Sentencia Nº 2021-001751 de Sala Segunda de la Corte, 04-08-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-001751
Número de expediente06-000082-0688-FA
*060000820688FA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 06-000082-0688-FA
Res: 2021-001751
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiuno.
Proceso de ejecución de sentencia establecido ante el Juzgado Civil y Trabajo del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede S.R., por [Nombre 001], ama de casa y vecina de Heredia; contra [Nombre 002], pensionado, [Nombre 003], secretaria, y [Nombre 004], fisioterapeuta. Figura, como apoderada especial judicial de la parte actora, la licenciada A.N.R.U., de estado civil desconocido, abogada y notaria, y vecina de S.J.. Todos mayores, casados y vecinos de Alajuela; con las excepciones indicadas.
RESULTANDO:
1.- La actora, en escrito de fecha dieciséis de setiembre de dos mil quince, promovió la presente ejecución de sentencia para que se declare: Que se ordene inscribir en el registro civil, la disolución del vínculo matrimonial entre su poderdante y el señor [...]. Que se expidan los oficios correspondientes a las autoridades competentes a fin de que el señor [Nombre 002], continúe como deudor alimentario y mi poderdante continúe con el derecho de exigirle alimentos al demandado. Se declare que mi poderdante es propietaria del 50% del derecho a un noveno sobre la finca del Alajuela número [Valor 003] o en su defecto e monto equivalente al 50% del avalúo que se le realice a ese inmueble. Ello tomando en cuenta la medida original de la propiedad sea trescientos dos mil trescientos doce metros con tres decímetros cuadrados. Que mi poderdante es propietaria del 50% de la finca de Alajuela [Valor 002], incluyendo las edificaciones o en su defecto el equivalente al 50% del avalúo. Que mi poderdante es propietaria del 50% del vehículo placas [Valor 004], o en su defecto el monto equivalente al 50% del avalúo. Que mi poderdante es propietaria del 50% de vehículo [Valor 005] o en su defecto el 50% del monto del avalúo. Que mi poderdante es propietaria del 50% o en su defecto el monto equivalente al avalúo que se realice a la Lancha de Pesca Deportiva de nombre la Tusa. Que mi poderdante es propietaria del 50% del monto correspondiente a los dineros de las cuentas de ahorros y corriente del demandado existentes en los Bancos de Costa Rica, Nacional y Popular, correspondiente a las siguientes sumas, quinientos noventa y un mil ciento setenta y cuatro colones con setenta y dos céntimos, cero punto setenta y un dólares, diez mil doscientos cuarenta y ocho dólares con treinta y un centavos, cincuenta y dos mil doscientos ochenta y un colones con cincuenta y cinco céntimos, setenta mil colones exactos.} Que su propietaria del 50% del valor neto de las acciones de Imprenta [...], declaradas como gananciales y suscritas por el señor [Nombre 002], mediante aumento de capital realizado el día 11 de abril de mil novecientos noventa y seis, concretamente liquida el 50% de ciento cuarenta y cinco acciones, por la suma de doscientos noventa mil colones cada acción. Que se declare a favor de su poderdante la ganancialidad de la totalidad del monto del contrato de servicios Ambientales firmado por el demandado, y el FONAFIFO, en fecha 26 de febrero del 2004, por la suma de sesenta y tres millones doscientos cincuenta y un mil cien colones. Que se declare procedente la distribución de los dineros provenientes del contrato de servicios Ambientales firmado por el demandado en fecha 26 de febrero del 2004. Que se declare que tiene derecho al 50% de la totalidad del monto de éste contrato de servicios ambientales, Que se declare que le pertenece el 50% del Contrato de servicios ambientales de fecha 26 de febrero del 2004, como bien ganancial, es decir la suma de treinta y seis millones quinientos mil colones exactos. Regreso de la finca del Partido de Alajuela [Valor 002] a su estado original, y liquidación del 50% del valor de la misma. Derecho a un noveno de la finca del Partido de Alajuela [Valor 003], retorne a su estado natural, libre de cualquier gravamen, incluyendo la medida original de trescientos dos mil trescientos doce metros con tres decímetros. Además que se