Sentencia Nº 2021-001763 de Sala Segunda de la Corte, 04-08-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-001763
Número de expediente19-000114-0005-FA
*190001140005FA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 19-000114-0005-FA
Res: 2021-001763
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiuno.
Solicitud para obtener la homologación de una sentencia de adopción, promovida por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001] y [Nombre 002] , cédula de identidad [Valor 002]. En ambos casos, mayores de edad, administradores de empresas y vecinos de Alajuela.
R.e.M.S.R.; y,
CONSIDERANDO:
I.- En escrito presentado el 25 de setiembre de 2019, los promoventes [Nombre 001] y [Nombre 002], en condición de padre y madre adoptivos respectivamente, en el ejercicio de la patria potestad de la menor [Nombre 007], antes llamada [Nombre 008]; solicitan la homologación de la sentencia de adopción plena dictada por la Sección de Familia, Menores y Trabajo del Tribunal Regional de [...], del 14 de marzo de 2019 (folio 1). Mediante resolución de las 10:11 horas del 6 de noviembre de 2019, visible a folio 34, se concedió audiencia al Patronato Nacional de la Infancia y se solicitó a esta institución un estudio psico-social con el fin de conocer el estado actual del menor de edad y su relación afectiva con la familia adoptiva.
II.- La documentación presentada está debidamente legalizada y autenticada, y con ella resultan demostrados los siguientes hechos: 1) Que la niña [Nombre 008] conocida como [Nombre 007], nació en [...], el 31 de enero de 2018 y es hija biológica de la señora [Nombre 010] y de padre desconocido. Dicho nacimiento quedó inscrito en el Registro Civil de Biombo Quinhamel, libro 01/2019, registro nº 62 (ver folios 3 a 12). 2) Que la Sección de Familia, Menores y Trabajo del Tribunal Regional de [...], ante la solicitud de los señores [Nombre 001] y [Nombre 002], en resolución del 14 de marzo de 2019, decidió decretar la adopción plena de la menor de edad a favor de los gestionantes (resolución y su respectiva traducción visibles a folios 13 a 23).
III.- El concepto filiación proviene del latín filius (hijo) y hace referencia al conjunto de relaciones jurídicas, determinadas por la paternidad y la maternidad, que vinculan a las y los progenitores con sus hijos e hijas. La filiación que tiene lugar por naturaleza, presupone la existencia de un vínculo biológico entre el hijo o hija y su padre y madre, pero la filiación puede derivarse también de otros hechos que no presuponen tal nexo, como el caso de la adopción. El Código de Familia regula esta figura en el Capítulo VI del Título II referente a la paternidad y la filiación (artículos 100 a 139). De conformidad con este cuerpo normativo, la adopción es una figura jurídica “de integración y protección familiar, orden público e interés social”. Mediante ésta, el adoptado entra a formar parte de la familia de los adoptantes en calidad de hijo o hija con todas las consecuencias que ello conlleva. En el caso de las adopciones internacionales, el Convenio de Protección al Niño y Cooperación en Adopción Internacional (Convenio de la Haya), fue aprobado en nuestro país mediante la Ley n°. 7515 del 22 de junio de 1995. El mismo constituye un esfuerzo de la comunidad internacional por desarrollar los principios contenidos en la Convención de los Derechos del Niño y por unificar los procedimientos de adopción de naturaleza internacional. En ese sentido, en su artículo 1° dispone lo siguiente: “El presente Convenio tiene por objeto: a) establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho Internacional; b) instaurar un sistema de cooperación entre los Estados que asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o el tráfico de niños; c) asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio”. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, no se siguió el procedimiento establecido por la normativa indicada. Al respecto, la República de [...] no ha suscrito ni ratificado los convenios internacionales que regulan la adopción internacional. Sin embargo, aunque el país de origen de la menor no ha firmado esos instrumentos de derecho, esto no es motivo suficiente para denegar la solicitud de reconocimiento de la sentencia extranjera. En materia de familia, las normas aplicables deben interpretarse a la luz de los principios que informan el ordenamiento jurídico, en procura siempre de garantizar el interés superior del menor. La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica mediante la Ley N° 7184 del 18 de julio de 1990 -y que, como tal, tiene autoridad sobre la ley (artículo 7 constitucional)- en su numeral 3 establece que todas las medidas respecto de los niños deben basarse en la consideración del interés superior del mismo: “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración especial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores y otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”. También, el Código de la Niñez y de la Adolescencia contempla ese interés superior, al indicar en el artículo 5: “Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos a un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. La determinación del interés superior deberá considerar: a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales. c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. d) La correspondencia entre el interés individual y el social”. Ahora bien, todo niño tiene derecho a poseer una familia permanente en su estado de origen o en otro país siempre y cuando se siga un debido proceso de adopción internacional ajustado al interés superior del niño y a los derechos humanos. En el caso que nos ocupa, la autoridad jurisdiccional extranjera contó con la autorización de la madre biológica de la menor de edad y valoró la idoneidad de los adoptantes. Asimismo, en el informe de fecha 9 de enero de 2020, elaborado por especialistas de los campos de psicología y trabajo social del Patronato Nacional de la Infancia se concluyó: “Durante la permanencia de 6 meses aproximadamente en la casa de Familia [Nombre 013], la niña se ha mostrado muy cómoda, afectivamente y por ende en el hogar como tal. / A partir de esta fecha la familia ha tenido anuencia y disposición psicológica a la adoptabilidad, de forma permanente. En general el estado de salud de la menor es bueno, presenta bastante adaptabilidad en dicho hogar y se muestra tanto física como emocionalmente positiva. La familia adopta todas las características, para que la menor sea depositada de forma permanente, proporcionándole a ella un ambiente de familia sano” (sic) (folios 43 a 45). Por lo anterior se estima que la adopción de la niña [Nombre 008] conocida como [Nombre 007], no es contraria al orden público pues no se presenta ninguno de los impedimentos contemplados por el canon 107 del Código de Familia y se ajusta en lo sustancial a las reglas contenidas en los numerales 100, 102, 103 y 109 del mismo cuerpo normativo.
IV.- Por cumplirse con los requerimientos que establece el artículo 99.2 del Código Procesal Civil, la homologación de la sentencia debe concederse a tenor del artículo 99.3 del mismo Código, pues los documentos presentados reúnen los requisitos legales y la adopción en sí misma de [Nombre 008] conocida como [Nombre 007], no es contraria al orden público al no presentarse ninguno de los impedimentos previstos en el ordinal 107 del Código de Familia. Se ordena expedir ejecutoria de la presente resolución aprobatoria, con inserción de la homologada, a fin de que se gestione lo que corresponda ante el Registro Civil.
POR TANTO:
Se concede el exequátur a la sentencia de adopción plena dictada por la Sección de Familia, Menores y Trabajo del Tribunal Regional de [...], del catorce de marzo de dos mil diecinueve; la cual decretó la adopción de la niña [Nombre 008] por parte de los señores [Nombre 001] y [Nombre 002] . Consecuentemente la menor de edad será inscrita bajo el nombre de [Nombre 007]. Se ordena expedir ejecutoria de esta sentencia, con inserción de la homologada, a fin de que se gestione lo que corresponda ante el Registro Civil.



Orlando Aguirre Gómez




Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez





Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia


Res: 2021-001763
MLONGAN/SHERRERAC
2


VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR