Sentencia Nº 2021-000979 de Sala Segunda de la Corte, 05-05-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente20-000587-1178-LA
Número de sentencia2021-000979
*200005871178LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 20-000587-1178-LA
Res: 2021-000979
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas cincuenta minutos del cinco de mayo de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera, por [Nombre 001], soltera y vecina de Alajuela, contra el ESTADO, representado por su procurador adjunto el licenciado Álvaro Greivin Pizarro Obando, casado. Actúa como apoderado especial judicial de la actora el licenciado Arthur Jiménez Latouche, divorciado. Todos mayores y vecinos de San José con la excepción indicada.
Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: Con la demanda se pretende que se condene al demandado a pagarle a la actora el sobresueldo denominado alto riesgo, desde el 10 de abril de 2000 y a futuro; las diferencias generadas en el aguinaldo y el salario escolar, así como las correspondientes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, Fondo de Capitalización y pensión complementaria, más los intereses, la indexación y las costas (segundo archivo incorporado en fecha 01-03-2020, imágenes 1 a 26). El representante estatal contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho (primer archivo incorporado en fecha 20-03-2020).El Juzgado declaró parcialmente con lugar la demanda y condenó al accionado a reconocer a la parte actora el pago del Incentivo de Operaciones de Alto Riesgo de forma retroactiva, desde el 10 de abril de 2000, en adelante mientras se mantenga en el cargo; debiendo concederle las diferencias salariales resultantes en el aguinaldo y el salario escolar, con el debido reporte ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Además, a pagar los intereses desde la firmeza de la sentencia y hasta el efectivo pago. De igual forma le conminó a pagar la indexación entre el mes anterior a la presentación de la demanda (1 de febrero de 2020) y el precedente a aquel en que efectivamente se realice el pago. Por último, le impuso la cancelación de las costas, fijando los honorarios de abogado en el 15% de la condena (primer archivo incorporado en fecha 16-07-2020).
II.- AGRAVIOS: Ante la Sala recurre la representación estatal. En primer lugar, señala que se dio una errónea valoración de la prueba, pues conforme al oficio MSP-DM-DVADGAFDRH-DRC-SIB-0799-2020 del 16 de marzo de 2020, se determinó que la actora recibió el incentivo de operaciones de alto riesgo entre la primera quincena de julio y hasta la segunda quincena de setiembre de 2000; sin embargo, la juzgadora no hizo mención alguna al efecto. Agrega que en el citado oficio se plantea que la accionante no se encuentra en los supuestos contemplados en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, para ser acreedora del pago del incentivo pretendido, máxime cuando no aporta ningún elemento probatorio con el que pueda establecerse que participa en allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, funciones que suponen el fundamento objetivo para otorgar dicho incentivo, según lo dispuesto mediante oficio de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, STAP n.°-0683-2000 del 12 de abril de 2000. En contraposición, en su criterio las labores que realiza no son contestes con las requeridas para optar por el pago de ese sobresueldo. En segundo lugar, considera que lo resuelto contraviene el principio de legalidad, toda vez que el incentivo de operaciones de alto riesgo fue creado por la Autoridad Presupuestaria ante la necesidad de que los miembros de la fuerza pública participaran en operaciones de esa naturaleza (alto riesgo), en las que exponen su integridad física y la vida. Estima que a la demandante no le resulta aplicable lo ahí dispuesto, pues no se encuentra en la misma situación de aquellos funcionarios para quienes fue creado expresamente el referido plus. Manifiesta que el principio de igualdad ante la ley no es de carácter absoluto, pues no concede un derecho a ser equiparado a cualquier individuo, sin distinción de circunstancias, sino a exigir que la ley no haga distinciones entre dos o más personas que se encuentren en una misma situación jurídica, o en condiciones idénticas, es decir, no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales. Argumenta que existe un quebranto de la igualdad cuando ésta se encuentra desprovista de una justificación objetiva y razonable. Añade que este estímulo solo se reconoce a los funcionarios nombrados en códigos presupuestarios afectados por este pago, lo que no ocurre con el puesto ocupado por la demandante. Alega que hacerle este reconocimiento a la actora conlleva un menoscabo al erario público, por no atender al principio de legalidad que obligadamente se debe acatar. Finalmente, reprocha la condena en costas a su representado, sin tomar en cuenta que hubo un vencimiento reciproco y que no se actuó de mala fe. Para el caso de que se mantenga la condena en esos gastos, pide que éstos se fijen en forma prudencial y no porcentualmente como se hizo en primera instancia. Por las razones expuestas, solicita acoger el recurso, anular la sentencia en lo que fue objeto de recurso y declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos (tercer archivo incorporado en fecha 16-07-2020).
