Sentencia Nº 2021¨-000892 de Sala Segunda de la Corte, 30-04-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente17-001618-1178-LA
Número de sentencia2021¨-000892
*170016181178LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 17-001618-1178-LA
Res: 2021¨-000892
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas quince minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], soltero, ayudante de chofer, vecino de Alajuela, contra ROMA PRINCE SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado generalísimo [Nombre 004] , economista. Actúan como apoderados especiales judiciales del actor, el licenciado Sebastián David Vargas Roldán, soltero, y de la demandada, los licenciados Pablo Enrique Guier Acosta, Alberto Víquez Garro y Gabriela Gamboa Morera, divorciada. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de San José, con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: En la demanda, el actor indicó que fue contratado por la accionada el 9 de marzo de 2015 como ayudante de chofer, para laborar en diferentes zonas del país y que esa relación culminó por despido justificado, el 14 de julio de 2017, con lo cual no está de acuerdo. Refirió que se encontraba sujeto a disponibilidad horaria y a las órdenes de varios jefes y supervisores, funciones por las cuales percibía la suma semanal de ¢593.072, sin pago de horas extraordinarias. Mencionó que su horario era de lunes a viernes, de 5:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. A su juicio, el acto de despido fue discriminatorio por su escolaridad, ya que no cumplía los requisitos académicos por cuanto se encontraba pendiente en su contra una causa penal por supuesto delito de falsificación de título. En razón de lo anterior, requirió el pago de los siguientes extremos: preaviso, cesantía, horas extra, diferencias en vacaciones, aguinaldos y seguridad social, daños y perjuicios, reinstalación, intereses y ambas costas (imágenes 2-11 del expediente virtual del Juzgado). La empresa accionada contestó de manera negativa. Pidió se declare sin lugar la demanda y se condene al actor al pago de costas (imágenes 46-58 del expediente virtual del Juzgado). El Juzgado declaró parcialmente con lugar la acción. Condenó a la demandada al pago de preaviso por un monto de ¢593.777,00; de ¢3.562.662,00 como indemnización prevista en el numeral 82 del Código de Trabajo; de los intereses por un monto de ¢490.306,07; y de la indexación. Fijóo las costas personales a cargo de la empresa accionada en el 25% de la condenatoria, para un total de ¢1.161.686,26 (imágenes 305-344 del expediente virtual del Juzgado).
II.- REPROCHES DEL RECURSO: La representación de la accionada se muestra inconforme con lo resuelto. A su juicio, el despido no se debe analizar desde la perspectiva de si el trabajador requería o no el título para ejercer su puesto, pues, como bien lo indicó, el cese fue amparado en la total pérdida de confianza por la presentación de un título falso. Hace ver que el demandante tenía un puesto en el cual manejaba dinero y bienes activos y pasivos de la empresa, por lo que ante la comprobada falsificación de documento público era imposible mantenerlo en el puesto. Resalta que la presentación de un título falso no solo afectó a la empresa, sino también a los demás postulantes al puesto, pues se colocó en una situación de ventaja, atribuyéndose facultades que no poseía, lo cual no puede ser amparado por la ley. Considera que, contrario a lo indicado en el fallo, sí existió un debido proceso cuyo resultado fue informado al actor. Aclara que no se debe omitir que al investigarse por parte de la empresa un delito penal, no puede hacerse público. Según su dicho, el despido no se fundamentó en un chisme, pues se llevó a cabo la investigación correspondiente para confirmar la veracidad de los hechos. Expresa que actuó con buena fe y de manera ordenada en la investigación, e incluso le informó al trabajador de la situación, sin embargo, el accionante no presentó prueba alguna que demostrara la existencia de un proceso en contra del instituto en el cual supuestamente cursó sus estudios. Resalta que es completamente improcedente la tesis del fallo que indica que no puede despedir a un funcionario que le lleva a error, mediante un posible delito penal, con la justificación de que no se requiere el título para el puesto. Por otro lado, acusa que el demandado nunca informó a la empresa del supuesto proceso penal, incluso cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, cuando se le comunicó la investigación que estaba llevando a cabo la empresa. Por lo anterior, considera que existen suficientes elementos para justificar el despido del actor, por lo que no procede una sanción -daños y perjuicios- por el cese.
