Sentencia Nº 2021-000958 de Sala Segunda de la Corte, 05-05-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente17-000196-1430-LA
Número de sentencia2021-000958
*170001961430LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 17-000196-1430-LA
Res: 2021-000958
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas cinco minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, por [Nombre 001], pensionado, vecino de Puntarenas, contra el ESTADO, representado por su procurador adjunto el licenciado Álvaro Fonseca Vargas, vecino de Cartago. Ambos mayores y solteros.
Redacta la Magistrada Varela Araya; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: Con la demanda, el actor pretende se ordene al Estado, el reconocimiento a su favor, del incentivo salarial por Alto Riesgo, desde el inicio de la relación, como Encargado de Subgrupo Operativo Policial, cargo que desempeñó por aproximadamente nueve años y que nunca se le reconoció. Reclama además, el pago de daños y perjuicios; honorarios de abogado; los intereses sobre las sumas adeudadas, desde su ingreso al Ministerio hasta cuando se le comenzó a pagar. La representación estatal se opuso a tales pretensiones porque el actor no acredita que desde su puesto de Agente I FP, realizara funciones catalogadas como de Alto Riesgo. Además, mencionó que tampoco le asisten las diferencias al puesto que reclama, porque no demuestra el cumplimiento de los requisitos necesarios. Opuso la excepción de falta de derecho. El Juzgado Civil y Trabajo del II Circuito Judicial Zona Sur (Corredores), por sentencia número 2019-163 de las 15:16 horas del 7 de noviembre de 2019, acogió la citada defensa en cuanto a las diferencias salariales reclamadas y acogió parcialmente la demanda, al ordenarle al Estado, reconocerle al actor, el pago retroactivo del incentivo por Alto Riesgo desde cuando fue nombrado en la clase Agente I (FP), a partir del primero de enero de 2012 hasta la fecha de su jubilación, el 1° de julio de 2017; conjuntamente con el pago de intereses y la indexación de esas sumas. Contra esa decisión recurren ambas partes.
II.- RECURSO DEL ACTOR: 1) La parte actora protesta la falta de reconocimiento de las costas procesales y personales, al haber tenido que incurrir en muchos gastos para presentar la demanda y proseguir con el proceso. 2) Protesta la fecha a partir de la cual fue ordenado el pago del incentivo por Alto Riesgo, el cual fue creado el 10 de abril de 2000 y nunca le fue reconocido, por lo que su derecho le corresponde desde esa fecha y no desde el 2012, como se ordenó en sentencia. 3) Con relación a las diferencias salariales entre el puesto de Agente 1FP y el que dice haber desempeñado, sea como Sub-Oficial II, estima que el juzgado no tomó las consideraciones de ley, al argumentar que su persona carecía de los requisitos y estudios, lo cual nunca fue obstáculo para el desempeño de sus funciones. Solicita se tome en cuenta el puesto de Sub-Oficial II, según el nuevo Manual de Puestos del MSP, por lo que considera necesario se requiera al Departamento Legal o al Departamento de Incentivos y Beneficios del MSP. Pide la revocatoria del fallo en cuanto le denegó tales extremos. RECURSO DEL ESTADO: Se alega una indebida valoración del régimen probatorio en violación del artículo 481 del Código de Trabajo, particularmente de la prueba documental aportada por el Estado. Alega la inexistencia de elementos probatorios que permitan establecer que el actor participara en operaciones de alto riesgo, según lo dispuesto por la resolución STAP-0683-2000 del 12 de abril de 2000 de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, desde el 01 de enero de 2012 y hasta su jubilación, con lo cual estima violado el artículo 481 del Código de Trabajo. Que conforme al Reglamento Pago Riesgo Policial este incentivo se fundamenta en que las labores implican un riesgo para su integridad en razón de una mayor peligrosidad, a diferencia del incentivo por riesgo policial, al que no se puede equiparar. Insiste en que el Alto Riesgo es para aquellos miembros de las fuerzas policiales que realicen funciones propiamente policiales y que a su vez participen en operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, funciones que el actor no demostró cumplir. Se incurre en violación al ordenamiento jurídico y a derechos constitucionales al reconocerse como iguales a quienes claramente no lo son; que los tribunales se estarían atribuyendo funciones que no les competen. Que conforme a las reglas dispuestas por ese artículo 481 del Código de Trabajo, la conclusión a la que debió llegarse fue la inexistencia de elementos probatorios suficientes acerca del desempeño de esas labores. 2) Acusa una indebida interpretación del artículo 565 del Código de trabajo, por cuanto dicho artículo es aplicable únicamente cuando la misma sentencia condena al pago de una suma líquida. Como en este caso no se trata de la condena a una suma específica, sino que esta debe ser establecida en sede administrativa, no sería procedente otorgar la indexación, sino únicamente lo correspondiente a intereses. Menciona que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha interpretado la improcedencia del pago de intereses e indexación sobre un mismo rubro, porque son equivalentes en tanto ambos contemplan el factor inflación con el objetivo de actualizar el valor de la moneda por el transcurso del tiempo. Con base en estas consideraciones solicita se admita el recurso interpuesto; se revoque el fallo y en su lugar se declare sin lugar la demanda, en todos sus extremos laborales acogiendo la excepción interpuesta por esa representación.
