Sentencia Nº 2021-000999 de Sala Segunda de la Corte, 07-05-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente19-001266-1102-LA
Número de sentencia2021-000999
*190012661102LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 19-001266-1102-LA
Res: 2021-000999
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cinco minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Seguridad Social por [Nombre 001], jubilado, vecino de San José; contra el ESTADO , representado por su procuradora adjunta, la licenciada Marianella de los Ángeles Barrantes Zamora. Figura como apoderada especial judicial de la parte actora la licenciada Andrea Soto Arias. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de Heredia, con las excepciones indicadas.
Redacta la Magistrada Varela Araya; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: En escrito de demanda, presentado el 19 de junio de 2019, el actor argumentó que laboró para el Instituto Costarricense de Ferrocarriles desde el 26 de abril de 1966 hasta el 30 de junio de 1995, cuando fue liquidado en virtud del cierre de esa institución. En ese momento le faltaban poco más de 10 meses para acogerse a la jubilación del régimen de Hacienda. Que durante más de 29 años cotizó para ese régimen, por lo que de conformidad con los artículos 29 y 30 del Convenio 102 de la OIT, su persona tiene derecho a jubilarse bajo ese régimen. Que al cumplir, en el 2008, con todos los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, solicitó la jubilación, pero la Dirección Nacional de Pensiones se la negó. Que al dictarse la ley de Derechos prejubilatorios de los extrabajadores del INCOFER, ya él se había pensionado en la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo cual no pudo acogerse a los beneficios de esa ley, siendo que trabajadores subordinados suyos perciben pensiones que duplican o triplican la percibida por él, por lo cual reclama una situación de desigualdad generada por esa ley, la cual no establece como requisito para optar por los beneficios, el no encontrarse jubilado, de modo que ese no puede ser el fundamento para negársele el derecho al reajuste de su pensión. Que si bien él no se encuentra en la condición de prejubilado de conformidad con la ley 8950, cumple con los demás requisitos; y sufrió una afectación directa, pues su caso es idéntico al de muchos funcionarios a quienes sí se les ha otorgado el beneficio, siendo actualmente prejubilados o jubilados. Con base en esas consideraciones y el fundamento de derecho que cita, solicita se declare la nulidad de la resolución DNP-OP-591-2018 de 4 de junio de 2108, de la citada Dirección; así como de la resolución MTSS-DMT-RRAPE-31-2019, por ser contrarias a derecho; y se declare su derecho al pago del reajuste o monto complementario de pensión de conformidad con el Transitorio II de la ley 8950 y su Reglamento. En caso de rechazarse tal pretensión, solicita se declare el derecho de pertenencia con el que contaba para jubilarse al amparo de la ley 7302, y del artículo 29 del Convenio 102 de la OIT. Finalmente peticiona la condena al Estado, al pago de ambas costas. La representación del Estado contestó negativamente los hechos y opuso a las pretensiones del actor, las excepciones de falta de derecho, falta de agotamiento de la vía administrativa en relación con la pretensión subsidiaria; y la de prescripción. Por sentencia número 2020-285 de las 13:22 horas del 12 de febrero de 2020, el Juzgado de Seguridad Social acogió la excepción de falta de derecho y declaró sin lugar la demanda, con el pago de las costas a cargo del actor, fijadas las personales en la suma prudencial de ciento cincuenta mil colones. Contra esa decisión recurre ante la Sala, la apoderada especial judicial del actor.