bien sea distribuido como ganancial. Se indique a Registro ignorar o cancelar, la anotación de embargo practicado expediente 13-014704-1044, citas de inscripción tomo 800, asiento 259150, así como cualquier otro anotado o inscrito que aparezca al margen de la finca de Alajuela número [Valor 003] y regrese el misma a su estado original. Solicita que en el mandamiento que se dirija al registro nacional se indique que el retorno del bien inmueble Partido de Alajuela, matrícula número [Valor 003] a nombre de [Nombre 002] es por haberse declarado absolutamente nula la escritura por donación fraudulenta. Solicita la inscripción se haga libre de cualquier gravamen y con la medida original de trescientos doce mil doce metros con tres decímetros cuadrados. Que su autoridad indique al Registro de la Propiedad que debe ignorar o eliminar los traspasos realizados de la finca 214367-011 y matrícula de folio real [Valor 012] realizado por [Nombre 004] y [Nombre 013] a favor de [Nombre 014], mediante escritura otorgada a las 16 horas del 04 de4 marzo del 2011, así como cualquier otro documento anotado o inscrito que aparezcan al margen de las citadas fincas y que de alguna forma obstaculice el retorno de estos inmuebles a su estado original, todo con la finalidad de que dichos inmuebles se inscriban libres de todo gravamen y a nombre del señor [Nombre 002] Que su autoridad ordene al Registro Nacional que debe ignorar o eliminar la anotación del embargo practicado, expediente 13-014704-1044 CJ, al margen del inmueble Partido de Alajuela matricula número [Valor 002] y el derecho a un noveno de la finca de Alajuela [Valor 003]. Que su autoridad en el mandamiento dirigido al Registro ordene que el retorno de los bienes inmuebles Partido de Alajuela Matrícula [Valor 002] y el derecho a un noveno de la finca [Valor 003] a nombre del Señor [Nombre 002], es por haberse declarado nulas las escrituras. Que los tres demandados cancelen a su favor el Daño moral del expediente 07-000621-296-CI, donde se condenó a los tres demandados al pago de ocho millones de colones. Que los tres demandados cancelen a su favor el Daño moral del expediente 09-000082-688-FA. donde se condenó a los tres demandados al pago de doce millones de colones. Que el demandado [Nombre 002], pague por concepto de Costas procesales del proceso de familia 06-000082-688-FA. un monto de cuatrocientos cincuenta mil colones y por Costas personales del proceso de familia 06-000082-688-FA, veintinueve millones quinientos mil colones. Que los tres demandados paguen las Costas personales del proceso 07-000621-296-CI, que estima en seis millones cuatrocientos cincuenta mil colones y las costas procesales del ordinario 07-000621-296-Ci, cuatrocientos cincuenta mil colones. Que los tres demandados paguen las Costas personales del proceso, 09-000082-688-FA, por la suma de cuatrocientos cincuenta mil colones y las costas personales por la suma de diez millones quinientos mil colones exactos. Que se imponga a los demandados la obligación de pagar los Intereses del 2% mensual sobre los montos de honorarios liquidados en esta ejecución y que no fueron cubiertos en su oportunidad (Sic) (folios 2738 a 2767).
2.- Los codemandados [Nombre 002], [Nombre 003] y [Nombre 004] contestaron en los términos que indicaron en el memorial de fecha diecisiete de de diciembre de dos mil quince y el presentado el ocho de enero de dos mil dieciséis (folios 2797, 2804 a 2807).
3.- El Juzgado Civil y Trabajo del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, sede S.R., por resolución número 2020000098, de las once horas dos minutos del catorce de abril de dos mil veinte, dispuso: "Por todo lo expuesto se declara parcialmente con lugar el presente proceso de ejecución de sentencia establecido por [Nombre 001], en contra de [Nombre 002], [Nombre 003], y contra [Nombre 004]. Se declara que la señora [Nombre 001] tiene derecho al 50% del valor neto del noveno sobre la finca del Alajuela número [Valor 003] se establece que el cincuenta por ciento de ese valor es dos millones quinientos noventa y tres mil quinientos colones. No ha lugar a tomar en cuenta la medida original de la propiedad sea trescientos dos mil trescientos doce metros con tres decímetros cuadrados.
