Sentencia Nº 2021-000969 de Sala Segunda de la Corte, 05-05-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-000969
Número de expediente19-000168-0694-LA
*190001680694LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 19-000168-0694-LA
Res: 2021-000969
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas del cinco de mayo de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario laboral establecido ante el Juzgado de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón, por [Nombre 001], soltera, vecina de Alajuela, de oficio no indicado, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderada general judicial la licenciada Ericka Victoria Fonseca Rueda, casada, abogada, vecina de San José. Ambas mayores de edad.
Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: La actora planteó demanda contra la Caja Costarricense de Seguro Social, para que se le reconozca una pensión por vejez del Régimen no contributivo, desde la primera solicitud administrativa e intereses (escrito inicial incorporado al escritorio virtual del Juzgado el 30 de mayo de 2019). La parte demandada mostró inconformidad con esa pretensión y alegó la defensa de falta de derecho, por considerar que ella no se encuentra en condición de pobreza (contestación de aquel libelo incorporada a ese mismo escritorio virtual el 19 de junio siguiente). La sentencia de instancia desestimó la demanda sin especial condena en costas (fallo incorporado al escritorio virtual el 9 de junio de 2020).
II.- RECURSO DE CASACIÓN: La actora muestra inconformidad con lo dispuesto en la sentencia de instancia. Dice que se ha dejado de lado su derecho constitucional a recibir protección del Estado y a garantizarle bienestar (numerales 50 y 51 de la Constitución Política). También echa de menos el análisis de la prueba desde una perspectiva de género sensitiva, tomando en cuenta las desventajas de la mujer a la luz del contexto sociohistórico. Sostiene que en sede administrativa sin fundamento se denegó su solicitud de pensión, dejando desprovista de ayuda estatal a una persona adulta mayor, que tiene obstáculos para obtener ingresos propios y, por ende, limitada para satisfacer sus necesidades. Argumenta que el fallo pretende que los hijos e hijas mantengan a sus padres, pese a no alcanzarles para sí mismos; y, en su caso, solo una hija le ayuda superficialmente. Insiste en que se encuentra en una situación que amerita el otorgamiento de la pensión e invoca la obligación estatal de proteger a la familia. Seguidamente reclama que el fallo recurrido sólo se basó en el Informe Social número 19-000979-0738-TS, pero no tomó en cuenta su realidad de mujer migrante, quien debido a sus pocas posibilidades económicas y laborales, no pudo cotizar y sigue manteniéndose bajo las mismas condiciones; aunado a que ahora tiene que lidiar con su edad, lo que le impide trabajar y, por ende, tener ingresos continuos y suficientes para poder autoabastecerse. Agrega que en la sentencia se reconoce que se encuentra en una situación de vulnerabilidad; pero, en forma contradictoria, no declaró el derecho a pensión, revelando una falta de uniformidad en los argumentos, así como de sensibilidad, esperándose que llegue al borde del desamparo para poder gozar del beneficio estatal. Pide acoger el recurso, revocar la sentencia recurrida y declarar su derecho a la pensión, desde la fecha de la primera solicitud en sede administrativa, junto con los intereses (impugnación incorporada al escritorio virtual del Juzgado el 24 de junio de 2020).
III.- SOBRE EL DERECHO A PENSIÓN: El fundamento legal del Régimen no contributivo de pensiones por monto básico lo encontramos en la Ley número 5662 de 23 de diciembre de 1974 (Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares), la que en su artículo 4 establece: “Del Fondo se tomará un veinte por ciento para la formación de un capital destinado a financiar un programa no contributivo de pensiones por monto básico, en favor de aquellos ciudadanos que, encontrándose en necesidad de amparo económico inmediato, no hayan cotizado para ninguno de los regímenes contributivos existentes, o no hayan cumplido con el número de cuotas reglamentarias o plazos de espera requeridos en tales regímenes. Este porcentaje se girará a la Caja Costarricense de Seguro Social, institución a la cual se le encomendará la administración de este régimen, a título de programa adicional al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. La reglamentación correspondiente para el otorgamiento de tales beneficios, quedará a cargo de dicha institución (así reformado por el inciso 14 de la Ley n° 7018 de 20 de diciembre de 1985)”. De conformidad con el Reglamento del Régimen no contributivo de pensiones, su objetivo es proteger a las personas adultas mayores y a las inválidas, con o sin dependientes; a las viudas desamparadas, a las personas menores de edad huérfanas y a otras (según las definiciones establecidas en el numeral 6), cuando estén en necesidad de amparo económico inmediato y no hayan podido cotizar para algún otro régimen, o no hayan logrado cumplir los requisitos exigidos en esos otros regímenes. En el caso que nos ocupa, es un hecho no controvertido que la promovente es una persona adulta mayor, por lo que cumple con uno de los presupuestos de hecho exigidos por el ordenamiento jurídico para ser acreedora de una pensión al amparo del régimen de cita (inciso a) del referido ordinal 6). No obstante, no basta con que la persona gestionante cumpla con dicho requisito, por cuanto -aunado a este- debe encontrarse en un estado de necesidad de amparo económico inmediato. El artículo 3 del reglamento citado establece: “REQUISITOS PARA TENER POR CUMPLIDO EL ESTADO DE NECESIDAD DE AMPARO ECONÓMICO INMEDIATO. Para ser pensionado del Régimen no Contributivo, se deberá acreditar por parte de la Administración, que el solicitante se encuentra en estado de necesidad de amparo económico inmediato. Para ello, debe cumplir los siguientes aspectos: /a. No ser pensionado de algún régimen contributivo o no contributivo existente. /b. El solicitante