Sentencia Nº 2021-001015 de Sala Segunda de la Corte, 07-05-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente16-000202-0166-LA
Número de sentencia2021-001015
*160002020166LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 16-000202-0166-LA
Res: 2021-001015
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas veinticinco minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], educador, contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, la licenciada Angie Lucía Azofeifa Rojas. Figura como apoderada especial judicial del actor, la licenciada Fanny Mora Rivera, vecina de San José. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de Alajuela, con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: Mediante escrito de demanda, la apoderada especial judicial del actor manifestó que su representado posee nombramiento en propiedad como Profesor de Enseñanza Técnico Profesional en el Liceo San Carlos y Liceo Sucre de la Dirección Regional de Educación de San Carlos, y que, a partir del 1 de setiembre del 2015 se le otorgó una reubicación en funciones administrativas. Antes de esa reubicación, laboró con un recargo de lecciones de sesenta minutos (horario ampliado), lo que equivale a un 40% sobre el salario base; no obstante, éste se le suprimió el 1 de febrero de 2016. Solicitó se condene al Estado a restituirle al actor, en forma inmediata, el pago del indicado sobresueldo mientras mantenga su condición de reubicado; todas las diferencias salariales adeudadas desde la fecha en que se le suprimió ese recargo -1 de febrero de 2016- y hasta la fecha de su pago efectivo, incluyendo diferencias que puedan generarse por aguinaldo, salario escolar y vacaciones; intereses legales, además de daños y ambas costas del proceso (imágenes 2-4 del expediente virtual del Juzgado). La representante legal del demandado contestó negativamente y opuso la excepción de falta de derecho. Pidió se declare sin lugar la demanda y se condene al accionante al pago de ambas costas. De manera subsidiaria, requirió se le exonere del pago de ese estipendio (imágenes 30-64 del expediente virtual del Juzgado). El Juzgado rechazó la defensa de falta de derecho y condenó al Estado a cancelarle al actor las diferencias salariales adeudadas por la supresión del recargo de lecciones a partir del 1 de febrero del 2016, mientras se mantenga en condición de reubicado en labores administrativas. Igualmente, le ordenó cancelar las diferencias que se generen por la concesión indicada en los extremos de aguinaldo, salario escolar y vacaciones; intereses legales conforme cada diferencia se haga exigible y hasta su efectivo pago; y las costas del proceso, fijando las personales en el 20 % del total de la condenatoria (imágenes 134-146 del expediente virtual del Juzgado).
II.- AGRAVIOS DEL RECURSO: La representante legal del Estado critica el fallo del Juzgado. Indicó que al actor se le mantuvo el pago del recargo hasta su fecha de vencimiento, ya que resulta ilógico que se le reconozca y cancele el sobresueldo correspondiente a un recargo que se le asigna al personal docente, cuando de antemano se sabe que llevará a cabo funciones administrativas, y, por ende, no realizará de forma efectiva la prestación del servicio. Hace mención de la resolución MEP-1804-2019, la cual modifica la forma de remuneración de los recargos laborales, al no ser éstos derechos adquiridos. Señala que la conducta de la Administración que es objeto de análisis, lejos de ser arbitraria e ilegal, más bien obedece a parámetros de razonabilidad, legalidad presupuestaria y proporcionalidad, amparada en las normas mencionadas y en abundantes pronunciamientos de la Sala Constitucional. Cita el inciso 4) del numeral 27 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Considera que un sobresueldo o plus se cancela con carácter temporal y de acuerdo con las necesidades de los diferentes centros educativos, que por razones de oportunidad y conveniencia la Administración no requiere de una persona dedicada a tiempo completo. Recalca que los recargos de funciones registran una fecha de rige y vencen de acuerdo con las necesidades del centro educativo para cada curso lectivo y según el contenido presupuestario. Trae a colación el voto número 2019-2008 de esta Sala, sobre la temporalidad de estos recargos. Asevera que la reubicación laboral de los funcionarios y funcionarias docentes del MEP se encuentra establecida en los numerales 254 del Código de Trabajo y 22 bis inciso a) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil; no es una incapacidad por enfermedad como lo establece el juez de primera instancia. Alega que el reconocimiento salarial de los recargos de funciones tiene sustento en el numeral 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente, el cual transcribe. También refiere al numeral 118 del Código de Educación. Aduce que respecto al carácter temporal de los recargos se pronunció la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, en el oficio N°. AJ-001-C-05 y que en este mismo sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional, lo cual ejemplifica con parte de los votos n°. 