Se declara que la señora [Nombre 001] tiene derecho al 50% del valor neto de la finca de Alajuela [Valor 002], lo que incluyendo las edificaciones. Se establece que el cincuenta por cierto a que tiene derecho la actora es la suma de veinticinco millones ochocientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta y dos colones con cincuenta céntimos. Asimismo se declara que la actora tiene derecho al 50% del valor neto, del vehículo placas [Valor 004], valor neto que es la suma de quinientos setenta y cinco mil colones.-
También se declara que la actora tiene derecho al 50% del valor neto del vehículo [Valor 005] mismo que es de cien mil colones.
Se establece que la actora tiene derecho al 50% del valor neto de la Lancha de Pesca Deportiva de nombre la Tusa, ese valor es la suma de dos millones catorce mil seiscientos veintidós colones con sesenta y dos céntimos.
Se declara que la actora tiene derecho al 50% del valor neto del monto correspondiente a los dineros de las cuentas de ahorros y corriente del demandado existentes en los Bancos de Costa Rica, Nacional y Popular, por lo que la actora le corresponde la suma de cinco mil ciento veinticuatro dolores con cuarenta y seis centavos y la suma de trescientos cincuenta y seis mil setecientos veintiocho colones con trece céntimos.
Se establece que la actora tiene derecho al 50% del valor neto de las acciones de Imprenta [...], declaradas como gananciales y suscritas por el señor [Nombre 002], mediante aumento de capital realizado el día 11 de abril de mil novecientos noventa y seis, concretamente el 50% de ciento cuarenta y cinco acciones, por lo que se declara que el cincuenta por ciento de ese valor neto es dos millones noventa y dos mil setecientos cincuenta y siete colones con noventa céntimos.
No ha lugar a declarar la ganancialidad del monto obtenido por el demandado por el contrato de servicios Ambientales firmado por el demandado, y el FONAFIFO, en fecha 26 de febrero del 2004.
La finca del Partido de Alajuela [Valor 002] ya aparece a nombre del demandado.- Las pretensiones referentes al daño moral se rechazan no porque no tenga derecho sino porque el derecho ya fue declarado y ya puede ejecutarse.
En total le corresponde pagar al demandado [Nombre 002] por
gananciales sobre los bienes muebles e inmuebles, la suma de treinta y dos millones novecientos noventa y siete mil quinientos sesenta y un colones con quince céntimos. Además la suma en dólares de cinco mil ciento veinticuatro dolores con cuarenta y seis centavos.
Se fija las costas personales del proceso de familia 06-000082-688-FA, a cargo del demandado [Nombre 002] en la suma de dos millones de colones y las procesales en ciento setenta y cinco mil colones.-
Se fijan las costas personales del proceso de familia 07-000621-296-CI, a cargo de los tres demandados en la suma de millón seiscientos mil colones y las procesales en la suma de sesenta mil colones.
Se fijan las costas personales del proceso 09-000082-688-FA, a cargo de los tres demandados en la suma de dos millones cuatrocientos mil colones y las procesales en la suma de ciento diez mil colones.- Las sumas aquí establecidas y las de daño moral ya establecidas en la sentencia que se ejecuta deberán ser pagadas en el plazo de un mes a partir de la firmeza de la presente sentencia, bajo apercibimiento de proceder al remate de bienes. Las demás pretensiones se rechazan. Se condena a los demandados al pago de ambas costas de éste proceso de ejecución" (Sic) (archivo agregado dentro del contexto del Juzgado Civil y Trabajo del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, S.R., en el Escritorio Virtual, el catorce de abril de dos mil veinte).
