Sentencia Nº 2021-001029 de Sala Segunda de la Corte, 12-05-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de expediente15-001711-0166-LA
Número de sentencia2021-001029
*150017110166LA*
Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA
Exp: 15-001711-0166-LA
Res: 2021-001029
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del doce de mayo de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario laboral establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001] , docente, contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta la licenciada Ana Cecilia Fonseca Umaña. Figura como apoderado especial judicial de la actora, el licenciado Javier Retana Fallas. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de San José, con la excepción indicada.
Redacta la Magistrada Chacón Artavia; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El apoderado especial judicial de la actora promovió la presente acción para que en sentencia se ordene el pago salarial retroactivo a su representada de las horas extra permanentes que laboró, junto con el respectivo reajuste de vacaciones, aguinaldo, salario escolar y demás rubros que influyen directa e indirectamente sobre su remuneración, entre ellos el recargo por lecciones de 60 minutos u ocho horas diarias de labor. Solicita que las horas extraordinarias generadas a partir de la tramitación del presente expediente (llámense las que se generen con posterioridad al 04 de diciembre del 2015 y hasta la firmeza del fallo respectivo), le sean canceladas a su cliente, junto con el recálculo y pago en su favor de las diferencias que resulten por aguinaldo, vacaciones, salario escolar y demás extremos y beneficios laborales que se vean directa o indirectamente afectados por las sumas concedidas. También pidió que se ordene efectuar el cálculo del valor de la hora extra conforme al resultado obtenido de dividir el salario mensual de su representada entre las horas pactadas, para obtener el valor de cada hora de trabajo, pues la jornada que se pactó fue la disminuida. Además, a ese resultado se le debe adicionar un 50% conforme indica la ley que se paga la hora extra. Por último, solicitó intereses; indexación y ambas costas. El Estado contestó la acción de forma extemporánea. El Juzgado declaró sin lugar la demanda y condenó a la actora al pago de ambas costas, fijando las personales en la suma prudencial de cien mil colones.
II.- AGRAVIOS: El apoderado especial judicial de la actora muestra inconformidad con lo resuelto. Alega que el A quo resolvió el tema de la extensión de la jornada por encima de los límites constitucionales y legales (8 horas diaria en jornada diurna) sin advertir que lo relativo a este asunto se encuentra suspendido por la interposición de la acción de inconstitucionalidad número 19-014055-0007-CO. De modo que, tal decisión provoca la nulidad de la sentencia y su consecuente reenvío hasta en tanto no se resuelva lo que corresponda en la sede constitucional. Sostiene que la actora goza de todos los recursos impugnatorios que le otorgaba la legislación laboral antes de su reforma y, con la resolución que nos ocupa, se deniega dicho derecho (Transitorio I, inciso 3 de la Reforma Procesal Laboral). Afirma que la sentencia impugnada realiza una errónea interpretación del numeral 137 del Código de Trabajo. Manifiesta que la tesis de que la jornada acumulativa para ser legítima debe ser pactada por las partes y no impuesta, no es novedosa; sino que viene siendo desarrollada desde hace lustros. Establece que nada impide al patrono público suscribir un contrato o una adenda donde se acuerde la jornada acumulativa y no que le sea impuesta. Señala que las horas que superaron la jornada de 8 horas diarias ni siquiera están sustentadas en reglamentación o directrices internas del MEP, sino que son una ilegítima vía de hecho. Hace referencia a los requisitos de validez de la jornada acumulativa. Menciona que no debe olvidarse que la jornada laboral es un derecho fundamental que goza de protección constitucional y legal, que es reserva de ley. Argumenta que en el presente asunto debe condenarse al Estado al pago de ambas costas. Conforme a lo expuesto, solicita se anule la sentencia impugnada por haber sido dictada pese a existir orden de la Sala Constitucional de suspender la resolución definitiva de los asuntos como el que nos ocupa. Pide que, en caso de no declararse la nulidad de la sentencia y de conformidad con las argumentaciones planteadas, esta sea revocada y en su lugar, se acoja la demanda en todos sus extremos; así como que se condene al Estado al pago de ambas costas, fijando las personales en un 25% sobre el total de la condenatoria.