III.- SOBRE EL DEBIDO PROCESO: En relación a la necesidad de llevar a cabo un proceso de investigación en el que se le diera participación y la posibilidad de ejercer su derecho de defensa al actor, debe decirse que esta Sala en la sentencia n.º 980 de las 10:25 horas, del 23 de agosto de 2013, sostuvo: “…en lo relativo a que no se aplicó el debido proceso en relación con las faltas que dieron pie a la remoción, es menester señalarle a quien recurre, que en el ordenamiento constitucional y legal, que rige nuestro sistema de derecho privado laboral, opera, como principio general (salvo las restricciones que la propia ley establece, no aplicables al caso en concreto), el régimen de despido libre que tiene sus raíces en el artículo 63 de nuestra Constitución Política que reza: ‘Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización’, es decir, la libertad patronal de dar por concluida una relación laboral en el momento en que a la parte empleadora, no le convengan más los servicios de la persona trabajadora. En ese sentido el artículo 28 del Código de Trabajo indica: ‘En el contrato por tiempo indefinido cada una de las partes puede ponerle término, sin justa causa, dando aviso previo a la otra, de acuerdo con las siguientes reglas (...)’. También el numeral 85 inciso d) del Código de cita, faculta al empleador para proceder al despido con responsabilidad patronal, eso sí, cancelándole al trabajador el importe correspondiente a los extremos legales. En tales casos esa facultad encuentra únicamente la restricción de darle al trabajador o trabajadora, el aviso e indemnización correspondientes. A contrario sensu, el patrono quedará exonerado del pago de esa obligación cuando quien labore, incurra en una causa legal de despido. La definición de las causales que autorizan al empleador o empleadora, a despedir sin responsabilidad ha sido reservada a la normativa con rango de ley... No debe confundirse el régimen bajo el cual laboraba el accionante - ya explicado-, que difiere del empleo público donde priva (sic) la estabilidad en el puesto y en el cual únicamente la relación puede finalizar con una causa justificada y previo a la demostración de esta, con un procedimiento administrativo. Así las cosas, en cuanto al reclamo sobre la necesidad de haber seguido un procedimiento previo a las faltas que desembocaron en el despido, debe indicarse que tal argumento carece de sustento jurídico y esta Sala, de forma reiterada, ha señalado que en las relaciones de empleo regidas por el Derecho Laboral privado, no media obligación alguna de efectuar un procedimiento previo al despido, salvo que existiere alguna regulación especial de las situaciones particulares que lo contemple, lo que no aplica al caso bajo estudio (en ese sentido, pueden consultarse las sentencias nºs 438-2001, de las 9:30 horas del 3 de agosto; 722-2001, de las 10:30 horas del 30 de noviembre, ambas de 2001 y 93-2004 de las 14:20 horas del 18 de febrero de 2004)” (entre muchos otros, véanse las resoluciones números 774 de las 9:30 horas, del 12 de octubre de 2007; 177 de las 10:00 horas, del 20 de febrero de 2013; 134 de las 9:40 horas, del 6 de febrero; 488 de las 9:35 horas, del 8 de mayo; 805 de las 9:05 horas, del 29 de julio; 853 de las 9:45 horas, del 14 de agosto y 992 de las 10:10 horas, del 11 de setiembre, todas de 2015 y 64 de las 10:25 horas, del 10:25 horas, de 22 de enero de 2016). Así, los empleadores del sector privado no están obligados a realizar ningún procedimiento previo a la destitución, a menos que así lo disponga, por ejemplo, un reglamento de trabajo, una convención colectiva, un arreglo directo, una política interna, una cláusula contractual, etc.; o bien, que medie algún fuero especial de protección (piénsese, a modo de ilustración, en los supuestos de las trabajadoras embarazadas, las personas menores de edad, entre otros). No obstante, ninguna de esas situaciones de excepción quedó acreditada en el sublitem (en igual sentido, véanse nuestras resoluciones números 306 de las 9:20 horas, del 9 de abril de 2008; 373 de las 10:00 horas, del 8 de mayo de 2009, 486 de las 10:00 horas, del 1 de junio de 2012 y 225 de las 9:50 horas, del 6 de marzo de 2013).