2010-9217 y 2010-10504. Además, en el sentido de que no son derechos adquiridos trae a colación el voto de esa Sala número 2007-5763. Agrega que, por su naturaleza, los recargos de funciones se extinguen cuando finaliza el curso lectivo y se reconocen a las personas docentes que continúan cumpliendo una prestación efectiva en funciones docentes, en la clase de puestos a los que les corresponde dichos recargos por la naturaleza del puesto en el que estén nombradas. A su juicio, el Juzgado ignoró la normativa y jurisprudencia citadas. Asevera que dicha tesis coincide con lo resuelto en la sentencia 2180, de las 15:50 horas del 30 de octubre de 2015 del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, donde se acogió la tesis planteada por la representación estatal. Acusa la violación de los artículos 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública y 56 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Insiste en la naturaleza temporal de los recargos de funciones y transcribe parte de una sentencia del Tribunal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, donde se acogen sus razonamientos. Apunta que al accionante no puede asignársele el recargo en tanto no cumple los requisitos para poderlo percibir, concretamente, el ejercicio de funciones docentes y no se encuentra ejecutando de manera efectiva las labores correspondientes al recargo, el cual fue asignado de forma temporal y el argumento jurídico esbozado en el fallo no se fundamenta de forma correcta, con las normas jurídicas aplicables. Menciona y transcribe, parte de la resolución n°. 122-2018 del Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José donde se cambió de criterio en relación con los casos de reubicados. En esa resolución el Tribunal menciona que su anterior criterio se sustentaba en la equiparación de la figura de la reubicación de funciones con la de la incapacidad. Alega que el criterio expuesto en esa resolución ha sido expuesto en la sentencia n°. 134-2018, del Tribunal de Trabajo, Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Sexta; criterio cuya aplicación solicita al caso subexámine. Concluye señalando que el Estado ha respetado el derecho de la actora a recibir la remuneración pactada por los recargos que ejerció durante la vigencia del mismo, y no existe justificación para una remuneración permanente por un trabajo que no está realizando; no existe norma que justifique el pago del recargo porque el artículo 174 utiliza la analogía para equiparar la figura de la reubicación de funciones con la de la incapacidad aunque en el plano jurídico y de la realidad son desiguales y con efectos jurídicos también disímiles, situación que por muchos años ha afectado al Ministerio de Educación Pública y a los programas educativos del país. Reitera el criterio de la Sala Constitucional acerca de la inexistencia de un derecho adquirido al recargo de funciones y cita el voto de esa Sala, número 2017-6681, y el número 12-2019 del Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José. En otro orden, reprocha la condena al pago de diferencias en vacaciones. Señala que debe tomarse en cuenta que todos los funcionarios y las funcionarias docentes del Ministerio de Educación Pública gozan de un período de vacaciones colectivas, de ahí que no es posible que el Ministerio le haya limitado a la parte actora dicho derecho en razón de su reubicación en funciones administrativas. Resalta que el actor no presenta ninguna prueba que demuestre dicha circunstancia. Por último, solicita la exoneración del pago de costas, pues considera que no existen elementos que desvirtúen la buena fe. Refiere haber actuado en defensa de los intereses públicos y de los fondos públicos a su cargo destinados al fin educativo. Tampoco se consideró -a su juicio- las diferentes resoluciones de la Sala Constitucional señaladas en la contestación de la demanda, que han servido como fundamento para el argumento del Estado y en las cuales tiene su fundamento. Con base en estas consideraciones solicita se admita el recurso y en su lugar se desestime la demanda en todos sus extremos.
