Sentencia Nº 2021-000953 de Sala Segunda de la Corte, 05-05-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-000953
Número de expediente14-000826-1178-LA
*140008261178LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 14-000826-1178-LA
Res: 2021-000953
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cuarenta minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], soltero, educador, domicilio ignorado, contra el ESTADO, representado por su procurador asesor el licenciado Ricardo Vargas Vásquez, y el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, representado por su apoderado general judicial el licenciado Juan Luis Cantillano Vargas, soltero, vecino de Heredia. Figuran como apoderados especiales judiciales; del actor, el licenciado Juan Carlos Brenes Retana, estado civil desconocido, y del Instituto co-demandado, la licenciada Mariela Moncada Rojas, vecina de Alajuela. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de San José, con las excepciones indicadas.
RESULTANDO:
1.- El actor, en escrito de demanda de fecha trece de marzo de dos mil catorce, promovió la presente acción para que en sentencia se declare que la fórmula de revisión del salario base dispuesta en la circular DG-078-89, constituye un derecho adquirido, por lo que debe continuar aplicándose en las revaloraciones que se determinen en su salario base, se condene a los demandados al pago de todas las diferencias económicas generadas en el salario base, beneficios salariales calculados a partir del salario, así como restantes beneficios laborales como el aguinaldo, vacaciones y salario escolar, aplicar la fórmula de revisión del salario base dispuesta en la citada circular, pago de intereses, indexación y ambas costas del proceso.
2.- El Instituto co-demandado contestó la acción en memorial de fecha catorce de mayo de dos mil catorce y opuso la excepción de falta de derecho.
3.- El representante estatal contestó la acción en memorial de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce y opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación pasiva.
4.- El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las diez horas cuarenta minutos del veinte de agosto de dos mil quince, dispuso: "Por las razones expuestas y conforme a los artículos 6 y 11 de la Ley General de la Administración Pública, artículos 490, 585 siguientes y concordantes del Código de Trabajo, Art.1 y ss de la Ley n° 6868, se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la demanda interpuesta por [Nombre 001], portador de la cédula de identidad número [Valor 001], contra INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, cédula de persona jurídica número [Valor 002], y del ESTADO. Cuestiones de Procedimiento: Se tiene por atendida la audiencia otorgada a las partes codemandadas de la resolución de las 15:01 hrs. del 22 de julio de 2015. Se acoge la excepción de Falta de Derecho opuesta por ambas codemandadas, así como la de Falta de Legitimación ad causam pasiva invocada por la representación estatal. Por improcedente se rechaza declarar que la fórmula de revisión del salario base dispuesta en la circular DG-078-89 constituye derecho adquirido alguno. Por lo que consecuentemente es improcedente la aplicación de revaloraciones, reconocimiento de diferencias económicas generadas en el salario base, beneficios derivados y restantes (aguinaldo, vacaciones, salario escolar), o de aplicar la fórmula de revisión de salario dispuesta en la fórmula DG-078-89. Por ser accesorio igualmente es improcedente reconocimiento alguno respecto a intereses o indexación, costas personales y procesales. Estima el suscrito que en razón de la naturaleza de las pretensiones y el fundamento invocado, se está frente a un supuesto de evidente Buena Fe por parte de la parte actora. En razón de lo anterior, se le exime del pago de ambas costas; todo de conformidad con lo dispuesto en el numeral 222 del Código Procesal Civil" . (Sic).
5.- El apoderado especial judicial del actor apeló y el representante del Estado se adhirió. El Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por sentencia de las nueve horas veinticinco minutos del cinco de diciembre de dos mil diecinueve, resolvió: " No existiendo vicios u omisiones capaces de producir nulidad o indefensión. Se revoca parcialmente el fallo. Se rechaza la prueba para mejor resolver. Se condena al actor a pagar ambas costas del proceso, fijándose las personales en la suma prudencial de trescientos mil colones. En lo demás, se confirma el fallo" . (Sic).
6.- El apoderado especial judicial del actor formuló recurso para ante esta Sala, en escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, el cual se fundamenta en las razones que de seguido se dirán en la parte considerativa.
