Sentencia Nº 2021-000913 de Sala Segunda de la Corte, 30-04-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-000079-1178-LA
Número de sentencia2021-000913
*200000791178LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 20-000079-1178-LA
Res: 2021-000913
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas del treinta de abril de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario laboral establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera, por [Nombre 001], oficial de Fuerza Pública; contra el ESTADO, representado por su procurador adjunto el licenciado Álvaro de Jesús Fonseca Vargas, vecino de Cartago. Figura como apoderado especial judicial del actor, el licenciado Arthur Jiménez Latouche, divorciado. Todos mayores, solteros, abogados y vecinos de San José, con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado Olaso Álvarez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: Por medio de su apoderado especial judicial, el demandante reclamó el pago del incentivo por operaciones de alto riesgo, en forma retroactiva al 16 de octubre de 2012 y a futuro. Asimismo, solicitó las diferencias que tal reconocimiento genera en aguinaldo, salario escolar, régimen de invalidez, vejez y muerte, fondo de pensión complementaria obligatoria y fondo de capitalización laboral. Pidió que se disponga el pago de intereses, indexación y ambas costas. La representación del Estado contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho. Las pretensiones fueron acogidas por el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera, según consta en sentencia número 994, dictada a las 09:34 horas del 12 de junio de 2020. Además, las costas las impuso a cargo del vencido y las personales las fijó en doscientos mil colones.
II.- AGRAVIOS: El procurador representante del Estado muestra disconformidad en cuanto se ordenó pagar el incentivo por operaciones de alto riesgo. Acusa la infracción del numeral 481 del Código de Trabajo, pues alega que no se valoró la prueba documental aportada y se concluyó que el accionante realiza funciones de alto riesgo, cuando no hay elemento probatorio del cual se siga que ejecuta ese tipo de labores. A su juicio, se concluyó indebidamente que el demandante realiza funciones de alto riesgo, partiendo únicamente de los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía y el Manual de Clases Policiales, los cuales incluyen las funciones genéricas de cualquier servidor. Aduce que no hay ningún elemento probatorio que permita concluir que el servidor participara, de forma concreta y efectiva, en operaciones de alto riesgo, tales como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, según lo regulado en el STAP-683-2000. Insiste sobre la violación del numeral 481 citado, en tanto no se demostró que el funcionario efectivamente participara en operaciones de esa naturaleza, donde comprometa su vida y resulta posible otorgar el incentivo creado por la Autoridad Presupuestaria. Repite que si bien el accionante realiza funciones de Encargado de Equipo de Fronteras, las cuales conllevan el ejercicio de funciones policiales, estas no implican la ejecución de actividades de alto riesgo, según lo regulado en el STAP-683-2000. Considera que el actor no demostró que cumpliera funciones de ese tipo. Adiciona que a las personas servidoras que ejercen funciones policiales se les reconoce el incentivo por riesgo policial, dada la peligrosidad de las labores y el riesgo para la integridad física. Plantea que este incentivo se reconoce a todo el personal policial que ejecute labores de esa naturaleza, mientras que el de operaciones de alto riesgo solo a quienes ejecuten tareas que impliquen un riesgo mayor. De estimarse que ambos incentivos se crearon con la finalidad de otorgarse en virtud de las funciones puras del servidor o de la servidora policial se estaría desvirtuando su esencia y equiparando ambos incentivos, lo que conllevaría autorizar un doble pago por las mismas condiciones de trabajo, lo que torna el reconocimiento indebido y contrario a derecho. Insiste en que, de conformidad con la resolución STAP-683-2000, el incentivo por alto riesgo está previsto para quienes realicen funciones propiamente policiales y que, a su vez, participen en operaciones especiales como las antes mencionadas. La razón de ser del incentivo es compensar la realización de funciones especiales que exponen al servidor o de la servidora a un riesgo mayor y directo de su integridad física, es decir, a favor de una élite policial más especializada. Apunta que las funciones desempeñadas por el demandante no le dan derecho al reconocimiento del sobresueldo porque no implican un mayor riesgo a su integridad. Reitera que el actor debió acreditar el tipo de funciones realizadas, lo que no hizo. Cita el artículo 57 constitucional, relativo al principio de igualdad salarial, y aduce que se estarían reconociendo como iguales situaciones que no son tales. A su parecer, el órgano jurisdiccional se arrogó competencias administrativas, que atañen a la definición de las condiciones y requisitos para la procedencia de un determinado incentivo salarial. Agrega que, a la luz de las reglas de la sana crítica, debió concluirse que no hay elementos suficientes que demuestren la realización de funciones de alto riesgo y peligrosidad que comprometan la vida o integridad física del accionante, diferentes de aquellas cubiertas por el riesgo policial. En otro orden de ideas, arguye que no se ponderó la aplicación del inciso 1), del canon 563 del Código de Trabajo, conforme al cual debe eximirse del pago de las costas a la parte vencida que haya procedido con evidente buena fe, como es el caso de su representado. Solicita que se revoque el fallo y se declare sin lugar la demanda.