III.- ANÁLISIS DEL CASO: En el presente asunto, se tuvo como hechos probados que el demandante fue reubicado en funciones administrativas, debido a problemas de salud, a partir del 1 de setiembre de 2015. También que él, para ese momento, tenía asignado un recargo por ampliación de jornada y que, producto del referido traslado, se le pagó hasta febrero de 2016 (ver hechos probados 2, 3 y 4). En la certificación DRH-PRH-UL-7846-2016 consta que la reubicación se acordó ante una recomendación médica, basada en el artículo 254 del Código de Trabajo (imágenes 65-68 del expediente virtual del Juzgado). Esa norma establece la obligación de la parte empleadora de reponer en su puesto a las personas que hayan sufrido un riesgo y puedan trabajar. Además, prevé el deber patronal de proporcionarle un puesto diferente de acuerdo con sus posibilidades, cuando por recomendación médica no pueda regresar a ejercer las funciones que venía desempeñando, pero sí esté en capacidad de realizar otras tareas. En el caso bajo análisis, la representante del Estado sostiene que la Administración Pública está sujeta al principio de legalidad; razón por la cual solo puede proceder conforme a lo que esté debidamente autorizado por el ordenamiento jurídico, lo cual es acertado (artículos 11 de la Constitución Política y 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública). Los artículos 118 del Código de Educación y 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente, precisamente establecen la posibilidad de acordar ciertos recargos. También es verdad que los sobresueldos relacionados no constituyen un derecho adquirido y que debe suspenderse el pago cuando la persona servidora, en el ejercicio de sus funciones habituales, deja de cumplir las funciones por las que se reconoce ese plus salarial. No obstante, el presente asunto no versa sobre el caso de un servidor que en el ejercicio normal de sus funciones deja de ejecutar aquellas que hacen viable el recargo, sino de una persona que por razones de salud queda impedida para seguir ejecutando sus normales labores en la enseñanza y es trasladada a un cargo administrativo, respecto del cual, la normativa aplicable define la forma como se ha de calcular la retribución que reciba en aquel otro puesto. La Sala ha conocido y resuelto reiterados asuntos de iguales características, sin que se advierta alguna circunstancia que haga posible variar el criterio sostenido. Se ha estimado que en casos de esta naturaleza resulta de aplicación el Decreto Ejecutivo número 19113, del 28 de julio de 1989, que es el Reglamento Licencias Especiales Servidores del Ministerio de Educación Pública, sin que pueda considerarse que este quedó sin sustento al haberse derogado el canon 167 del Estatuto del Servicio Civil, pues no fue esta la única norma que le sirvió de fundamento. En el canon primero de esa reglamentación se establece que ahí se prevén las normas y procedimientos que debe seguir el citado Ministerio para conceder licencia a las personas servidoras, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo, derivada de un riesgo del trabajo o de una enfermedad. En el artículo segundo se reafirma que las licencias que la reglamentación contempla se concederán a quienes sufran una disminución en sus facultades y que por ello no puedan desempeñar las funciones y atribuciones del cargo que venían desempeñando. De conformidad con lo regulado en los numerales 5 y 8, las personas servidoras a las que la Caja o el INS les declaren una incapacidad menor o parcial permanente y recomienden un cambio de funciones tienen derecho a una licencia especial. Ahora bien, el canon 9 estipula que de previo a la concesión de la licencia, el Ministerio procederá a la reubicación de la persona servidora, lo que se ratifica en las normas siguientes, según las cuales “…esta licencia especial podrá ser suspendida, a juicio del Ministro de Educación Pública, a los efectos de asignar labores y funciones compatibles con sus condiciones personales, con las recomendaciones médicas y la formación académica del beneficiario, que con carácter temporal se requiera” y que “…el Ministerio de Educación Pública, podrá hacer uso del recurso humano que estuviere en disfrute de licencia especial para la atención de tareas y funciones de carácter administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico, en cualquiera de sus dependencias cuando tales servicios se requieran para la buena marcha de las instituciones o para implementar programas especiales”, lo cual guarda absoluta correspondencia con el artículo 254 del Código de Trabajo. Luego, en el artículo 17 se estipula, de manera expresa, que “Los beneficiarios de las licencias previstas en esta reglamentación gozarán de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Educación sobre la materia”. De esa manera, se ha considerado que esta normativa complementa el artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil, el