II.- AGRAVIOS DEL RECURSO: El recurrente plantea los siguientes agravios: a)se muestra disconforme con las manifestaciones hechas en el Considerando V de la sentencia, las que considera desafortunadas y contrarias a lo establecido en los artículos 421 y 422 del Código de Trabajo, respecto de la obligación de quien juzga, de buscar la verdad real de los hechos, pues es claro que él fue cesado por el cierre de la entidad, en 1995. b) Se obvia que el espíritu de la ley 8950 fue compensar a los extrabajadores del INCOFER ante el cierre de la institución, al hacer que su derecho de pensión fuese similar o equivalente al que hubiesen percibido en caso de que no se hubiese cerrado el citado instituto, estableciendo una prestación en favor de dichos trabajadores, quienes una vez que lograran cumplir los requisitos para jubilarse por la Caja Costarricense de Seguro Social, percibirían un monto de dinero adicional. c) que es irrelevante el hecho de que al momento de promulgarse dicha ley, él se encontrara jubilado por la Caja, lo que sucedió debido a que él se inscribió como trabajador independiente, con mucho esfuerzo suyo y de su familia. d) Que no es posible exigirle la condición de prejubilado porque al acceder a la jubilación dichas leyes no existían, y no se le puede exigir un requisito evidentemente imposible de cumplir. e) Que el espíritu de la norma era corregir la desigualdad creada por el cierre del INCOFER. f) Que la resolución recurrida violenta el principio de razonabilidad constitucional, como exigencia fundamental para la restricción de los derechos fundamentales. g) Alega una falta de determinación clara y precisa de los hechos acreditados por el juzgado, así como una errónea apreciación de los elementos de prueba constantes en autos, al aplicar el principio de legalidad. h) Que la resolución es contraria al principio pro homine, el cual se encuentra por encima del principio de legalidad y que debe servir para integrar e interpretar el derecho. Cita en este punto, las sentencias 1872-201, 7361-11 y 550-12. i) Refuta las consideraciones hechas en el Considerando VI en torno a la desvinculación de la persona a la institución en la que labora. j) Aduce que las afirmaciones del A quo contrarían el ordenamiento jurídico y son opuestas a lo señalado por la Sala Constitucional al referirse al derecho de pertenencia a un régimen jubilatorio, pues esa Sala ha establecido que la pertenencia se adquiere desde el momento cuando se comienza a cotizar a dicho régimen y no al momento de cumplir todos los requisitos. Insiste en que con una cotización por 29 años y 2 meses se deben respetar los derechos adquiridos del actor. k) Reclama la aplicación de la norma más favorable, así como de las normas, valores y principios cardinales incorporados a través de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que favorecen los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. l) Reprocha la condena en costas al no hacerse referencia a la existencia de motivos para exonerarlo, tomando en cuenta que el actor es una persona de escasos recursos, cuyo único ingreso es una jubilación sumamente baja, prácticamente igual a la que se le impone; no se tomó en cuenta la posición económica del actor, quien además, actuó con evidente buena fe, acudiendo a la sede judicial en defensa de sus derechos y en aras de tratar de reivindicar una injusticia histórica. Solicita se acoja el recurso, se deje sin efecto la resolución recurrida y se declare con lugar la demanda, en todos sus extremos. Subsidiariamente pide, la exoneración en costas o se fijen en una suma muchísimo menor, que tome en cuenta sus posibilidades económicas.
III.- FONDO DEL ASUNTO: El análisis de los agravios planteados, en relación con lo decidido en la instancia precedente, exige tener claridad en lo pretendido, de acuerdo con los hechos y la pretensión de la demanda. Lo que el actor solicita es que se le otorgue un reajuste o monto complementario de pensión, de conformidad con el Transitorio II de la Ley 8950 y su Reglamento. En modo alguno ha pretendido que se le otorgue un derecho de pensión con base en un régimen distinto. La ley 8950 de 12 de mayo de 2011, contiene un único artículo que resulta necesario transcribir, al menos parcialmente. Dice así:
Los exservidores del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), que fueron liquidados en los meses comprendidos de enero de 1991 al 12 de diciembre de 1995 como resultado del proceso de cierre que sufrió dicha institución, que hayan laborado por lo menos diez años para la institución y que, además, cuenten al menos con cincuenta años de edad, al momento de la entrada en vigencia de esta ley, y veinticinco años, como mínimo, de cotizar en el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o en los distintos regímenes de pensiones especiales, antes o después de ingresar a trabajar en el Incofer, para completar la contabilización de los veinticinco años de servicios laborales prestados, tendrán derecho a una prejubilación con cargo al presupuesto nacional.