III.- ANÁLISIS DEL CASO: Los reparos formulados por el recurrente en cuanto a la inexistencia de pruebas en relación con el cumplimiento por parte del actor de funciones de alto riesgo no resulta admisible. El debate no ha transcurrido sobre esa línea y, en cualquier caso, sí existen pruebas de los puestos que ha desempeñado el actor durante el curso de su vínculo con el Estado, cuyas funciones están debidamente descritas en el Manual de Clases Policiales. El tema de si estas guardan correspondencia o no con las que al parecer del recurrente dan derecho al reconocimiento del incentivo por operaciones de alto riesgo es una cuestión distinta, de valoración, diferente al de un supuesto incumplimiento de las cargas probatorias. En relación con lo que atañe al fondo del asunto, debe indicarse que esta Sala ha tenido la oportunidad de conocer asuntos similares al presente y ha concluido que la negativa de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria de extender el pago del sobresueldo a otros cuerpos policiales resulta contraria a derecho, en tanto las personas integrantes de otras fuerzas de policía se encuentran en los supuestos de hecho que se previeron en el acuerdo que autorizó ese plus, razón por la cual tienen derecho a las mismas consecuencias jurídicas. En efecto, el acuerdo de creación del sobresueldo se previó para aquellas personas servidoras cuyas funciones y competencias se enmarcan en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, que corresponden a las asignadas a las Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural. Ese numeral regula las atribuciones de esos cuerpos policiales así: “a) Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial. /b) Mantener la tranquilidad y el orden públicos. /c) Velar por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la República. /d) Mantener el respeto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes de la República. /e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional.” En el presente caso, de la prueba traída al expediente, se sigue que el demandante ha ocupado los cargos de Agente 1, Agente 1 FP y últimamente se desempeña en la clase de Suboficial 1 (FP), ocupando el puesto de Encargado de Equipo de Fronteras. De conformidad con la constancia laboral aportada, el tipo de función es policial, así como su naturaleza. Expuesto lo anterior, debe hacerse ver que el artículo 4 de la Ley General de Policía estipula que “Las fuerzas de policía estarán al servicio de la comunidad; se encargarán de vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas en la forma en que se determina en el ordenamiento jurídico”. En el numeral 8 siguiente se regulan las atribuciones de las fuerzas policiales, entre las cuales cabe destacar las que guardan plena correspondencia con las reguladas en el numeral 22 transcrito: “a) Resguardar el orden constitucional. / b) Prevenir potenciales violaciones de la integridad territorial de la República. /c) Velar por la integridad de los bienes y los derechos de la ciudadanía. /d) Asegurar la vigilancia y el mantenimiento del orden público. […]” De esa manera, aun cuando la Policía de Fronteras tiene como competencia específica resguardar la soberanía territorial y sus atribuciones concretas son las de “a) Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, las marítimas y las aéreas, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias. /b) Velar por el respeto a la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes garantes de la integridad del territorio nacional, las aguas territoriales, la plataforma continental, el mar patrimonial o la zona económica exclusiva, el espacio aéreo y el ejercicio de los derechos correspondientes al Estado” (artículos 23 y 24 ídem), eso no la excluye del cumplimiento de aquellas otras competencias generales, que concuerdan con las reguladas en el canon 22 de cita. Lo anterior permite concluir que las funciones policiales del accionante son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de las entonces Guarda Civil y Guarda de Asistencia Rural, es decir, las enmarcadas en el numeral 22 de la Ley General de Policía. No puede dejar de advertirse que el Manual de Clases Policiales comienza por exponer las atribuciones generales de todas las fuerzas de policía, las cuales guardan correspondencia con las reguladas en el referido artículo 22. Además, cabe destacar que el puesto desempeñado por el actor le exige asignar, coordinar, supervisar, controlar y orientar las operaciones del personal, así como participar en su ejecución. En la descripción de las actividades genéricas del cargo se enumeran, entre otras, las siguientes: “Realizar acciones de prevención y represión en su área de jurisdicción, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, evasión fiscal, trata de personas en sus diferentes modalidades y acciones tendientes a la protección del patrimonio natural. / Atender y/o gestionar la solución de situaciones de emergencia, propias de su ámbito de acción. /Apoyar las actividades, planes y programas