Sentencia Nº 2021-001022 de Sala Segunda de la Corte, 07-05-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-001022
Número de expediente18-000538-1125-LA
*180005381125LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 18-000538-1125-LA
Res: 2021-001022
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas del siete de mayo de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado Civil y de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, por [Nombre 001], sin oficio y vecino de San José; contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderado general judicial, el licenciado Henry Morera Madrigal, soltero. Figura, como apoderado especial judicial de la parte actora, el licenciado Luis Alejandro Fonseca Miranda. Todos mayores de edad, casados, abogados y de domicilio ignorado, con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado Aguirre Gómez; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El actor planteó demanda contra la Caja Costarricense de Seguro Social, para que se le reconozca una pensión por vejez del Régimen no contributivo, desde la solicitud administrativa. También solicitó el pago de ambas costas (escrito inicial incorporado al escritorio virtual del Juzgado el 10 de diciembre de 2018). La parte demandada mostró inconformidad con esas pretensiones y alegó las excepciones de falta de derecho y falta de interés actual. Basó su criterio en que el accionante no tiene necesidad de amparo económico inmediato, a la luz de la reglamentación que rige el caso. Para el supuesto de reconocerse la pensión, pidió dispensarla del pago de las costas (contestación de aquel libelo incorporada a ese mismo escritorio virtual el 13 de marzo de 2019). La sentencia de instancia ordenó a la accionada conceder la pensión pretendida, desde el 9 de enero de 2020 y le impuso la cancelación de las costas, fijando las personales en la cantidad de ciento veintiún mil colones (fallo incorporado al escritorio virtual el 1 de octubre de ese mismo año).
II.- RECURSO DE CASACIÓN: La parte demandada acusa la inobservancia del artículo 3 inciso b) del Reglamento del Programa del Régimen no Contributivo de Pensiones, a la luz de su reforma vigente desde el mes de mayo de 2017, de la Ley de Creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado número 9137 y su reglamento Decreto Ejecutivo 40650-MP-MIDHIS y de la Directriz de la Presidencia número 060-MTSS-MDHISS, publicada en La Gaceta número 602 del 24 de octubre de 2019; instrumentos que regulan la obligación de las instituciones públicas del sector social, como lo es la accionada, de utilizar los datos del SINIRUBE, como fuente de información socioeconómica de las personas y hogares del país. A propósito de esta inconformidad señala que cuando se presentó la solicitud administrativa ya había comenzado a regir la reforma reglamentaria aprobada en la sesión número 8907 del 25 de mayo de 2017, dejando el fallo de considerar el requisito sine qua nom incorporado en el inciso b) del numeral 3 de aquel Reglamento, a saber, contar con la clasificación de pobreza o pobreza extrema de la Ficha de Integración Social del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE). Dice que el actor fue clasificado como una persona no pobre, lo cual también se hizo en la resolución administrativa número 104080752-2018 del 12 de noviembre de 2018, en el escrito del 24 de setiembre de 2020 y en las conclusiones de la audiencia del 25 de setiembre siguiente. La demandada se encuentra regida por el principio de legalidad, por lo que no puede apartarse de la certificación del SINIRUBE. Por ello, debe tenerse que en el caso concreto, no se cumple con la exigencia de la calificación de pobreza o de pobreza extrema por parte de ese Sistema; encontrándose el acto administrativo denegatorio de la pensión ajustado a la legalidad. Para el supuesto de concluirse que al actor sí le asiste derecho, se opone a la fecha de rige que viene dispuesta. A su respecto, expresa que cuando se presentó la solicitud de pensión y fue resuelta, la accionada se encontraba sujeta al principio de legalidad, motivo por el cual “… solo asumiendo que los tribunales de justicia se encuentran facultados para soslayar mediante resolución judicial un requisito claramente establecido en nuestro ordenamiento jurídico, es que podría decirse que no es sino a partir del momento en que recaiga un fallo judicial como el que nos ocupa. En el que con base en circunstancias socioeconómicas distintas a las señaladas en su momento y con carácter obligatorio por parte del SINIRUBE, que la Caja se encontraría habilitada para conceder el derecho la pensión que, precisamente en sentencia, se otorgue a la parte actora”. En ese orden de ideas, es contrario a derecho fijar el beneficio desde el 9 de enero de 2020, pues, la demandada no podría reconocerla antes de la existencia de sentencia judicial firme, momento a partir del cual debió concederse y no en forma retroactiva. Por último, se opone a la condena en costas, por haber actuado de buena fe y haberse reconocido la pensión en el fallo de instancia a partir del 9 de enero de 2020 (artículos 562 y 563 del Código de Trabajo). Pide acoger el recurso y anular dicho pronunciamiento, estimando la defensa de falta de derecho. De modo subsidiario, solicita fijar el rige de la pensión desde la firmeza de la sentencia y dispensar del pago de las costas. III.- SOBRE EL DERECHO A LA PENSIÓN: Conforme con Reglamento del Régimen no contributivo de pensiones, el objetivo de dicho régimen es proteger a las personas adultas mayores y a quienes presentan el porcentaje de disminución de la capacidad general orgánica dispuesto para tal propósito, con o sin dependientes; a las viudas desamparadas, a las personas menores de edad huérfanas y a otras (según las definiciones establecidas en el numeral 6), cuando estén en necesidad de amparo económico inmediato y no hayan podido cotizar para algún otro régimen, o no hayan logrado cumplir los requisitos exigidos en esos otros regímenes. En el caso que nos ocupa, es un hecho no controvertido que el promovente es una persona adulta mayor, por lo que cumple con uno de los presupuestos de hecho exigidos por el ordenamiento jurídico para ser acreedor de una pensión al amparo del régimen de cita (inciso a) del referido ordinal 6). No obstante, no basta con que la persona gestionante cumpla con dicho requisito, por cuanto -aunado a este- debe encontrarse en un estado de necesidad de amparo económico inmediato. El artículo 3 del reglamento citado, reformado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 7, de la sesión número 8907, celebrada el 25 de mayo de 2017, en el que se fundamenta el recurso, establece: “REQUISITOS PARA TENER POR CUMPLIDO EL ESTADO DE NECESIDAD DE AMPARO ECONÓMICO INMEDIATO. Para ser pensionado del Régimen no Contributivo, se deberá acreditar por parte de la Administración, que el solicitante se encuentra en estado de necesidad de amparo económico inmediato. Para ello, debe cumplir los siguientes aspectos: /a. No ser pensionado de algún régimen contributivo o no contributivo existente. /b. El solicitante debe encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema, según la Ficha de Información Social (FIS) o la Ficha de Integración Social del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), -las cuales serán revisadas de oficio por la Administración-. En caso de que el solicitante no cuente con ninguna de estas fichas, la Administración deberá determinar si tiene insatisfecha alguna de sus necesidades básicas (salud, alimentación, vivienda, vestido o servicios públicos). /c. El ingreso por persona del grupo familiar del solicitante debe ser inferior o igual al indicador de la línea de pobreza nacional establecido por Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), o línea de pobreza familiar ampliada, según corresponda […] /d. Para aquellos solicitantes que hayan cumplido con los requisitos anteriores y que sean asalariados o trabajadores independientes, registrados como tales ante la Caja, la eficacia de este beneficio se tendrá una vez que los asalariados se encuentren cesantes, y en caso de los trabajadores independientes, a partir de su exclusión ante la Caja” (énfasis suplido). Tal y como se reseñó, la impugnación se basa en el supuesto incumplimiento del inciso b) del artículo 3 citado, por considerar que la existencia de la ficha técnica del SINIRUBE que ubique al actor en condición de pobreza o de pobreza extrema es un requisito indispensable para tener derecho a la pensión pretendida. En primer término, debe indicarse que, contrario a lo expuesto en el recurso, la sentencia de instancia sí analizó la regulación citada en cuanto contempla dicha ficha; pero, no avaló la tesis de la accionada de que se trata de un requisito esencial para el otorgamiento del derecho a pensión. Esta Sala comparte dicho criterio y ha reiterado que el hecho de que la persona se encuentre registrada en situación de pobreza o de pobreza extrema en el SINIRUBE es un aspecto formal, que no puede apreciarse en forma aislada del resto del texto de la norma, debiendo interpretarse en armonía con el derecho fundamental que tutela este tipo de régimen, cual es el derecho a una vida digna, derivado del principio de justicia social y consagrado en los ordinales 51 y 74 de la Constitución Política (en ese