El monto de la prestación económica asignable, en cada caso, será el equivalente a un sesenta y tres por ciento (63%) del salario promedio calculado con los doce mejores salarios mensuales percibidos por el trabajador en los últimos cinco años en que haya laborado en el Incofer, actualizados a valor presente a la fecha en que se realice la solicitud de prejubilación. Los exservidores del Incofer, protegidos por este artículo, quedarán obligados a aportar las contribuciones mensuales correspondientes a los seguros sociales administrados por la CCSS, mediante la modalidad de asegurados voluntarios, conforme a las disposiciones reglamentarias que rigen esta modalidad de aseguramiento, hasta que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente, para acogerse a una pensión por vejez otorgada por el seguro de invalidez, vejez y muerte, momento en el cual cesará la obligación del Estado, en cuanto al pago de la prejubilación. Para los fines pertinentes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la CCSS suscribirán un convenio de aseguramiento colectivo, el cual permitirá regular las condiciones de aseguramiento de los exservidores del Incofer que gocen del beneficio de prejubilación otorgado por esta ley, siempre en estricto apego a la normativa y reglamentación vigentes en la CCSS, en materia de aseguramiento voluntario. Los ingresos de referencia para el pago de las contribuciones a la CCSS, estipulados en ese convenio, mantendrán la continuidad de los salarios reportados en su calidad de asegurados asalariados obligatorios. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la Dirección Nacional de Pensiones, tendrá la función de acopiar las contribuciones a la CCSS y realizar el traslado correspondiente.
Una vez aprobada la prejubilación a favor del exservidor deI Incofer, en caso de que se reinserte en el mercado laboral, sea en el sector público o en el privado, la prejubilación caducará en forma automática. La persona prejubilada deberá informar a la Dirección Nacional de Pensiones su condición de empleado dentro de los cinco días siguientes a su vinculación laboral; de no hacerlo dentro del plazo establecido, se le impondrá una multa de cinco salarios base definido en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993, sin perjuicio de las sanciones conexas...
Según se observa, la ley tenía el objetivo de proteger a las personas exfuncionarias del INCOFER que fueron liquidadas como resultado del proceso de cierre que sufrió dicha institución y que ya estaban cercanas a una jubilación, pues estableció que debían tener la edad mínima de cincuenta años de edad y veinticinco de cotización al régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social o en los distintos regímenes de pensiones especiales. El monto de esa prejubilación sería el equivalente a un sesenta y tres por ciento (63%) del salario promedio, calculado con los doce mejores salarios mensuales percibidos por el trabajador, en los últimos cinco años laborados en el Incofer. De lo anterior resulta evidente que la prejubilación resultó una especie de subsidio económico, ante el desempleo generado para las personas que se encontraban en esa condición, hasta que la persona cumpliera los requisitos para la pensión por vejez de la Caja Costarricense de Seguro Social. En caso de reinsertarse al mercado laboral, la prejubilación caducaría. Esa ley fue adicionada por la número 9516, de 18 de diciembre de 2017, que le introdujo un Transitorio segundo, en estos términos:
TRANSITORIO II- Todos los extrabajadores del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), cubiertos por la presente ley, que se encuentren en calidad de prejubilados con cargo al presupuesto nacional, cuando cumplan el derecho a pensionarse pasarán a ser pensionados del Fondo de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La diferencia del monto que dejan de percibir al pasar a la CCSS será girada a cargo del presupuesto nacional. Igual beneficio gozarán los afectados por las leyes en mención, que hayan pasado a la CCSS al momento de entrar en vigencia esta ley. Tal diferencia no será heredada por ningún causahabiente.