III.- FONDO DEL RECURSO: El recurrente argumenta que el reconocimiento del plus reclamado solo puede concederse a las personas servidoras dentro de los cuerpos policiales cuyas responsabilidades se encuentran cubiertas por los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía. Estas normas señalan lo siguiente: “Artículo 21º-Competencias La Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural son cuerpos especialmente encargados de la vigilancia general y la seguridad ciudadana; ejercerán sus funciones en todo el país, de conformidad con la determinación técnica sobre la naturaleza rural o urbana que señalen las instituciones públicas correspondientes. Para ello, se establecerán unidades de mando organizadas según la división regional que el ministerio respectivo determine. / Artículo 22º- Atribuciones Son atribuciones de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural: a) Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial. / b) Mantener la tranquilidad y el orden públicos. /c) Velar por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la República. /d) Mantener el respeto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes de la República. /e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional”. En la demanda, a través de su apoderado especial judicial, se dijo que la actora ocupa un puesto de Agente II FP, puesto n.° 112554, de Agente de Seguridad Aeroportuaria. En el hecho quinto de la demanda, aseguró que la labor sustantiva que ejecuta se enmarca en la defensa de la soberanía, el mantenimiento del orden público, y la seguridad ciudadana, funciones concordantes con los artículos 21 y 22 de la Ley 7410, las cuales, además, son parte de las funciones genéricas que debe de realizar todo oficial de policía, independientemente de si trabaja en la Policía Aeroportuaria o en cualquier otro programa del Ministerio de Seguridad Pública. Con la demanda la parte accionante aportó copia del Manual de Clases Policiales del Ministerio de Seguridad Pública, documento en el cual, para el cargo de Agente II, donde se ubica el Agente de Seguridad Aeroportuaria, se señalan las características y competencias de ese puesto, indicándose en el apartado correspondiente a la Naturaleza del Cargo, que a ese agente le compete “Ejecución de labores policiales especializadas que requieren de la aplicación de conocimientos teórico – prácticos en el campo policial, desarrolladas a nivel nacional, orientadas a la protección de la soberanía nacional, integridad territorial, vigilancia, mantenimiento del orden público, la seguridad de los habitantes y sus bienes y la prevención del delito”. Dentro de las actividades genéricas de todo Agente II, el Manual indica que debe: “Realizar acciones de prevención y represión en su área de jurisdicción, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, evasión fiscal, trata de personas en sus diferentes modalidades y acciones tendientes a la protección del patrimonio natural” (énfasis agregado). Específicamente para el puesto de Agente II, Seguridad Aeroportuaria, el Manual de comentario, dentro de sus labores específicas indica que este tipo de oficial debe, entre otras: “Ejecutar acciones policiales ordinarias y extraordinarias de vigilancia y seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales, para asegurar la protección y salvaguarda de los pasajeros, tripulantes, personal en tierra, público, aeronaves y las instalaciones de aeropuertos nacionales e internacionales, contra actos de interferencia ilícita perpetrados en tierra o en vuelo. /Apoyar la detención, aprehensión y traslado de detenidos, testigos y denunciantes o cualquier otro ciudadano vinculado con alguna diligencia judicial que hayan sido objeto de agresiones u otros, o que violenten la normativa nacional e internacional, en las siguientes actividades: migración, contrabando de artículos, narcotráfico, piratería, entre otros; en coordinación con las instancias competentes, de manera que el procedimiento se cumpla conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico… Realizar la inspección de pasajeros, empleados, equipaje, vehículos, equipos, entre otros, para garantizar la seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales. / Brindar seguridad al perímetro aeroportuario, bases