Sentencia Nº 2021-000997 de Sala Segunda de la Corte, 07-05-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente19-000622-1102-LA
Número de sentencia2021-000997
*190006221102LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 19-000622-1102-LA
Res: 2021-000997
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Seguridad Social del Primer Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], soltero y vecino de San José, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderado general judicial el licenciado Adrián Eduardo Córdoba Conejo, de calidades desconocidas. Actúa como abogado de asistencia social del actor la licenciada Nancy González Chaves, de calidades desconocidas. Todos mayores.
Redacta la Magistrada Chacón Artavia; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El actor promovió la presente acción para que en sentencia se fije el porcentaje de impedimento físico; se ordene a la Caja Costarricense de Seguro Social el otorgamiento de una pensión por invalidez; así como el pago de intereses, indexación y ambas costas del proceso. El apoderado general judicial de la demandada contestó negativamente y opuso la defensa de falta de derecho. El Juzgado denegó la excepción planteada, declaró con lugar la demanda y ordenó a la CCSS cancelar al actor una pensión por invalidez a partir de la solicitud en sede administrativa, sea el 5 de julio del 2017, o desde que deje de laborar si aún lo estuviere haciendo. En esa misma línea de pensamiento, el citado derecho se otorgó, sin perjuicio de que la pensión se suspenda o cancele en caso de que se presente alguno de los supuestos normativos contemplados en los artículos 20 y 21 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sobre las rentas vencidas debe el ente asegurador cancelar intereses legales e indexación. Impuso las costas a cargo de la demandada, fijando las personales en la suma prudencial de ¢200.000.
II.- AGRAVIOS: El apoderado general judicial de la demandada muestra inconformidad respecto del rige del derecho de pensión concedido. Cita el artículo 481 del Código de Trabajo. Sostiene que, en atención a este numeral, la persona juzgadora debe valorar globalmente el acervo probatorio presentado en autos; y, además, debe aplicar las reglas de la sana crítica, la experiencia, el sentido común y la razonabilidad; pues esa norma no contempla un régimen de íntima o libre convicción. Establece que el otorgamiento de la pensión debe ser a partir de la fecha del dictamen médico pericial privado, es decir, el 13 de febrero de 2020, o bien, si el actor ha seguido laborando desde que deje de hacerlo o si ha estado incapacitado desde que deje de percibir subsidios; y no desde la solicitud administrativa, toda vez que según lo establecido en los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte, en sesión n.° 524-2018 del 19 de noviembre de 2018, la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez determinó que el actor no se encontraba inválido en ese momento. De igual forma, el Organismo de Investigación Judicial, Departamento de Medicina Legal, Sección Medicina del Trabajo de San Joaquín de Flores, Heredia, mediante dictamen número 2019-0001082 del 03 de junio de 2019 concluyó que el actor no alcanzaba el porcentaje de invalidez legalmente establecido, por lo que se violentaron los artículos 11, de la Ley General de la Administración Pública y 11 de la Constitución Política. Alega que su representada ha litigado de buena fe y apegado al principio de legalidad, razón por la cual se le debe exonerar del pago de costas. Conforme a lo expuesto, solicita se declare con lugar el recurso, se anule la sentencia recurrida en lo que fue objeto del recurso, exonerándose a su representada del pago de costas e intereses del proceso, caso contrario, se fijen las mismas en una suma razonable, proporcional y equitativa.
