Sentencia Nº 2021-001019 de Sala Segunda de la Corte, 07-05-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-001019
Número de expediente17-003036-0173-LA
*170030360173LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 17-003036-0173-LA
Res: 2021-001019
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas cuarenta y cinco minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], casado y contador, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderado generalísimo, el licenciado Alfonso Calvo Cruz, de calidades desconocidas. Actúan como apoderados especiales judiciales del actor, los licenciados Rafael Ángel Guzmán Alfaro y Jorge Manuel García Araya. Todos mayores.
Redacta el Magistrado Olaso Álvarez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El actor formuló la demanda para que se condene a la Caja Costarricense de Seguro Social –en adelante CCSS- a pagarle las dos horas diarias laboradas en demasía desde el 16 de octubre de 1981; los reajustes correspondientes en los montos de aguinaldo, vacaciones, salario escolar, anualidades, pensión y cualquier otro extremo laboral; intereses, indexación y ambas costas (imágenes 2-14 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). La apoderada general judicial de la accionada contestó en términos negativos y opuso las excepciones de falta de derecho y pago. Adujo que el accionante ingresó a trabajar el 1° de mayo de 1976 en el Subárea Contabilidad Activos y Suministros de la Dirección Financiero Contable y que a partir del 16 de octubre de 1981 fue trasladado, en ascenso, a Oficinas Centrales. Subrayó que, según lo demuestra el contrato de trabajo suscrito por el demandante, este fue contratado con una jornada semanal de 44 horas. Reconoció que algunas personas servidoras que ingresaron a Oficinas Centrales antes de 1988 tienen una jornada de 36.5 horas por semana y apuntó que al actor no le resulta aplicable el laudo arbitral de 1988, ya que no se encontraba en el grupo que laboraba en jornada de 48 horas semanales (imágenes 115-134 ídem). El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, mediante sentencia n.° 64, de las 16:10 horas del 17 de enero de 2020, acogió las defensas interpuestas, declaró sin lugar la demanda y condenó al accionante al pago de ambas costas. Las personales las fijó en cien mil colones (imágenes 443-451 ídem).
II.- AGRAVIOS: El apoderado especial judicial del demandante se muestra disconforme con lo fallado. “Sección primera: sobre los vicios por temas de forma”. Primero: reprocha que no se analizara toda la prueba documental ofrecida por esa representación y que se encuentra incorporada en el expediente. Echa de menos el análisis de los criterios de la Dirección de Administración y Gestión de Personal de la CCSS y de la Normativa de Relaciones Laborales. A su juicio, dicha omisión le causa indefensión a su cliente. Estima violentados los principios in dubio pro operario y legalidad; así como el artículo 74 de la Constitución Política. Segundo: aduce que la demandada no aportó pruebas, a sabiendas que así lo exige el ordenamiento jurídico, e invoca los numerales 476, 478 y 484 del Código de Trabajo. Tercero: protesta que no se hace una distinción entre jornada y horario. No comparte que en la sentencia recurrida se haya señalado que el punto a dilucidar es la jornada extraordinaria, pues lo que debe resolverse es que al actor se le obligó a trabajar en jornada de 38.5 horas semanales cuando debió laborar 36.5 horas, toda vez que ingresó a Oficinas Centrales antes del 14 de setiembre de 1988. Objeta la condenatoria en costas, argumentando que se ha actuado de buena fe. Cuarto: acusa falta de fundamento. Reitera que en la resolución impugnada no se hizo diferencia entre jornada y horario, términos que no son equivalentes. “Sección segunda: sobre los vicios por temas de fondo” . Destaca que se tuvo por probado que el accionante se trasladó en propiedad e ingresó a trabajar en Oficinas Centrales el 16 de octubre de 1981; de modo que le resulta aplicable lo dispuesto en el ordinal 18 de la Normativa de Relaciones Laborales, el cual trascribe, al igual que el artículo 1 de dicho cuerpo normativo. Hace ver que dicha normativa tiene rango de ley, según se apuntó en el voto n.° 132-2014 de esta Sala. Recrimina que el único hecho no probado sea que el demandante estuviera sujeto a la jornada de 36.5 horas por semana. A su parecer, el numeral 18 citado fue desaplicado y ello produce incongruencia. Plantea que, contrario a lo aseverado en la sentencia recurrida, la Normativa de Relaciones Laborales sí contempla de forma expresa la jornada de 36.5 horas semanales y que es la jornada de 38.5 horas la que no se encuentra regulada. Manifiesta que en autos no consta prueba alguna que sustente la afirmación esbozada por el Juzgado en cuanto a que al actor -cuando fue trasladado a Oficinas Centrales- se le asignó un horario que implicaba la jornada de 38.5 horas por semana. Resalta que en la acción de personal n.