cual no hace diferencia alguna entre incapacidades permanentes o parciales y de ahí que tampoco se pueda realizar diferenciación para los efectos del pago entre las licencias permanentes y especiales. En consecuencia, si al momento de la reubicación el actor devengaba un sobresueldo por horario ampliado, resulta indiscutible el derecho que tiene, conforme a esa normativa especial, a que dentro de su remuneración como funcionario administrativo se le contemple ese plus. En el sentido expuesto, en la sentencia de esta Sala número 308, de las 10:30 horas del 26 de marzo de 2014, se explicó cuanto sigue: “En criterio del demandado, los sobresueldos conocidos como horario alterno y del comité técnico asesor, están concebidos únicamente para quienes desempeñan funciones de docente, cuando las necesidades de matrícula lo requieran; y dependiendo de los atestados académicos del funcionario o funcionaria, por lo que a la actora no le asiste el derecho al pago de esos pluses si su puesto es ahora, de naturaleza administrativa. Sin embargo, se debe tener claro que en la especie no se está frente al reclamo que hace un funcionario o funcionaria del sector administrativo del Ministerio de Educación Pública, para el reconocimiento de los pluses como parte integrante e indisoluble de su salario. La situación en estudio difiere de ese supuesto porque aquí se trata de definir la correspondencia de ese derecho a una funcionaria docente quien por razones de salud ha debido ser reubicada en un cargo administrativo. La diferencia que pretende hacer valer la representación estatal entre ´incapacidad´ y ´reubicación´ desconoce que el origen de ambas es una enfermedad del funcionario o la funcionaria que le impide mantenerse en el servicio activo de la docencia. Es por esta razón que la normativa aplicable en casos como este no es únicamente la relacionada con el derecho al reconocimiento de horario alterno, sino la especialmente prevista al efecto. De primera mano, el Reglamento de Licencias Especiales Ministerio de Educación Pública (Decreto Ejecutivo número 19113 del 28 de julio de 1989), cuyo artículo 1° menciona que esta reglamentación tiene por objeto establecer las normas y los procedimientos que deberá seguir el Ministerio de Educación Pública para conceder licencia a sus servidores o servidoras, con motivo de la disminución de sus facultades o aptitudes para el trabajo, sobrevinientes de riesgos del trabajo o enfermedad. Por su parte, el numeral 2 establece: ´Las licencias a que se refiere la presente reglamentación se concederán a aquellos servidores que, por la disminución sufrida en sus facultades o aptitudes, no pudieren desempeñar, sin detrimento de su salud o del servicio, las funciones y atribuciones correspondientes al cargo que venían desempeñando en calidad de servidores regulares´. (Lo resaltado es agregado). Luego, de conformidad con el artículo 5 tienen derecho a que se les conceda una licencia especial aquellos servidores y servidoras respecto de los cuales la Caja Costarricense de Seguro Social o el Instituto Nacional de Seguros, en su valoración final, declaren una incapacidad menor permanente o una incapacidad parcial o permanente y recomienden un cambio de funciones. El artículo 8 trata específicamente el supuesto de la concesión de la licencia especial en los siguientes términos: ´De conformidad con lo establecido en el artículo 5° anterior, el Ministerio de Educación Pública, concederá una licencia especial a aquellos servidores que encuentren en las siguientes circunstancias: a) Que de acuerdo con su dolencia la Caja Costarricense de Seguro Social, recomiende en la valoración final del tratamiento su cambio de funciones. b) Que en la valoración final de los efectos del riesgo de trabajo acaecido, el Instituto Nacional de Seguros, determine una incapacidad menor o parcial permanente y recomiende su incorporación al servicio con cambio de funciones´ (énfasis suplido). Seguidamente los artículos 9 y 10, por su orden, establecen: ´De previo a la concesión de la licencia y de acuerdo con las disponibilidades de plazas y con los requisitos del interesado, el Ministerio de Educación Pública, procederá a su reubicación, traslado o ascenso, según corresponda´. Y, ´Cuando fuere viable, en forma inmediata, la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior se concederá la licencia especial hasta tanto se pueda realizar el movimiento de personal correspondiente´. Además, el numeral 12 señala: ´Igualmente el Ministerio de Educación Pública, podrá hacer uso del recurso humano que estuviere en disfrute de licencia especial para la atención de tareas y funciones de carácter administrativo, administrativo-docente o de carácter técnico, en cualquiera de sus dependencias cuando tales servicios se requieran para la buena marcha de las instituciones o para implementar programas especiales´. Finalmente, el artículo 17 dice: ´Los beneficiarios de las