III.- SOBRE EL RIGE DE LA PENSIÓN: Los agravios expuestos por el representante de la CCSS versan sobre su inconformidad de que se haya otorgado la pensión a partir de la solicitud en sede administrativa; toda vez que en sesión n.° 524-2018, del 19 de noviembre de 2018, la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez determinó que el actor no se encontraba inválido en ese momento. De igual forma, el Organismo de Investigación Judicial, Departamento de Medicina Legal, Sección Medicina del Trabajo de San Joaquín de Flores, Heredia, mediante dictamen número 2019-0001082 del 3 de junio de 2019 concluyó que el actor no alcanzaba las dos terceras (2/3) partes de pérdida de la capacidad para desempeñar su labor habitual u otra compatible con su capacidad residual. Respecto a esta última probanza, cabe destacar que el Juzgado dispuso: “Habiéndose determinado que tenía el número de cotizaciones de acuerdo a la edad para obtener una pensión por invalidez, resta por analizar si el promovente se encuentra inválido, porque los médicos de la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez de la Caja costarricense Seguro Social y la Doctora [Nombre 004], Médico Forense Especialista en Medicina del Trabajo, de la Sección Medicina del Trabajo del Organismo de Investigación Judicial, dictaminaron que no lo esta. La Doctora [Nombre 004], en acápite "Fundamentación Médico Legal" de la pericia 2019-0001082 indicó que: "...la epilepsia puede ser una limitante en la realización de labores remuneradas, esto, porque las crisis son de aparición súbita, con un adecuado control médico y farmacológico, estas se mantienen controladas, disminuyendo la aparición de las mismas, por lo que se favorece la inserción laboral, en actividades acordes a su nivel educacional. Basados en las Guías de Evaluación de la incapacidad permanente de la Asociación Americana de Medicina, se establece que: Epilepsia, Clase 1, sin que se determine por documentos médicos que sea tipo gran mal, de difícil manejo ni agotamiento de la vía terapéutica le corresponde: 10% de perdida de la capacidad general orgánica." (dictamen incorporado el seis de junio del dos mil diecinueve a las ocho horas dos minutos). Sin embargo, la Doctora [Nombre 004], no contempló anotaciones médicas y exámenes realizados por los especialistas en neurología que trataron al gestionante en el Hospital San Juan de Dios, porque no revisó el expediente del citado nosocomio, según así lo declaró ante esta autoridad el diecisiete de setiembre del dos mil veinte a las diez horas quince minutos cincuenta y nueve minutos. Esa omisión hace perder validez a su pericia, porque con la totalidad de la prueba incorporada al expediente se logra determinar que la epilepsia del promovente es de difícil control, tónico clónica tipo gran mal, según así se desprende de la solicitud de resonancia magnética realizada por el Neurólogo Doctor [Nombre 006] del Hospital San Juan de Dios, en julio del dos mil diecisiete (imagen 51 del expediente administrativo incorporado el quince de mayo del dos mil diecinueve a las quince horas cuarenta y seis minutos cincuenta segundos), en donde anota el citado especialista que la epilepsia del promovente es refractaria. Asimismo, en anotación médica realizada en el expediente de salud en imagen 9, se indica que la epilepsia es tónico clónica (expediente de salud del Hospital San Juan de Dios en el segundo documento de arriba hacia abajo incorporado el veintidós de julio del dos mil diecinueve a las catorce horas cuarenta y un minutos treinta y cinco segundo); la especialista en Medicina del Trabajo Doctora [Nombre 007] también indica que la epilepsia es refractaria, según informe incorporado en imágenes 53 y 54 del expediente administrativo incorporado el quince de mayo del dos mil diecinueve a las quince horas cuarenta y seis minutos cincuenta segundos; la neuróloga del Hospital San Juan de Dios, Doctora [Nombre 008], anota en imagen 38 que la epilepsia del actor es de difícil control; lo cual también en anotado por otro especialista en neurología en imagen 82 ambos del expediente de salud del Hospital San Juan de Dios en el segundo documento de arriba hacia abajo incorporado el veintidós de julio del dos mil diecinueve a las catorce horas cuarenta y un minutos treinta y cinco segundos…el Doctor [Nombre 009], Neurocirujano, quién en valoración particular realizada al actor, en la que incluso reviso el expediente de salud del actor del Hospital San Juan de Dios, dictamina que la epilepsia del mismo es tónico clónica, tipo gran mal, que es aquella en que los pacientes se desploman y tienen movimientos involuntarios de los cuatro miembros (inferiores y superiores). La epilepsia diagnosticada por el Doctor [Nombre 009] tónica clónica de tipo "gran mal", se evidencia además con las atenciones médicas que tuvo que recibir el actor en emergencias del Hospital San Juan de Dios, en al menos dos oportunidades, debido a la gravedad de las lesiones sufridas por haberse desplomado ante crisis convulsivas; específicamente en fecha treinta de setiembre del dos mil tres, se anota que el actor tuvo crisis convulsiva y sufrió traumatismo craneoencefálico más pérdida de conciencia y fue operado por hematoma Epidural Frontal derecho Asimismo, tuvo que recibir atención médica el dieciocho de abril del dos mil diez, cuando ingresa al servicio de emergencia del Hospital San Juan de Dios, porque en crisis por epilepsia sufre fractura de ángulo mandibular derecha y fractura subcondilea izquierda, según así se desprende de los datos de ingreso a emergencias del Hospital San Juan de Dios…la pérdida