de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta las necesidades del servicio policial. /Actuar de manera eficaz ante los requerimientos de los ciudadanos... /Apoyar a otras dependencias y unidades policiales y actuar en situaciones especiales, a fin de restablecer el orden público, así como en actividades de rescate, en casos de emergencia y desastres naturales o provocados por el ser humano. /Participar en las operaciones ordinarias y extraordinarias que se realicen en el área de jurisdicción a nivel nacional en el ejercicio de la labor policial y brindar la asistencia en el campo de actividad.” Con base en lo anterior, el argumento del recurrente, en el sentido de que el actor no está en situación de igualdad que permita reconocer el relacionado sobresueldo carece de sustento. Con lo expuesto se descarta una aplicación incorrecta del principio de igualdad, en tanto se ha considerado que las condiciones entre una fuerza policial y otra no admiten diferencias en torno al ejercicio de funciones que dan base al reconocimiento del sobresueldo. Por esa misma razón, no se estima que medie una invasión de las competencias administrativas, sino la correcta aplicación de la normativa creadora de un incentivo, en atención al principio de igualdad salarial. El recurrente arguye que el plus por operaciones de alto riesgo se previó para un cuerpo de policía destinado a realizar allanamientos, atender situaciones de crisis, ejecutar acciones antiterroristas y dar protección a figuras públicas o visitantes oficiales. Sin embargo, su planteamiento decae en cuanto el acuerdo por el cual se aprobó la creación del incentivo, en forma expresa, señaló: “Comunicar al Ministerio de Seguridad Pública, que se establece la valoración del incentivo de 'Operaciones de Alto Riesgo' en un monto de ¢3.500 para aquellos funcionarios cuyas competencias y funciones están enmarcadas en los artículos 21° y 22° de la Ley N° 7410, que ocupen puestos policiales. Este incremento se revalorará de conformidad con los ajustes en el costo de la vida decretados por el Poder Ejecutivo”. Como se observa, el parámetro fue la realización de funciones policiales y competencias reguladas en los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía y no la situación invocada por el recurrente. El incentivo se estableció para todas las personas servidoras policiales cuyas funciones se enmarcan en los supuestos de los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, ante la posibilidad de que pudieran ser llamados a realizar el tipo de tareas que refiere el recurrente, pero no porque estuvieran ejerciendo ese tipo de labores de forma permanente y continua; las cuales, en todo caso, por su naturaleza, no presentan esos caracteres de continuidad y permanencia. Como se dijo, las personas integrantes de la Policía de Fronteras tienen asignadas funciones equiparables a las reguladas en esos artículos 21 y 22 relacionados, por lo que también pueden ser requeridas para la realización de esas actividades especiales y más riesgosas, que no son exclusivas de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural (Fuerza Pública). Por último, debe señalarse que la circunstancia de que al actor se le reconozca el sobresueldo por riesgo policial no excluye la posibilidad de que se le otorgue este otro incentivo, en tanto uno y otro compensan factores diferentes, con lo cual tampoco se observa que se desnaturalice la finalidad del incentivo en cuestión. Como lo ha alegado la parte accionada, uno se paga por la peligrosidad de la función policial y, el otro, por la posibilidad de ser llamado a participar en operaciones policiales más riesgosas, lo que deviene de su condición de ejercer funciones policiales semejantes a las reguladas en el numeral 22 de la Ley General de Policía.
IV.- COSTAS: En el presente caso, las pretensiones formuladas por la parte actora fueron acogidas en su totalidad. La representación del Estado arguye que ha procedido de buena fe, por lo que debe exonerársele del pago de esos gastos. El agravio no puede acogerse. Como se advirtió, la parte accionada resultó vencida en todas las pretensiones y la norma prevé la facultad de exonerar del pago a la parte vencida cuando la buena fe procesal de esta última resulte evidente. No se trata de un deber de la persona juzgadora sino del ejercicio de una facultad. En el caso, la representación del ente demandado ha mostrado oposición a pretensiones que se evidencian legítimas, sin que se observe ninguna razón justificada que haga posible absolverla del deber de retribuir a la contraparte los gastos en que esta tuvo incurrir para la defensa de su derecho. Por consiguiente, no se advierten razones que hagan posible resolver el asunto sin especial sanción en costas.
V.- CONSIDERACIONES FINALES: Como corolario de lo expuesto, el recurso debe ser declarado sin lugar.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2021-000913

JARIAS/DMENESES

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EXP: 20-000079-1178-LA

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