IV.- SOBRE EL CASO EL CONCRETO: La parte recurrente mantiene ante esta instancia que el despido fue justificado en razón de la pérdida de confianza. En la carta de despido otorgada al accionante (visible en imagen 43 del expediente virtual del Juzgado), se comunicó su cese “por estar comprobado por medio de la certificación emitida por la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad del Ministerio de Educación Pública que el título de Bachiller que usted presentó es falso, amparados en el Código de Trabajo, artículo 81 inciso j) (…) Le indicamos que su destitución es sin Responsabilidad Patronal”. Sobre este particular, el artículo 81 inciso j) señala: Causas de despido. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo: (…) j) Cuando el trabajador al celebrar el contrato haya inducido en error al patrono pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente no posee, o presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad éste luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad en la realización de las labores para las cuales ha sido contratado”. Esta causal de despido esta íntimamente relacionada con el principio de buena fe que debe imperar en toda relación laboral, puesto que resulta ser una infracción a ese principio el indicar o hacer suponer al empleador que se poseen condiciones o requisitos que en realidad no se tienen, y que resultan fundamentales para el desempeño del cargo. Esta Sala ha indicado que: “ La buena fe, según la doctrina, es un principio general de derecho que impone un comportamiento ajustado a valoraciones éticas, convirtiéndose en un criterio de valoración de conductas al que ha de ajustarse el cumplimiento de las obligaciones, que rigen también en el derecho a esperar de la contraparte una actuación leal, fiando y confiando en que su actuación sea socialmente y contractualmente correcta¼² (J.F. ESCUDERO, J. FRIGOLA, T. CORBELLA. ²EL PRINCIPIO DE BUENA FE EN EL CONTRATO DE TRABAJO². Editorial Bosch, Barcelona, España, 1996, pág. 60). Así las cosas, lo que constituye la transgresión de la buena fe, es el hecho de que brinde información falsa que haga creer al patrono que el trabajador esta capacitado o se encuentra en condiciones para realizar determinada actividad” (voto n.º 679 de las 9:50 horas del 7 de julio de 2000). Consta en autos el título de “Bachiller en Enseñanza Media a Distancia”, aportado por el actor a la empresa demandada (imagen 75 del expediente virtual del Juzgado), así como el formulario RP-004 de solicitud de empleo del accionante, en el cual afirma haber concluido los estudios de la secundaria (imágenes 76-77 del expediente virtual del Juzgado). Ahora, a requerimiento de la empresa accionada, se emitió el informe DEAC-RVCT-1803-2017 de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (imágenes 44-45 del expediente virtual del Juzgado), por medio del cual se comprobó que, efectivamente, según los archivos del ministerio, el título aportado por el demandante es falso. Así las cosas, considera esta Sala que, independientemente de si se requería o no el título para el puesto adjudicado, lo actuado por el demandante resulta contrario al principio de buena fe y lealtad que debe privar en los contratos de trabajo, con lo cual quebrantó la confianza que había sido depositada en él, lo que hace imposible la continuidad de la relación laboral. En consecuencia, se debe concluir que el accionante incurrió en la causal de despido establecida en el inciso j), del artículo 81 del Código de Trabajo, por lo que el cese resulta, a todas luces, justificado.
V.- CONSIDERACIÓN FINAL: En mérito de lo expuesto, procede acoger el recurso y anular la sentencia impugnada. En su lugar, se debe desestimar la demanda y condenar al actor al pago de ambas costas, fijando las personales en la suma prudencial ¢100.000,00.
POR TANTO:
Se acoge el recurso y se anula el fallo impugnado. Se declara sin lugar la demanda y se condena al actor al pago de ambas costas del proceso, fijándose las personales en la suma prudencial de cien mil colones.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez

Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia Res: 2021000892

AVMIRANDAS/mrg

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