4.- El codemandado [Nombre 002] y la apoderado especial judicial de la parte actora apelaron. El Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, por resolución número 868-2020, de las once horas cincuenta y dos minutos del veintiocho de setiembre de dos mil veinte, resolvió: "Este Tribunal conformado por la jueza A.C.F.A. y los jueces Alexis Vargas Soto y R.S.C., resuelve: Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor [Nombre 002] , a su vez se acoge, parcialmente, el interpuesto por la señora [Nombre 001] , por lo que se revoca la sentencia recurrida y, en su lugar, se declara lo siguiente: a) se fijan las costas personales globales de los expedientes números 06-000082-0688-FA, 07-000621-296-CI y 09-000082-0688-FA en la suma de doce millones ciento cincuenta mil colones (12.150.000,00) a favor de la parte ejecutante. b) se fija la suma de quince millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro colones con ochenta céntimos (15.172.494,80), por concepto de derecho ganancial sobre las acciones que posee el co ejecutado en la entidad Imprenta [...] S.A., a favor de la señora [Nombre 001]. En el resto se confirma el fallo apelado" (archivo agregado dentro del contexto del Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de S.J., en el Escritorio Virtual, el veintiocho de setiembre de dos mil veinte).
5.- La apoderada especial judicial de la parte actora formuló recurso para ante esta S. en memorial, remitido vía facsímil, el veintirés de octubre de dos mil veinte (folios 3668 a 3677); el cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.
6.- En los procedimientos se han observado las prescipciones de ley.
R.e.M.S.R.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: Por medio de su apoderada especial judicial, la señora [Nombre 001] planteó el proceso de ejecución para hacer efectivo el derecho de participación en los bienes con naturaleza ganancial constatados en el patrimonio de quien fue su cónyuge, de conformidad con lo dispuesto mediante sentencia del Juzgado de Familia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, número 384, dictada a las 11:47 horas del 18 de julio de 2014, modificada por la resolución del Tribunal de Familia, número 1071 de las 10:12 horas del 28 de noviembre de 2014, sobre la cual también se pronunció esta S. en el voto 525 de las 09:35 del 15 de mayo de 2015. Los bienes objeto del proceso fueron, concretamente, el inmueble matrícula [Valor 010], el derecho a un noveno del inmueble matrícula [Valor 003], el inmueble matrícula [Valor 002], todos de la provincia de Alajuela, los vehículos placa número [Valor 008] y [Valor 005], una lancha de pesca deportiva, el menaje de casa y los dineros de tres cuentas bancarias. La sentencia de primera instancia declaró la ganancialidad de los bienes indicados anteriormente, e impuso al demandado el pago de ambas costas. También declaró la nulidad absoluta de las donaciones relativas a los inmuebles con matrículas [Valor 002] y [Valor 003] , como pretensiones principales de los expedientes 07-000621-0296-CI y 09-000082-0688-FA, acumulados al proceso de divorcio. Asimismo, el Juzgado condenó a las personas codemandadas en aquellos procesos, a pagar doce millones de colones por cada una de las donaciones anuladas, como indemnización por daño moral, y les impuso el pago de ambas costas. Ambas partes apelaron. La sentencia de segunda instancia dispuso que la determinación de la ganancialidad del dinero proveniente de un contrato por servicios ambientales se realizaría en ejecución de sentencia. También declaró la ganancialidad de las acciones suscritas por el demandado de la sociedad Imprenta [...] S.A. Finalmente, modificó la indemnización por daño moral relativa al traspaso de la finca matrícula [Valor 002], y fijó la suma correspondiente en ocho millones de colones. En lo demás, confirmó el fallo apelado. La parte demandada formuló recurso de casación, y la S., en el voto citado, lo declaró sin lugar. En el proceso de ejecución, el Juzgado Civil y Trabajo del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, mediante sentencia número 98 de las 11:02 horas del 14 de abril de 2020, adicionada por resoluciones de las 14:27 horas del 22 de abril de 2020 y de las 08:49 horas del 27 de abril de 2020, declaró el derecho de la actora al 50% del valor neto de los bienes, según se detalla en la siguiente tabla:
Concepto
Suma líquida equivalente
Inmueble [Valor 003]
¢2.593.500,00
Inmueble [Valor 002]
¢25.839.952,50
Inmueble [Valor 010]
¢92.492.942,50
Vehículo [Valor 004]
¢575.000,00
Vehículo [Valor 005]
¢100.000,00
Lancha
¢2.014.622,62
Cuentas BCR, BN, BPDC
¢356.728,13 y $5.124,46
Acciones Imprenta [...] S.A.