debe encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema, según la Ficha de Información Social (FIS) o la Ficha de Integración Social del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), -las cuales serán revisadas de oficio por la Administración-. En caso de que el solicitante no cuente con ninguna de estas fichas, la Administración deberá determinar si tiene insatisfecha alguna de sus necesidades básicas (salud, alimentación, vivienda, vestido o servicios públicos). /c. El ingreso por persona del grupo familiar del solicitante debe ser inferior o igual al indicador de la línea de pobreza nacional establecido por Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), o línea de pobreza familiar ampliada, según corresponda […] /d. Para aquellos solicitantes que hayan cumplido con los requisitos anteriores y que sean asalariados o trabajadores independientes, registrados como tales ante la Caja, la eficacia de este beneficio se tendrá una vez que los asalariados se encuentren cesantes, y en caso de los trabajadores independientes, a partir de su exclusión ante la Caja. (Así reformado en sesión N° 8907 del 25 de mayo de 2017)”. En primer término, debe tenerse presente que ya este órgano ha externado criterio en el sentido de que, el hecho de que la persona se encuentre registrada en situación de pobreza o de pobreza extrema en el SINIRUBE es un aspecto formal que no puede apreciarse en forma aislada del restodel texto de la norma, debiendo interpretarse en armonía con el derecho fundamental que tutela este tipo de régimen (derecho a una vida digna, derivado del principio de justicia social y consagrado en los ordinales 51 y 74 de la Constitución Política (en ese sentido se puede consultar la sentencia de esta Sala número 31, de las 10:10 horas del 13 de enero de 2017). En concordancia con lo anterior, la misma norma contempla la posibilidad de que la persona gestionante no se encuentre dentro de la base de datos y establece que, en ese supuesto, la Administración deberá determinar si tiene alguna necesidad básica insatisfecha. Luego, no cabe duda de que el fin primordial es comprobar que la persona ciertamente se encuentra en un estado de necesidad de amparo económico inmediato (artículo 2 del Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones), sin que para ello exista un medio probatorio específico. Cabe recordar que en esta materia no opera un régimen de prueba tasada, con lo cual todos los elementos probatorios admisibles son válidos para acreditar los hechos controvertidos, correspondiéndole a la persona juzgadora realizar el análisis de dichos elementos con sustento en las reglas de la sana crítica racional (véanse las resoluciones de esta Sala números 1910, de las 10:50 horas del 10 de octubre de 2019, y 1030, de las 15:55 horas del 26 de julio de 2017). Bajo esa inteligencia, el requisito de la ficha de integración social del SINIRUBE resulta deseable, mas no indispensable. Debe tenerse presente que el otorgamiento de la pensión es un acto reglado, por lo que sólo se puede conceder si se cumplen las exigencias establecidas, entre ellas, el que la demandante se encuentre en situación de pobreza extrema (necesidad de amparo económico inmediato); requisito que se echó de menos en sede administrativa (ver resolución número 155806411722-2018 emitida por la sede de la demandada en San Ramón a las 7:18:56 horas del 14 de julio de 2018 y la de la Gerencia de Pensiones GP-1158-2019 de las 7:00 horas del 20 de febrero de 2019). Luego, en autos consta el Dictamen Social Socioeconómico 19-000979-0738 realizado por la Oficina Regional de Trabajo Social y Psicología de Puntarenas, de fecha 23 de marzo de 2020, pericia que en lo de interés concluyó: “A partir de los hallazgos obtenidos en la investigación socioeconómica, se identificó una estructura organizativa familiar que ha favorecido realizar los ajustes necesarios en la dinámica evidentes en la inexistencia de déficit en la comparación de ingresos-egresos. La persona valorada ha mantenido desempeño laboral en actividad informal pese a los padecimientos de salud física- con acceso directo a un ingreso variable que permite atender de forma restringida las necesidades personales, siendo determinante el salario percibido por la hija Manuela como funcionaria interina desde el año 2015. Se visualiza red de apoyo y acompañamiento efectivo por parte de la integrante del grupo filial Manuela Acevedo Torres./ De acuerdo al Método de Medición de Pobreza utilizado por el INEC, se tiene que, partiendo del ingreso per cápita reportado desde el hogar de la valorada éste se encuentra en el límite superior de lo definido para condición de línea de pobreza a febrero del 2020 y publicada en marzo del 2020” . Para ello, no sólo consideró que el ingreso per cápita es superior al parámetro establecido por el INEC para determinar la condición de pobreza, sino, además, que las necesidades básicas se encuentran satisfechas, al contar con el apoyo de una de sus hijas. Es claro que, en dicha pericia no se constató el cumplimiento de la exigencia establecida en la normativa reglamentaria a la cual se ha hecho referencia y, fue precisamente, como se refirió, por no contar con ese requisito, que se denegó la solicitud de pensión en sede administrativa. No existe en el expediente ninguna probanza que permita, sin lugar a dudas, arribar a una conclusión distinta a la externada en el fallo recurrido basado en ese peritaje probanza. Luego, tampoco se cuenta con algún elemento del cual se pueda desprender la existencia de necesidades especiales o que teniéndolas, éstas no se encuentren satisfechas. En ese orden de ideas, en aplicación de las reglas de la sana crítica, la actora no requiere de auxilio inmediato por parte del Estado, pues cuenta con apoyo familiar.
IV.- CONSIDERACIÓN FINAL: En consecuencia, procede desestimar el recurso.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2021000969

MBOGANTES/wdcerdas

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EXP: 19-000168-0694-LA

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