licencias previstas en esta reglamentación gozarán de un subsidio equivalente a la totalidad de su salario con arreglo a lo dispuesto por el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Educación sobre la materia´ (énfasis suplido). De modo que esta normativa complementa y no contradice lo dispuesto por el numeral 174 del Estatuto de Servicio Civil, que reza: ´a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad, estuviese devengando salario adicional por zonaje, por horario alterno, o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando. b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes. c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder’ (Lo resaltado es agregado). La normativa reglamentaria desarrolla esta expresa disposición, contemplando de manera indistinta el derecho a la indemnización tanto para el caso de la licencia permanente como de la especial” (algunos destacados constan en el original, otros se agregaron. Véase en un sentido similar la sentencia de esta Sala número 443 de las 11:25 horas, del 17 de marzo de 2017). Tampoco lleva razón la parte recurrente en cuanto sostiene que el recargo no se le debe reconocer por cuanto no fue laborado, pues esto se debió a la necesidad de reubicar al servidor o a la servidora en funciones diferentes a la docencia, por razones de salud. La normativa contempla el derecho a que se siga percibiendo, en esas circunstancias, “un subsidio equivalente a la totalidad de su salario”; de ahí que no pueda concluirse, como pretende el demandado, que se desvirtuó la naturaleza del recargo o que se afectan los fondos públicos de manera injustificada, o que se infringe el principio de legalidad, puesto que las normas aplicables al caso son las que establecen esas consecuencias jurídicas. Por lo expuesto, tampoco es cierto que se hayan violentado los artículos 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública ni el 56 de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública . El primero hace referencia a la posibilidad de que el límite de cuarenta lecciones semanales se exceda cuando el servicio así lo requiera, manteniéndose el exceso como un recargo, de carácter temporal. Tal disposición no regula la situación que aquí se plantea y está prevista para el ejercicio efectivo de las funciones de docencia, no para los casos de personas servidoras que gocen de incapacidad o licencia. La otra norma no pudo resultar violada, pues se refiere a la penalización por el otorgamiento de sobresueldos improcedentes, lo cual no es el supuesto que se discute. Por último, cabe señalar que ni los criterios de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación Pública ni las decisiones de otros órganos jurisdiccionales sobre el particular resultan vinculantes para esta Sala. Luego, es importante indicar que lo que se ha planteado sobre el tema no resulta contrapuesto al criterio del Tribunal Constitucional en el sentido de que los recargos tienen naturaleza temporal y no constituyen un derecho adquirido. Tal y como se ha señalado, no se está en presencia de la situación de un servidor activo en funciones que demande o no el recargo, sino que el tema se reduce a establecer la remuneración correspondiente a una persona servidora que no ha podido seguir efectuando sus labores normales ni los recargos que venía ejerciendo, debido a un desmejoramiento de su salud.
IV.- SOBRE LAS DIFERENCIAS EN LAS VACACIONES: La parte demandada objeta también la condena al pago de diferencias por concepto de vacaciones, dado que el actor las ha venido disfrutando. Sobre el particular, debe indicarse que el reclamo es parcialmente atendible. Como se está ordenando el pago del reajuste salarial derivado del reconocimiento del plus (horario ampliado), el cual comprende también el periodo de disfrute de vacaciones, no procede ordenar por separado el pago de diferencias por ese concepto, pues de hacerlo se estaría generando un doble pago, lo que no es ajustado a derecho y resulta contrario al principio de equidad y justicia.
V.- SOBRE LAS COSTAS: La exoneración en costas que pretende la representación estatal no es de recibo. No se advierte que exista buena fe en el actuar procesal del demandado, dado que existen numerosos pronunciamientos de esta Sala sobre el tema debatido. La negativa del accionado a corregir la situación del actor lo obligó a recurrir a la instancia judicial, con evidente gasto de su tiempo y del pago de honorarios de un profesional en derecho que atendiera su posición en juicio. Por eso no se estima justo que él deba cargar con dichos gastos. Además, ninguna incidencia tiene que en asuntos como el que nos ocupa estén de por medio fondos públicos, pues esa situación no se encuentra contemplada dentro de los presupuestos establecidos para la exención en costas. Así las cosas, conforme a lo señalado, no cabe la exoneración requerida por la impugnante (artículos 562 y 563 del Código de Trabajo).
