado que no es factible mantener el pago de la retribución cuando no se da la prestación real del servicio, por motivos como el de autos (persona reubicada en un puesto administrativo), pues no existe sustento fáctico ni jurídico para retribuir un servicio que no se está prestando. Además, obligar al Estado a cancelar una remuneración por una contraprestación que no se está brindando resulta irrazonable y contrario a la equidad. Aunado a ello, se estaría dando una ventaja indebida a las personas reubicadas con respecto a quienes se encuentran nombradas en una plaza de docente y ejerciendo las funciones del recargo de algún tipo, pues no se hallan en igualdad de condiciones y perciben un salario igual. Amén de que el Estado estaría pagando doble (a dos funcionarios) por los mismos recargos, cuando haya sido necesario que lo asuma la persona que sustituye a quien ha sido reubicada por razones de salud. Como se dijo antes, los recargos no constituyen derechos adquiridos, amén de que, por lo excepcional del tema, no pueden ser reputados como derechos que se incorporan de ordinario (fijo) a los contratos de trabajo de las personas docentes. Finalmente, téngase presente que para poder exigir el pago de los recargos se requiere necesariamente que una norma así lo autorice (principio de legalidad que rige en el sector público) y cumplir con las condiciones y presupuestos por ella estatuidos; lo que no se da en la especie. En virtud de lo anterior, la supresión del sobresueldo en cuestión, al pasar la actora de la condición de docente a cumplir funciones administrativas por reubicación, está ajustada a derecho y, por ende, procedemos acoger la defensa de falta de derecho, revocar la sentencia impugnada y declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos, resolviendo sin especial sanción de costas, pues la demandante actuó con evidente buena fe -artículo 222 del anterior Código Procesal Civil-.
POR TANTO:
Se confirma el fallo impugnado. Las magistradas Varela Araya y Chacón Artavia, salvan el voto, acogen la defensa de falta de derecho, revocan la sentencia impugnada y declaran sin lugar la demanda en todos sus extremos, resolviendo sin especial sanción de costas.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2021000884

RSANCHOL/mrg

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