Sentencia Nº 2021-001848 de Sala Segunda de la Corte, 13-08-2021

EmisorSala Segunda de la Corte (Corte Suprema de Costa Rica)
Fecha13 Agosto 2021
Número de sentencia2021-001848
Número de expediente20-001869-0173-LA
*200018690173LA*

Corte Suprema de Justicia
SALA SEGUNDA

Exp: 20-001869-0173-LA
Res: 2021-001848
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas treinta minutos del trece de agosto de dos mil veintiuno.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de S.J., por [Nombre 001], casado, agente de Investigación, contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, la licenciada M.C.C.A., estado civil desconocido. Figura como apoderado especial judicial del actor, licenciado A.J.L., divorciado. Todos mayores, abogados y vecinos de S.J., con la excepción indicada.
R.e.M.S.R.; y,
CONSIDERANDO:
I.- ANTECEDENTES: Por medio de su apoderado especial judicial, el accionante [Nombre 001] demandó al Estado, con el propósito de que le cancele el incentivo denominado Operaciones de Alto Riesgo a partir del 16 de junio de 2020, diferencias en aguinaldo, salario escolar, Fondo de Capitalización Laboral, sistema de pensión complementaria, régimen de invalidez, vejez y muerte; intereses, indexación y ambas costas (escrito introducido al escritorio virtual del Juzgado el 5 de octubre de 2020 a las 15:21 horas). El Estado contestó la acción en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho (documento ingresado al sistema de cita el 22 de octubre de 2020 a las 15:15 horas). El Juzgado declaró con lugar la demanda, ordenó el pago del Alto Riesgo desde el ingreso del actor al Estado, los reajustes en aguinaldo, salario escolar, intereses legales, indexación y ambas costas, fijándose las personales en el quince por ciento de la condenatoria; el fallo también ordenó reportar los montos respectivos al sistema de seguridad social, tales como pensión obligatoria, complementaria y Fondo de Capitalización Laboral (decisión incorporada el 10 de noviembre de 2020 a las 8:25 horas). Inconforme con lo resuelto, la parte demandada acude ante esta S..
II.- AGRAVIOS: En su primer agravio el Estado recrimina la condena a cancelar el sobresueldo de Alto Riesgo desde que el actor ingresó al Ministerio de Seguridad Pública. Menciona que el señor [Nombre 001] ingresó al Estatuto Policial a partir del 28 de febrero de 2014, siendo esa fecha en que forma parte de las fuerzas de policía, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 51 de la L. n.7410 o L. General de Policía. Refiere a la STAP-0683-2000, según indica es clara en indicar que el beneficio de Alto Riesgo se dispuso para los miembros de la Fuerza Pública. Luego, remite al numeral 90 inciso f) ídem, donde se establece que los servidores protegidos por el Estatuto Policial tendrán derecho a los beneficios reconocidos por ley. En su postura no podría concederse el beneficio previo al 28 de febrero de 2014. Sostiene que la sentencia viola los principios de legalidad y legalidad presupuestaria. Apoya su argumento en la L. n.°8131, L. de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, artículos 1 y 21. Por último combate la imposición de costas. Estima que actuó de buena fe, en cumplimiento del principio de legalidad que rigen todas las actuaciones de la Administración.
III.- DEL INGRESO AL ESTATUTO POLICIAL Y DE LA PROCEDENCIA DEL ALTO RIESGO: No lleva razón el recurrente en sus agravios. La L. n.°7410 o L. General de Policía, en artículo 90 refiere cuáles son los sobresueldos sujetos a la incorporación del servidor o servidora al Estatuto Policial, sin que en dicho numeral se indique el sobresueldo de Alto Riesgo. Es indudable que el actor labora como agente de investigación para el Ministerio de Seguridad Pública desde el 16 de junio del año dos mil doce y desde su ingreso ha desarrollado funciones policiales en procura de la seguridad ciudadana; participa en la coordinación y ejecución de actividades y operaciones policiales en la coordinación, ejecución de vigilancias, allanamientos, detenciones, interrogatorios, entrevistas, requisas, decomisos y otras diligencias análogas (hechos probados de la sentencia del Juzgado no desvirtuados por el Estado). El ejercicio de estas funciones es el elemento esencial que determina la procedencia del sobresueldo del Alto Riesgo y no el ingreso al Estatuto Policial.
IV.- TRANSGRESIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y LEGALIDAD PRESUPUESTARIA: En reiterada jurisprudencia, se ha resuelto que el incentivo denominado “operaciones de alto riesgo” fue creado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en su acuerdo número 5878 de la sesión extraordinaria 03-2000 del 10 de abril de 2000, con base en las siguientes motivaciones: “Que los miembros de la fuerza pública efectúan funciones que consisten en el mantenimiento del orden, seguridad ciudadana y/o represión delictiva. / 2. Que se requiere que los miembros de la fuerza pública participen en operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otras, en las que el funcionario expone en forma directa su vida y su integridad física. / 3. Que estos miembros de