° 0425069B se consignó una jornada diaria de 6.5 horas y que en el oficio n.° DJ-03058-2017 de la Dirección Jurídica de la CCSS se indicó que dicha jornada correspondía a la de 36.5 horas semanales. Estima que el fallo se contradice al valorar los oficios de la Dirección de Administración de Personal números DAGP-1012-2013 y DAGP-0460-2017 (léase correctamente DAGP-0469-2017). Señala que los criterios técnicos en materia de recursos humanos han señalado que las personas funcionarias que ingresaron antes del 14 de setiembre de 1988 a Oficinas Centrales tienen un derecho adquirido a una jornada semanal de 36.5 horas. Reprocha que se le diera credibilidad al oficio n.° DAGP-980-2019 por ser un documento público y no existir otro elemento que lo desacredite, mas no a los oficios números DAGP-1012-2013 y DAGP-0469-2017. Insinúa la posible comisión de prevaricato. Alega que tampoco se valoró el oficio de la Dirección Jurídica n.° DJ 1038-2017. Copia un extracto del voto de la Sala Constitucional n.° 1739-92 que hace referencia al derecho de congruencia. Nuevamente objeta la condenatoria en costas, argumentando que se ha actuado de buena fe. Insiste en que lo pretendido encuentra sustento en el ordinal 18 de la Normativa de Relaciones Laborales, los criterios de la Dirección de Administración y Gestión de Personal y de la Dirección Jurídica. Menciona que mediante oficio n.° DAGP-0108-2020 se consignó que los únicos competentes para variar la jornada laboral en la accionada es la Junta Directiva, no así el Presidente Ejecutivo y dos Subgerentes. Asevera que el cambio de jornada en Oficinas Centrales devino de una circular, es decir, no se decretó formalmente, y ello hace que no aparezca regulada en la Normativa de Relaciones Laborales. Trae a colación lo indicado en la circular n.° 5636 de 1979. Hace referencia a la competencia exclusiva que tiene la Junta Directiva para fijar las jornadas de trabajo a lo interno de la institución. Adjunta el criterio técnico de la Dirección de Administración Gestión de Personal plasmado en el oficio n.° 0108-2020 (imágenes 465-487 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado).
III.- DE LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER: El artículo 594 del Código de Trabajo estipula: “ Ante el órgano de casación solo podrán presentarse u ordenarse para mejor proveer pruebas documentales y técnicas que puedan ser de influencia decisiva, según calificación discrecional del órgano. Las últimas se evacuarán con prontitud y el costo de las peritaciones no oficiales deberá cubrirlo la parte que ha solicitado la probanza. Tales probanzas serán trasladadas a las partes por tres días”. A juicio de la Sala, la documental ofrecida en el recurso no es de influencia decisiva para resolver con acierto el presente asunto, por lo que esta no es de recibo.
IV.- AGRAVIOS FORMALES: En el recurso, un apartado se titula “sección primera: agravios por temas de forma”, sin embargo, no todos los reproches ahí expuestos son de esa naturaleza. Los tres primeros reparos son de orden sustancial y, conforme a los principios de sencillez e informalismo que rigen el proceso (numeral 421 del Código de Trabajo), se analizarán en el considerando siguiente. El único agravio, dentro de ese apartado, que sí es de índole procesal es el cuarto, que acusa falta de fundamento, en tanto no se hizo una distinción entre jornada y horario. El ordinal 587 del Código de Trabajo admite el recurso de casación por vicios de orden procesal, en los supuestos que ahí se regulan de manera taxativa, y en el inciso 5) prevé como motivo de casación por la forma, la falta de fundamento o fundamento insuficiente de la sentencia. El deber de fundamentar debidamente las resoluciones judiciales constituye una obligación consustancial a los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa. La materialización de las razones que condujeron a la persona juzgadora a adoptar una u otra decisión es lo que permite a las partes poder ejercer control sobre lo resuelto, mediante los mecanismos procesales concebidos para ello. “La fundamentación de la sentencia es la labor intelectiva del juzgador empleada para justificar la decisión que adopta con respecto al asunto que es sometido a su conocimiento. Para ello el operador del derecho, debe hacer constar los motivos fácticos y jurídicos que le sirven para sustentar su criterio, pues de lo contrario su decisión será arbitraria. Lo anterior no es mero requisito de forma de la sentencia, sino una exigencia derivada del principio del debido proceso, ya que por medio de la motivación del fallo, tanto actor como demandado podrán hacer uso de los recursos ordinarios que les otorga la legislación, con el fin de realizar el control del poder jurisdiccional” (Sala Segunda, sentencia n.