De conformidad con lo anterior, lleva razón el juzgador A quo en cuanto la improcedencia de aplicar esas disposiciones al actor, en razón de que su condición nunca fue de prejubilado, porque al momento de la entrada en vigencia de la ley 8950, que estableció el derecho a la prejubilación, él ya era pensionado del régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social y no podía optar por aquel beneficio, especialmente previsto con miras a subsidiar a las personas mientras accedían a un beneficio con el que ya él contaba. La Sala entiende, tal como lo menciona el recurrente, que conforme a los objetivos de la ley 8950, lo que se propuso fue establecer una prestación en favor de las personas cesadas, en tanto lograran acceder a una jubilación de la Caja Costarricense de Seguro Social. También, que con la posterior adición legal, se pretende mejorar el monto por pensión de las personas que se acogieran a aquel beneficio prejubilatorio. Evidentemente, como la ley 8950 no fue aprobada sino hasta el 2011, ello motivó que desde 1995 hasta ese año 2011, muchas personas no percibieran el beneficio prejubilatorio y debieran incluso pensionarse por otros mecanismos, como el actor, quien se pensionó el 1° de mayo de 2008. Sin embargo, al adoptarse esa legislación, en el 2011, no se hizo ninguna consideración especial en torno a su vigencia, y la misma entró a regir el 23 de junio de 2011 (http//:pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma. aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=70533&nValor3=85166&str TipM=FN). De modo que al entrar en vigencia la ley 8950, el actor ya no podía optar por sus beneficios porque para ese momento resultaba incompatible considerarlo como prejubilado, si ya él contaba con una pensión, independientemente de las razones por las cuales hubiera accesado a ese beneficio. Consecuentemente, tampoco le asiste derecho a la aplicación del reajuste dispuesto por la ley 9516, porque esa regulación estuvo dirigida a las personas extrabajadoras del Incofer cubiertos por la ley 8950, que se encuentren en calidad de prejubilados con cargo al presupuesto nacional, condición que el actor, nunca disfrutó. De manera que si el legislador dispuso expresamente las personas que serían las beneficiarias de esas disposiciones, resulta imposible aplicar en favor del accionante, la interpretación pro homine que reclama, pues ello sería brindarle efectos más allá de los previstos por el legislador, incluso en forma retroactiva. Tampoco resulta posible admitir los argumentos del recurrente en torno al supuesto derecho de pertenencia a un régimen de pensiones, y sus cotizaciones por más de 29 años, si en el subjúdice no está en discusión el derecho a jubilarse con algún régimen específico, sino la posibilidad del reajuste ordenado para las personas acogidas a la prejubilación. Finalmente, tampoco encuentra la Sala que el fallo no determine en forma clara y precisa los hechos, y haya incurrido en una errónea apreciación de los elementos probatorios constantes o haya violentado el principio de razonabilidad constitucional. Sobre este punto, resulta de fundamental importancia, el hecho tenido como probado en el aparte c) del fallo, en donde se indica que el actor se encuentra pensionado por vejez, del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, desde el 01 de mayo del 2008. Este hecho es conforme con lo indicado en los hechos cuarto y sexto de la demanda; además de que no es objeto de reproche, en el recurso. A partir de ahí, la argumentación dada por el juzgado, para fundamentar su decisión, contiene una razonable y legítima aplicación de las disposiciones existentes, que sustentan la negativa a la demanda porque como se dijo, la condición del actor no se ajusta a los parámetros dispuestos en esa regulación, que los órganos jurisdiccionales deben aplicar. Por estas razones, ninguna de las razones que intenta hacer valer el recurrente, en contra de la decisión del A quo, son de recibo para motivar una solución diferente.
IV.- COSTAS: La sentencia condenó al actor perdidoso, al pago de las costas del proceso, estimando las personales en la suma prudencial de ciento cincuenta mil colones. El artículo 563 del Código de Trabajo autoriza la exoneración en ese rubro, cuando la parte perdidosa haya litigado con evidente buena fe. Estima la Sala que en el subjúdice es posible considerar que el reclamo del actor fue en esa condición, pues lo cierto es que se trata de una persona afectada por el cierre del Incofer, y el tema de los derechos prejubilatorios y aún de los jubilatorios para quienes como él, resultaron cesados, no fue resuelta durante muchos años –hasta el 2011-, de modo que al promulgarse la legislación que estableció lo referente a estos beneficios, pudo tener la fundada creencia de que esas regulaciones también le resultaban aplicables. Por esa razón, en este concreto aspecto, el recurso se estima admisible para anular el fallo del juzgado en cuanto lo condenó al pago de las costas. En su lugar, procede resolver, sin especial condena en esos gastos.
POR TANTO:
Se acoge parcialmente el recurso. Se anula el fallo en cuanto condenó al actor al pago de las costas. En su lugar, se resuelve, sin especial condena en esos gastos.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2021-000999
MALLON/RPC
1
EXP: 19-001266-1102-LA

Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2295-3009. Correos Electrónicos: imoralesl@poder-judicial.go.cr. y jmolinab@poder-judicial.go.cr

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR