Sentencia Nº 2021-001552 de Sala Segunda de la Corte, 09-07-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha09 Julio 2021
Número de expediente19-000255-0942-LA
Número de sentencia2021-001552
*190002550942LA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 19-000255-0942-LA
Res: 2021-001552
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas cuarenta y cinco minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno.
Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, sede Liberia, por [Nombre 001], administrador del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Liberia, de estado civil no indicado, contra de la MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, representada por su alcalde, J.A.V.P., divorciado, ingeniero civil. Ambos mayores y vecinos de Guanacaste, con las excepciones indicadas.
Redacta el Magistrado A.G.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: El actor dijo que labora para la Municipalidad de Liberia desde el 19 de enero de 2017, ocupando un puesto nuevo, siendo él la única persona nombrada continuamente, aunque en carácter de interino; teniendo como responsabilidad la administración del Centro de Monitoreo del municipio. Afirmó que, sin fundamento alguno, el 22 de julio de 2019 el alcalde le ordenó al Departamento de Recursos Humanos que se le cesara en el puesto a partir del 24 de julio de ese año; violentándole así el debido proceso, orden que fue acatada por aquella dependencia, según el actor, malinterpretando los alcances del inciso K del artículo 17, el numeral 127 del Código Municipal, y la Convención Colectiva del ayuntamiento. Manifestó que el cese se motivó en razones políticas, ya que él se negó a colaborarle al alcalde en su campaña de reelección, él milita en el partido Liberación Nacional y el alcalde se pretendía reelegir por otra agrupación política. Expuso que al negarse a colaborarle políticamente, casi de inmediato procedió a su despido, nombrando en el puesto a otra persona también interina. Solicitó su reinstalación en el puesto de trabajo y como medida cautelar la reinstalación inmediata; la cual fue acogida interlocutoriamente. El alcalde municipal manifestó que los nombramientos del actor fueron a plazo fijo y por servicios especiales conforme al artículo 127 del Código Municipal, por lo que tenían una fecha de inicio y una de finalización, y no gozaba de los beneficios de la carrera administrativa municipal. Dijo que con base en el numeral 17 del Código Municipal, en sus incisos A y K estaba facultado para dar por finalizado el contrato anticipadamente, facultad que a su juicio podía ejercer discrecionalmente según aquella norma. Negó que el cese se debiera a razones de índole política. Opuso las excepciones de falta de derecho, falta de agotamiento de la vía administrativa y falta de requisitos de la demanda. Solicitó que se declare sin lugar la acción y se condene al actor al pago de ambas costas. El Juzgado declaró con lugar la demanda, por tal razón, anuló los actos administrativos AM-0762-07-2019 de fecha 22 de julio de 2019 y el oficio PRH-155-072019 del 23 de julio de 2019, por lo que se confirmó la medida cautelar dictada a las once horas y seis minutos del uno de agosto de dos mil diecinueve y en atención al artículo 545 del Código de Trabajo, en concepto de daños y perjuicios, le ordenó a la Municipalidad demandada restituir al trabajador los salarios dejados de percibir desde la fecha del cese hasta la fecha en que fue reinstalado, mediante la medida cautelar de las once horas y seis minutos del uno de agosto de dos mil diecinueve, sin perjuicio de otros que pudiera liquidar el trabajador en la vía de la ejecución de sentencia. Condenó a la parte demandada al pago de ambas costas. Fijó las personales prudencialmente en la suma de trescientos mil colones (¢300 000,00).
II.- AGRAVIOS: Recurre el fallo el alcalde municipal de Liberia, y basa su inconformidad como se resume seguidamente, dado que los agravios del recurso se repiten en varios apartados del libelo: 1.- Alega falta de sustento en la decisión jurisdiccional, ya que a su juicio, el juzgador omitió considerar que el actor no laboró en forma continua, toda vez que sus nombramientos se hicieron por tiempo definido, teniendo su titular conocimiento de cuando iniciaba su contratación y cuando concluía. Para el recurrente, la vinculación del demandante con el ayuntamiento siempre fue a plazo fijo y por servicios especiales, previa aprobación del presupuesto por parte del Consejo Municipal y la Contraloría General de la República. Esas plazas de servicios especiales, nacen producto de una necesidad excepcional y temporal, y una vez acaecida tal circunstancia, el puesto debe finalizar. 2.- Alega una incorrecta valoración de la prueba, pues si al actor se le contrató por servicios especiales sujeto a aprobación del presupuesto ordinario por el Consejo Municipal y la Contraloría General de la República, no puede tenerse esa vinculación por tiempo indefinido, las pruebas documentales aportadas demuestran, según el recurrente, que era nombrado por plazos fijos, ya que esos nombramientos se hacen cuando se les requiere y siempre que haya contenido presupuestario, debido a que el artículo 112 del Código Municipal prohíbe que los fondos públicos se utilicen para adquirir compromisos económicos o financieros que no están contemplados en las partidas presupuestarias correspondientes –principio de legalidad-. Insiste que la plaza del demandante no es una fija, y para prorrogar sus nombramientos tiene que haber aprobación presupuestaria del año siguiente.