° 181, de las 9:45 horas del 5 de febrero de 2010). De ahí que los artículos 421 y 560 de ese mismo Código establecen expresamente la obligación de razonar las decisiones. Este último señala que en la parte considerativa del fallo se indicarán “ …los medios de prueba en que se apoya la conclusión y las razones que la amparan y los criterios de valoración empleados, para cuyo efecto deberá dejarse constancia del análisis de los distintos elementos probatorios evacuados, mediante una explicación detallada y exhaustiva de cada uno de ellos… se darán las razones de hecho, jurídicas, doctrinales y jurisprudenciales, se bastanteará la procedencia o improcedencia de las proposiciones... Es indispensable citar las normas jurídicas que sirven de base a las conclusiones sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones o excepciones propuestas”. Analizada la sentencia recurrida, la Sala advierte que el Juzgado sí expuso las razones jurídicas y de hecho con las cuales sustentó su decisión. La distinción entre jornada y horario que echa de menos el recurrente no hace que la resolución carezca de fundamento. Por otra parte, dentro del apartado denominado “sección segunda: sobre los vicios por temas de fondo”, se alega incongruencia, vicio de índole procesal. El principio de congruencia de las sentencias consiste en que estas, además de ser armoniosas en sí mismas, en su parte dispositiva deben siempre ajustarse a los términos de la litis, de tal manera que resuelvan todas las cuestiones propuestas y no vayan a conceder más de lo pedido. En el asunto bajo análisis no se da este defecto procesal, pues el Juzgado resolvió en apego a lo solicitado por el accionante en su demanda. En todo caso, la protesta no está realmente referida a una incongruencia del fallo, sino que se trata de una protesta contra la inaplicación del numeral 18 de la Normativa de Relaciones Laborales, lo que constituye un vicio de orden sustancial que se analizará en el considerando siguiente, por las mismas razones expuestas al principio de este apartado.
V.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: En la demanda, el accionante refirió que comenzó a trabajar para la CCSS, en Oficinas Centrales, el 16 de octubre de 1981 y que actualmente se encuentra pensionado. Señaló que fue contratado para prestar servicio en jornada de 36.5 horas semanales y que en el año 1988 se firmó un laudo arbitral que en la cláusula quinta dispuso que la jornada de las personas funcionarias de Oficinas Centrales no podía ser variada, en tanto constituía un derecho adquirido. Añadió que a partir del 14 de setiembre de 1988 las personas que ingresaron a laborar o fueron trasladadas a Oficinas Centrales tenían una jornada de 44 horas semanales. Trajo a colación lo normado en el ordinal 18 de la Normativa Interna de Relaciones Laborales: “Oficinas Centrales, ordinaria diurna de 36.5 horas semanales, para las personas trabajadoras que se encontraban laborando antes del 14 de setiembre de 1988” (sic. Imagen 3 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado) y destacó que, no obstante lo anterior, desde el 16 de abril de 1982 se le obligó a trabajar dos horas en demasía por día, las cuales no le fueron remuneradas. En sustento de su posición, aportó la acción de personal n.° 0425074B, la cual data del 25 de setiembre de 1981 y revela que fue trasladado del Almacén General a Oficinas Centrales a partir del 16 de octubre de 1981 (imagen 28 ídem); así como su contrato de trabajo, el cual consigna que este ha prestado sus servicios desde el 19 de mayo de 1976 (imagen 31 ídem). Estas probanzas ciertamente evidencian que el demandante ingresó antes del 14 de setiembre de 1988 a Oficinas Centrales. Esto reviste especial importancia para determinar la jornada a la cual estaba sujeto, pues, por las razones que de seguido se exponen, para esos años, efectivamente dichas oficinas tenían una jornada de 36.5 horas semanales, según lo ha sostenido la parte actora durante el proceso. Así, al trabarse la litis, en consonancia con lo referido en el escrito inicial, la demandada reconoció que algunas personas funcionarias de Oficinas Centrales prestaban servicio en jornada de 36.5 horas semanales. En ese sentido, indicó que por acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS, en el artículo 3º de la sesión n.° 565, celebrada el 25 de mayo de 1948, se estableció una nueva jornada laboral de 36.5 horas, desarrollada en el siguiente horario: de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 11:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. y sábados de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y el domingo libre. Asimismo, mencionó que mediante circular n.