áreas, aeronaves, equipos, armamento, instalaciones, terrenos y edificios adyacentes, cuyo acceso esté controlado o restringido. / Mantener el plan permanente de reacción para atender desastres aéreos en estricto apego a los lineamientos, directrices y al protocolo de atención de emergencias nacionales e internacionales”. La parte accionada se limitó a negar que las funciones de la actora coincidieran con las de las personas integrantes de la Fuerza Pública enmarcadas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, pero tampoco especificó entonces, cuáles eran las funciones que ejecuta y que son diferentes a aquellas contempladas en esas normas. Pese a su oposición, no negó la veracidad y autenticidad de manual aportado como prueba y lo contenido en ese documento que, de una comparación con las funciones descritas en los artículos indicados y los deberes y atribuciones del cargo de Agente II, Seguridad Aeroportuaria, son coincidentes, por lo cual no es de recibo el argumento de que las labores de la demandante no se encuentran enmarcadas dentro de las normas transcritas. El reclamo de la parte recurrente también se orienta a la presunta imposibilidad del ente demandado de conceder el plus salarial reclamado, dada la sujeción de la Administración a las decisiones de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. La Sala ha tenido la oportunidad de conocer varios asuntos semejantes en los que se ha concluido que la negativa de ese órgano técnico de extender el pago del sobresueldo a varios cuerpos policiales que, como al que pertenece la actora, resulta contraria a derecho, en el tanto en que las personas servidoras de estos se encuentran en los supuestos de hecho que se previeron en el acuerdo que autorizó ese plus; razón por la cual tienen derecho a las mismas consecuencias jurídicas. Como se indicó, en reiterada jurisprudencia se ha resuelto que el incentivo denominado “Operaciones de Alto Riesgo” fue creado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en su acuerdo número 5878 de la sesión extraordinaria 03-200 del 10 de abril de 2000, con base en las siguientes motivaciones: “Que los miembros de la fuerza pública efectúan funciones que consisten en el mantenimiento del orden, seguridad ciudadana y/o represión delictiva. / 2. Que se requiere que los miembros de la fuerza pública participen en operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otras, en las que el funcionario expone en forma directa su vida y su integridad física. / 3. Que estos miembros de la fuerza pública deben cumplir con la atención de contingencias que atentan contra la Seguridad Nacional en forma oportuna y eficaz. / 4. Que existen diferencias salariales en el mercado de trabajo a favor de los agentes de seguridad de la empresa privada, lo que provoca una alta rotación de personas e inestabilidad en el servicio. / 5. Que en virtud del riesgo y peligro implícitos en las funciones efectuados por los funcionarios de la fuerza pública, procede autorizar un incentivo denominado de 'OPERACIONES DE ALTO RIESGO´, a los efectos de cumplir con las responsabilidades vinculadas a la Seguridad Nacional. / 6. Que el incentivo aquí creado debe considerarse diferente al denominado ‘Riesgo Policial’ cuyo fin es garantizar la seguridad nacional del bienes (sic) así como el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos”. Asimismo, se ha dispuesto que es de aplicación a aquellos o aquellas oficiales cuyas competencias y funciones estuviesen inmersas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía -como ya se dijo es el caso de la demandante-, los cuales regulan las labores y atribuciones de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural. Es decir, la intención de cubrir con un sobresueldo a los miembros de estos dos cuerpos policiales viene en función de la naturaleza de sus tareas, pues es innegable que estas personas son quienes en primera instancia comprometen su integridad personal y su vida, en el cumplimiento de estas (véase en un sentido similar el voto número 1209 de las 10:50 horas, del 28 de octubre de 2015; así como el 1381 de las 10:20 horas, del 18 de diciembre de ese mismo año). En este caso concreto, se tuvo como hecho probado que la accionante labora como Agente II, Servicio de Seguridad Aeroportuaria. En los hechos quinto, sexto y séptimo de la demanda el apoderado de la demandante, describió parte de las funciones que como, Agente II del Servicio de Seguridad Aeroportuaria realiza su representada, dentro de los que de acuerdo al manual de puestos policiales destaca la protección de la soberanía nacional, integridad territorial, vigilancia, mantenimiento del orden público, la seguridad de los habitantes y sus bienes y la prevención del delito, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la trata de personas, la protección del patrimonio natural del país, la detención, aprehensión y traslado de detenidos, el contrabando, la piratería, la inspección de pasajeros, equipajes, controles migratorios y en general la vigilancia y seguridad de los aeropuertos nacionales e internacionales, tareas que son contestes con las descritas en el acuerdo que creó el sobresueldo. Aunado a ello, vale indicar que la representación del Estado no logró demostrar las causas objetivas por las que el cuerpo policial al que pertenece la actora deba excluirse de esa normativa y disposición interna de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Con base en la naturaleza misma de las funciones desempeñadas por la accionante, como oficial de policía, destacada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (tercer archivo incorporado en fecha 20-03-2020), se llega a la conclusión de que son similares a las que pretende compensar dicho incentivo, independientemente del código presupuestario donde se ubica su plaza, y por el cual es remunerada, pues esa ubicación responde a criterios de administración, no de legalidad. Desde esa perspectiva, se debe concluir que no incurrió en error la A quo al establecer que dicho incentivo se le debe otorgar a la reclamante. En la sentencia número 899 de las 10:55 horas, del 20 de agosto de 2015, esta Sala también mencionó de manera más concreta lo siguiente: “En el presente asunto, el Tribunal consideró que el citado sobresueldo se dio para quienes laboren en puestos policiales, si sus funciones (criterio objetivo) se encuentran dentro de las establecidas en los artículos 21 y 22 de la Ley de Policía, por lo que no fue creado para quienes, siguiendo un criterio subjetivo, laboren en la guardia civil o rural. De ahí que, siendo las funciones de la actora análogas a las indicadas en esos artículos, le corresponde el pago del incentivo reclamado. No hay, en el presente asunto, razón alguna para cambiar el criterio expuesto”. Asimismo, esta Sala ha resuelto que el pago del incentivo objeto de análisis procede también para las personas funcionarias de otros cuerpos policiales como del servicio de guardacostas o la policía de fronteras (ver en ese sentido los votos números 601 de las 11:25 horas del 10 de junio; y 1274 de las 9:45 horas del 18 de noviembre; ambos de 2016). En el caso que ahora se analiza, no se advierte tampoco ninguna circunstancia que haga posible variar el criterio que ahí se expuso, razón por la cual procede mantener lo resuelto en la instancia precedente. En relación con los reproches de la parte demandada referentes a la imposibilidad de desaplicar las directrices emanadas de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en materia salarial, ello no es excusa para dejar de reconocer un derecho que cubre el puesto desempeñado por la demandante, ya que la Administración debe ser garante del cumplimiento del principio de legalidad en todas sus manifestaciones. Asimismo, tal y como se indicó en una cita anterior, al momento de su creación, se determinó que el “incentivo de alto riesgo” se diferenciaba del pago del “ riesgo policial” por cubrir aspectos de naturaleza diversa, de ahí que no sea procedente el reproche del representante del Estado en el sentido de que en aquel último se encuentran subsumidas las funciones de peligrosidad que ahora se pretenden reconocer a la accionante. Por último, consta en autos que la actora percibió ese sobresueldo de la primera quincena de julio hasta la segunda quincena de setiembre de 2000 (oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-DRC-SIB-0799-2020 del 16 de marzo de 2020, del cual se le dio audiencia a la parte actora, sin que planteara objeción alguna), circunstancia por la cual este lapso debe sustraerse de la condena impuesta al demandado.