III.- FONDO DEL ASUNTO: El actor en la demanda alegó que el alcalde municipal de Liberia cesó su nombramiento, sin motivo alguno, sin seguirse un debido proceso y que lo discriminó por razones políticas, al ser ambos funcionarios simpatizantes de partidos políticos diferentes. El Juzgado, determinó que la discriminación por razones políticas no se demostró, más la violación al debido proceso sí, pues consideró que al haberse renovado en varias ocasiones los contratos laborales que suscribió con el ayuntamiento, la relación laboral se convirtió en una a plazo indefinido, aunque los diferentes nombramientos fueran por periodos específicos. El recurrente critica el fallo, ya que a su juicio las contrataciones del actor siempre fueron a plazo fijo, ya que era nombrado a través de la partida presupuestaria denominada servicios especiales, elemento que permite realizar nombramientos solo sujetos a plazo, pues son puestos que se crean temporalmente para atender necesidades excepcionales por un tiempo determinado. El recurso debe declararse sin lugar por las razones que de seguido se exponen. El artículo 540 del Código de Trabajo, cuya redacción fue introducida con la Reforma Procesal Laboral instaurada mediante la Ley n.° 9343 que entró a regir el 25 de Julio de 2017, dispone que el proceso de Protección de Fueros especiales y Tutela del Debido Proceso, es aquel al que pueden recurrir los trabajadores del sector público o privado, que en virtud de un fuero especial gocen de estabilidad en su empleo y deba aplicárseles procedimientos específicos para ser afectados, en demanda de tutela con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, la violación de fueros especiales de protección, de procedimientos a que tienen derecho, y formalidades o autorizaciones especialmente previstas. Es decir, no es relevante en este tipo de procesos una valoración como la que hizo el Juzgado, en el sentido de que la contratación del actor fue a plazo indeterminado, por las razones dichas, la discusión es si hubo o no discriminación política –descartada por el juzgado en la sentencia-, o violación al debido proceso o incumpliendo los mecanismos u obviando las formalidades legales. En otras palabras, el numeral 540 ibidem da tutela a quienes tienen estabilidad en sus puestos, y pareciera que el juzgador cuando dijo que el actor era un trabajador indefinido, lo que quiso dar a entender es que siguiendo la tesis de que los trabajadores interinos con nombramientos como los suyos, tienen una estabilidad impropia o relativa, pues si bien pueden ser cesados por razones objetivas, gozan de los derechos fundamentales indefinidamente. El actor, fue nombrado interinamente en el puesto de Administrador del Centro de Monitoreo de la Municipalidad demandada, en forma interina y su nombramiento expiraba el 31 de diciembre de 2019. Ahora bien, los servidores interinos en general, no gozan de la estabilidad absoluta, de que están revestidos los titulares de plazas ordinarias, pero pueden ser removidos de sus cargos, aun cuando están designados a plazo fijo, solo en ciertas circunstancias. Por incurrir en causales de justo despido, por la designación de un titular en propiedad, por el regreso del titular de la plaza o por alguna otra circunstancia objetiva que impida la continuidad de la relación. En otras palabras, aunque se trate de un servidor interino, el cese de su nombramiento debe estar legalmente motivado, pues esa es una formalidad ineludible de la Administración, y quienes la ejercen no pueden realizar remociones en forma antojadiza o arbitraria, como la aplicada al demandante, en la cual el alcalde, lo hizo sin achacarle alguna falta, ni oportunidad de ejercer el derecho de defensa. La tesis del alcalde, de que tiene "facultades" para remover a los servidores interinos como el actor –artículo 17 inciso k) del Código Municipal-, sin dar explicaciones ni tener motivo alguno, es inaceptable, pues si bien la ley le otorga la competencia para remover a los servidores municipales, no es una facultad irrestricta (como por error se quiere entender) para designar y remover a los funcionarios; se entiende, por principio constitucional y de legalidad, que son atribuciones que debe ejercerlas respetando los derechos fundamentales y legales de las personas trabajadoras. En este caso, el actor tenía derecho a la estabilidad relativa y su nombramiento vencía el 31 de diciembre de 2019. Por consiguiente, ese derecho debía respetarse, y si alguna razón existía para afectarlo, ello solo podía hacerse sin lesionar sus derechos fundamentales, dentro de los cuales está el debido proceso que evidentemente obvió el demandado, para afectar al actor, dejándolo así, sin oportunidad de defensa. En un asunto similar a este, pero tratándose de un servidor de confianza, esta S. indicó: “Que la actora ocupara un puesto de confianza, donde priva la potestad discrecional de libre nombramiento y remoción, no puede ser admitido como una justificación suficiente para revestir de legitimidad la separación del cargo, como quiere hacerlo ver la representación estatal, pues frente a la demostrada condición de la trabajadora, la decisión de despedirla sin una justificación válida acreditada sería legitimar un acto contrario al ordenamiento jurídico porque en esencia no se sustenta en la facultad discrecional del patrono sino en un motivo ilegal, por discriminatorio, que los tribunales no pueden tutelar. N. además, que tal cesación se dio más de seis meses antes de que finalizara el período por el cual había sido nombrada y sin que se haya demostrado la existencia de ningún motivo objetivo para la pérdida de confianza. De esta forma, después de tantos años ocupando el puesto y con proyección de mantenerse ahí por varios años más…” (Voto n.° 1951 de las 11:05 horas del 7 de diciembre de 2018). Así las cosas, el recurso planteado debe ser declarado sin lugar.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso.


Orlando A.G.



Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez


Roxana Chacón Artavia Maureen Roxana Solís Madrigal


Res: 2021001552

RSANCHOL/wdcerdas

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EXP: 19-000255-0942-LA


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