° 5636 del 6 de marzo de 1979, suscrita por el Presidente Ejecutivo, con vigencia a partir del 12 de marzo siguiente, desapareció en Oficinas Centrales de la CCSS la jornada laboral partida o discontinua, estableciéndose una nueva jornada laboral continua, consistente en un total de 38.5 horas semanales, laboradas en el siguiente horario: de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 3:45 p.m. y los viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. Luego surgió otra normativa que también contempló el tema de la jornada laboral. El 14 de setiembre de 1988 adquirió firmeza el “Laudo Arbitral dictado por el Tribunal Superior de Trabajo (miembros suplentes), dentro del Conflicto Colectivo de Carácter Económico, Social, promovido por los Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social”, que fijó en la cláusula quinta las jornadas de trabajo para las Oficinas Centrales en 44 horas ordinarias semanales. Sin embargo, como bien lo acotó la parte accionante, en el la cláusula tercera del Laudo se estableció el carácter inmodificable de los derechos, ventajas y condiciones mejores que disfrutaban aquellas personas trabajadoras antes de 1988. En ese sentido se consignó: “Los (sic) establecido en esta sentencia no modifica ni perjudica los derechos, ventajas y condiciones mejores que actualmente disfrutan los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social…” (Imagen 128 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). Este Laudo se aplicó para todo el personal que ingresara a trabajar para la institución a partir de esa fecha, quienes tendrían una jornada laboral de 44 horas ordinarias semanales. Rigió hasta el 31 de diciembre de 1993. A partir del 1° de enero de 1994 y hasta el 16 de octubre de 1998, estuvo en vigencia el instrumento denominado “Normas que regulan las relaciones laborales entre la Caja Costarricense de Seguro Social y sus trabajadores”, que disponía una jornada de 44 horas ordinarias semanales para “todos los demás centros de trabajo de la Institución”, lo que incluía Oficinas Centrales. Del 17 de octubre de 1998 al 7 de diciembre de 2010 rigió la primera “Normativa de Relaciones Laborales”, que continuó con las 44 horas semanales. Como puede apreciarse, a pesar de que las jornadas de trabajo fueron mutando a través de los diferentes textos, se mantuvo la ventaja o condición mejor de que disfrutara el personal que hubiese ingresado con anterioridad; siendo esta el ostentar una jornada de trabajo diferenciada con menor cantidad de horas. Si bien el Laudo ya no se encuentra vigente, la normativa posterior no cambió sus términos, en el sentido de que siempre se mantuvo una jornada de 44 horas semanales para quienes ingresaron después del 14 de setiembre de 1988, respetándose los casos de quienes tuvieran una menor. En tales condiciones se emitieron las “Normas que regulan las relaciones laborales entre la Caja Costarricense de Seguro Social y sus trabajadores”, vigentes del 1° de enero de 1994 al 16 de octubre de 1998, y la primera “Normativa de Relaciones Laborales”, que rigió del 17 de octubre de 1998 al 7 de diciembre de 2010. Así las cosas, no cabe duda de que la jornada fijada para las Oficinas Centrales para cuando el demandante fue trasladado en propiedad fue la de 36.5 horas por semana. Ahora bien, para reclamar un derecho adquirido respecto de dicha jornada laboral no basta con haber ingresado a Oficinas Centrales antes del 14 de setiembre de 1988, sino que debe acreditarse haber prestado servicio bajo esta y en el caso concreto ello no ocurrió. El actor no aportó –como era su deber procesal- elemento probatorio alguno que demostrara que cuando fue trasladado a Oficinas Centrales trabajó en jornada de 36.5 horas semanales (artículo 477 del Código de Trabajo). En primer término, es oportuno destacar que de sus propias manifestaciones se desprende que ello nunca fue así. En el primer punto de la petitoria se requirió: “1) Se condene a la Caja Costarricense del Seguro Social, al pago del tiempo extraordinario desde el 16 de octubre del año 1981, de todas las horas extras semanales que mi jefatura arbitrariamente consideró que debía laborar, quebrantando con ello el principio de legalidad que es de rango constitucional, ya que mi horario era de 36.50 horas semanales, y me impusieron 38.50 semanales” (sic. Imágenes 11 y 12 de la vista completa del expediente electrónico del Juzgado). Véase que el reclamo del pago del tiempo laborado en demasía se planteó desde el primer día de su traslado, lo que ocurrió el 16 de octubre de 1981, según lo demuestra la acción de personal n.