¢12.556.545,40
Costas personales 06-82-688-FA
¢2.000.000,00
Costas procesales 06-82-688-FA
¢175.000,00
Costas personales 07-621-296-CI
¢1.600.000,00
Costas procesales 07-621-696-CI
¢60.000,00
Costas personales 09-82-688-FA
¢2.400.000,00
Costas procesales 09-82-688-FA
¢110.000,00

En ese pronunciamiento se rechazaron las pretensiones referentes al daño moral, no porque la actora no tuviera derecho, sino porque este ya había sido declarado y podía ejecutarse. Ambas partes apelaron lo resuelto. El Tribunal de Familia, en el voto 868 de las 11:52 horas del 28 de setiembre de 2020, fijó las costas personales globales de los expedientes 06-000082-688-FA, 07-000621-296-CI y 09-000082-0688-FA en la suma de doce millones ciento cincuenta mil colones (¢12.150.000,00), y por concepto de derecho ganancial sobre las acciones de la Imprenta [...] S.A. fijó la suma de quince millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro colones con ochenta céntimos (¢15.172.494,80). En lo demás, confirmó el fallo apelado.
II.- AGRAVIOS: La parte actora manifiesta que el fallo recurrido es contrario a lo dispuesto en sentencia y violatorio de las normas relativas al valor de la cosa juzgada en los siguientes aspectos: A) En cuanto a la finca [Valor 010] del partido de Alajuela, reclama que se corrigió de oficio la matrícula, al cambiar el consecutivo a 002. Señala que en sentencia firme se declaró el carácter ganancial de la finca originaria, de modo que las secuencias 001 y 002 corresponden a los derechos de nuda propiedad y usufructo que derivaron de la donación que hizo el demandado cuando ya estaba anotada la demanda de divorcio y él era el único propietario del inmueble, el cual debe responder por el monto declarado como ganancial, que es el 50% del valor de la finca con secuencia 000, equivalente a ¢92.492.943,00. B) En relación con las costas personales de los procesos 07-000621-0296-CI, 09-000082-0688-FA y 06-000082-0688-FA, afirma que el voto interpreta y aplica de forma errónea el decreto 32493-J relativo a los honorarios profesionales. Señala que en sentencia se manifestó que esos gastos deben calcularse de forma prudencial por tratarse de cuantía inestimable, pero la recurrente advierte que los procesos iniciaron como ordinarios civiles independientes, con la cuantía fijada y determinada en sentencia, previo a la acumulación que ordenó el Juzgado de los otros dos expedientes al proceso de divorcio. Solicita admitir el recurso en cuanto a la fijación de costas personales de los dos procesos ordinarios indicados, y proceder a la fijación de honorarios profesionales de conformidad con el artículo 18 del Decreto Ejecutivo 32493-J, del cual transcribe lo dispuesto para procesos ordinarios según la cuantía. C) Respecto a las costas personales en el expediente 06-000082-0688-FA, reitera la argumentación del punto anterior, y cita parcialmente el numeral 18 ídem, del que copia lo estipulado sobre procesos de cuantía indeterminada que tuvieren trascendencia económica, que para el caso concreto cuantifica en más de doscientos cincuenta millones de colones. D) Finalmente, asegura que, según el Tribunal, el monto total concedido por daño moral es la suma de dieciséis millones de colones (ocho millones por cada traspaso fraudulento). Considera que se trata de una interpretación errónea, porque el Juzgado estableció, para cada uno de los traspasos, un monto de doce millones. Acota que, en su oportunidad, se presentó recurso de casación, de forma que esta S. emitió pronunciamiento sobre la decisión del Tribunal de rebajar a ocho millones la indemnización relativa a uno de los traspasos. Concluye que el monto total por ese concepto, es de veinte millones de colones, según quedó en firme con carácter de cosa juzgada material. Como consecuencia directa de lo anterior, añade que el Tribunal fijó de forma errada las costas personales correspondientes a la pretensión sobre daño moral.