VI.- CONSIDERACIONES FINALES: Al amparo de lo expuesto, procede declarar parcialmente con lugar el recurso y anular la sentencia impugnada, solo en cuanto ordenó pagar las diferencias generadas en las vacaciones, para en su lugar señalar que el pago de esa diferencia, procede solo si todas o parte de las vacaciones le fueron pagadas al accionante, no así si las disfrutó.
VII.- VOTO SALVADO DE LAS MAGISTRADAS VARELA ARAYA Y CHACÓN ARTAVIA: Las suscritas se apartan del criterio de mayoría en cuanto reconoce al actor el pago del sobresueldo por recargo de horario ampliado a partir del año 2016 y hasta que mantenga su condición de reubicado. Ha quedado debidamente acreditado que el demandante devengaba ese recargo y que, debido a problemas de salud, fue reubicado en funciones administrativas a partir del 1 de setiembre de 2015; razón por la cual aquel sobresueldo se le dejó de pagar desde febrero de 2016. Asimismo, según se desprende del oficio DRH-PRH-UL-7846-2016, está claro que la reubicación se acordó ante una recomendación médica, basada en el artículo 254 del Código de Trabajo . No estamos ante una incapacidad propiamente dicha. Ante la Sala se alega que la Administración Pública está sujeta al principio de legalidad, por lo que solo puede proceder conforme a lo que esté debidamente autorizado en el ordenamiento jurídico (numerales 11 de la Constitución Política y 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública), y que el servidor no se encuentra dentro de los presupuestos de hecho previstos en el artículo 22 bis inciso a) del Reglamento de Estatuto del Servicio Civil, pues no se encuentra incapacitado por enfermedad como lo establece el Juzgado, que lo hagan acreedor a lo pretendido. Luego de un replanteamiento del análisis sobre los alcances de la normativa aplicable al caso concreto, concluimos que lleva razón quien recurre. Los ordinales 118 del Código de Educación y 13 del Manual de Procedimientos para Administrar el Personal Docente estipulan la posibilidad de asignar ciertos recargos, los cuales no constituyen un derecho adquirido y, por consiguiente, el pago de estos debe suspenderse cuando la persona funcionaria, en el ejercicio de sus labores habituales, deja de cumplir los requisitos exigidos para su reconocimiento. Por otro lado, el artículo 174 del Estatuto del Servicio Civil, establece que: “a) Si el servidor, en el momento de incapacitarse por enfermedad o maternidad , estuviese devengando salario adicional por zonaje, por ‘horario alterno’, o cualquier sobresueldo, tendrá derecho a un subsidio equivalente al salario total que en dicho momento estuviese devengando. /b) Las licencias por enfermedad, cualquiera que sea su duración, no interrumpirán el derecho que tienen los servidores para recibir los aumentos de sueldos correspondientes. (Así reformado por el artículo 1º de la Ley No.5659 de 17 de diciembre de 1974). /c) Para todos los efectos legales, tanto el subsidio, como los auxilios a que se refiere el artículo 167, tendrán el carácter de salario, y serán, en consecuencia, la base para el cálculo de pensiones y prestaciones legales, entre otros extremos, que pudieran corresponder. / (Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1º de la Ley No. 6110 de 9 de noviembre de 1977)” (el resaltado es agregado). Del texto antes trascrito se colige, en forma clara y expresa, que la persona servidora que se encuentre incapacitada por enfermedad, o la funcionaria en licencia por maternidad, que viniere devengando salario adicional por sobresueldos, tiene derecho a que estos se contemplen al momento de fijar el importe del subsidio a pagarle. En el caso que nos ocupa, el promovente fue reubicado en funciones administrativas y no está incapacitado ni disfrutando de aquella licencia, por lo que su situación no se subsume en el presupuesto de hecho de la norma. Además, hay que tener presente que al tenor de lo dispuesto en los numerales 118, inciso j), del Código de Educación y 13 del Decreto Ejecutivo n.