7.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,
CONSIDERANDO:
I.- AGRAVIOS: Recurre el apoderado especial judicial del actor y fundamenta su inconformidad de la siguiente forma: señala indebida valoración de la prueba. Cita como erróneamente valorada: 1) la certificación del INA n.° PSA-CERT 976-2013, que expresamente ubica el ingreso del actor al INA en el año 1987, detallando los puestos desempeñados y los salarios percibidos; 2) la resolución DG-078-89, así como las circulares posteriores en las cuales se efectuó la aplicación del sistema salarial creado en 1989. Esta “prueba permite deducir la circular DG-080, están efectuando aplicación de la fórmula de revisión salarial contemplada en la circular DG-078-89”. 3) El peritaje base del proceso de ejecución de sentencia con ocasión del juicio 95-1042-214-LA, documento que permite acreditar la aplicación simultánea en los trabajadores del INA, del sistema salarial dispuesto por la mencionada circular, así como de la cláusula seis del laudo del INA. 4) Las resoluciones del laudo del INA, de las cuales se extrae con claridad que el efecto salarial del laudo de referencia fue generado por las cláusulas primera y sexta, en cuanto a la cláusula primera se encuentra referida específicamente a la circular DG-078-89; y la sexta está relacionada con un sistema de incremento salarial basado en la inflación. Al encontrarse citadas esas resoluciones en el propio laudo, se encontraban vigentes con anterioridad al citado instrumento colectivo. 5) La sentencia n.° 77-2012-VI de las 7:35 horas del 9 de mayo de 2012 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Menciona que estos elementos fueron erróneamente valorados y permiten modificar totalmente las conclusiones del Tribunal referente a la inexistencia de prueba sobre la aplicación de la circular DG-078-89 en el ámbito del INA, conclusión que estima es errónea por varias razones: porque esta circular fue puesta en vigencia antes del laudo del INA, con lo cual el sistema salarial del servicio civil ya le resultaba aplicable previo a la emisión del laudo. La certificación PSA-CERT-976-2013 estableció que el actor se encuentra dentro de los presupuestos de la circular DG-078-89 desde la emisión de ese instrumento y, por otro lado, la existencia de un salario diferenciado como funcionario del INA hasta el 2007. Reclama una aplicación equivocada de la jurisprudencia constitucional atinente en materia de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas por el que un cambio en el ordenamiento jurídico no puede ir en perjuicio de los efectos alcanzados por las personas con base en la normativa anterior. Asegura que el contenido del voto constitucional n.° 3285-92 denota la existencia de una posición de minoría contraria a la prórroga a futuro de los beneficios de los laudos, no obstante, la posición de mayoría resultó totalmente contraria, lo cual fue aclarado por esta Sala Segunda en votos posteriores sobre este tema, dentro de los que cita el número 2014-972. Insiste en que estos votos permiten demostrar que el sistema salarial establecido por la mencionada circular tiene las condiciones para la consideración de derecho adquirido; que el fallo ha generado una discriminación al actor a quien a pesar de estar protegida por el régimen de Servicio Civil no se le aplica una disposición creada para los funcionarios incorporados al mismo.
II.- ANTECEDENTES: El actor manifestó que labora para el accionado desde 1987, desempeñándose en la actualidad en un puesto de Formador para el Trabajo 1 D, y que el sistema de clasificación de puestos en el Instituto Nacional de Aprendizaje (en adelante INA) se encuentra regulado por el Servicio Civil, lo que implica que las revaloraciones salariales en el esa institución se rigen por las resoluciones que dicta La Dirección General. Dijo que, en cuanto a aumentos salariales para los profesionales, en el año 1989 la Dirección General de Servicio Civil emitió la resolución DG-078-89 que contenía una fórmula de revaloración salarial a las personas servidoras con ese tipo de puestos. Explicó que el Tribunal de Arbitraje del Tercer Circuito Judicial de San José mediante sentencia de las 17 horas del 27 de junio de 1989, resolvió un proceso arbitral para un grupo de personas funcionarias del INA, la cual fue aclarada y adicionada, y al actor se le aplicaron los beneficios del laudo mediante sentencia del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, de las 15:19 horas del 27 de noviembre de 2000, aclarada por el Tribunal y confirmada por la sentencia de esta Sala n.