III.- CUESTIONES PREVIAS: De conformidad con la Ley de vigencia transitoria para procedimientos de familia, n.º 9621, del 2 de octubre de 2018, con rige a partir del día 3 siguiente, cuando fue publicada, el proceso se regula con sustento en el anterior Código Procesal Civil. El artículo único de esa ley estipula: “Se mantendrá la vigencia de la Ley N.º 7130, Código Procesal Civil, de 16 de agosto de 1989, para la tramitación exclusiva de los procesos en materia de familia, hasta la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia” (sic) . De esa manera, aun cuando la sentencia del Tribunal se dictó con posterioridad al 8 de octubre de 2018 -fecha de la vigencia del nuevo Código Procesal Civil-, el régimen recursivo corresponde al de la Ley 7130.
IV.- SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA: El recurso de casación, en un proceso de ejecución de sentencia, procede por motivos diferentes a los contemplados en los artículos 593, 594 y 595 del Código Procesal Civil antes vigente. Tratándose de este tipo de procesos, la casación está dispuesta con la finalidad de evitar que los juzgadores alteren, arbitrariamente, el contenido de las sentencias ejecutorias, para así lograr una recta aplicación del fallo; y, sobre todo, el pleno respeto de la cosa juzgada. De conformidad con el numeral 704 ibídem, el recurso de casación contra los fallos dictados en la ejecución únicamente procede cuando se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito ni decididos en la sentencia, así como cuando se provea en contradicción con lo ejecutoriado; debiéndose entender por cuestiones sustanciales aquellas que alteren la esencia de lo ejecutoriado, en perjuicio de la cosa juzgada. (En tal sentido, véanse, entre otras, las sentencias de esta S. n.° 6, de las 9:20 horas del 9 de enero; 10, de las 9:00 horas del 16 de enero, ambas de 1998; 219, de las 14:50 horas del 16 de febrero del 2000; y 399, de las 10:30 horas del 9 de agosto de 2002). En consecuencia, la casación queda limitada a esos concretos motivos. Con sustento en lo explicado, el asunto se reduce a determinar si el Tribunal incurrió en alguno de esos vicios y violentó, de esa manera, la autoridad de la cosa juzgada material de la sentencia ejecutoria.
V.- ANÁLISIS DEL CASO: A) Sobre la finca matrícula [Valor 010]. Mediante sentencia número 384, de las 11:47 horas del 18 de julio de 2014, el Juzgado de Familia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela declaró el inmueble de matrícula [Valor 010] como bien ganancial, aspecto que fue confirmado en el voto 1071 de las 10:12 del 28 de noviembre de 2014 del Tribunal de Familia, y que adquirió firmeza con la sentencia de esta S. número 525 de las 09:35 horas del 15 de mayo de 2015. En ejecución de lo dispuesto, el Juzgado Civil y de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, mediante sentencia número 98 de las 11:02 horas del 14 de abril de 2020, adicionada por resoluciones de las 14:27 horas del 22 de abril de 2020 y de las 08:49 horas del 27 de abril de 2020, declaró el derecho de la actora al 50% del valor neto de ese bien, equivalente a noventa y dos millones cuatrocientos noventa y dos mil novecientos cuarenta y dos colones con cincuenta céntimos (¢92.492.942.50). En fallo recurrido se observa que, el Tribunal, en el considerando IV, indicó que lo dispuesto en primera instancia no debía ser revocado, y se lee de seguido: “Únicamente, de oficio, este Tribunal corrige la matrícula del referido inmueble, por cuanto se trata de la secuencia cero cero dos, la cual está a nombre del señor [Nombre 002] , como se desprende de la información pública registral”. No obstante, en la parte dispositiva no se hizo referencia alguna a ese tema, de modo que, al confirmar el fallo apelado en lo que no fue objeto de modificación, se mantuvo lo dispuesto por el Juzgado sobre ese punto. En otras palabras, como la modificación oficiosa del consecutivo de la matrícula del inmueble no se trasladó a la parte dispositiva, el reclamo carece de interés. No obstante, para que no quede ninguna duda sobre ese aspecto, se reitera que la