III.- DEL RECURSO DEL ACTOR: 1) DE LA VIGENCIA DEL BENEFICIO: No resulta atendible el recurso de esa parte, en cuanto a la vigencia del beneficio. El Juzgado tuvo por acreditado -en el sexto hecho probado-, que el actor laboró como Agente 1 (FP) desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2017. El sustento por el cual, acogió el pago del sobresueldo reclamado es que en ese puesto de AGENTE 1FP, el accionante estaba expuesto a los riesgos que retribuye el sobresueldo por Alto Riesgo. Bajo esa consideración, otorgó el beneficio a partir del momento cuando se dio el nombramiento en ese cargo. En el recurso no se objeta la fecha de nombramiento en ese puesto como tampoco se exponen razones por las cuales, antes de ello, el actor debiera recibir ese beneficio. Como no se exponen razones que permitan modificar lo sentenciado (artículo 590 del Código de Trabajo), ese concreto agravio resulta inadmisible. 2) DEL RECLAMO DE DIFERENCIAS SALARIALES: Esta pretensión fue denegada al tenerse por acreditado que el actor no cumplía con los requisitos exigidos por el Manual de Puestos, para el cargo de Sub Oficial II, a saber: Bachiller en Educación Media, curso básico policial, cursos de inspector y Sargento de Policía; Grado de Sargento de Policía; permiso de portación de armas vigente; y cursos o conocimiento en el manejo de paquetes informáticos actualizados de uso o interés institucional debidamente certificados. El recurrente no se opone a esa conclusión, solo menciona que aún sin esos requisitos, el actor cumplió esas funciones. Sobre el particular, debe mencionarse que efectivamente, conforme se resolvió en el fallo, la carencia de los requisitos exigidos por los manuales de puestos, para el acceso a un puesto, impide el reconocimiento del salario correspondiente a ese cargo. Así lo ha resuelto la mayoría de esta Sala en reiterados pronunciamientos, entre otros en los votos número 965-2018 de las 9:50 horas del 14 de junio de 2018; y 1093-2018 de las 11:29 horas del 29 de junio de 2018, criterio confirmado por la Sala Constitucional en su voto 11.169-2020 de las 16:02 horas del 17 de junio de 2020. Finalmente, en relación con este mismo agravio debe señalarse que su petición, para que se ponderen las condiciones del puesto de Sub-Oficial II, según el nuevo Manual de Puestos del MSP, resulta inatendible, por novedosa, es decir, porque esa petición no formó parte del debate. De conformidad con el artículo 589 del Código de Trabajo, ante la Sala no podrán ser objeto de casación, cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente. 3) DE LA EXONERACIÓN EN COSTAS: En la parte dispositiva del fallo no se realizó pronunciamiento en cuanto al tema de las costas, aunque en el Considerando XI, se indicaron las razones por las cuales se debía eximir al demandado, del pago de ese rubro, en lo fundamental, el hecho de que las proposiciones prosperaron solo parcialmente. En este aspecto, la Sala concuerda con el juzgador A quo, por cuanto el fallo implicó el rechazo de una de las pretensiones fundamentales de la demanda, supuesto en el cual, el artículo 563 inciso 2 del Código de Trabajo, autoriza eximir a la parte vencida, del pago de esos gastos. Por estas razones, lo resuelto en ese aspecto también se estima acertado y el recurso de esa parte deberá ser denegado. DEL RECURSO DEL ESTADO: Las alegaciones que formula la representación del Estado en relación con la falta de acreditación de las labores que tornan procedente el sobresueldo por Alto Riesgo, no son de recibo, por cuanto está claro que su nombramiento al servicio del Ministerio de Seguridad Pública fue como Agente I, destacado en la Delegación Policial de Golfito, desde el primero de enero de 2012. Al amparo del Manual de Clases Policiales el juzgado tuvo por acreditadas las funciones que él realizaba en ese puesto, razonamiento que se estima correcto precisamente al amparo del mismo principio de legalidad invocado, conforme al cual, si el actor estaba formalmente nombrado en el cargo de Agente 1, lo razonable es entender que las funciones propias y naturales a ese puesto eran las descritas en el Manual de Clases, correspondiéndole a la demandada demostrar lo contrario. Por esta razón, no ha incurrido el despacho A quo en una incorrecta aplicación del numeral 481 del Código de Trabajo pues la decisión del juzgado en torno a la acreditación de las funciones del actor es coherente con el principio de legalidad. Dentro de esa descripción de funciones para el puesto de Agente 1, se dice que al actor le correspondía:
"Ejecutar operativos preventivos ordinarios y extraordinarios con la finalidad de conservar y restablecer el orden público y la seguridad ciudadana, prevenir las manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas preservar y mantener la soberanía nacional e integridad territorial procurando el respeto de los derechos y libertades de los habitantes. Colaborar con el cumplimiento de las normas sobre protección y conservación de la naturaleza el ambiente y el patrimonio cultural e histórico. Vigilar el uso y manejo de armas y explosivos y la ejecución de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, electorales y administrativos, según su lugar de trabajo. Solicitar y verificar los documentos de identificación de personas nacionales y extranjeras con el fin de determinar si son requeridos por el sistema de administración de justicia. Aprehender, detener y custodiar personas relacionados con la comisión de delitos y/o contravención. Atender y brindar auxilio primario cuando así se requiera, en situaciones de emergencia. Brindar auxilio y colaboración en la atención de emergencias a las comunidades, gobiernos locales y las organizaciones de servicio público, en casos de riesgo, catástrofe y/o conmoción pública. Ejecutar las decisiones emitidas por las instancias judiciales electorales y administrativas que así lo requieran de acuerdo con el marco jurídico vigente. Colaborar con los Tribunales de Justicia, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República entre otras dependencias administrativas y judiciales, en todas las actuaciones policiales que sean requeridas (notificaciones, capturas, decomisos, inspecciones, entre otros) y remitir los elementos probatorios y los informes del caso, según corresponda. Vigilar y proteger las instalaciones y vías de comunicación de interés estratégico o táctico. Colaborar con otras dependencias y unidades policiales y actuar en situaciones especiales a fin de restablecer el orden público así como en actividades de rescate, en casos de emergencia y desastres naturales o provocados por el ser humano…”
El recurrente aduce la violación del ordenamiento jurídico porque en su criterio, el sobresueldo por Alto Riesgo es para aquellos y aquellas miembros de las fuerzas policiales que realicen funciones propiamente policiales y que a su vez participen en operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales. En relación con la naturaleza de las funciones a desempeñar, para el pago del Alto Riesgo, esta Sala ha tenido claridad en que fue creado por la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria en su acuerdo n° 5878 de la sesión extraordinaria 03-200 del 10 de abril de 2000, con base en las siguientes motivaciones: ‘Que los miembros de la fuerza pública efectúan funciones que consisten en el mantenimiento del orden, seguridad ciudadana y/o represión delictiva. / 2. Que se requiere que los miembros de la fuerza pública participen en operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otras, en las que el funcionario expone en forma directa su vida y su integridad física. / 3. Que estos miembros de la fuerza pública deben cumplir con la atención de contingencias que atentan contra la Seguridad Nacional en forma oportuna y eficaz. / 4. Que existen diferencias salariales en el mercado de trabajo a favor de los agentes de seguridad de la empresa privada, lo que provoca una alta rotación de personas e inestabilidad en el servicio. / 5. Que en virtud del riesgo y peligro implícitos en las funciones efectuados por los funcionarios de la fuerza pública, procede autorizar un incentivo denominado de ‘OPERACIONES DE ALTO RIESGO’, a los efectos de cumplir con las responsabilidades vinculadas a la Seguridad Nacional. / 6. Que el incentivo aquí creado debe considerarse diferente al denominado ‘Riesgo Policial’ cuyo fin es garantizar la seguridad nacional del bienes (sic) así como el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos”. Según se observa, dentro de sus motivaciones, el plus salarial en discusión se delineó para fomentar la incorporación de efectivos en las fuerzas policiales y al mismo tiempo, retribuirlos adicionalmente por el peligro intrínseco al cumplimiento de sus funciones. Además, el citado acuerdo dispuso sus efectos para aquellos oficiales cuyas competencias y funciones estuviesen inmersas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, que estipulan: Artículo 21. / La Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural son cuerpos especialmente encargados de la vigilancia general y la seguridad ciudadana; ejercerán sus funciones en todo el país, de conformidad con la determinación técnica sobre la naturaleza rural o urbana que señalen las instituciones públicas correspondientes. Para ello, se establecerán unidades de mando organizadas según la división regional que el ministerio respectivo determine. / Artículo 22. / Son atribuciones de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural: / a) Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial. / b) Mantener la tranquilidad y el orden público. / c) Velar por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la República. / d) Mantener el respeto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes de la República. / e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional. Como puede verse, las funciones del actor, como integrante de la fuerza pública, encajan claramente dentro de las funciones policiales de la Guardia Civil y de la Guardia de Asistencia Rural, previstas en esos artículos, por lo cual, no se encuentran razones para su exclusión, si además, no se ha protestado que el actor no pertenezca