° 2003-549 de las 10:10 horas del 10 de octubre de 2003. Expuso que la sentencia del laudo dispuso la modificación de los salarios base de las personas trabajadoras cubiertas por el mismo, sujetándose a la resolución del Servicio Civil n.° DG-078-89, y durante la vigencia de esa resolución se le aplicaron revisiones a su salario. Aseguró que al derogarse la resolución DG-078-89 en el año 1994 por la DG-046-94, dejó aplicársele la fórmula de revaloración salarial, lo que generó que siguiere recibiendo aumentos salariales inferiores. Solicitó que se disponga una responsabilidad solidaria de los demandados y que la fórmula de revisión del salario base contenida en la resolución DG-078-89 constituye un derecho adquirido, por lo que debe seguir aplicándosele en sus revaloraciones salariales, pago de diferencias en los extremos de salarios base, aguinaldo, vacaciones y salario escolar generados con ocasión de su derogatoria; intereses, indexación y ambas costas. El apoderado general judicial del INA contestó negativamente, opuso la excepción de falta de derecho, pidió que se declare sin lugar la demanda y se condene al actor al pago de ambas costas. El representante estatal formuló las defensas de falta de derecho y falta de legitimación pasiva. Pidió que se declare sin lugar la demanda y se condene al actor al pago de ambas costas. El juzgado acogió las excepciones opuestas; declaró sin lugar la demanda y resolvió sin especial condenatoria en costas. Ambas partes apelaron el fallo. El Tribunal lo revocó parcialmente en cuanto a la absolutoria en costas; en su lugar condenó al actor al pago de esos gastos. Fijó los honorarios de abogado trescientos mil colones.
III.- FONDO DEL CASO: Vistos los agravios planteados en el recurso, la Sala estima que al recurrente no le asiste razón en sus reproches. De los autos se infiere que la fórmula establecida en la resolución DG-078-89 no fue directamente aplicada a los funcionarios del INA. Sobre el particular, no es cierto que el Tribunal no ponderara los documentos aportados por el actor, particularmente la certificación y el informe técnico aportado. El tema es que, la certificación tan sólo relaciona los salarios percibidos por el actor durante su relación laboral y el informe técnico fue elaborado a gestión de la parte que promueve la acción, es decir, no es un documento elaborado por alguna instancia administrativa de los demandados para poder concluir que su contenido es el que corresponde. En este sentido, no existe prueba que demuestre que la indicada resolución fuera de aplicación directa para las personas funcionarias del Instituto Nacional de Aprendizaje, sino que esta se tomó como referencia para los aumentos salariales del personal de esa entidad de conformidad con el laudo que tuvo su origen en lo que a continuación se explicará. En un proceso arbitral promovido por un grupo de personas trabajadoras del Instituto Nacional de Aprendizaje (“Diligencias de Arbitraje seguidas ante el Tribunal de Arbitraje del Circuito Tercero de Trabajo de San José por los empleados profesionales con grado de Licenciatura y Bachilleres del Instituto Nacional de Aprendizaje” ), el Tribunal de Arbitraje del Circuito Tercero de San José, dictó la resolución de las 17:00 horas del 26 de junio de 1989, la cual fue modificada posteriormente por la resolución n.º 47 de las 11:00 horas del 26 de enero de 1990 de la Sección Primera del Tribunal de Trabajo de San José y adicionada mediante la número 304 de las 15:00 horas del 28 de mayo de 1990. En ese laudo arbitral, específicamente en la cláusula primera se indicó: “Debe el Instituto Nacional de Aprendizaje ajustar los salarios base de los profesionales: Técnico y Profesional 1, 2 y 3; Profesional 1, 2 y 3; Profesional Jefe 1, 2 y 3; así como Director General para ajustarlos a los salarios base que al respecto ha determinado la Dirección General de Servicio Civil, mediante resolución DG-078-89, entre otras”. Luego, en resolución número 304 de las 15:00 horas del 28 de mayo de 1990 se adicionó el fallo en cuestión en el sentido de que los reajustes de los sueldos del jefe técnico y profesional 1, 2 y 3 deberán hacerse efectivos con base en el pronunciamiento número DG-080-89 de la Dirección General del Servicio Civil. Por otra parte, en la cláusula sexta, se estableció un mecanismo de reajuste salarial a la base de las clases profesionales, según el índice de inflación promedio anual de la economía nacional. Dicho instrumento estuvo vigente por un corto período de tiempo, a saber: desde enero de 1989 hasta diciembre de 1991. Se trató de una norma de aplicación especial para las y los profesionales que laboraban para ese entonces en el INA y que se encontraran en los supuestos de esa resolución. En ese sentido, debe enfatizarse que la disposición emitida por la Dirección General de Servicio Civil n.