° 12915-E-P, antes citados, estos pluses se conceden cuando la persona servidora lleva a cabo funciones adicionales a las que realiza ordinariamente en su puesto, de manera temporal, y cuya asignación se encuentra debidamente justificada, ya sea por necesidades de los centros educativos, por razones de oportunidad y conveniencia, o para la satisfacción efectiva y eficiente del servicio brindado. Dicho de otro modo, el otorgamiento de estos sobresueldos depende de que las circunstancias así lo ameriten y por ello se asignan con carácter temporal, para cada curso lectivo, según las fechas de inicio y fin normadas en el ordinal 176 del Estatuto de Servicio Civil; de lo contrario, se desnaturalizaría el servicio eventual y se convertiría en uno ordinario. En consonancia con lo anterior, el artículo 15 de la Ley de Salarios de la Administración Pública prescribe que “el exceso se mantendrá como un recargo, por ende, de carácter temporal”. Consecuentemente, aquellos recargos que dependan de alguna condición particular para ser concedidos no se configuran como un derecho adquirido, que se incorpora irremediablemente al salario total de la persona trabajadora, en forma permanente y con independencia del servicio que preste, como se pretende en este caso. Existe vasta jurisprudencia de la Sala Constitucional en el sentido de que los recargos de funciones (en este caso por horario ampliado) no pueden considerarse como un derecho adquirido de la persona servidora. Así, en la sentencia n.° 3681, de las 15:45 horas del 22 de marzo de 2011, se externó: “Debe recordarse que esta Sala ha señalado que el desempeño del trabajador que pueda ser catalogado como un recargo de funciones, no constituye un derecho adquirido para el trabajador al que se le asigna y que obligue a la Administración a mantenerle en esa condición. Generalmente la asignación de tales recargos -por obedecer a la necesidad de prestación del servicio en un momento determinado-, tiene un carácter temporal y se paga por una cantidad de labores específicas, siendo que, lógicamente, su valor deberá ser determinado por la autoridad recurrida con fundamento en criterios técnicos y objetivos que son propiamente de su interés y de su competencia (ver en ese sentido sentencia número 2003-09533 de las doce horas veintiocho minutos del cinco de septiembre del dos mil tres y 2006-7717 de las dieciséis horas cuarenta y siete minutos del treinta de mayo del dos mil seis, entre otras). Por tal razón, el recargo constituye un ‘plus’ o beneficio salarial que depende del hecho de que las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor del interesado para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le mantenga el recargo u horario alterno" (énfasis suplido; véanse también las resoluciones números 6390 de las 15:14 horas del 18 de mayo de 2011 y 868 de las 9:05 horas del 18 de enero de 2013). De igual manera, en el voto n.° 3306, de las 12:48 horas del 9 de marzo de 2007, se acotó: “…si los supuestos por los cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó (sentencia N° 2006-010959 de las 17:51 horas del 26 de julio de 2006)”. En este mismo fallo se hizo referencia a la sentencia n.° 296, de las 11:54 horas del 13 de enero de 1995, en el cual expresamente se indicó: “De igual forma cabe pronunciarse en lo que toca a la diferencia salarial que dice el recurrente que deja de percibir con ocasión del acto cuestionado, toda vez que la retribución por el recargo citado constituye un ‘plus’ o beneficio salarial, el cual depende del hecho de que las funciones se ejerzan o no, sin que la circunstancia de haberlas realizado por un plazo determinado, tenga el efecto de constituir un derecho subjetivo a favor del interesado, para que se le siga pagando tal extremo, o para que se le mantenga el recargo señalado, de manera que el recurso, en cuanto a este último reparo es también improcedente…”. Por último, en la resolución n.° 10959, de las 17:51 horas del 26 de julio de 2006, se apuntó: “Esta Sala, en múltiples oportunidades, ha establecido que los sobresueldos que dependan de alguna condición para ser otorgados no constituyen un derecho adquirido que se incorpore como tal al salario propiamente dicho, toda vez que su otorgamiento depende de las condiciones objetivas por las cuales fue reconocido. En otras palabras, si las condiciones bajo las cuales fue otorgado un sobresueldo varían, y la persona ya no se encuentra en las mismas circunstancias, no resulta arbitrario que la Administración revoque en forma unilateral tal beneficio, toda vez que no se cumple la condición bajo la cual se originó”. Conforme a lo expuesto, resulta evidente que las sumas recibidas por recargo de horario ampliado constituyen sobresueldos temporales, anexos a la estructura salarial, que si bien forman parte de la remuneración final que percibe la persona funcionaria, no son un componente