de capacidad general orgánica, no se circunscribe únicamente a la epilepsia que padece el promovente la cual es muy severa, porque como quedó acreditado en algunas ocasiones ha tenido graves lesiones, consecuencia de las caídas por crisis convulsivas (epilepsia), cuyo control ha sido difícil a pesar del tratamiento según así quedó demostrado con las anotaciones realizadas por los neurólogos del Hospital San Juan de Dios, desde el año dos mil tres y en el año dos mil diecisiete” (Lo resaltado no pertenece al original). Según lo citado, contrario a lo que alega el recurrente, esta Sala observa que la A quo sí valoró de forma integral el acervo probatorio presentado en autos; sin que se denote que haya habido una indebida valoración de la prueba. Nótese que el Juzgado fue claro al indicar que si bien la perito, en el dictamen forense número 2019-0001082 del 3 de junio de 2019, concluyó que el actor no alcanzaba las dos terceras partes de pérdida de la capacidad para desempeñar su labor habitual u otra compatible con su capacidad residual, lo cierto es que “la Doctora [Nombre 004] , no contempló anotaciones médicas y exámenes realizados por los especialistas en neurología que trataron al gestionante en el Hospital San Juan de Dios, porque no revisó el expediente del citado nosocomio, según así lo declaró ante esta autoridad el diecisiete de setiembre del dos mil veinte a las diez horas quince minutos cincuenta y nueve minutos. Esa omisión hace perder validez a su pericia, porque con la totalidad de la prueba incorporada al expediente se logra determinar que la epilepsia del promovente es de difícil control, tónico clónica tipo gran mal…” (Énfasis suplido), por lo que dicha pericia por sí sola no es suficiente para determinar que el actor no cumplía con el requisito estipulado. Por el contrario, del resto de las pruebas que constan en el expediente, no sólo se logró acreditar que el actor sí cumple la condición médica requerida; sino que dicha condición no se circunscribe únicamente a la epilepsia severa que tiene, pues se demostró que en algunas ocasiones ha tenido graves lesiones consecuencia de las caídas por crisis convulsivas (epilepsia), cuyo control ha sido difícil a pesar del tratamiento, según así quedó comprobado con las anotaciones realizadas por los neurólogos del Hospital San Juan de Dios desde el año 2003. De ahí que, tampoco es de recibo la petición del recurrente en cuanto a que el otorgamiento de la pensión debe ser a partir del 13 de febrero de 2020, fecha de la ampliación presentada por el Dr. [Nombre 009]; y no desde la petición en sede administrativa. El criterio sostenido por esta Sala es que el beneficio debe ser concedido desde que la persona cumple los requisitos de la normativa aplicable. Cuando el acto administrativo denegatorio del derecho se impugna en la vía judicial, en esta sede se analiza su ajuste con la legalidad. De modo que, por lo general, el derecho se concede a partir del reclamo en sede administrativa; sin perjuicio de aquellos casos en que se determine que alguno de los requisitos se cumplió con posterioridad, lo que no sucede en el presente asunto; ya que, como se explicó, ha quedado plenamente acreditado que para ese momento se reunían los requisitos normativos correspondientes. Así las cosas, el rige del derecho concedido se encuentra ajustado a derecho.
IV.- COSTAS: En primer término, debe hacerse ver que la Ley número 9343 del 25 de enero de 2016, Reforma Procesal Laboral, la cual entró en vigencia desde el 25 de julio de 2017, reguló de manera expresa esta materia, por lo que es la normativa aplicable al caso. El numeral 562 del Código de Trabajo, en lo que resulta de interés, estipula: “En toda sentencia […] se condenará al vencido […] al pago de las costas personales y procesales causadas”. El ordinal 563 siguiente, por su parte, señala: “No obstante, se podrá eximir al vencido del pago de las costas personales y aun de las procesales, cuando: 1) Se haya litigado con evidente buena fe. /2) Las proposiciones hayan prosperado parcialmente. /3) Cuando haya habido vencimiento recíproco. /La exoneración debe ser siempre razonada… /No podrá considerarse de buena fe a la parte que negó pretensiones evidentes que el resultado del proceso indique que debió aceptarlas, no asistió a la totalidad de la audiencia, adujo testigos sobornados o testigos y documentos falsos, no ofreció ninguna probanza para justificar su demanda o excepciones, si se fundaran en hechos disputados…” De conformidad con lo anterior, la regla es imponer el pago de estos gastos a la parte que resultó vencida. A juicio de esta Sala, en este caso no procede la exoneración, toda vez que no se estima estar en presencia de una situación que amerite el ejercicio de esa potestad para desaplicar la regla general, pues, no es cierto, como se alega en el recurso, que el demandante cumpliera con los requisitos para tener derecho a la pensión solicitada de forma posterior a la petición en sede administrativa. De ahí que, el actor tuviera que acudir a plantear la demanda en defensa de derechos legítimos, con los consecuentes gastos personales y de honorarios profesionales. Por ende, se estima que no se está ante ninguno de los supuestos de excepción contemplados en el numeral 563 del Código de Trabajo, entre ellos la alegada buena fe, pues se ha negado insistentemente el derecho reclamado por el actor.
V.- CONSIDERACIÓN FINAL: A la luz de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.

Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2021000997

MMONGEROD/mrg

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