sentido se puede consultar la sentencia de esta Sala número 31, de las 10:10 horas del 13 de enero de 2017). En concordancia con lo anterior, nótese que la misma norma contempla la posibilidad de que la persona no se encuentre dentro de la base de datos y establece que, en ese supuesto, la Administración deberá determinar si tiene alguna necesidad básica insatisfecha. Luego, aunque se encuentre clasificada como no pobre, en sede jurisdiccional se revisa si el acto administrativo denegatorio de la pensión se encuentra ajustado a derecho, pues, no cabe duda de que el fin primordial es comprobar que la persona ciertamente se encuentra en un estado de necesidad de amparo económico inmediato (artículo 2 del Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones), sin que para ello exista un medio probatorio específico. Cabe recordar que en esta materia no opera un régimen de prueba tasada, con lo cual todos los elementos probatorios admisibles son válidos para acreditar los hechos controvertidos, correspondiéndole a la persona juzgadora realizar el análisis de dichos elementos con sustento en las reglas de la sana crítica racional (véanse las resoluciones de esta Sala números 1910, de las 10:50 horas del 10 de octubre de 2019, y 1030, de las 15:55 horas del 26 de julio de 2017); conforme la regulación especial al respecto, que es la que rige el caso, (artículo 538 en relación con el 481, ambos del Código de Trabajo). Bajo esa inteligencia, el requisito de la ficha de integración social del SINIRUBE resulta deseable, mas no indispensable y si esa fecha, cunado exista, ubica a la persona fuera de la condición de pobreza, no resulta una prueba irrefutable del incumplimiento de la exigencia. Ahora bien, es cierto que, el otorgamiento de la pensión es un acto reglado por la entidad que tiene la competencia para hacerlo como lo es la demandada, lo que implica que sólo se puede conceder si se cumplen las exigencias establecidas, entre ellas, el que la persona demandante se encuentre, como se refirió, en situación de pobreza extrema (necesidad de amparo económico inmediato); requisito que se echó de menos en sede administrativa. No obstante, en el expediente consta prueba pericial (peritaje incorporado al escritorio virtual del Juzgado el 3 de febrero de 2020 y su ampliación incorporada a ese escritorio el 23 de abril siguiente) en la que se basó la sentencia recurrida para acoger la demanda, la cual no ha sido cuestionada ante este órgano, en la que se constató el cumplimiento de la condición de pobreza o pobreza extrema establecida en la normativa reglamentaria a la cual se ha hecho referencia, sin que en el recurso se expliquen las razones por las cuales dicha condición es inexistente, pues, se limita al basar su impugnación en lo registrado en el SINIRUBE y no se cuenta con otra probanza, que permita, sin lugar a dudas, arribar a una conclusión distinta a la externada en el fallo. Por consiguiente, para este órgano, el actor requiere de auxilio inmediato por parte del Estado, pues no cuenta con recursos para solventar sus necesidades básicas. IV.- SOBRE EL RIGE DE LA PENSIÓN Y COSTAS: La parte demandada pide reconocer el derecho a partir de la firmeza del fallo y no como viene dispuesto. Dicho reclamo no puede acogerse, toda vez que, en sede judicial se revisa si el acto administrativo denegatorio de la pensión está ajustado a derecho. Durante este proceso ha quedado establecido que, contrario a la motivación externada para negarle el beneficio, el actor sí se encuentra en necesidad de amparo económico del Estado para solventar sus necesidades básicas y del expediente no se desprende que dicho requisito lo cumpliera con posterioridad a su solicitud de pensión en aquella otra sede. No obstante, como el fallo lo concedió desde la fecha del dictamen socioeconómico forense y no pudiendo incurrirse en una reforma en perjuicio, procede mantener lo que viene dispuesto sobre el particular. Luego, por esa razón y debido a que la regla es condenar a la parte vencida al pago de las costas, es justo que la demandada le retribuya al accionante los gastos en que lo incurrir en procura de la satisfacción de su legítimo derecho. En consecuencia, no debe acogerse su solicitud para que se le dispense de la cancelación de tales gastos (numerales 562 y 563 del Código de Trabajo).
V.- CONSIDERACIÓN FINAL: En consecuencia, procede desestimar el recurso.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.
Orlando Aguirre Gómez
Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez
Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia
Res: 2021-001022
MBOGANTES/DMENESES

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