IV.- SOBRE LAS COSTAS: El representante del Estado pretende también que se revoque la condena en costas que le fue impuesta a esa parte. A juicio de la Sala no es procedente la exoneración pretendida, pues la actora tuvo que acudir al proceso judicial en defensa de derechos legítimos, respecto de los cuales la parte demandada ha mostrado oposición, a pesar de haberse resuelto que la situación de la accionante se ajustaba a los supuestos de las regulaciones pertinentes. Así las cosas, no cabe la exoneración solicitada por el impugnante, a tenor de lo dispuesto en el artículo 563 del Código de Trabajo. La parte recurrente también objeta que esos gastos se hayan establecido en forma porcentual por estimar que se trata de un asunto que no es susceptible de estimación pecuniaria y, por consiguiente, su fijación debió hacerse en forma prudencial. Al respecto, debe tomarse en cuenta que el artículo 562 ídem, en lo que resulta de interés, dispone: “Para hacer la fijación del porcentaje o del monto prudencial se tomarán en cuenta la labor realizada, la cuantía de la cosa litigada y la posición económica del actor y demandado. / En los asuntos inestimables en que hubiera trascendencia económica se hará la fijación con base en el monto resultante hasta la firmeza de la sentencia y, si a consecuencia del proceso se siguiera generando a futuro el resultado económico, podrá agregarse al monto fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento (50%). Si el resultado económico fuera intrascendente se hará la fijación de forma prudencial con fundamento en los criterios mencionados”. Dado que la pretensión fundamental de la demanda se centró en que “… se condene al estado al reconocimiento de manera retroactiva del plus denominado OPERACIONES DE ALTO RIESGO desde la fecha que este incentivo fue creado por la AUTORIDAD PRESUPUESTARIA según oficios No. STAP-0683-2000 a saber 10 de abril de 2000, hasta la fecha de la actualidad y firmeza de la resolución que otorgue con lugar esta demanda… Se le ordene al Ministerio de Seguridad Pública, seguir reconociendo de manera permanente y mensualmente en los componentes salariales de mi representado, el plus salarial denominado Operaciones de Alto Riesgo, desde la fecha de la firmeza del fallo en adelante”, a cuyo efecto en sentencia se condenó al demandado “a reconocer a la actora el pago del Incentivo del Alto Riesgo de forma retroactiva, desde el 10 de abril 2000 -conforme lo pedido-, en adelante mientras se mantenga en el cargo ”, se concluye que este es un asunto inestimable de trascendencia económica (involucra un pago a futuro), por lo que lo procedente era fijar un monto porcentual en los términos que lo hizo la persona juzgadora, entendiendo que estos se limitan a la firmeza de la sentencia.
V.- CONSIDERACIONES FINALES: Corolario de lo expuesto, procede declarar parcialmente con lugar el recurso y modificar la sentencia recurrida en el sentido de que lo dispuesto con relación al sobresueldo denominado alto riesgo debe mantenerse tal y como viene dispuesto, con la excepción del lapso que va de la primera quincena de julio a la segunda quincena de setiembre de 2000, respecto del cual corresponde acoger la excepción de falta derecho y denegar la demanda. Debe aclararse que la fijación de las costas se limitada a la firmeza de la sentencia. En lo demás objeto de recurso, debe mantenerse incólume.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso y se modifica la sentencia recurrida en el sentido de que lo dispuesto con relación al sobresueldo denominado alto riesgo se mantiene tal y como viene dispuesto, con la excepción del lapso que va de la primera quincena de julio a la segunda quincena de setiembre de dos mil, respecto del cual se acoge la excepción de falta derecho y se deniega la demanda. Se aclara que la fijación de las costas se limitada a la firmeza de la sentencia. En lo demás objeto de recurso, se mantiene incólume.

Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2021000979

IARAYAV/mrg

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