III.-NULIDAD DEL FALLO IMPUGNADO: El A quo, en lo que resulta de interés, resolvió: “La actora forma parte del personal docente del MEP, y no le aplica el Decreto 5771-E, en donde se establece que " Artículo 15.-La jornada ordinaria de trabajo semanal será de cuarenta horas, sin embargo para efectos de pago se reputará como de cuarenta y ocho horas.", puesto que dicha jornada le aplica únicamente a los Administrativos quienes ingresaron a la Carrera Administrativa mediante los procedimientos que establece el Estatuto de Servicio Civil, a los Técnico-Docentes y administrativo-Docentes, por lo tanto la jornada de cuarenta horas semanales no les aplica al personal docente, entiéndese la actora, en este caso en específico. Al no encontrarse dentro del supuesto indicado en el decreto N°5771-E Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, se continúa con el análisis, la Constitución Política establece en su numeral 58 que la jornada diurna no podrá sobrepasar las ocho horas días, lo cual es lo que nos interesa para este caso en concreto, y en caso de laborar horas fuera de dicho período debe de ser remunerado con un cincuenta por ciento adicional. El Código de Trabajo, igualmente, hace referencia a las jornadas de trabajo, ya que en el artículo 136 de dicha normativa se indica: "La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas”. El servicio de educación pública es brindado por el Estado en días entre semana, de lunes a viernes, teniendo el personal docente dos días de descanso y trabajando menos de las diez horas indicadas en el numeral 136, por lo cual pretender el pago de hora extraordinaria, aún cuando no se realiza una labor peligrosa e insalubre, a pesar de contar con dos días de descanso, se convierte en una situación alejada de la buena fe. En un caso similar al presente, se resolvió por parte de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en resolución N° 993 de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del cinco de junio de dos mil diecinueve en donde se indica lo siguiente: "En un caso como el presente, la superación de las ocho horas de trabajo diaria es legítima y no genera tiempo extraordinario de trabajo que deba pagarse con cincuenta por ciento más de lo que ordinariamente se le cancela. De la lectura del recurso, se deduce que la trabajadora lo que buscan es mantenerse trabajando de lunes a viernes, pero en todos los casos con una jornada de ocho horas diarias. Es decir, con ello buscan seguir teniendo dos días libres, sin tener que trabajar más, lo que no se considera que esté en armonía con el principio de buena fe que rige la contratación laboral y las relaciones de empleo público, el cual obliga a ambas partes (trabajadora y empleadora), como tampoco con el buen servicio público." Lo cual deja en evidencia que nos encontramos ante una jornada especial, en virtud de que forma parte del servicio de educación pública y debe de atenderse en favor del interés público. Por todo lo anterior, se declara sin lugar la presente demanda, por considerarse que la presente acción no cuenta con sustento jurídico ni factico que lleve a una sentencia estimatoria” (Énfasis suplido). En el Boletín Judicial n.° 168 del 6 de setiembre de 2019 se efectuó la siguiente publicación: “Se da curso a la acción de inconstitucionalidad (…) para que se declare inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia contenida en los votos números 2018-00918 de las 10:45 del 5 de junio de 2018, 2019-00347 de las 10 horas del 20 de marzo de 2019, 2019-000077 de las 10 horas del 30 de enero de 2019 y 2019-000232 de las 9:50 del 6 de marzo de 2019, relativa a la jornada acumulativa, por estimarla contraria a los artículos 33, 57, 58, 68, 74, 11, 140 incisos 3) y 18), y 191 de la Constitución Política (…). La norma se impugna por cuanto vulnera la jornada laboral constitucionalmente protegida para los servidores públicos, por medio de reglamentos autónomos de servicio o potestades de imperio no previstas por norma de rango de ley, lo que a su parecer resulta contrario a lo dispuesto por los artículos 