° 0425074B (imagen 28 ídem); lo que permite afirmar que no prestó servicio en la jornada reclamada, aun cuando era esta la que regía para ese entonces en dichas oficinas. Esta probanza, además de evidenciar el traslado del accionante a Oficinas Centrales, registra su jornada diaria (6.5 horas) y su jornada mensual (195 horas), mas no su jornada semanal y de dichos datos no es posible obtener de forma certera cuál era su jornada por semana. Para llenar este vacío, el recurrente remite a lo expuesto en el oficio n.° DJ-03058-2017 de la Dirección Jurídica de la CCSS e inserta una imagen con el texto que resulta de su interés, el cual señala: “…independientemente del número de horas que se especifique en la casilla ‘HORAS DIARIAS’, que por lo general se estila especificar 06.5 horas, cantidad que responde, precisamente, a la jornada laboral de 36.50 horas semanales…” (Sic). Este planteamiento no resulta de recibo, por cuanto en los autos no consta el documento en su integralidad (solamente se adjuntó la página 4 del oficio y en ella no viene el texto trascrito, imágenes 273-275 ídem), de forma que resulta materialmente imposible corroborar que la imagen inserta ciertamente corresponda a dicho oficio. En todo caso, esa afirmación no prueba que el demandante ciertamente haya prestado servicio en esa jornada y, por ende, tenga derecho a que esta le fuera respetada durante todo el tiempo que laboró en Oficinas Centrales. Por otro lado, el contrato de trabajo que consta en el expediente tampoco apoya la teoría del caso del actor, en tanto corresponde a su ingreso a la accionada, cuando fue contratado para laborar en el Almacén General, en jornada de 8 horas al día y 44 horas a la semana (imagen 31 ídem). Por su parte, los oficios de la Dirección de Administración de Personal números DAGP-1012-2013 (imágenes 173-179 y 248-254 ídem) y DAGP-0469-2017 (imágenes 203-208 y 388-393 ídem), así como el de la Dirección Jurídica n.° DJ 1038-2017 (imágenes 256-267 ídem), cuya valoración echa de menos el recurrente, no llevan a darle la razón. Aunque los oficios confirman la jornada de 36.5 horas por semana en Oficinas Centrales, lo cual esta Sala no desconoce, no hacen alusión al accionante propiamente ni acreditan que este efectivamente trabajó en dicha jornada. Finalmente, el testigo ofrecido no se refirió a la jornada de aquel ni se le hizo cuestionamiento alguno en ese sentido (archivo multimedia incorporado al escritorio virtual el 10 de enero de 2020 a las 9:23:24 horas). Luego, al no existir elemento probatorio que demuestre fehacientemente que el demandante tiene derecho a la jornada que pretende, por haber prestado servicio bajo esta, no hay mérito para variar lo que viene resuelto (en sentido similar, véase la sentencia n.° 119, de las 10:30 horas del 17 de enero de 2020). En otro orden de ideas, por innecesario no se emite pronunciamiento respecto de cuál órgano tiene la competencia para variar las jornadas laborales que rigen a lo interno de la CCSS. Por último, no se omite indicar que en relación con el planteamiento de la posible comisión de un delito por parte de la persona juzgadora, esta Sala tampoco se pronuncia, pues no tiene competencia para ello.
VI.- COSTAS: El recurrente objeta la condenatoria en costas, argumentando haber actuado de buena fe. El numeral 562 del Código de Trabajo, en lo que resulta de interés, estipula: “En toda sentencia […] se condenará al vencido […] al pago de las costas personales y procesales causadas. /Si la sentencia resuelve el asunto por el fondo […] las personales no podrán ser menores del quince por ciento (15%) ni mayores del veinticinco por ciento (25%) del importe líquido de la condenatoria o de la absolución, en su caso…” El ordinal 563 siguiente, por su parte, señala: “No obstante, se podrá eximir al vencido del pago de las costas personales y aun de las procesales, cuando: 1) Se haya litigado con evidente buena fe. /2) Las proposiciones hayan prosperado parcialmente. /3) Cuando haya habido vencimiento recíproco. /La exoneración debe ser siempre razonada… /No podrá considerarse de buena fe a la parte que negó pretensiones evidentes que el resultado del proceso indique que debió aceptarlas, no asistió a la totalidad de la audiencia, adujo testigos sobornados o testigos y documentos falsos, no ofreció ninguna probanza para justificar su demanda o excepciones, si se fundaran en hechos disputados…” De conformidad con lo anterior, la regla es imponer el pago de estos gastos a la parte que resultó vencida. En el caso bajo estudio se estima que no se está en presencia de alguno de los casos de excepción, que facultan a la persona juzgadora para eximir a la parte vencida del pago de las costas, pues el actor no allegó al proceso pruebas que acreditaran su derecho a la jornada extraordinaria reclamada.
VII.- CONSIDERACIÓN FINAL: Como corolario de lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso interpuesto.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2021001019
PROJASM/wdcerdas
1
EXP: 17-003036-0173-LA
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