º DG-078-89 fue una norma de carácter general que nació como consecuencia de un laudo que cubría a los profesionales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de ahí que, para efectos de los servidores del INA, primaba el clausulado de su propio laudo. Cuando este perdió vigencia se dejó de aplicar el reajuste salarial. Ello provocó que un nutrido grupo de personas funcionarias entablaran un proceso ordinario donde se solicitó principalmente el pago de la diferencia efectiva entre el salario base fijado por la Dirección General del Servicio Civil y el salario base derivado de la aplicación de la cláusula sexta del laudo arbitral que en su momento estuvo vigente en la entidad accionada. Además, requirieron que el pago de esas diferencias se efectuara desde el 1° de enero de 1992 en adelante, incluso hasta que concluyera la relación laboral de cada uno de las y los actores. En esa oportunidad, esta Sala, mediante la sentencia n.° 549 de las 10:10 horas del 10 de octubre de 2003, se pronunció acerca del tema de los derechos adquiridos a la luz de la declaratoria de inconstitucionalidad de los laudos arbitrales en el sector público al considerar lo siguiente: “Bajo esta perspectiva, se llega a la conclusión, de que la entidad accionada, no lleva razón en su agravio, toda vez que los incrementos efectuados al salario base de los accionantes - durante el período en que se aplicó el laudo-, constituyen un derecho adquirido que se incorporó en sus contratos de trabajo, en razón de que disfrutaron de ese beneficio. Lo que significa que dichos aumentos obtenidos mediante el Laudo hasta el 10 de julio de 1992, se les debía mantener, sea que esos aumentos cuyos efectos ya se habían producido al amparo de la norma - laudo- que fue declarada inconstitucional, se debían proteger, porque el rubro correspondiente ya formaba parte del salario que se venía aplicando y por lo tanto debía mantenerse como derecho adquirido. Dentro de esta línea de pensamiento, la declaratoria de nulidad de ese laudo, como bien lo señala el Tribunal, no afecta ese incremento salarial porque, como reiteramos, constituye un derecho adquirido, dado que fue debidamente percibido por ellos. Lo contrario ocurre, con la aplicación de la cláusula sexta del laudo, porque no existe sustento normativo para concederlo; pues, para que sea reconocido, necesariamente, debe acudirse al texto del ‘Laudo’; por lo que, conforme a la aclaración de la Sala Constitucional, no estamos en presencia de un típico derecho adquirido”. Y siguiendo ese razonamiento, en aquella ocasión se confirmó la resolución que condenaba al Instituto Nacional de Aprendizaje a reconocer como derecho adquirido la diferencia efectiva entre el salario base pagado y el que derivaba de la aplicación de la cláusula sexta del laudo, pero hasta la fecha en que este perdió sus efectos. Del voto 549-2003 se desprende que la Sala sí analizó lo referente al reajuste ordenado en la cláusula primera del laudo y no solo el reajuste por índice de inflación establecido en la cláusula sexta. Además, hizo referencia a la pérdida de los efectos de ese instrumento colectivo en virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad dispuesta por la Sala Constitucional. En ese sentido, se mencionó lo siguiente: “… se debe tomar en cuenta que dichos laudos fueron declarados inconstitucionales en el sector público, mediante el voto de la Sala Constitucional número 1696-92, de las 15:30 horas del 23 de agosto de 1.992, aclarado por el número 3285-92, de las 15:00 horas del 30 de octubre de 1.992. Por ende, no es posible que los accionantes tengan derechos adquiridos derivados de ese laudo, dado que estos derechos, únicamente se circunscriben a aquellos beneficios que ingresen efectivamente en el patrimonio de los gestionantes”. En un voto más reciente, se analizó la procedencia de la pretensión de otro grupo de profesionales de la institución accionada quienes requerían se declarara su derecho al reconocimiento de la diferencia efectiva entre el salario base fijado por la Dirección General de Servicio Civil mediante resolución DG-107-92 del 15 de julio de 1992, y el salario base que debió ser aplicado de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de la esta Sala número 549-2003 de las 10:00 horas del diez de octubre de 2003. Dicha petitoria fue denegada argumentándose lo siguiente: “Ahora bien, siendo esto así, no podrían los gestionantes de la presente litis pretender que se les reconozca lo pedido con fundamento en aquel proceso, pues, tal como lo han planteado desde la demanda, su situación es igual a la de quienes fueron excluidos del mismo (no eran trabajadores o no ocupaban los puestos y categorías a que el laudo se refería), por ende, diferente a la de quienes resultaron favorecidos con aquella sentencia. Consecuentemente, si los supuestos de hecho que los aquí actores tenían durante la vigencia del laudo, eran distintos a los que fueron considerados para el reconocimiento de derechos adquiridos (a los gestionantes del proceso que culminó con la sentencia 549-2003), no podría, con base en esa sentencia, accederse a lo que aquí han reclamado. De manera que, a nada conduciría el análisis de reproche sobre el supuesto desvío en el estudio de los efectos de las sentencias colectivas que se acusa, porque, como queda dicho, la sentencia en la que se fundamenta la demanda, no les otorga a los aquí actores base jurídica para sostener sus reclamos. Por otra parte además de que las diferencias salariales detectadas obedecen a situaciones fácticas distintas en razón de las acciones legales emprendidas por otros trabajadores de la institución y por las sentencias de la Sala Constitucional y por eso no viola el principio de igualdad, la sentencia dictada en un proceso ordinario que favoreció a terceros no es, como lo alega el recurrente, una sentencia colectiva, con los alcances que pretende, pues no es un laudo arbitral, sino una sentencia firme dictada en un proceso ordinario en que se declararon una serie de derechos adquiridos en razón de la vigencia de un laudo anterior (que estuvo vigente por un corto período), y que, consecuentemente, solo afecta a las partes del mismo”. (Voto número 252, de las 09:35 horas del 13 de marzo de 2013). El hecho de que todas las personas funcionarias del INA que formaron parte de los procesos mencionados, acudieran a estrados judiciales pidiendo las diferencias por reajuste de salario con sustento en la cláusula sexta del laudo del Instituto que otrora estuviera vigente, viene a desvirtuar que la revaloración salarial se hacía conforme a la resolución de la Dirección General de Servicio Civil DG-078-89, como lo alega el actor en el sub litem. Además, llama la atención que el señor [Nombre 001] -uno de los beneficiados con la sentencia de esta Sala n.° 549 de las 10:10 horas del 10 de octubre de 2003- pretenda ahora se declare que tiene un derecho adquirido a las revaloraciones de su salario a la luz de otra normativa. Por su parte, no es cierto que el Tribunal no analizara la certificación del INA PSA-CERT-976-2013, la resolución DG-078-89, el peritaje del proceso de ejecución de sentencia con ocasión del juicio 95-001042-0214-LA, las resoluciones del laudo del INA, pues el fallo determina como un hecho demostrado que la actora es funcionaria del Instituto desde el año 1987 como Profesional 1 (hecho demostrado de la sentencia de primera instancia avalado por el Tribunal), menciona en repetidas ocasiones la fórmula DG-078-89, alude e incluso transcribe parte del voto n.° 549-2003 de esta Sala mencionado supra, del cual infiere importantes conclusiones. Por esto, el recurrente no acierta al indicar que estos documentos y resoluciones no fueron considerados por el órgano de alzada o, que en su valoración se incurrió en un yerro que motivó una inadecuada conclusión. En razón de lo expuesto, el demandante no puede derivar ningún derecho independiente y directamente de la resolución DG-078-89, dado que nunca se le aplicó la fórmula en cuestión de forma directa y no es cierto que su derecho derive propiamente de esa decisión administrativa, sino más bien del laudo ulteriormente declarado inconstitucional y desaparecido con ello de la vida jurídica. Por esa razón, no se deja al demandante sin un mecanismo para la determinación de su salario, ni tampoco se genera discriminación alguna. Siendo que el actor no tenía un derecho adquirido a la aplicación de la fórmula DG-078-89, por no haber sido un beneficiario directo de esa actuación administrativa, los criterios jurisprudenciales que cita en su defensa sobre derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas no le son de utilidad. En consecuencia, no se observan las violaciones a la normativa ni los errores de valoración probatoria que acusa el recurrente, por lo que debe mantenerse lo resuelto.
IV.- CONSIDERACIONES FINALES: En razón de lo anterior, procede confirmar el fallo recurrido.
POR TANTO:
Se confirma la sentencia impugnada.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2021-000953
RSANCHOL/RPC
1
EXP: 14-000826-1178-LA

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