sustancial permanente, sino adicional, cuyo reconocimiento depende de que aquella se encuentre en los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para su concesión y, de las necesidades que surjan en cada periodo lectivo. Cabe destacar que el pago de estos recargos procede en razón del puesto y de las funciones que realiza la persona servidora, por lo que puede denegarse cuando las condiciones originarias de su otorgamiento desaparezcan. Con base en las normas traídas a colación, la jurisprudencia citada y los principios de primacía de la realidad, razonabilidad e igualdad salarial, se considera que la representación del Estado lleva razón cuando manifiesta que no es factible mantener el pago de retribuciones cuando no se da la prestación real del servicio, por motivos como el de autos (persona reubicada en un puesto administrativo), pues no existe sustento fáctico ni jurídico para retribuir un servicio que no se está prestando. Además, obligar al Estado a cancelar una remuneración por una contraprestación que no se está brindando resulta irrazonable y contrario a la equidad. Aunado a ello, se estaría dando una ventaja indebida a las personas reubicadas, con respecto a quienes se encuentran nombradas en una plaza de docente y ejerciendo las funciones por recargo de algún tipo, pues no se hallan en igualdad de condiciones y ganan igual. Amén de que el Estado estaría pagando doble (a dos funcionarios) por un mismo recargo de horario ampliado, cuando haya sido necesario que lo asuma la persona que sustituye a quien ha sido reubicada por razones de salud. Como se dijo antes, el recargo por horario ampliado, como ocurre en el caso de estudio, no constituye un derecho adquirido, amén de que, por lo excepcional del tema, no pueden ser reputados como un derecho que se incorpora de ordinario (fijo) a los contratos de trabajo de las personas docentes. Finalmente, téngase presente que para poder exigir el pago del recargo se requiere necesariamente que una norma así lo autorice (principio de legalidad que rige en el sector público) y cumplir con las condiciones y presupuestos por ella estatuidos; lo que no se da en la especie. En virtud de lo anterior, la supresión del sobresueldo por horario ampliado, al pasar el actor de la condición de docente a cumplir funciones administrativas por reubicación, está ajustada a derecho. SOBRE LAS COSTAS: Aunque la normativa sobre costas establece como regla de principio la condenatoria en esos gastos a la parte vencida, quienes suscriben este voto salvado consideran que, en el caso concreto, se debe absolver en costas. Si bien se ha demostrado que a la parte actora no le corresponde el derecho que reclama, se aprecia que esta ha litigado con evidente buena fe, bajo la creencia de que le asiste el derecho a mantener el pago de recargo por horario ampliado durante su reubicación en labores administrativas y, las suscritas se han replanteado el tema de la interpretación correcta de las normas que rigen el recargo por algún motivo, (como es el de horario ampliado) a la carga académica contratada de ordinario. Esta exoneración se dispone en aplicación de los artículos 563 y 562 del Código de Trabajo. Como corolario de lo expuesto, debemos declarar con lugar el recurso de la parte demandada, anular la sentencia impugnada y desestimar la demanda en todos sus extremos, admitiendo a su respecto la excepción de falta de derecho. Por las razones anteriormente señaladas, debemos resolver sin especial condenatoria en costas.
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso y se anula la sentencia impugnada, solo en cuanto ordenó pagar las diferencias generadas en las vacaciones, en su lugar, se condena al demandado a pagar esa diferencia al actor solo si todas o parte de las vacaciones le fueron pagadas, no así si las disfrutó. En lo demás se desestima el recurso. Las Magistradas Varela Araya y Chacón Artavia salvan el voto, declaran con lugar el recurso de la demandada, anulan la sentencia impugnada, acogen la excepción de falta de derecho y desestiman la demanda en todos sus extremos, resolviendo sin especial condenatoria en costas.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2021001015
AVMIRANDAS/wdcerdas
1
EXP: 16-000202-0166-LA

Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2295-3009. Correos Electrónicos: imoralesl@poder-judicial.go.cr. y jmolinab@poder-judicial.go.cr

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