Sentencia Nº 2021-001004 de Sala Segunda de la Corte, 07-05-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente16-000292-1288-LA
Número de sentencia2021-001004
*160002921288LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 16-000292-1288-LA
Res: 2021-001004
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas treinta minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno.
Proceso de pensión establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, por [Nombre 002], representado por su padre, [Nombre 001], mayor, agricultor, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderada general judicial, la licenciada Ericka Victoria Fonseca Rueda, casada y vecina de San José. Figura como apoderado especial judicial del actor, el licenciado Carlos Enrique Salazar Solís, divorciado. Todos mayores, abogados y vecinos de Alajuela, con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado Olaso Álvarez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El actor, representado por su padre, interpuso la demanda con el propósito de que se condene a la Caja Costarricense de Seguro Social –en adelante CCSS- a otorgarle una pensión por invalidez del Régimen no Contributivo, desde la solicitud administrativa, y a pagarle aguinaldo y ambas costas (imágenes 11-12 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). La apoderada general judicial de la entidad aseguradora contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho. Adujo que, según el informe socioeconómico realizado en sede administrativa, el accionante no cumple con el presupuesto normativo de encontrarse en estado de pobreza extrema (imágenes 39-44 ibidem). El Juzgado Civil y Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela (materia laboral), mediante sentencia n.° 390, de las 8:22 horas del 18 de diciembre de 2017, declaró con lugar la demanda, concedió la pensión a partir del 16 de noviembre de 2016 y le impuso a la accionada el pago de intereses y ambas costas. Las personales las fijó en cuatrocientos mil colones (imágenes 105-114 ibidem).
II.- AGRAVIOS: La CCSS se muestra disconforme con lo fallado. Hace ver que el informe social realizado en sede administrativa concluyó que el promovente no se ajustaba a lo dispuesto en los artículos 2 y 3, inciso a), del Reglamento del Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Destaca que el núcleo familiar del demandante (mamá, papá y hermano) cuenta con bienes inmuebles y los enlista. No comparte que la sentencia recurrida se basara en el dictamen socioeconómico elaborado por el Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial. En su criterio, la resolución impugnada contiene vicios de nulidad absoluta y copia dos extractos de esta. Objeta la condenatoria en costas. Alega que la persona juzgadora de instancia no valoró la pertenencia de los bienes inmuebles, lo que descarta el estado de pobreza extrema. Señala que, contrario a lo consignado en el fallo, el actor no cuenta con 65 años de edad. Considera que el monto fijado es absurdo y carece de fundamento jurídico (imágenes 116-119 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado).
III.- CUESTIONES PREVIAS: La recurrente denomina el recurso como de apelación, cuando realmente se trata del de casación regulado en el numeral 586 del Código de Trabajo; tal y como lo hizo ver el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Alajuela, sede Alajuela-materia laboral, mediante voto n.° 566, de las 15:49 horas del 19 de diciembre de 2018 (imágenes 134-138 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). Con independencia del nombre dado, en atención a los principios de sencillez e informalismo enunciados en el ordinal 421 del mismo cuerpo normativo, procede conocer el recurso formulado.
IV.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: El Régimen no Contributivo de Pensiones por Monto Básico fue creado mediante Ley n.° 5662, del 23 de diciembre de 1974 (Desarrollo Social y Asignaciones Familiares), como un programa adicional al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y su administración también fue confiada a la CCSS, cuya Junta Directiva, en el ejercicio de esa especial competencia, ha emitido distintos reglamentos. En el artículo 14, de la sesión n.° 8278, celebrada el 28 de agosto de 2008, se aprobó el Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones, cuya vigencia se dispuso a partir de la publicación en el diario oficial, lo que ocurrió el 26 de setiembre de 2008. De conformidad con dicha normativa, que es la que resulta aplicable al presente caso, el régimen tiene como objeto proteger a las personas adultas mayores y a las inválidas, con o sin dependientes; a las viudas desamparadas, a las personas menores de edad huérfanas y a otras (según las definiciones establecidas en el ordinal 6), cuando estén en necesidad de amparo económico inmediato y no hayan podido cotizar para algún otro régimen, o no hayan logrado cumplir los requisitos exigidos en esos otros regímenes. En el caso que nos ocupa, se tuvo por acreditado que el accionante es una persona inválida, por lo que cumple con uno de los presupuestos de hecho exigidos por nuestro ordenamiento jurídico para ser acreedor de una pensión al amparo del régimen de cita -inciso b) del referido artículo 6- (hecho probado 3 de la sentencia recurrida). No obstante, no basta con que la persona gestionante cumpla con dicho requisito, por cuanto aunado a este debe encontrarse en un estado de necesidad de amparo económico inmediato. El numeral 3 del reglamento citado, al momento de la solicitud administrativa, establecía: “Requisitos para tener por cumplido el estado de necesidad de amparo económico inmediato. / Para ser beneficiario del Régimen no Contributivo de Pensiones, el solicitante debe demostrar que se encuentra en estado de necesidad de amparo económico inmediato. Para ello, debe cumplir todos los siguientes aspectos: /a. Los ingresos deben ser inferiores o iguales a la línea de pobreza, o a la línea de pobreza familiar ampliada, según corresponda […] /b. La inexistencia de más de una propiedad inscrita. / El solicitante de pensión puede tener únicamente una propiedad inscrita a su nombre, o a nombre de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada en que tenga participación en el capital social […] /c. La falta de medios económicos o ayuda en especie permanente para satisfacer necesidades básicas. / El solicitante debe comprobar que carece de medios económicos y de ayuda en especie permanente de parte de otras personas con capacidad económica, que le permitan satisfacer sus necesidades básicas. /d. La carencia de bienes de significado económico […] /e. La condición de no asalariado…” (El resaltado es agregado. Este texto fue reformado en sesión n.° 8907 del 25 de mayo de 2017). Ante la Sala se alega que el demandante no se encuentra en estado de pobreza, pues su núcleo familiar posee bienes inmuebles. Este planteamiento no resulta de recibo. En primer término, debe destacarse que el ordinal recién trascrito establece los requisitos que debe cumplir la persona solicitante, propiamente, para ser acreedora de una pensión de este régimen. Aunado a ello, debe hacerse ver que si bien la norma hace referencia al núcleo familiar de la persona gestionante, lo hace respecto de los ingresos que este percibe y no de los bienes inmuebles que las personas integrantes de la familia nuclear tengan inscritos. Luego, el hecho de que la madre, el padre y el hermano del actor registren propiedades a su nombre no constituye una limitante para conceder el beneficio pretendido, en tanto no existe una disposición normativa que así lo disponga. Del mismo modo, es importante acotar que en este tipo de asuntos la valoración que se hace del núcleo familiar de la persona solicitante es para determinar si este cuenta con los ingresos económicos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de aquella y en este caso no se aportó prueba alguna al expediente que revele que la familia nuclear del accionante cuenta con los recursos económicos necesarios para ello; por el contrario, en el dictamen socioeconómico n.° 16-001084-0770-RNC, realizado por la Oficina Regional de Trabajo Social y Psicología de San Carlos, Alajuela, del Poder Judicial, que data del 22 de febrero de 2017, se concluyó: “…considerando la situación social expuesta es posible identificar que existe una condición económica limitada del grupo familiar que integra el actor, un adulto que presenta una discapacidad ‘trastorno mental y de comportamiento’ que no le permiten insertarse en el mercado laboral lo que una posible pensión le permitiría mejorar la calidad de vida” (sic. Imagen 72 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). Así las cosas, no cabe duda de que el promovente tiene derecho a la pensión reclamada, toda vez que cumple con los presupuestos de hecho exigidos por el ordenamiento jurídico. Finalmente, no se omite indicar que el reparo expuesto en relación con la edad del demandante no lleva a variar lo resuelto ni tampoco a declarar la nulidad de la resolución impugnada, pues constituye un error material que en nada incide en la resolución de este asunto (el beneficio se demandó por invalidez y no por vejez).
V.- COSTAS: El artículo 562 del Código de Trabajo , en lo que resulta de interés, estipula: “En toda sentencia […] se condenará al vencido […] al pago de las costas personales y procesales causadas. /Si la sentencia resuelve el asunto por el fondo […] las personales no podrán ser menores del quince por ciento (15%) ni mayores del veinticinco por ciento (25%) del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, en su caso…” El numeral 563 siguiente, por su parte, señala: “No obstante, se podrá eximir al vencido del pago de las costas personales y aun de las procesales, cuando: 1) Se haya litigado con evidente buena fe. /2) Las proposiciones hayan prosperado parcialmente. /3) Cuando haya habido vencimiento recíproco. /La exoneración debe ser siempre razonada […] No podrá considerarse de buena fe a la parte que negó pretensiones evidentes que el resultado del proceso indique que debió aceptarlas, no asistió a la totalidad de la audiencia, adujo testigos sobornados o testigos y documentos falsos, no ofreció ninguna probanza para justificar su demanda o excepciones, si se fundaran en hechos disputados…” De conformidad con lo anterior, la regla es imponer el pago de estos gastos a la parte que resultó vencida, siendo la exoneración una excepción. A juicio de esta Sala, en este caso no procede ejercer esa potestad para desaplicar la regla general, toda vez que el actor tuvo que acudir al proceso judicial en defensa de derechos legítimos, respecto de los cuales, la parte accionada ha mostrado oposición incluso en esta última instancia. Por otro lado, no es cierto que la persona juzgadora haya omitido justificar esta condena. En el considerando cuarto de la sentencia recurrida se indicaron las razones que motivaron el monto establecido por costas personales (cuatrocientos mil colones). Ahora bien, sí se considera que la cantidad fijada es excesiva. En casos similares, estos gastos se han estipulado en trescientos mil colones, por estimar que esa cantidad se ajusta a la cuantía de la cosa litigada y a la labor realizada (véanse las sentencias números 1756, de las 10:00 horas del 25 de setiembre de 2019; 594, de las 11:50 horas del 6 de abril de 2018; y 931, de las 11:10 horas del 7 de julio de 2017). Así las cosas, el monto establecido por costas personales debe reducirse a la cantidad última referida.
VI.- CONSIDERACIONES FINALES: Como corolario de lo expuesto, procede declarar parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, la sentencia recurrida debe anularse únicamente en cuanto fijó las costas personales en cuatrocientos mil colones y, en su lugar, estas se han de establecer en trescientos mil colones. Se hace ver al Juzgado que el ordinal 560 del Código de Trabajo estipula los requisitos que debe cumplir la sentencia, sin que actualmente se contemple un apartado denominado “resultandos”.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se modifica la sentencia recurrida únicamente en cuanto fijó las costas personales en cuatrocientos mil colones. En su lugar, estas se establecen en trescientos mil colones. Tome en cuenta el Juzgado lo indicado en el último considerando.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2021-001004
JARIAS/RPC

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