Sentencia Nº 2021-001764 de Sala Segunda de la Corte, 04-08-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Número de sentencia2021-001764
Número de expediente19-000120-0005-FA
*190001200005FA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 19-000120-0005-FA
Res: 2021-001764
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas treinta y cinco minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiuno.
Solicitud para obtener la homologación de una declaración de divorcio, promovida por [Nombre 001], costarricense, mayor de edad, cédula número [Valor 001], consultor, con domicilio en Bogotá, Colombia.
Redacta la Magistrada C.A.; y,
CONSIDERANDO:
I.- En memorial recibido el 7 de octubre de 2019, el señor [Nombre 001], solicita se otorgue el exequátur a la declaración de divorcio emitida por el alcalde de la ciudad de [...], Japón, el día 21 de enero de 2015; mediante la cual se declara la disolución de su vínculo conyugal con la señora [Nombre 005] (folios 1 a 3; 19 y 20). Esta última se apersonó al proceso y se allanó a lo pretendido tal y como se colige del memorial visible a folio 24.
II.- La documentación presentada se encuentra debidamente legalizada y autenticada y permite tener por demostrados los siguientes hechos: 1) Que la señora [Nombre 005] y el señor [Nombre 001] , contrajeron matrimonio en Costa Rica el día 3 de enero de 2008, el cual se inscribió en el Registro de Matrimonios de la Provincia de S.J., al tomo [Valor 002], folio [Valor 003], asiento [Valor 004] (certificación del Registro Civil visible a folio 4). 2) Que no procrearon hijos. 3) Que los señores [Nombre 005] y [Nombre 001] se presentaron ante la Alcaldía de la ciudad de [...], cantón de [...] , provincia de [...], Japón, con el fin de manifestar su voluntad de dar por roto el vínculo conyugal, razón por la cual el citado despacho, el 21 de enero de 2015 pronunció la disolución del matrimonio.
III.- Tal y como se colige de la certificación emitida por la Alcaldía de la ciudad de [...], cantón de [...] , provincia de [...], Japón; el matrimonio de [Nombre 005] y [Nombre 001] fue disuelto por mutuo acuerdo. Ante esta S., ambas partes solicitan se otorgue el exequátur a esa declaración de divorcio. Ahora bien, el artículo 48 del Código de Familia establece las únicas causales que se admiten para disolver el vínculo matrimonial, entre ellas el inciso 7) contempla el mutuo consentimiento de ambos cónyuges. En el caso del divorcio por mutuo acuerdo, las partes concurren con una voluntad libre, ante el juez con el fin de homologar un convenio que han suscrito de común acuerdo ante un notario público, donde deciden finalizar el matrimonio. También expresan su conformidad sobre los extremos contemplados en el artículo 60 del Código de Familia, tales como la guarda, crianza y educación de los hijos, la fijación de la pensión alimentaria, la repartición de los gananciales por citar algunos requisitos que la ley exige solucionar para que el juez, en sentencia, disuelva el vínculo matrimonial. Se trata de un proceso de jurisdicción voluntaria, porque las partes se han puesto de acuerdo sobre cada uno de los puntos establecidos en el citado numeral. Según A.R., “(…) la jurisdicción voluntaria, forma parte de la actividad administrativa del Estado y explica su razón de ser, en la siguiente forma. A) Una de las maneras de proveer a la tutela de los intereses humanos, es conceder eficacia jurídica a la voluntad privada. B) Dicha eficacia puede estar subordinada a determinadas condiciones de forma o de tiempo, y especialmente a una confirmación de parte del Estado sobre la conveniencia o legalidad del acto; C) La jurisdicción voluntaria, tiene como fin llevar a cabo esa confirmación, que en algunos casos se confía al órgano jurisdiccional, pero que no por ello deja de ser actividad administrativa; D) Mientras que la jurisdicción contenciosa, tiene por objeto remover los obstáculos para la satisfacción de los intereses particulares, y presupone una relación jurídica concreta ya formada, en la voluntaria, sucede lo contrario; el Estado interviene para la formación de las relaciones jurídicas concretas, acreditando en forma solemne, la conveniencia o legalidad del acto que se va a realizar o se ha realizado, únicamente”. (Ver En P.E.. Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa S. A. Undécima Edición, 1978, pp. 512- 513). Por lo tanto, la función del juez en la homologación del acuerdo voluntario es verificar, su conformidad con la ley. En el caso que nos ocupa, las partes manifestaron su voluntad de divorciarse sin embargo, lo hicieron ante el alcalde de la ciudad de residencia y no ante un juez. Ello debido a que en Japón se contempla la posibilidad de divorciarse por mutuo consentimiento sin necesidad de acudir a un órgano jurisdiccional. En ese sentido, consta en autos una constancia expedida por el señor [Nombre 009], vice- cónsul de la Embajada del Japón donde se explica la legislación referente al divorcio por mutuo consentimiento. En este se expone: “Sirva la presente para hacer constar que según la Ley de Familia de Japón, en los casos de divorcio en el cual ambas partes están de acuerdo, solamente es necesario que los interesados firmen la solicitud de divorcio y la presenten a la municipalidad correspondiente donde se realizan todos los trámites del Registro Familiar. Bajo esa circunstancia no se requiere ninguna sentencia judicial, o sea sin homologación de las autoridades judiciales japonesas. El divorcio del Sr. [Nombre 001] y la señora [Nombre 005] fue de mutuo acuerdo, por lo que ellos firmaron la solicitud de divorcio, y esta fue aceptada por el alcalde de S.. El divorcio fue legalizado y registrado el día veintiuno de enero de dos mil quince en Japón.” (Sic) (folio 11). Tal y como se indicó líneas arriba, la normativa nacional establece que es el juez quien puede declarar el rompimiento del vínculo matrimonial y tratándose de un proceso de cooperación judicial internacional, de conformidad con el numeral 99 del Código Procesal Civil, es procedente el reconocimiento de sentencias o laudos extranjeros. No obstante, en el caso concreto, ambas partes no solo expresaron claramente su voluntad de divorciarse ante la Alcaldía tal y como fue consignado en la declaración correspondiente, sino que también han comparecido ante esta S. a solicitar la homologación del divorcio. No puede dejarse de lado que si bien es cierto el ordenamiento jurídico costarricense contempla la familia como el fundamento de la sociedad (artículos 51 y 52 de la Constitución Política), también han de ponderarse el derecho de libertad y la autonomía de la voluntad. En ese sentido, en la resolución 2008-16099 del 29 de octubre de 2008, la S. Constitucional indicó: “Básicamente el principio de libertad jurídica significa que el administrado puede fijarse él mismo los fines de su conducta y los medios para cumplirlos. Ciertamente no podría hablarse de fines completamente libres, toda vez que bajo ciertas circunstancias, el Estado puede imponerle excepcionalmente fines al particular (como los gastos públicos). Lo esencial estriba en que el Estado no puede interferir en la esfera de acción privada de los administrados, sino es a través de una autorización expresa de una norma escrita o no escrita que provenga del ordenamiento jurídico, y que los particulares puedan realizar todas aquellas actividades que no estén expresamente prohibidas. De modo que, si el ordenamiento no prohíbe una conducta, se puede interpretar que el administrado está autorizado para determinar sus propios fines y a la vez los medios a través de los cuales los quiere realizar. En el caso de estudio, la voluntad de los contrayentes debe concretarse en el llamado consentimiento matrimonial, ya que el matrimonio es siempre un acto voluntario y libre, que requiere un específico consentimiento. Y así es estipulado por nuestro Código de Familia en su artículo 13 al expresar literalmente lo siguiente: “Para que exista matrimonio el consentimiento de los contrayentes debe de manifestarse de modo legal y expreso”. Las formalidades que comporta el acto matrimonial tienen como fin que las personas que van a suscribirlo tomen conciencia de la importancia y consecuencias que se van a producir. Por medio de procedimientos formales, se induce a las partes a expresarse con mayor exactitud, a crear una expresión de la voluntad clara y completa. Precisamente el valor que le otorga la ley al consentimiento para llevar a cabo un acto de tan gran trascendencia jurídica como lo es el matrimonio, es porque éste responde a los sentimientos de los contrayentes, unirse para alcanzar los fines que persigue el matrimonio. Hay una voluntad concurrente y coincidente de los contrayentes dirigida hacia un mismo punto, la creación del matrimonio. No obstante, los fines e incluso la voluntad de los contrayentes puede cambiar durante el matrimonio, lo que ha dado origen a su rompimiento, o sea al divorcio, lo cual puede ser de forma contenciosa o voluntaria. Nuestra legislación ha adoptado como una forma de disolución del vínculo matrimonial el divorcio por mutuo consentimiento. Esta causal se fundamenta básicamente en el acuerdo simultáneo y voluntario de los cónyuges en disolver el vínculo que los une bajo términos pactados por ambos, acudiendo al Tribunal únicamente para verificar que se cumpla el procedimiento establecido. Se trata de una jurisdicción voluntaria, por cuanto no es contencioso. Es considerado un divorcio remedio, puesto que no se fundamenta en una causal de sanción. A ninguno de los consortes se les atribuye un hecho censurable ni se les culpa de nada, simplemente ambos voluntariamente manifiestan su deseo de romper el vínculo que los une, lo que manifiestan a través de una escritura pública. La institución del matrimonio fue creada para que los cónyuges pudieran desarrollar una vida en común, mutuo auxilio y cooperación entre ellos, fin que desaparece cuando se extingue la voluntad de estos de permanecer unidos bajo la figura jurídica del matrimonio (…)”. De lo expuesto se colige, que no es viable concebir que se imponga a las partes sobrellevar un matrimonio si ya no existe voluntad para ello. Por ende, en el sub litem, la declaratoria hecha por la Alcaldía extranjera resulta asimilable a la causal de divorcio por mutuo consentimiento y, consecuentemente no siendo contrario al ordenamiento público costarricense, resulta procedente otorgar el exequátur solicitado en cuanto disuelve el vínculo conyugal.
IV.- Corolario de lo expuesto, y a la luz de los numerales 98 y 99 del Código Procesal Civil y del artículo 55, inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial; procede conceder el exequátur solicitado.
POR TANTO:
Se concede el reconocimiento solicitado al divorcio decretado entre la señora [Nombre 005] y el señor [Nombre 001] por el alcalde de la ciudad de [...], cantón de [...] , provincia de [...], Japón, el día veintiuno de enero de dos mil quince. En consecuencia, procédase a la ejecución, por lo que se ordena expedir ejecutoria de la presente resolución aprobatoria a fin de que los promoventes gestionen lo que corresponda ante el Registro Civil. Se ordena inscribir.



Orlando Aguirre Gómez



Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez



Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana C.A.


Res: 2021-001764
MLONGAN/SHERRERAC
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