58 constitucional y 136 del Código Trabajo, en lo que atañe a los requisitos para que la jornada acumulativa sea legítima. Alega que en dicha jurisprudencia se denegó a la persona funcionaria pública el derecho fundamental a su jornada máxima diaria, bajo la tesis que el Estado como patrono ostenta la potestad de imponer unilateralmente jornadas mayores a las constitucionalmente protegidas, únicamente mediando su propia voluntad; ya sea sin norma de rango legal que lo autorice, o bien por medio de reglamentos autónomos de servicio que limitan el ejercicio pleno de ese derecho. Señala que en el voto n° 2018-00918, la Sala Segunda resolvió lo siguiente: "(…) No es necesario, como se demanda, que el texto normativo expresamente establezca que se trata de una jornada acumulativa o extendida, según los parámetros que posibilita el artículo 136 del en su párrafo segundo, conforme al cual "…en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas" (…). No se detecta que la jornada así negociada afecte algún derecho particular de las y los demandantes, porque el artículo 58 citado es claro al señalar, en cuanto a los límites de jornada ahí establecidos (de ocho y seis horas diarias y cuarenta y ocho semanales), que "estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley". Y no se está en el supuesto de una excepción, pues la jornada ordinaria impuesta a los empleados administrativos es incluso menor a la máxima de 48 horas, solo que fue compactada en cinco días, conforme las posibilidades que el mismo Código de Trabajo autoriza en el numeral 136 transcrito (…)". Aduce que para la Sala Segunda la Administración puede unilateralmente fijar límites de jornada laboral mediante la figura de la jornada acumulativa, incluso si la reglamentación no señala que tal tipo de jornada es la que se instaura y sin el acuerdo previo con el trabajador, peor aún en el último voto referido, el Estado puede fijar estos límites sin necesidad de norma siquiera de carácter reglamentario, fundamentándose en pretendidas potestades de imperio y en supuestas necesidades del servicio que nunca fueron acreditadas por el ente accionado (…). Publíquese por tres veces consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción, para que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, no se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso”. La segunda y tercera publicación se realizó en los Boletines Judiciales n.° 169 y 170, de fechas 9 y 10 de setiembre de 2019, respectivamente. Se trata de la acción de inconstitucionalidad n.° 19-014055-0007-CO (invocada por quien recurre), referente precisamente al tema debatido en este juicio, la cual estaba pendiente de resolver cuando se dictó la sentencia de primera instancia, el 6 de enero del 2020. Con ello, el A quo violentó el precepto 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establece: “(…) Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso (…)”. Lo anterior provoca la nulidad del fallo que se conoce, a tenor del ordinal 471 inciso 8) del Código de Trabajo, que estipula que procederá la nulidad “respecto de las actuaciones realizadas en contra de normas prohibitivas”. Por la forma en que se resuelve, se omite pronunciamiento sobre el resto de los agravios expuestos.
IV.-CONSIDERACIÓN FINAL: A la luz de lo expuesto, se ha de anular la sentencia número nueve, de las nueve horas y treinta minutos del seis de enero del año dos mil veinte, emitida por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José; debiendo devolver los autos al despacho de origen para que proceda conforme a derecho.
POR TANTO:
Se anula la sentencia número nueve de las nueve horas y treinta minutos del seis de enero del año dos mil veinte, emitida por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José. Vuelvan los autos al despacho de origen para que proceda conforme a derecho.
Orlando Aguirre Gómez
Luis Porfirio Sánchez Rodríguez Jorge Enrique Olaso Álvarez
Roxana Chacón Artavia Rodrigo Antonio Campos Esquivel
Res: 2021001029

MMONGEROD/mrg

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