firmeza recayó sobre la declaratoria de ganancialidad de la finca con matrícula número [Valor 010], cuya donación fue anulada y ordenada su retracción a la situación previa al traspaso, por lo que la titularidad del demandado no recae sobre el consecutivo 002, sino sobre el consecutivo 000 correspondiente a la propiedad plena. Asimismo, el derecho ganancial líquido guarda correspondencia con el monto referido por la recurrente, de ¢92.492.942,50, con lo cual no se observa ningún perjuicio. B) y C) Sobre las costas personales de los tres procesos. Según el mismo orden de las sentencias citadas en el punto anterior, el Juzgado impuso el pago de ambas costas a la parte demandada en los tres casos. Ese aspecto fue confirmado por el Tribunal en el voto que se impugnó ante esta S., la cual declaró sin lugar el recurso, según se dijo. En ejecución de sentencia se fijaron las costas relativas a los tres expedientes en los montos prudenciales consignados en la tabla anterior. Ese pronunciamiento se modificó en segunda instancia, al fijar para los tres asuntos, un monto global de doce millones ciento cincuenta mil colones (¢12.150.000) en favor de la ejecutante. En el proceso de conocimiento adquirió firmeza la imposición de ambas costas a cargo de la parte demandada, sin que se haya dispuesto nada respecto a su determinación. Así las cosas, no se observa que lo establecido por el Tribunal de Familia sea contrario a lo ejecutoriado, o violente las leyes relativas al valor de la cosa juzgada. Lo alegado en el recurso, referente al Decreto Ejecutivo 32493-J sobre honorarios profesionales, corresponde a un agravio por incorrecta aplicación del derecho, el cual no se encuentra previsto en el numeral 704 del Código Procesal Civil como motivo para variar lo decidido en fase de ejecución, razón por la cual el reclamo es inatendible. D) Sobre el daño moral. En fase de conocimiento quedó firme la condena por ese concepto en los siguientes términos: 1. Ocho millones de colones como indemnización por el traspaso fraudulento de la finca [Valor 002]. En primera instancia se determinó un monto de doce millones, el cual fue rebajado por el Tribunal. 2. Doce millones de colones como indemnización por el traspaso fraudulento de la finca [Valor 003]. Suma determinada por el Juzgado y confirmada en segunda instancia. De forma que lo ejecutoriado en materia de daño moral asciende a veinte millones de colones. En el proceso de ejecución, el Juzgado dispuso sobre este tema en concreto: “Las pretensiones referentes al daño moral se rechazan no porque no tenga derecho sino porque el derecho ya fue declarado y puede ejecutarse”. Al resolver la apelación, el Tribunal consignó en el considerando VII, de forma errónea, que la indemnización por daño moral es un monto de dieciséis millones de colones, dando a entender que es a razón de ocho millones por cada donación anulada. Sin embargo, esa referencia no se trasladó a la parte dispositiva del fallo, razón por la cual el reclamo carece de interés. También se acusa en el recurso que el error del Tribunal repercute en la fijación que hace esa misma autoridad de las costas de los tres procesos. Sin embargo, por las mismas razones ofrecidas al analizar los agravios B y C, se trata de una materia en la que no hay contravención de lo ejecutoriado, ni violación de las normas relativas al valor de la cosa juzgada, de modo que el reproche no puede prosperar.
VI.- CONSIDERACIONES FINALES: C. de lo expuesto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso, con las costas a cargo de quien lo promovió (artículo 611 del Código Procesal Civil).
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso, con las costas de este a cargo de la recurrente.


Orlando Aguirre Gómez


Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez



Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2021-001751

DROJAS/DMENESES

2
EXP: 06-000082-0688-FA


Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2295-3009. Correos Electrónicos: imoralesl@poder-judicial.go.cr y jmolinab@poder-judicial.go.cr

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