la fuerza pública deben cumplir con la atención de contingencias que atentan contra la Seguridad Nacional en forma oportuna y eficaz. /4. Que existen diferencias salariales en el mercado de trabajo a favor de los agentes de seguridad de la empresa privada, lo que provoca una alta rotación de personas e inestabilidad en el servicio. / 5. Que en virtud del riesgo y peligro implícitos en las funciones efectuados por los funcionarios de la fuerza pública, procede autorizar un incentivo denominado de 'OPERACIONES DE ALTO RIESGO´, a los efectos de cumplir con las responsabilidades vinculadas a la Seguridad Nacional. / 6. Que el incentivo aquí creado debe considerarse diferente al denominado ‘Riesgo Policial’ cuyo fin es garantizar la seguridad nacional del bienes (sic) así como el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos”. Se ha dispuesto que es de aplicación a aquellos oficiales cuyas competencias y funciones estuviesen inmersas en los artículos 21 y 22 de la L. General de Policía, los cuales regulan: Artículo 21. / La Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural son cuerpos especialmente encargados de la vigilancia general y la seguridad ciudadana; ejercerán sus funciones en todo el país, de conformidad con la determinación técnica sobre la naturaleza rural o urbana que señalen las instituciones públicas correspondientes. Para ello, se establecerán unidades de mando organizadas según la división regional que el ministerio respectivo determine. / Artículo 22. / Son atribuciones de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural: / a) Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial. / b) Mantener la tranquilidad y el orden público. / c) Velar por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la República. / d) Mantener el respeto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes de la República. / e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional”. La intención de cubrir con un sobresueldo a los miembros de estos dos cuerpos policiales viene en función de la naturaleza de sus tareas, pues es innegable que estas personas son quienes en primera instancia comprometen su integridad personal y su vida en el cumplimiento de estas (véase en un sentido similar el voto número 1209, de las 10:50 horas del 28 de octubre de 2015; así como el 1381, de las 10:20 horas del 18 de diciembre de ese mismo año). Lo anterior permite concluir que no incurrió en error el Juzgado al otorgar el incentivo al reclamante, ni se transgredieron los principios de legalidad y legalidad presupuestaria. Se ha indicado que los agravios referentes a la imposibilidad de desaplicar las directrices emanadas de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en materia salarial, o bien, las supuestas transgresiones al principio de legalidad o legalidad presupuestaria, no es excusa para dejar de reconocer un derecho que originalmente cubre el puesto desempeñado por el actor, ya que la Administración debe ser garante del cumplimiento del principio de legalidad en todas sus manifestaciones. No es posible que, al amparo de este principio, o del principio de legalidad presupuestaria, se nieguen los derechos subjetivos del funcionario. La legalidad administrativa implica también para la Administración la imposibilidad de extralimitar el desempeño de sus funcionarios, fuera de los parámetros establecidos (voto n.° 454 de las 10:35 horas, del 25 de febrero de 2009). Entiéndase que esta S. no desconoce tales principios, pero, entre éstos y los principios de igualdad e igualdad salarial, pero en el caso concreto deben prevalecer, los últimos a fin de no generar discriminación. Esto debido a que la relación del accionante con el Estado es de naturaleza estatutaria (función pública) y se encuentra condicionada por otras reglas y principios diferentes a los aplicables en el derecho laboral común. Este pensamiento se introdujo en la L. n.° 9343 o L. de Reforma Procesal Laboral, donde el artículo 423 señala que en los procesos en los que sea parte el Estado, sus instituciones y órganos se aplicará lo dispuesto en el artículo 422, siempre y cuando no se contravenga el principio de legalidad; la primacía de la realidad y las normas no escritas del ordenamiento podrán ser invocadas como fuente de derecho, cuando ello sea posible, de acuerdo con la L. n.° 6227, L. General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978.
V.- COSTAS: No puede considerarse al Estado como litigante de buena fe. El accionante tuvo que acudir a la vía judicial para reclamar un beneficio que en derecho le correspondía, pero el demandado ha denegado su procedencia incluso en esta instancia, apoyado en argumentos que no son jurídicamente procedentes, ni siquiera, bajo la perspectiva del principio de legalidad o legalidad presupuestaria.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso del Estado.


Orlando Aguirre Gómez


Julia Varela Araya Luis Porfirio Sánchez Rodríguez


Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia

Res: 2021001848
FGAMBOACO/wdcerdas
2
EXP: 20-001869-0173-LA


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