a uno de los indicados cuerpos policiales. En este sentido se advierte que la única protesta de la parte demandada es que el actor no cumple las funciones para las que está previsto el sobresueldo, lo que, por lo indicado, ha sido desvirtuado, en razón de que las funciones del actor son las propias dispuestas para los puestos policiales, como lo son la ejecución de operativos preventivos para conservar y restablecer el orden público y la seguridad ciudadana, prevenir las manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas, preservar y mantener la soberanía nacional e integridad territorial; colaborar con el cumplimiento de las normas sobre protección y conservación de la naturaleza, el ambiente y el patrimonio cultural e histórico; vigilar el uso y manejo de armas y explosivos y la ejecución de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, electorales y administrativos, entre otras, funciones en las que es innegable que el funcionario expone en forma directa, su vida y su integridad física, razón por la cual se creó el beneficio. (Ver en este sentido, entre otros, los votos números 457, de las 10:00 horas del 13 de mayo de 2016; 153, de las 10:20 horas del 11 de febrero de 2015; y 1762 de las 11:20 horas del 26 de octubre de 2018). Por último, en el recurso se alega que el riesgo al que está sujeto el promovente, en el ejercicio de sus funciones, se compensa con el plus por riesgo policial. Tal reproche tampoco puede ser acogido. En el propio acuerdo de creación del incentivo por operaciones de alto riesgo se dejó constancia de que uno y otro plus compensan situaciones diferentes. En este sentido, se estableció: “Que se requiere que los miembros de la fuerza pública participen en operaciones de alto riesgo, tales como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otras, en las que el funcionario expone en forma directa su vida y su integridad física./ Que en virtud del riesgo y peligro implícitos en las funciones efectuadas por los funcionarios de la fuerza pública, procede autorizar un incentivo denominado de 'Operaciones de Alto Riesgo', a los efectos de cumplir con las responsabilidades vinculadas a la Seguridad Nacional./ Que el incentivo aquí creado debe considerarse diferente al denominado 'Riesgo Policial', cuyo fin es garantizar la seguridad nacional de bienes así como el respeto de los derechos y libertad de los ciudadanos…” (énfasis agregado). Conforme a lo expuesto, la alegación hecha carece de sustento jurídico.
IV.- SOBRE EL PAGO DE LOS INTERESES Y DE LA INDEXACIÓN: La sentencia impugnada condenó al Estado al pago de indexación sobre el capital adeudado, desde un mes antes de la presentación de la demanda y hasta el mes anterior a aquél en que se haga pago efectivo del adeudo. En relación con los intereses dispuso su pago a partir de la exigibilidad de la obligación, es decir, desde la fecha que se otorga el pago del incentivo de hasta el día en que se pensionó el actor (del primero de enero de 2012 al 1° de julio de 2017). En relación con la condena al pago de los intereses y de la indexación, la protesta del recurrente se concreta a señalar la incompatibilidad del pago de ambos rubros, debido a su naturaleza. En este sentido se apoya en lo que dice, la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte. Sin embargo, desde hace ya varios años, esta Sala Segunda ha señalado su propio criterio en relación con la distinta naturaleza que tienen los intereses y la indexación; y la posibilidad de que la parte deudora sea condenada a su pago, sin incurrir por ello, en un doble pago o en un pago indebido. Para la Sala, es claro que conforme al artículo 706 del Código Civil, los intereses corresponden al resarcimiento ocasionado por la falta de cumplimiento de una obligación en dinero y la consiguiente imposibilidad de disponer del capital. Por su parte, la indexación ataca el problema inflacionario que se produce con el tiempo y que causa la depreciación y pérdida de rendimiento de la moneda, reduciendo el contenido de la obligación principal. En otras palabras, la indexación se prevé para compensar la pérdida del valor del dinero ocurrida por el transcurso del tiempo en relación con la inflación y, los intereses compensan el costo de oportunidad, por no haberse podido disponer del dinero en forma oportuna. Cabe agregar que la indexación únicamente procederá sobre obligaciones en dinero puras o de valor, debidamente liquidadas; lo cual no es óbice para que se ordene su condena a pesar de que su liquidación se realice una vez dictado el fallo, pues lo que el artículo 565 establece son los parámetros temporales que servirán para su cálculo. Por lo considerado, tampoco en ese agravio le asiste razón al Estado.
V.- CONSIDERACIONES FINALES: Por lo considerado, los recursos interpuestos deberán ser desestimados.
POR TANTO:
Se declaran sin lugar, los recursos interpuestos por ambas partes.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2021-000958
MALLON/RPC

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EXP: 17-000196-1430-LA

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